Esteban Alejandro de León Galván
Expediente 1230/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en esta ciudad
- Esteban Alejandro de León Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto del acto que Esteban Alejandro de León Galván, reclamó de la autoridad responsable, por las razones precisadas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese y procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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. Tepic, Nayarit, trece de octubre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se desprende que no median al menos ocho días de anticipación al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio, con la vista otorgada con la constancia relacionada con el acto reclamado remitida por la autoridad responsable en auto de cuatro de octubre actual; de conformidad con el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Diferimiento y audiencia constitucional. Se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de Jurisprudencia número 54/2000 aprobada por el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98 en sesión del veintiocho de marzo del año dos mil, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de ese Alto Tribunal, y que literalmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. Maricruz
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. TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, por el que solicita se le remita copia de la sentencia de amparo, para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo requerido por este juzgado. Entonces, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de la copia simple que solicita, la cual se le deberá remitir mediante oficio que al efecto se le gire. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. Andrea C.
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. Tepic, Nayarit, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se observa que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a la responsable denominada Universidad Autónoma de Nayarit, por conducto de su apoderado, remitiendo diversas constancias en cumplimiento al auto de trece de julio del año en curso, estableciéndose que se estaría en espera de que remitiera la impresión del correo por el que se dio contestación al ahora quejoso sobre la consulta que le elevó en su oportunidad y que se dice le fue contestado al correo particular consultorjuridico_dlg@hotmail.com., lo que le fue hecho de su conocimiento el cuatro de septiembre del año en curso. Sin embargo, al día en que se actúa la responsable no ha remitido la constancia de referencia. Entonces, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en comento, por disposición expresa del precepto 2°, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación que se le haga del presente proveído, remita copias certificadas de la impresión del correo por el que dio contestación al ahora quejoso sobre la consulta que le elevó y que le fue contestado al correo particular consultorjuridico_dlg@hotmail.com; lo anterior, a fin de corroborar las manifestaciones realizadas por el accionante del amparo y determinar lo conducente. Asimismo, cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". De igual manera, sustenta lo anterior la tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que por proveído de cuatro de septiembre del año en curso, se señalaron las once horas con cuarenta y tres minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que se llevara a cabo la prueba de inspección judicial admitida el trece de julio de la anualidad que transcurre, sin que se haya desahogado la misma en la fecha precisada. Por consiguiente, a fin de subsanar la aludida irregularidad, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se sirva desahogar la prueba de inspección judicial de que se trata, en las instalaciones que ocupa este recinto oficial, para lo cual, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Citación a las partes. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, para que de ser su interés ocurra al desahogo de la misma, en el día y hora fijados. Diferimiento y audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe. Maricruz
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