Estanislao Cruztitla Zamora
Expediente 1404/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1404/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/08/2018
Partes del expediente
- Estanislao Cruztitla Zamora
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que la audiencia constitucional en el presente juicio se celebró a las diez horas del seis de junio de dos mil dieciocho, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en cumplimiento al oficio SECNO/TRAN/95/2018 de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, del Secretario Ejecutivo Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al auxilio en el dictado de sentencias de amparo, por parte del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, se ordena remitir el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, de conformidad en lo establecido por dicha Secretaría Ejecutiva en la consulta CAR- 99/2012-V, de uno de octubre de dos mil doce; expediente que corresponde a la remesa del mes de agosto de dos mil dieciocho, para que por su conducto sea remitido al referido Juzgado de Distrito Auxiliar, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia simple de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y, 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Estanislao Cruztitla Zamora, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de once de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos 2 D E S E C H A M I E N T O En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes "ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable ORDENADORA le reclamo la inconstitucional orden por escrito de clausura contenida en el oficio número B00.920.01.3.-1186/2018 de quince de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual ordena visita de inspección y clausura de dos pozos que se encuentran en terrenos de mi propiedad, en el predio e instalaciones ubicadas en prolongación Río Frio, Sin Número, pasando la vía del tren, a la altura de las coordenadas geográficas, Latitud Norte 19 grados, 08 minutos, 49.3 segundos y Longitud Oeste 98 grados, 15 minutos,02.3 segundos, en San Lorenzo Almecatla, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, fundamentándose para ello en un procedimiento administrativo que ya prescribió de conformidad al artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es decir, si la autoridad no impone sanciones dentro del plazo de cinco años a partir de la conducta infractora, prescribirán sus facultades para sancionarla. De la EJECUTORA, le reclamo el cumplimiento dado a la inconstitucional orden de clausura contenida en el oficio número B00.920.01.3.-1186/2018 de quince de junio de dos mil dieciocho, mediante el acta de visita número CNA-1186/2018 del quince de junio de dos mil dieciocho." Esto es, Estanislao Cruztitla Zamora señala como autoridades y acto reclamado: I. Del Director Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua, en su carácter de ordenadora: ( La orden de visita de inspección B00.920.01.3.-1186/2018 y acta de clausura CNA-1186/2018, ambas de quince de junio de dos mil dieciocho, emitidas por el Director Local en Puebla de la Comisión Nacional del Agua, respecto de dos pozos ubicados en prolongación Río Frio, sin número, con coordenadas geográficas, Latitud Norte 19 grados, 08 minutos, 49.3 segundos y Longitud Oeste 98 grados, 15 minutos, 02.3 segundos, en San Lorenzo Almecatla, Municipio de Cuautlancingo, Puebla. II. Del Inspector, verificador, notificador y ejecutor José Armando Tejeda Aguilar: La ejecución de dichas órdenes. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que respecto a los citados actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa, de forma previa a la promoción del juicio de amparo, no observó el principio de definitividad, pues no promovió juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no obstante que los actos reclamados pueden ser impugnados, a través de ese medio de defensa. Para evidenciar la anterior afirmación conviene traer a contexto, lo dispuesto en el precepto invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El numeral transcrito regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado preve para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ahora bien, de las constancias que anexó el quejoso al ocurso de cuenta, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como las manifestaciones que realizó en la demanda y aclaración a ésta, con valor probatorio pleno en términos del numeral 200 del ordenamiento citado en primero término, es posible advertir los siguientes antecedentes del caso: 1. Mediante el oficio B00.920.01.3.-1186/2018, de quince de junio de dos mil dieciocho, el Director Local de la Comisión Nacional del Agua ordenó una visita de inspección a fin de verificar el estado de clausura total temporal impuesta y ejecutada el treinta y uno de agosto de dos mil nueve sobre el pozo localizado en las coordenadas geográficas, latitud norte 19 grados, 08 minutos, 48.1 segundos y longitud oeste 98 grados, 15 minutos, 02.5 segundos, así como el estado de clausura impuesta y ejecutada el uno de octubre de dos mil trece sobre el pozo ubicado en las coordenadas geográficas, latitud norte 19 grados, 08 minutos, 49.3 segundos y longitud oeste 98 grados, 15 minutos, 02.3 segundos, en San Lorenzo Amecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla. 2. Mediante el Acta de Visita CNA-1186/2018 tuvo verificativo la diligencia ordenada en el punto que antecede, misma que fue realizada por el Inspector José Armando Tejeda Aguilar, en la cual se clausuraron nuevamente los pozos citados. Las determinaciones citadas constituyen los actos reclamados en el presente juicio biinstancial, los cuales pueden ser controvertidos a través del juicio de nulidad, tal como se