Esteban Castro Sánchez
Expediente 666/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Esteban Castro Sánchez
Actuaciones
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Agente del Ministerio de la Federación Adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado , mediante el cual, solicita le sea autorizada la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, bajo el usuario que al efecto proporciona. Al respecto, se provee: Como lo solicita la representante social; con fundamento en lo dispuesto en los con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como los diversos previstos en los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, que reforman el similar 13/2020, en concordancia con el diverso Acuerdo General 12/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se le autoriza el ingreso a dicho sistema electrónico a la clave de usuario "*********", únicamente para efectos de consulta en el juicio de amparo."
- Incidental
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a... respecto de las autoridades y actos reclamados, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Esteban Castro Sánchez respecto de las autoridades y actos reclamados, por los motivos expuestos en la parte final del considerando cuarto de esta resolución..."
- Principal
"..... SE ADMITE la demanda de amparo i..... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia constitucional. ....
- Incidental
".... Como está ordenado en proveído de esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito de demanda de amparo se da trámite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 666/2023, .... AUDIENCIA INCIDENTAL De conformidad con la fracción II, del artículo 138 de la ley en estudio, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para celebrar la audiencia incidental. ACTOS RECLAMADOS ...... En tales circunstancias, con apoyo en los artículos 128 y 138 fracción I de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto que desechó de plano la solicitud de la revisión de la medida cautelar, dictado en el proceso penal **** del índice del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Papantla de Olarte, Veracruz. Lo anterior, en razón que a tal acto le reviste el carácter de consumado, por agotarse en el momento mismo de su emisión, y en contra del cual no procede conceder dicha medida cautelar, en virtud de que sería darle efectos restitutorios al mismo, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. .... PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR Previo a proveer lo conducente, se estima oportuno traer a contexto, lo previsto en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben a continuación: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento." "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. II.- (.)." En el caso, se estima que dicho precepto establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, los cuales son: Que exista decretada una medida cautelar. Que se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa. Aunado a lo anterior, el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, debe ser susceptible de suspenderse. En términos de las fracciones I y II del referido artículo 166 de la Ley de Amparo, se desprende que por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se desechó de plano la solicitud de revisión de la medida cautelar dentro del proceso penal 265/2023 del índice del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz. Al respecto cabe anticipar que acorde a la finalidad de la suspensión, se debe partir de un análisis de la naturaleza de los actos reclamados a fin de determinar si son o no susceptibles de suspensión, máxime que al ser la suspensión una providencia cautelar de carácter instrumental, será de vital importancia buscar preservar la materia del juicio y evitar la consumación de manera irreparable de las violaciones alegadas. Previo a emitir pronunciamiento, se estima oportuno traer a contexto lo previsto en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a letra dice: Artículo 155. Tipos de medidas cautelares a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: XIV. La prisión preventiva. Del numeral transcrito se desprende que en la prisión preventiva, la suspensión sólo tendrá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En ese orden, con apoyo en los artículos 163 y 166 fracción I de la Ley de Amparo, se concede a Esteban Castro Sánchez la suspensión provisional por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de diecinueve de octubre que desechó de plano la solicitud de medida cautelar emitida dentro del proceso penal 265/2023 del índice del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla, Veracruz; por tanto, ha lugar a concederle la suspensión provisional del acto reclamado para el único efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar donde se encuentra recluido o conforme a la medida cautelar impuesta en el proceso, y a disposición del juez de control para la continuación del procedimiento de origen. La anterior determinación, se emite de tal manera, en virtud que del escrito inicial de demanda, no se advierte dato que revele que, desde la emisión de la medida cautelar a la fecha de la presentación de este juicio, hayan variado las condiciones objetivas que llevaron al juzgador a emitir de tal forma la imposición de la medida cautelar. Por todo lo anterior, no es procedente conceder la suspensión con efectos restitutorios, para que cese de inmediato la prisión preventiva justificada a la que se encuentra sujeto el aquí quejoso y le sea impuesta una diversa medida cautelar que cumpla con los lineamientos convencionales de la materia dado que no se desprende dato que revele que hayan variado las circunstancias para modificar la medida cautelar impuesta a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.Io.P.A.16 