Esteban Castillo Castilla
Expediente 1497/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1497/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Esteban Castillo Castilla
- Marco Antonio Velazquez Paredes
- MARCO ANTONIO VELAZQUEZ PAREDES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Colima, Colima, dos de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Por ya no ser necesario, devuélvase a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que al efecto remitió. Finalmente, el Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. JAAA/aegc
- Principal
Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Colima, ESTEBAN CASTILLO CASTILLA y MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ PAREDES, por propio derecho, promovieron demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. (Fojas 3 a 7 de autos). II. Sustanciación. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de garantías, misma que fue radicada con el número de expediente 1497/2015; se solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito -quien no formuló pedimento-; se tuvo como tercero interesado a Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró a las diez horas con veinticinco minutos del nueve de noviembre de dos mil dieciséis, al tenor del acta que antecede. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado es competente, en virtud de que se reclama un auto de formal prisión, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuyos efectos legales se concretizaron dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXXII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido con antelación, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se les reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima. ACTO RECLAMADO: El auto de formal prisión de veinte de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 114/2014, en contra de Esteban Castillo Castilla y Marco Antonio Velázquez Paredes, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso c) en relación al 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues ésta al rendir su informe con justificación lo aceptó; de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del proceso penal 114/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima, remitidas por dicha autoridad, documentos que al ser elaborados por autoridades en el ejercicio de sus funciones, adquieren el carácter de documentales públicas; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o; de las cuales se desprende la existencia material del acto combatido. VII. Análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, si bien es cierto que los Tribunales Federales están obligados a analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo correspondiente, esta obligación desaparece cuando se actualiza en el juicio de amparo alguna causal de improcedencia, ya que ésta impide el estudio de fondo del asunto y por consiguiente, el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre este punto tiene aplicación la Jurisprudencia número J/23, localizable en la página 252, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, octava época, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; cuyo rubro y texto a la letra dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el caso, luego de un análisis minucioso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Previamente a exponer las consideraciones que sustentan la anterior afirmación, es menester precisar que el acto reclamado analizado en el presente considerando se hace consistir en el auto de formal prisión de veinte de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la causa penal 114/2014. De las constancias que integran el proceso penal de origen se advierte que el juicio de garantías promovido es improcedente, por actualizarse la causal contemplada en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos Esteban Castillo Castilla y Marco Antonio Velázquez Paredes, al momento en que les fue notificado el auto de término constitucional, adujeron no estar de acuerdo con éste, por lo tanto, en auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable admitió a trámite el recurso de apelación en efecto devolutivo y ejecutivo, ordenando la remisión del duplicado del proceso penal relativo, al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, para la substanciación del recurso admitido; por tal motivo, los aquí quejosos ya no están en aptitud legal de promover, simultáneamente y con igual finalidad, el presente juicio de amparo, ya que sólo se podrá ocurrir a éste, en su caso, contra la resolución que se llegue a dictar en el recurso de que se trata, evitándose así que dichos medios de defensa, tanto el ordinario y el constitucional, por vías separadas, culminen con resoluciones que puedan ser contradictorias; de ahí que al encontrarse en trámite un recurso interpuesto en contra del auto del que deriva esa determinación, resulta que el referido medio de defensa también tendrá por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto. Se invoca la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 26 del Semanario Judicial de la Federación, volumen 43 Cuarta Parte, Materia Común, Séptima Época que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE POR PROMOVERLO SIMULTÁNEAMENTE CON UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. Si se promueve simultáneamente un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar una sentencia definitiva y un incidente de nulidad de actuaciones ante la autoridad responsable, para obtener que se deje sin efecto una notificación que se dice ser incorrecta, el incidente de nulidad es el medio de defensa idóneo para dejar sin efecto la referida notificación, y por lo tanto el juicio constitucional resulta improcedente y debe sobreseerse, ya que debió promoverse una vez que se resuelva el medio de defensa que concede la ley, esto es, el incidente nulidad de actuaciones." Y la jurisprudencia número 1a./J. 68/2011, publicada en la página 203 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época que dice: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Cuando se promueve un juicio de amparo contra la falta o el indebido emplazamiento a un juicio y al mismo tiempo se promueve uno diverso para anular aquel de donde deriva el emplazamiento reclamado en el amparo en ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido, se actualiza la causal de improcedencia antes citada. Lo anterior es así, pues dicha causal deriva del principio de definitividad según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Así, la mencionada acción de nulidad busca invalidar lo actuado en el juicio natural incluido el emplazamiento hecho en el mismo. Por lo que puede considerarse una defensa legal contra el acto reclamado en el juicio de amparo y aunque no es obligatorio promoverlo para el quejoso, si lo hace debe concluirlo antes de intentar la acción constitucional pues, como se ha dicho, no puede coexistir con ella por el principio de definitividad antes mencionado." Luego, al demostrarse plenamente que se está tramitando un recurso ordinario contra el mismo acto reclamado en este juicio constitucional, un recurso ordinario, el cual resulta ser el idóneo para modificar la resolución reclamada, en términos de lo dispuesto por el artículo 360 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, resulta innegable que los quejosos no están en la aptitud jurídica de solicitar, el juicio de amparo indirecto contra el mismo acto; por lo que se concluye que el presente juicio resulta improcedente, puesto que pudiera llegarse a una decisión contradictoria en ese medio de defensa y el presente juicio de amparo, situación que pretende evitar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/133, consultable en la página 632 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Sirve de apoyo a la consideración anterior, en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 3/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 292 del Tomo XXXI, Abril de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, número de registro 164702 de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste". Bajo ese orden de ideas, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, que obliga a sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos del numeral 63 fracción V, del mismo ordenamiento. Por otra parte, no sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el acto reclamados; en la medida que no generan agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. A lo anterior, aplica la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio promovido por ESTEBAN CASTILLO CASTILLA y MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ PAREDES, en relación con el acto consistente en el auto de formal prisión de veinte de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 114/2014, por el injusto penal denominado secuestro agravado, reclamado al Juez Primero de lo Penal, con residencia en Manzanillo, Colima. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ESTEBAN CASTILLO CASTILLA y MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ PAREDES, en relación con el acto consistente en el auto de formal prisión de veinte de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 114/2014, por el delito de secuestro agravado, reclamado al Juez Primero de lo Penal, con residencia en Manzanillo, Colima, por las razones contenidas en el apartado denominado: "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy nueve de diciembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante Liliana Anguiano Casillas, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.VHVR/LAC/
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Colima, Colima, a las diez horas con veinticinco minutos del nueve de noviembre de dos mil dieciséis el licenciado Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1497/2016, promovido por********************, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: con fundamento en lo que establecen los artículos119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten por parte de la autoridad responsable, las constancias que adjuntó a su informe justificado; medios de convicción que se tienen por desahogados dada su naturaleza; por lo que concluye dicho periodo. Acto continuo se abre el diverso de alegatos, los cuales no fueron formulados por las partes interesadas, en consecuencia, se cierra igualmente dicho periodo. En las relatadas condiciones y sin pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda.LAC/mzr
- Principal
Colima, Colima, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado mediante proveído de catorce de octubre de dos mil dieciséis, rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, como lo dispone el artículo 117, de la Ley de Amparo; con la finalidad de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas, que en su caso, estimen convenientes dentro del referido término, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Resulta de oportuna aplicación la tesis con número de registro 2005903, décima época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, 14 de enero de 2014, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE.". Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe. JAAA/mzr
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