Esteban Blancas Flores
Expediente 1066/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Esteban Blancas Flores
- Juez Segundo de lo Civil Y Mercantil del Primer Distrito Judicial En el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos de los que se desprende que a la fecha este juicio se encuentra totalmente concluido; en esas condiciones, devuélvanse las constancias que en copia certificada remitió el juez responsable, previa certificación que se deje en su lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso pudieran perjudicarle las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, contra la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil dieciséis, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó el incidente de suspensión solicitado, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del catorce de octubre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1066/2016, promovido por Esteban Blancas Flores, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que como anexo remitió la autoridad señalada como responsable, consistentes en copia certificada del expediente de origen, número 163/2011, así como las diversas copias que exhibió el quejoso consistente en original de contrato privado de compraventa celebrado entre Mario Rangel Baheza y Alicia Núñez Duarte (vendedores), y Esteban Blancas Flores (comprador) como anexo a su demanda, copia simple de parte de una escritura pública a nombre de sus vendedores, así como un recibo por pago de agua a nombre de Mario Rangel Baheza, y veintidós pagares cada uno por la cantidad de diez mil pesos, suscritos por el quejoso a favor de Mario Rangel Baheza y Alicia Núñez Duarte, sin más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento, a lo anterior el Juez Acuerda: Al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y se ordena dictar el fallo constitucional que conforme a derecho proceda. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1066/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido a este juzgado en la misma fecha, Esteban Blancas Flores, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y Actuario adscrito al citado Juzgado; mismos que hizo consistir en: "IV.ACTO RECLAMADO. A).- Reclamo de la Autoridad señalada como responsable ordenadora c. Juez segundo de lo Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el remate, adjudicación y supuesta entrega y posesión del bien inmueble de mi propiedad a la persona Moral Azul Venados, S. A. y/o sra. Blanca Hernández y/o María del Carmen Hernández padilla, ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el poligo 2, régimen condominal B, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro del expediente numero 163/2011, tercera secretaria, juicio especial hipotecario, toda vez de que el suscrito habito dicho departamento en mi carácter de propietario. B).- Reclamo de la Autoridad Responsable y como Ejecutora al C. Actuario adscrito a la Tercera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la orden o el cumplimiento de la supuesta entrega o posesión del bien inmueble de mi propiedad a la persona moral Azul Venados, S. A. y/o sra. Blanca Hernández y/o María del Carmen Hernández padilla, ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el poligo 2, régimen condominal B, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro del expediente numero 163/2011, tercera secretaria, juicio especial hipotecario, toda vez de que el suscrito habito dicho departamento en mi carácter de propietario. Señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por cuestión de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, la cual se admitió y quedó registrada con el número 1066/2016; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar a los terceros interesados; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se le dio la intervención legal que le compete; y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que al elaborar la versión publica de la sentencia, se omitirá la publicación de las secciones clasificadas relativas a datos personales de las partes, sin que se omita la información general por cuestiones de transparencia, acorde a lo dispuesto por la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se emplazo al tercero interesado y se se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede la cual forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en ordinales 103 y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo tercero; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia civil, contra autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, de tal manera que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda y de las constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar de las autoridades responsables: **El remate, adjudicación, entrega y posesión del bien inmueble que dice habitar el quejoso, a la persona Moral Azul Venados, S. A. y/o Blanca Hernández y/o María del Carmen Hernández padilla, ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro del expediente numero 163/2011, tercera secretaria, juicio especial hipotecario, y su ejecución. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. El Juez Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, remitiendo al efecto, copias certificadas del expediente de origen, número 163/2011, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el mismo se tiene plenamente probado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, manifestó adherirse al informe justificado rendido por su titular. CUARTO. Resulta innecesario abordar el análisis de los conceptos de violación, en virtud de que respecto a los actos reclamados por la parte quejosa se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden público y de estudio preferente. Tiene sustento, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el quejoso no acredita su interés jurídico para reclamar el remate, adjudicación, entrega y posesión del bien inmueble que dice habitar el quejoso, a la persona Moral Azul Venados, S. A. y/o Blanca Hernández y/o María del Carmen Hernández padilla, ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro del expediente numero 163/2011, tercera secretaria, juicio especial hipotecario, y su ejecución. Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a la norma transcrita, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, entendiéndose por este último, la titularidad que al impetrante corresponde respecto a los derechos o posesiones afectados por los actos reclamados, en tanto que el artículo 5° de la Ley de Amparo previene, que es parte del juicio de amparo el quejoso, el que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo en vigor, y que ello se traduzca en una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de igual forma establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa y ello significa, que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de la afectación del interés legítimo o jurídico de la parte quejosa. Por similitud de razón, sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, tesis 293, página 242, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, febrero de dos mil dos, tesis 1a./J. 1/2002, página 15, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Además, cabe citar la jurisprudencia ochocientos cincuenta y dos, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo IV, materia civil, página quinientos ochenta y uno, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.". De lo anterior se evidencia, que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés legítimo o jurídico que para la procedencia del juicio de garantías debe tomarse en consideración. De tal manera que si lo reclamado es el remate, adjudicación, entrega y posesión del bien inmueble que dice habitar el quejoso, a la persona Moral Azul Venados, S. A. y/o Blanca Hernández y/o María del Carmen Hernández padilla, ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro del expediente numero 163/2011, tercera secretaria, juicio especial hipotecario, y su ejecución, en este caso, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que quien pide amparo demuestre que posee el inmueble respecto del que es materia del juicio y en su caso de remate y adjudicación, y que tiene un título como causa generadora de la posesión que alega, pero que tal título produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien y a que no sea perturbado en tal posesión, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento. Así, de no acreditar ese derecho tutelado jurídicamente, procede sobreseer por falta de interés jurídico. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis consultable con el número trescientos ochenta y cinco en la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sala, página doscientos sesenta: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica.". En efecto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante. Luego, conforme a lo dispuesto en el Artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, debe entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad determinado, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la afectación de los intereses jurídicos o legítimos de un particular. Ahora, para efectos de la procedencia del amparo, y tratándose de quien se ostente como persona tercera extraña a juicio, para acreditar la procedencia es indispensable acreditar el hecho o acto jurídico del que se duele, en efecto lesiona sus derechos, en el caso particular, la posesión que alega tener, del inmueble ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuya posesión aduce, se ve lesionada por las actuaciones que destaca como reclamadas, puesto que no es procedente tutelar cualquier tipo de posesión. Ciertamente, el artículo 14 de nuestra Carta Magna tutela tanto a la posesión originaria como a la posesión derivada (ambas constituyen la posesión jurídica), entendiéndose por la primera aquella que se ostenta con el ánimo de dueño (ánimus domini) y la cual permite a quien tiene la posesión pueda comportarse como propietario y ejercer los derechos inherentes como si fuera dueño de la cosa; y, por la segunda (posesión derivada), aquella que, sin transmitir el dominio, se transfiere por virtud de alguna de las figuras contractuales previstas en la ley civil, tales como el comodato y el arrendamiento, que permite al poseedor del bien aprovecharse del mismo, pero no disponer de él. Por tal razón, para que el poder de hecho que alguien ostente sobre un bien sea susceptible de la tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley, pues la simple tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Federal. Esto es, se debe probar el origen de la posesión con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere el derecho de poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, para poseer el bien respectivo. En tal virtud, cuando lo reclamado el remate, adjudicación, entrega y posesión del bien inmueble que dice habitar el quejoso, a la persona Moral Azul Venados, S. A. y/o Blanca Hernández y/o María del Carmen Hernández padilla, ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro del expediente numero 163/2011, tercera secretaria, juicio especial hipotecario, y su ejecución, debe probarse la causa generadora de la posesión de dicho inmueble, mediante un instrumento eficaz y así sostener que tiene interés jurídico para pedir amparo, en razón de que aun cuando el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son disfrutar, usar y disponer, para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, necesariamente debe tener una causa, un origen, que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho el derecho de ejercer cualquiera de las facultades que implica (dando así origen a la posesión originaria) o cualesquiera de ellas excepto la de enajenar o gravar la cosa (surgiendo así la posesión derivada), posesiones tuteladas por la Carta Magna, según se expuso anteriormente. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero del dos mil dos, página cinco, en la que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". Ahora, la posesión constituye un poder de hecho que se encuentra conformado por dos elementos esenciales; uno material y otro psicológico. El primero se concreta a través de un conjunto de hechos que revelen el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que implica actos materiales de uso, de goce, de transformación, que recaen sobre las cosas y que constituyen el poder sobre ellas; el segundo elemento, como animus, es la intención en el autor de los actos materiales relativos a la cosa, de manejarse como titular de esa posesión sea en forma original o por causa derivada, puesto que siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer. De ahí que no basta la tenencia física del bien, sino que debe existir la causa generadora que configure el elemento subjetivo o intencional, que permite al poseedor el actuar con derecho sobre el bien respectivo. Por tanto, tratándose de actos de desposeimiento, o molestia respecto de algún bien, es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, para que sea procedente el juicio de amparo en dichos casos, constituye requisito indispensable que quien se dice agraviado con el acto de autoridad, acredite de manera fehaciente, lo siguiente: 1. El título justo del cual deriva la tenencia física; esto es, la causa legal que la generó y, 2. Que efectivamente detenta el inmueble respectivo. