Esteban Abisaí Sandoval

Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
107/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Esteban Abisaí Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    1. Devuelve exhorto. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 28/2023 orden 59/2023 del índice de este juzgado, enviado a fin de notificar al quejoso directo ************************** el proveído de cinco de febrero de dos mil veintitrés. 1.1 Anotaciones. Dése de baja la citada comunicación oficial en el Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes, sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el mismo automáticamente. 2. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de ocho de febrero de este año, se tuvo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, aceptando la competencia planteada; por tanto, remítanse vía interconexión las constancias que integran la comunicación oficial en cita, para los efectos legales conducentes en el juicio de amparo con número de expediente 161/2023 de su índice.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual acusa recibo del expediente enviado en incompetencia. 1.1 Acuerdo. En atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio mediante el cual este órgano jurisdiccional declinó competencia legal de este juicio de amparo promovido por Brenda M. Sandoval en favor de Esteban Abisai Sandoval; asimismo, informa que se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del mismo, el cual fue radicado bajo el número de amparo 161/2023, de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12, 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, archívese este asunto como concluido, toda vez que este expediente se considera un expediente auxiliar de conformidad con la fracción XIX del numeral 3, en razón que es un cuaderno de antecedentes que contiene actuaciones procesales vinculadas al procedimiento que conoció este órgano jurisdiccional, pues, no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este Juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que este expediente judicial se trata de un cuaderno de antecedentes creado con motivo a la incompetencia dictada en auto inicial, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 4. Destino. Por tanto, transcurridos más de seis meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  3. Principal

    Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a cinco de febrero de dos mil veintitrés. 1. Demanda por comparecencia. Visto el escrito de demanda presentado por *********************** en favor de **********************************, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con sede en Saltillo, Coahuila e Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 107/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir la autoridad, las siguientes: 3.1. Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.2 Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 3.3. Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 3.4. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar de reclusión correspondiente, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. iii) Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto i). Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5. Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que la autoridad responsable haya efectuado la detención o la tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al quejoso, desde que fue detenido hasta que quede a disposición del representante social. 3.6. No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7. Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 3.8. Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que sea sometido. 3.9. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeto, pues tampoco puede ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 3.10 Libertad de entrar y viajar en territorio de México. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, esta suspensión de plano está sujeta a dichas modalidades constitucionales (no violatorias de derechos humanos) y serán autoridades administrativas quienes decidirán acerca de los derechos identificados en dicho artículo constitucional. 4. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. La autoridad responsable dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fue detenido el quejoso, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado. Asimismo, deberá informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar al detenido, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de veinticuatro horas, informe todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso directo **********************; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda para que se constituya en la instalaciones de la autoridad responsable; o bien, en cualquier centro de detención o reclusión de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en aras de lograr su ubicación; una vez localizado, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 5.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 5.2 Dé fe del estado físico del quejoso al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 5.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra la quejosa. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 5.4 Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 5.5 Requerimiento a la promovente. Se hace del conocimiento de la parte promovente que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que *****************************, no sea encontrado por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentra retenido, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éste fue puesto en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 6. Atención médica. Una vez que el Actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición al quejoso directo ************************, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en él, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 7. Incompetencia. Ahora bien, del análisis de la demanda se arriba a la conclusión de que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo; 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con base en las consideraciones siguientes: Del artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierten tres reglas básicas que determinar la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: i) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ii) Cuando el acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. iii) Si el acto que se reclama no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, el quejoso *****************************, señala como acto reclamado la privación de la libertad, incomunicación, estando alojado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ejecutado desde el cuatro de febrero de dos mil veintitrés. Es decir, el acto controvertido conlleva una ejecución material en ese Instituto Nacional de Migración, de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, el cual determina que la competencia para conocer sobre una demanda recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese contexto, resulta patente que, aun cuando la demanda de amparo se haya presentado en este órgano de control constitucional, lo cierto es que, de la misma no se advierte que los actos reclamados puedan tener ejecución en el territorio sobre el cual se encuentra dotado de competencia este Juzgado de Distrito, dado que, el motivo del juicio constitucional es que el justiciable se encuentra retenido o alojado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, esto, según lo expuesto en la comparecencia de esta misma fecha. Ahora bien, como se observa de los antecedentes precisados, el promovente de la demanda de amparo afirmó que los actos reclamados continúan teniendo ejecución en la ciudad de Saltillo, Coahuila, ya que se encuentra retenido o alojado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su artículo CUARTO, que dispone la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, fracción VIII Octavo Circuito, primer párrafo, los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito judicial conformado, entre otros municipios, por el de Saltillo. De modo que, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es en los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, donde radica la competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, en virtud de que dichos juzgados ejercen jurisdicción en el lugar donde, según lo expuesto en la comparecencia de cuenta, el acto reclamado continúa ejecutándose. 8. Se declina competencia. En consecuencia, conforme a los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo presentada por ************************************, por razón de territorio; por lo que, se declina la demanda en favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza en turno, con sede en Saltillo, para los efectos de su competencia, de quien se solicita comunicar respecto a la aceptación o no de la competencia declinada y acusar recibo de estilo. 9. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. 10. Exhorto. Ahora bien, toda vez que **********************************, se encuentra detenido o alojado en el Instituto Nacional de Migración, con sede en Saltillo, Coahuila e Zaragoza; con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza en turno, con sede en Saltillo, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, se sirva comisionar a quien corresponde para que notifique personalmente el presente proveído al citado quejoso, previo cercioramiento de ser la persona indicada en el lugar de su reclusión; asimismo entregue el oficio dirigido a la autoridad responsable en el que se le comunica la suspensión de plano decretada. Para el Juzgado de Distrito correspondiente se habilitan días y horas inhábiles a fin de que practiquen las notificaciones correspondientes en el presente asunto; lo anterior, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento. 11. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle ********************, número ********************, colonia ********************, en Nava, Coahuila de Zaragoza. 11.1 Número de teléfono. Se tiene por señalado el número de teléfono que proporciona la parte promovente en el escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. 12. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 13. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 14. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Notifíquese en términos de ley.

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