Esteban Carrizalez Coronado

Expediente 1021/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1021/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
19/07/2018

Partes del expediente

  • Esteban Carrizalez Coronado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Se ordena el archivo de este expediente.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, a veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se acuerda: Teniendo en consideración que feneció el término concedido a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de siete de junio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el cual el autorizado del quejoso presentó un escrito realizando las manifestaciones respectivas. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En principio, debe precisarse que en este asunto, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Esteban Carrizalez Coronado, contra el acto que reclamó de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, consistentes en la resolución de trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 1152/2013, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso (ofendido) y el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, en contra de la determinación de veintitrés de mayo de dos mil trece, en la que se dictó auto de libertad a favor de Silvia Blanco Dávalos, respecto del ilícito de fraude, dentro de la causa penal 263/2012; así como la ejecución de dicha determinación. Cuyo efecto directo fue la insubsistencia jurídica de los actos reclamados, quedando obligados los integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a emitir la resolución que en derecho correspondiera en relación con al referido medio de impugnación, sin más limitante a su plena libertad de jurisdicción, que la de abordar el estudio de los agravios planteados por la representación social y a cumplir con la exigencia formal precisada en la parte considerativa, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso. Por su parte, las autoridades responsables, mediante oficios registrados en este juzgado con los folios 9042 y 9095 informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida el seis de junio del año en curso, en el toca penal 1152/2013 (fojas 161 a 259; y 262). La documental citada adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales conferidas. A través de la mencionada sentencia, la sala responsable dejó sin efecto la reclamada y emitió una nueva en la que se pronunció respecto al recurso de apelación interpuesto por el quejoso (ofendido) y el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto del Ramo Penal de esta ciudad; al respecto determinó que los agravios formulados resultaron infundados e inoperantes, motivo por el cual confirmó el auto de libertad a favor de Silvia Blanco Dávalos, por su probable comisión del delito de fraude. En ese sentido, la sala del conocimiento profundizó en los motivos de queja y al analizarlos, examinó las pruebas que se aportaron a la indagatoria de origen, y no simplemente calificó de ineficaces los motivos de inconformidad de los recurrentes. En efecto, con motivo de los agravios, la sala responsable justipreció los medios de convicción y consideró que resultaban insuficientes para acreditar un beneficio indebido o el aprovechamiento de un error en el que se hubiese encontrado el ofendido y hoy quejoso, dado que -concluyó la sala- no debe perderse de vista que éste entregó a Silvia Blanco Dávalos diversas cantidades de dinero, con el propósito de que ésta a su vez, las hiciera llegar a su contratante Iván René Chapa Santoyo. Por su parte, la sala abundó que las declaraciones recabadas no constituyen datos o indicios que permitan constatar las circunstancias en que resultó afectado el patrimonio del ofendido, ni tampoco, que su detrimento haya sido consecuencia, natural y razonable de la conducta desplegada por la indiciada. En otro aspecto, la propia sala del conocimiento, en uso de la facultad de reclasificación y como se le indicó en la sentencia de amparo, abordó los elementos del delito de abuso de confianza previsto y sancionado por el artículo 207 del código penal de la entidad; además, abordó el tópico atinente a que la entrega de la cosa por parte del sujeto pasivo, se haya realizado por confianza, la cual debió ser alcanzada con fines distintos del de disponer de la cosa ajena. Sobre el tópico, la autoridad concluyó que no se actualizaban tampoco los elementos del delito de abuso de confianza; para ello confrontó las pruebas existentes con los extremos necesarios para la actualización del tipo. En tanto que, la autoridad ejecutora Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad informó que se adhería al cumplimiento que emitiera en su momento la autoridad responsable ordenadora. Actuaciones que se ajustan a los lineamientos del fallo protector. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de garantías sin exceso ni defecto; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del Libro Uno de Gobierno del índice de este juzgado. Ahora, visto el escrito del autorizado de la quejosa (foja 270), en el que dice que no se dio cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, porque la resolución que se emitió, aún resulta violatoria del derecho fundamental de seguridad jurídica contenida en los artículos 16 y 19 Constitucionales . Debe desestimarse lo alegado. En primer término, la parte quejosa no es precisa en referir por qué considera que no está cumplida la sentencia, pues solamente hace manifestaciones genéricas, sin particularizar en qué parte de la sentencia dictada por la sala se incurrió en incumplimiento. Al margen de lo manifestado, la sentencia de amparo sí está cumplida. Ello se sostiene, pues como se vio, la sala atendió a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo y este juzgado no advierte desatención a los efectos plasmados en la misma. De manera que lo externado por la parte quejosa en nada incide para la calificación del cumplimiento conforme a los razonamientos plasmados al calificar el cumplimiento. Es aplicable, la tesis 2a. CXIV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página: 1593; Décima Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer". Comuníquese a las partes quejosa y tercera interesada la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada y mediante oficio a la autoridad con carácter de tercera interesada.

  3. Principal

    Se declara cumplida la ejecutoria de garantías, sin exceso ni defecto. Notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal, el proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, la parte tercera interesada. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se declara cumplida la ejecutoria de garantías sin exceso ni defecto. Notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal, el proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, a la parte quejosa. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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