Estanislao Solorzáno Barón
Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/11/2022
Partes del expediente
- Estanislao Solorzáno Barón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
DEBE CONCLUIRSE QUE LO PROCEDENTE EN EL CASO ES DECLARAR QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, EN VIRTUD DE QUE HA SIDO RESTITUIDO DE SU GARANTÍA VIOLADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE QUEJOSA, EN CASO DE QUE LO ESTIME PERTINENTE, PUEDA HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA ESTABLECIDOS EN LA LEY. CONSECUENTEMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.
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Vistas las copias simples de los escritos de ampliación de demanda de amparo indirecto promovidas por ********************, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados a la Procuraduría Agraria, Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Registro Público de la Propiedad y el Tribunal Superior Agrario; en consecuencia, como está ordenado en el cuaderno principal, agréguense las copias relativas a este incidente y con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe previo, el cual deberán rendir, por duplicado, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, remitiéndoles al efecto copia simple de la demanda y anexos. Se señala para que tenga verificativo la audiencia incidental las TRECE HORAS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. La parte quejosa, en su aducido carácter de persona extraña, solicita la suspensión de los actos reclamados que reclama a las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus atribuciones y hace consistir en lo siguiente: A la Procuraduría Agraria.- La autorización dada al Ejido San Juan Evangelista, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que celebre asambleas de ejidatarios, para acordar la lotificación y asignación de solares a diversas personas. Al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- La autorización dada al Ejido San Juan Evangelista, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que celebre asambleas de ejidatarios, para acordar la lotificación y asignación de solares a diversas personas. Del Registro Público de la Propiedad.- La cancelación de la inscripción de las escrituras públicas. Al Tribunal Superior Agrario.- La sentencia recaída a la revisión del juicio agrario ********************, y la falta de llamamiento al referido juicio agrario y su revisión. Los artículos 125 y 128 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales disponen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [.]". Ahora bien, el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consuman destruyendo la materia del amparo o, bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, debiendo el Juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. El ejercicio de la facultad que la Ley de Amparo otorga al Juez de Distrito para decidir sobre la procedencia o no de conceder la suspensión implica el examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto y su confrontación con los objetivos que a través de los requisitos legales exigidos para la procedencia de la medida se pretenda lograr, ello conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, respecto de la dificultad de la reparación de esos daños y perjuicios y en relación con la posible afectación que pueda sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento. Lo anterior para evitar que la ejecución del acto reclamado torne a éste irreparablemente consumado, destruyendo así la materia del amparo o, bien, produzca consecuencias de tan difícil reparación, que se torne nugatoria la acción consagrada constitucionalmente para el respeto de las garantías individuales afectadas por actos de autoridad al volverse imposible restituir al afectado en el goce de las mismas, pero ello únicamente cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En consecuencia, ya que la medida cautelar la solicita la parte agraviada, quien acredita su interés suspensional con la copia certificada del testimonio de la escritura pública trece mil setecientos dos relacionada con el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes folio 337458 que al efecto anexa, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían al quejoso; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables no ejecuten los actos reclamados en el predio que aduce el quejoso es de su propiedad identificado como ********************cuenta predial 93 R9025, clave catastral ********************, ni se realice alguna anotación o movimiento registral o catastral que derive del juicio agrario ********************, del índice de Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince, o del toca de revisión ********************, registrado ante el Tribunal Superior Agrario, hasta en tanto las responsables reciban la notificación de la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva dentro del presente incidente. Al respecto se cita la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Materia Común, visible en la página 27, del Tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO E UN EFECTO DE LA.- Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos.". En el entendido de que la suspensión que se concede no surte efectos si los actos reclamados ya fueron ejecutados o bien si los mismos obedecen a antecedentes diversos de los narrados en el libelo constitucional. La suspensión provisional que se otorga surtirá efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, si la parte quejosa no otorga garantía, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación que de la presente ejecutoria se le haga por parte del juez de Distrito, en cualesquiera de las formas legales, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto reparación de los posibles daños e indemnización de los posibles perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada por el otorgamiento de la medida si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional, en términos del segundo párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, en virtud de que se estima que, en el caso, pueden afectarse derechos de la parte tercero interesada sin que se cuente, por el momento, con datos objetivos de los que pueda constatarse que son estimables en dinero. La garantía deberá exhibirse en cualesquiera de las formas establecidas en la ley; sin embargo, se requiere al quejoso para que de exhibirla en billete de depósito, éste deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), y para el caso de que opte por póliza de fianza, ésta se deberá someter expresamente a la jurisdicción del juzgado de Distrito. Asimismo, requiérase a la parte quejosa para que de exhibir dicho billete, en éste incluya la autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo a la administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de los depósitos, por lo que en el certificado de depósito se deberá incluir la leyenda que comprenda la autorización, en atención a lo establecido en el artículo 8831, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del dos de enero de dos mil quince, que abrogó el diverso Acuerdo General 17/2007 del Pleno del propio órgano. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a) se tiene como parte tercera interesada al Ejido San Juan Evangelista del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y la sucesión a bienes de José Cruz Solís Bravo y Carmen García García. Asimismo, se les informa a las autoridades responsables que solo se le notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis, 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas a efecto de que el Actuario de la adscripción practique las notificaciones que de manera personal sean ordenadas en este asunto. MEDIDAS ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA. Ahora bien, las circunstancias de emergencia y el riesgo sanitario en que nos encontramos exigen la implementación de una solución acorde con el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que fueron implementadas por parte del Consejo de la Judicatura Federal, mismas que conforman el Acuerdo General 8/2020, así como el 9/2020, 10/2020 y 13/2020. En esa tesitura, mediante el diverso acuerdo denominado "MECANISMO DE REFORZAMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19", el Consejo de la Judicatura Federal contempló la posibilidad por parte de dichos órganos jurisdiccionales, de utilizar las herramientas tecnológicas que se tienen en la actualidad, ello a fin de evitar la propagación del virus denominado SARS-COVID-19. Así, como estrategia excepcional acorde con las medidas establecidas por los organismos internacionales y las autoridades nacionales de salud, para inhibir que las partes y el personal jurisdiccional se ubiquen en un riesgo mayor de contagio durante el desarrollo de las diligencias que por su propia naturaleza o carácter urgente lo ameriten, este Juzgado Federal autoriza a los Actuarios Judiciales de la adscripción, en la medida de lo posible hagan uso de las herramientas tecnológicas disponibles (de manera enunciativa más no limitativa, la utilización de computadoras, laptops, tabletas, teléfonos celulares, etcétera), a fin de que puedan practicar las diligencias que les sean encomendadas. En el entendido que de recurrir a dichas medidas, deberán de efectuar la certificación y razón relativa, debiendo cotejar que en todo momento sean entregadas a las partes los documentos necesarios para su debida defensa, en la inteligencia que dichas constancias podrán ser entregadas asimismo de forma digital. De igual forma, se solicita e insta a las partes a fin de que en la medida de lo posible y en virtud de la contingencia sanitaria decretada, a efecto de poder mitigar su propagación, se haga uso de manera extraordinaria de las herramientas tecnológicas a su alcance y se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", mediante la utilización de la Fiel, Firel o firma electrónica del SAT, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO QUE SUSCRIBE LA PRESIDENTE ESPECIAL DE LA QUINTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DEL CUAL INFORMA LAS GESTIONES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, Y TÉNGASE A LA AUTORIDAD EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, Y REMITA COPIAS CERTIFICADAS DE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL LAUDO PARA ACREDITAR SU DICHO, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO ASÍ SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA
- Principal
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO QUE SUSCRIBE LA PRESIDENTE ESPECIAL DE LA QUINTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DEL CUAL INFORMA LAS GESTIONES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, Y TÉNGASE A LA AUTORIDAD EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, E INFORME A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, Y REMITA COPIAS CERTIFICADAS PARA ACREDITAR SU DICHO, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO ASÍ SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA
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