sigue del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." Como puede observarse, en términos de la fracción XII del precepto transcrito, contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procederá el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De igual forma, procederá ese medio de defensa, en los casos que así lo determinen otras leyes. Por su parte el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales dispone que contra los actos definitivos de la autoridad del agua que causen agravio a los particulares, se podrá interponer recurso de revisión; mientras que conforme al diverso numeral 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, este último ordenamiento, también resulta aplicable a actos como el materia de estudio por haberse emitido por un órgano administrativo desconcentrado de la administración pública federal y en términos del diverso 83 del propio ordenamiento, es posible impugnar los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, a través del juicio de nulidad. Así, al interpretar de forma sistemática los dos ordenamientos invocados en último término con relación a los actos reclamados, es posible advertir que al tratarse estos últimos de actos emitidos por autoridades de la Comisión Nacional del Agua que el quejoso estima le causan perjuicio, entonces, el peticionario de amparo se encontraba obligado a impugnar esos actos a través del juicio de nulidad en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Cierto, en el caso, se estima que contra los actos reclamados procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que éstos se circunscriben a una determinación que resolvió un expediente conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el que se determinó clausurar nuevamente dos pozos, que el impetrante refiere se encuentran en terrenos de su propiedad. De tal modo que a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es posible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que la parte peticionaria de amparo en forma previa a la promoción del presente juicio constitucional debió hacer valer el indicado medio de defensa para cumplir con el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Empero, no existe constancia en autos de la que se advierta que la parte quejosa haya promovido el referido juicio de nulidad en contra de los actos que aquí se analizan, lo que implica que carezca de definitividad para efectos del juicio de derechos. Cierto, aun cuando el artículo 61, fracción XX, de Ley de Amparo vigente, y el numeral 107, fracción IV, Constitucional, señalan diversas excepciones al principio de definitividad, en el caso no se advierte la actualización de alguna de ellas que permita establecer sin lugar a dudas que no existía una obligación legal de observar el principio de que se trata. Ello, pues las aludidas excepciones son las siguientes: Que se establezcan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto cuestionado. Si el acto reclamado carece de fundamentación; Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el presente asunto no se actualiza la excepción marcada con el inciso 1), pues la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. De igual forma, tampoco se actualiza la excepción prevista en el inciso 2), toda vez que de un examen objetivo de los actos reclamados, en específico de las constancias que la parte quejosa anexó a su escrito aclaratorio de cuenta, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, permite advertir que se emitió con apoyo en diversas normas jurídicas, tales como artículos legales y reglamentarios, de ahí que no carece de fundamentación. En el mismo sentido, tampoco se actualiza la excepción prevista en el inciso 3), pues la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad. Se afirma lo anterior, porque la lectura de la demanda de amparo permite advertir que en contra del acto reclamado, la parte quejosa aduce, en síntesis, que aquél viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, pues la responsable cometió diversas ilegalidades, como lo es no tomar en cuenta el término de prescripción. Entonces, aun cuando el quejoso alega que se violaron los preceptos constitucionales 1, 5, 14, 16 y 17 que serían violaciones directas a la Carta Magna; sin embargo, los argumentos que formula para arribar a dicha conclusión tienen relación con diversas infracciones legales, motivo por el cual para el estudio de esos aspectos se precisa del análisis del marco legal aplicable, y por ende, la violación constitucional que llegara a encontrarse derivaría necesariamente de la confrontación del actuar de la autoridad con alguna norma secundaria. En este orden de ideas, no puede estimarse actualizada la excepción a la causa de improcedencia en comento, pues las violaciones que se alegan podrían ser reparadas con el juicio de nulidad pues, se insiste, no constituyen violaciones propiamente de constitucionalidad, sino de legalidad, pues se hacen depender de la conformidad de la actuación de la autoridad responsable con su marco legal. Asimismo, el inciso 4) consistente en eximir al promovente de agotar el recurso ante la autoridad emisora, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que el juicio de nulidad está debidamente contemplado en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con relación al diverso 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En consecuencia, al no haberse agotado el juicio de nulidad, tal como lo establecen los preceptos citados en último término ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser el competente para conocer de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Estanislao Cruztitla Zamora. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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