Esteban Ayona Cárdenas
Expediente 560/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Esteban Ayona Cárdenas
Actuaciones
- Principal
"Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida por ********, el cual se le notificó el trece de octubre del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...."
- Principal
"...Vista la razón suscrita por la Actuaria adscrita a este Juzgado, donde manifiesta las razones que le impidieron llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa del proveído de cinco de octubre de la presente anualidad; en consecuencia, hasta en tanto la parte quejosa no señale domicilio correcto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la correspondiente notificación a la parte quejosa, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos..."
- Principal
"...Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 560/2020. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, es decir, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que legitima a una persona para promover el juicio de amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de dar respuesta a la petición dirigida a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, y presentada ante la responsable en la misma fecha, así como la falta de notificación de la respuesta recaída. Expuesto lo anterior, se estima que no existe una afectación en la esfera jurídica del justiciable que lo legitime para instar el juicio de amparo, ya que la afectación al derecho de petición se actualiza cuando la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a la petición que se le formula, dentro del plazo razonable que la ley le concede para tal efecto. Así, el artículo 8° de la Constitución Federal, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bajo esa idea, la Segunda Sala de la Suprema de la Justicia de la Nación, ha establecido criterio respecto de que la expresión "breve término" a que hace referencia el aludido precepto constitucional, debe entenderse como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Resulta aplicable, la tesis sustentada por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: . Luego, del ordenamiento constitucional y tesis transcritos se advierte que no hay un plazo específico para que los servidores públicos den contestación a las peticiones que les hacen los gobernados; sin embargo, tomando en cuenta que la petición del promovente de amparo está dirigida a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, dependiente del Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme al artículo 1 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca, para efectos de establecer un plazo razonable, resulta aplicable por analogía, lo previsto en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que señala que las autoridades deben dar respuesta en un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes. Por lo anterior, a la fecha de presentación de la demanda de amparo [dos de octubre de dos mil veinte] se estima que no existe afectación al derecho de petición del quejoso, puesto que de la fecha en que presentó la petición y la de la presentación de la demanda de amparo, solo mediaron seis días hábiles; ello, en virtud de que su escrito lo suscribió el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, tal y como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad el quejoso, y la demanda de amparo la presentó el dos de octubre siguiente; por ende, se considera que la responsable no ha incurrido en la omisión de dar contestación a su petición. Máxime, que en el caso el peticionario de amparo en el escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, solicitó a la autoridad responsable la expedición de copia certificada de la concesión de taxi que tiene expedida a su favor, conforme al artículo 8º. de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; lo que denota que no ha transcurrido un tiempo racional para que la autoridad responsable pueda estudiar y acordar su petición, pues para dar contestación al escrito del quejoso, el servidor público deberá revisar los archivos de los cuales solicita copia el impetrante. De donde se sigue que, al no incurrir la responsable en la omisión de dar contestación a su petición, no existe una afectación a la esfera jurídica del justiciable que lo legitime a promover juicio de amparo en contra de la omisión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica y por autorizados, sin las amplia facultades que prevé el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, . en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición." POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
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