Esteban Castruita Bautista
Expediente 730/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Esteban Castruita Bautista
Actuaciones
- Principal
El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al trece de septiembre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de agosto del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 730/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 31-34), que desechó la demanda de garantías promovida por Esteban Castruita Bautista; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. *Alejandra
- Principal
CUENTA. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número de folio 11787 y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Esteban Castruita Bautista, por el cual da cumplimiento a la prevención realizada el veintiuno de agosto de los corrientes; en tal virtud, se provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes: Autoridad ordenadora: Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La interlocutoria de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, en el cual, declaró improcedente el recurso de revocación y como consecuencia confirmó el auto de veinticinco de mayo del año en curso, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 1280/2013, promovido por el aquí quejoso contra José Modesto Nava Márquez y Amparo Villegas Lechuga, a través del cual se requirió a la parte demandada para que en el plazo de tres días designara perito de su parte, bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría en su rebeldía. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Dada la lectura integral del escrito de demanda se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esteban Castruita Bautista dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate es la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra una determinación emitida en la etapa de ejecución de sentencia que tiende a su cumplimiento, pues, en este caso, el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución dictada en esa etapa en la que se acepte o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad para darle cumplimiento, o bien, en la que se ordene el archivo definitivo del expediente, siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, el acto reclamado lo constituye la interlocutoria de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 1280/2013 por la Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, a través de la cual, declaró improcedente el recurso de revocación y como consecuencia confirmó el auto de veinticinco de mayo del año en curso, mediante el cual se requirió a la parte demandada para que en el plazo de tres días designara perito de su parte, bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría en su rebeldía. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en su demanda de amparo, se advierte que la interlocutoria reclamada se emitió en la etapa de ejecución de sentencia definitiva. Asimismo, que el hoy quejoso es parte en el contradictorio de origen. Así, al integrarse el acto reclamado por una determinación emitida a efecto de ejecutar la sentencia definitiva, es inconcuso que forma parte del procedimiento natural en la etapa de ejecución de la condena; respecto del cual es improcedente el juicio de amparo, pues éste únicamente procede contra de la última resolución emitida en dicha etapa (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido). Sin que se advierta que en el caso se encuentren involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esteban Castruita Bautista. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Esteban Castruita Bautista, registrada con el número 11182 y nueve copias que se acompañan. La circunstancia de que la licenciada Armida Rodríguez Esparza, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Esteban Castruita Bautista, contra actos de la Jueza Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 730/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;". Por su parte, el numeral 108, fracción V de la ley de la materia, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]". De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que el juez de amparo podrá prevenir a la parte quejosa para que aclare el escrito de demanda, cuando de ésta se hubieren omitido alguno de los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Además, se desprende que entre los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto es la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa es omisa en narrar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedente del acto reclamado, además de precisar qué parte procesal tiene en el juicio ejecutivo mercantil 1280/2013, la etapa en que actualmente se encuentra, así como tampoco se desprende el contenido del auto de veinticinco de mayo del año en curso, emitido en el citado juicio. REQUERIMIENTO. Con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Narre bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto que reclama, los que servirán de fundamento a los conceptos de violación. Proporcione los datos completos de identificación del juicio ejecutivo mercantil 1280/2013, es decir, manifieste qué parte procesal es en éste, así como la etapa en que actualmente se encuentra dicho juicio. Precise qué se resolvió en la interlocutoria de treinta y uno de julio del año en curso, o bien, exhiba copia de la misma. Qué se acordó en el auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, De igual forma, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de derechos, en términos del penúltimo párrafo del precepro 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá ser cumplida por la promovente del amparo a través de quien legalmente la represente y no por los autorizados ni siquiera en términos amplios de ésta, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la ley de amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la licenciada Armida Rodríguez Esparza, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Mariano Abasolo número doscientos trece, colonia Miguel Hidalgo, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. *Alejandra
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