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa sustenta su petición de amparo en los siguientes tres supuestos: a) Su condición de tercera extraño al juicio de origen; b) Aduce tener el carácter de propietaria del inmueble ubicado en: departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. c) La afectación de su derecho de propiedad mediante los actos reclamados. El primero de los elementos se encuentra acreditado, ya que de la copia certificada que remitió el Juez responsable del juicio de origen, no se advierte que el impetrante de garantías figure como parte en dicho procedimiento. En efecto, el quejoso es tercero extraño al juicio de donde emanan los actos reclamados; sin embargo, no acredita la afectación a su interés legítimo o jurídico para promover el juicio de amparo, ya que las determinaciones que se han tomado en el juicio del que derivan los actos reclamados (como es la diligencia de remate o adjudicación en su caso) no lesionan su esfera jurídica de derechos, al no demostrar que es el propietario del bien inmueble ubicado el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ciertamente como ya se precisó, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo, consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo y, por ende, la propiedad o legal posesión del inmueble mencionado en la demanda de garantías, puesto que quien promueve el juicio de amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. El impetrante del amparo aduce substancialmente, que es propietario del inmueble ubicado en el departamento 302, edificio 29, del conjunto habitacional "Teopanzolco", que se encuentra en el polígono 2, régimen de condominio B, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, y para acreditar su dicho ofreció y se le admitió como prueba, original de contrato privado de compraventa celebrado entre Mario Rangel Baheza y Alicia Núñez Duarte (vendedores), y Esteban Blancas Flores (comprador). Cabe precisar que el análisis que se haga de dicho contrato privado exhibido por el quejoso, sólo se realiza exclusivamente, para los efectos del presente juicio de garantías, en términos del criterio contenido en la tesis 2a. LII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 333, Tomo V, Mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público.". Asimismo, sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, materia común, Mayo de 1997, página: 333, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público.". En ese contexto, el original de contrato privado de compraventa celebrado entre Mario Rangel Baheza y Alicia Núñez Duarte (vendedores), y Esteban Blancas Flores (comprador), que ofreció el solicitante del amparo para demostrar sus extremos, valorado en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico, toda vez que no es de fecha cierta, en virtud de que se trata de un documento privado no inscrito en el Registro Público de la Propiedad, que no fue presentado ante un funcionario público por razón de su oficio, ni se alude a la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que de tratarse de un documento privado de fecha incierta no produce ningún efecto contra terceros, como las partes en el juicio natural, además, por sí mismo no hace prueba plena para acreditar la posesión que dice detenta la justiciable. De ahí, que no sea apto para acreditar que los actos reclamados afectan algún derecho tutelado por la Constitución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el número 220, publicada en la página 180, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que es del texto siguiente: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.". Asimismo, por analogía se invoca la jurisprudencia 1a./J. 46/99 de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que actualmente se identifica con el número 256, publicada en la página 214, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, del texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.". En esa tesitura, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que las actuaciones del juicio de origen no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo aquí considerado, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4° de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el actor de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica.". El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman al Actuario adscrito al Juzgado responsable, toda vez que no se combaten por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 516, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito publicada en la página 339, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". No se desatiende el resto de los documentos, que exhibió la parte quejosa, como copia simple de parte de una escritura pública a nombre de sus vendedores, así como un recibo por pago de agua a nombre de Mario Rangel Baheza, y veintidós pagares cada uno por la cantidad de diez mil pesos, suscritos por el quejoso a favor de Mario Rangel Baheza y Alicia Núñez Duarte, pues estos no alcanzan eficacia demostrativa para acreditar que efectivamente existió un contrato válido de compraventa, es decir de fecha cierta, ya que el recibo por pago de agua, se encuentra a nombre del supuesto vendedor, y la escritura pública, al margen de que es copia simple, también se encuentra a nombre de los supuestos vendedores, en tanto que los pagares, no contienen clausula especial que los vincule de manera directa con el contrato de compraventa, ya que se trata de documentos autónomos, exigibles al margen de cualquier contrato. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 215 y 216 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Esteban Blancas Flores, respecto los actos y las autoridades precisados en el resultando primero, y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos de los que se desprende que el veintiocho de septiembre del año en curso, se emplazó a este juicio a la persona moral tercero interesada por conducto de su apoderado legal quien compareció a este Juzgado de Distrito; en esas condiciones, a fin de no violentar las normas esenciales que rigen el procedimiento, esto es, para dar oportunidad de que intervenga en el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cuarenta y seis minutos del día catorce de octubre del año en curso, para su desahogo. Es aplicable, en lo conducente la tesis con número de registro 239285, que sostiene la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del Semanario Judicial de la Federación 6 Tercera Parte, cuyo rubro y texto es: "TERCERO PERJUDICADO. SU EMPLAZAMIENTO EL MISMO DIA DE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA, MOTIVA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. El tercero perjudicado al que se emplaza para venir a juicio el mismo día en que se celebra la audiencia constitucional, hasta entonces tiene conocimiento de la demanda de garantías, por lo que no se le da oportunidad de intervenir en el procedimiento de amparo. En tal virtud, es el caso de revocar la sentencia y ordenar que se reponga el procedimiento, en aplicación del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que el tercero tenga oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, porque se han violado en su perjuicio las reglas fundamentales que norman el procedimiento, por cuanto que, dada la fecha en que se le emplazó, no era posible que interviniera en él.". Por otro lado, glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 1384/2016, en razón de que como se desprende de autos, la parte tercero interesada ya fue emplazada a ese juicio de amparo. Acúsese recibo de estilo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 43 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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