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativo del Séptimo Circuito, visible a página 1847, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materias Común y Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por su parte, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión de una orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el mencionado artículo constitucional, sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; en tanto que el artículo 162, párrafo segundo, de la propia ley establece la posibilidad de que, de acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión tenga como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Ahora bien, la legislación secundaria puede potencializar el derecho humano a la libertad y establecer la posibilidad de dar por concluida la prisión preventiva oficiosa prevista en la Constitución Federal con argumentos de razonabilidad, como sucede con el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que contempla los casos razonables en los que puede finalizar la prisión preventiva, entre ellos, cuando "las condiciones personales del imputado se agraven de tal modo que la prisión preventiva se traduzca en un caso cruel, inhumano o degradante". No obstante, si en un asunto no obra ningún dato que indique que el quejoso se ubica en alguno de esos supuestos, es evidente que el Juez de Distrito no está en aptitud de aplicar el párrafo segundo del mencionado artículo 162, porque la privación de la libertad es una consecuencia de la resolución, ya sea de orden de aprehensión, reaprehensión o imposición de medida cautelar por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional, y si no se justificó ni siquiera indiciariamente que existieran dichas circunstancias, a fin de decretar la privación de libertad en un domicilio, es correcto el alcance otorgado a la medida suspensional, de acuerdo con el diverso 166, fracción I, de la ley de la materia. Se ilustra en apoyo a lo anterior, por su contenido substancial, la tesis I.9o.P.298 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 3068, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, Materias Común y Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 163 Y 166 DE LA LEY DE LA MATERIA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA RATIFICACIÓN Y/O NO MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Y NO NEGARLA CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO 128, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA PROPIA LEY, AL SER INAPLICABLE. Hechos: El quejoso interpuso amparo contra la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encontraba, acto contra el cual el Juez de Distrito negó la suspensión provisional, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual, en su fracción II, párrafo tercero, establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial; de ahí que no procede concederla tomando en cuenta que dicho numeral establece categóricamente que no será objeto de suspensión alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial. Inconforme con la decisión, el quejoso interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un acto privativo de la libertad y no negarla con fundamento en el diverso 128, fracción II, párrafo tercero, de la propia ley, al ser inaplicable. Justificación: Lo anterior es así, pues la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al ser un acto relativo a una medida cautelar, implica la privación de la libertad, y la circunstancia de que sea ratificada y/o no modificada esa medida, trae como consecuencia que el quejoso siga privado de su libertad en el centro de reclusión en el que se encuentra, es decir, que continúe su proceso penal en reclusión y no en libertad. Por lo que para realizar el pronunciamiento de suspensión correspondiente, no debe atenderse al artículo 128, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral no es el aplicable, ya que al tratarse de un acto privativo de la libertad, los aplicables son el 163 y el 166 del propio ordenamiento legal, que contienen disposición expresa para pronunciarse en relación con la suspensión, cuando el acto reclamado sea la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, mismos que establecen que en su contra sí procede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso quede a disposición del a quo por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde actualmente se encuentre recluido y a disposición del Juez responsable, respecto a la continuación del procedimiento penal. La concesión de la medida cautelar aquí decretada es sin necesidad de otorgar garantía, dado que, según la narrativa que se realiza en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, los directos quejosos se encuentran privados de su libertad personal. En el entendido que no resulta procedente otorgar la suspensión para el efecto peticionado por el quejoso, pues de hacerlo implicaría ordenar a la autoridad responsable que deje insubsistente la determinación que desechó la solicitud de revisión de la medida cautelar y en su lugar celebre la audiencia respectiva y resuelva lo conducente con base en el debate generado; aspecto que compete a un examen propio del fondo del asunto que no puede llevarse a cabo en el incidente, ya que de hacerlo, se agotaría la materia del juicio en lo principal. . Sentó criterio en el sentido que, para conceder la suspensión con efectos restitutorios, el Juzgador de amparo debe considerar que la materia del juicio de amparo subsista, cuando en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión. Y en el caso, atento a la naturaleza del acto que se controvierte en vía de amparo, es evidente que de admitirse la revisión de la medida equivaldría a otorgar efectos restitutorios a la parte quejosa lo cual sería materia de fondo en el juicio principal.
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