Estanislao Chávez Tinoco
Expediente 1233/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Estanislao Chávez Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo 1233/2023-X, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Delegado Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, ********************, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Delegado Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. SEGUNDO. Derechos fundamentales que estimó violados. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, le asignó el número de expediente de amparo indirecto 1233/2023-X, la desechó parcialmente por lo que veía al acto reclamado consistente en la negativa por parte de las responsables de otorgar al quejoso incapacidades médicas, y la admitió a trámite en cuanto al acto restante. En ese proveído, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque la parte quejosa reclama una negativa atribuida a autoridades administrativas con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la lectura de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables los siguientes actos: La negativa de brindar el tratamiento de hemodiálisis o el que proceda para tratar su padecimiento de enfermedad renal crónica, etapa 5. Lo reclamado se traduce, esencialmente, en la violación a su derecho de salud. La precisión apuntada obedece a que si bien la parte quejosa refirió en su demanda de amparo que se dolía de la negativa de proporcionar el tratamiento de diálisis peritoneal, también lo es que por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, aclaró que a la actualidad se le aplica el tratamiento de hemodiálisis y no el diverso de diálisis peritoneal. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Contrario a lo indicado por las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, es cierto el acto reclamado consistente en la negativa de brindar el tratamiento de hemodiálisis o el que proceda para tratar su padecimiento de enfermedad renal crónica, etapa 5, pese que lo hayan negado; ya que dicha negativa se encuentra desvirtuada. Ello porque indicaron que no les corresponde otorgar el servicio médico, en virtud de que el quejoso ********************dejó de ser trabajador, en consecuencia, lo dieron de baja como derechohabiente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; no obstante, a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos, manifestaron que realizaron gestiones a fin de proporcionar la atención médica solicitada por la parte quejosa, consistente en las sesiones de hemodiálisis que necesita. Lo que es suficiente para acreditar la negativa de las autoridades de proporcionar la atención médica requerida por el quejoso. A más que, de las documentales adjuntas en el libelo constitucional, se advierte que las autoridades responsables son la que han estado proporcionando a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis y que padece enfermedad renal crónica. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." De ahí que se tenga por cierto lo reclamado a dichas autoridades. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por los promoventes de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se precisa que si bien las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, refirieron que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que sustentaron en que eran inexistentes los actos reclamados, sin embargo, debe establecerse que no se trata de una causal de improcedencia sino de sobreseimiento, contemplada en la fracción IV del numeral 63 de la citada legislación. No obstante, ésta no será motivo de pronunciamiento en el presente considerando, virtud que en el considerando anterior se estableció la existencia del acto reclamado. I. Análisis de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 1° y 5°, de la citada legislación (autoridad para efectos del juicio de amparo) En el caso, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, al rendir el informe justificado en representación de las responsables Delegado Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y Directora del Hospital General Regional (HGR) número 1, con sede en Charo, señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, pues en su opinión el referido instituto no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicha causal de improcedencia, resulta infundada. Ahora, el precepto 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por otro lado, los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la norma o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 118, del tomo V, febrero de 1997, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, que prevé: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". En ese contexto, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala del Alto Tribunal al emitir la jurisprudencia 164/2011, localizable en la foja 1089, del tomo XXXIV, septiembre de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161133, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, el concepto de autoridad implica la facultad de decisión por parte de a quien se le atribuya dicho carácter. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, interpretó la Ley de Amparo abrogada y la vigente, para establecer cuáles actos del Instituto Mexicano del Seguro Social eran susceptibles de ser combatidos en el juicio de amparo que se promoviera con posterioridad a la fecha en que entró en vigor la ley de la materia. Al respecto, sostuvo que, a diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuía la calidad de autoridad, con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Asimismo, aceptó que la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrecía el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, seguía esencialmente las notas distintivas que se describían en la jurisprudencia 164/2011, pero resultaba ser más flexible, debido a que aceptaba la posibilidad de que los actos de particulares fueran considerados de autoridad, cuando afectaran derechos de las personas y cuyas funciones estuvieran determinadas por una norma general. En apoyo de lo que estaba por definir, la citada Sala estimó importante traer a colación ciertas consideraciones que se plasmaron en la ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión 772/2015, entre las que destacó: ". existen casos excepcionales en los que dicho organismo público, como ente asegurador, emite o ejecuta actos que afectan directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho a la seguridad social o de cualquier otro derecho fundamental, como el derecho a la salud, de manera unilateral y obligatoria, además, de que los emite en ejercicio de sus funciones que están determinadas por las normas generales que reglamentan la garantía y satisfacción del derecho a la seguridad social, y para combatirlos es necesario y eficaz acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin agotar la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social. En esos casos no se puede desconocer que el Instituto actúa como autoridad para efectos del amparo. (.) En la prestación de ese servicio público, el Instituto está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien puede incurrir en omisión de actos que de realizarse crearían situaciones, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas. Tal es el caso de determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, previstas en la ley a la que tienen derecho los particulares, las cuales se emiten de forma unilateral y de manera vinculante para los particulares, y que prevalecen hasta que se dicta el laudo o resolución que las invaliden en el juicio o medio de defensa procedente. Por último, la función del Instituto Mexicano del Seguro Social está prevista y regulada en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional y en la Ley del Seguro Social, de manera que no entabla relaciones con los particulares en el ámbito de la autonomía de la voluntad, sino en los términos vinculantes de las propias normas generales que rigen su función. De esta forma, de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados.". La Segunda Sala explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social era un organismo del Estado y que podía emitir actos conforme a la ley que lo regula, incluso incurrir en omisiones, lo que definía una pauta para evidenciar cuándo resultaba necesario hacer procedente el juicio de amparo, respecto de actos y omisiones del Instituto: siempre que exista necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados. En ese sentido, tomando en cuenta la pauta establecida por la referida Sala (que prevé que para determinar si un acto del instituto aludido puede ser analizado en el juicio constitucional, se debe atender a la necesidad de proteger la efectividad del derecho humano involucrado), entonces se considera que respecto del acto reclamado consistente en la negativa de proporcionar a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis que necesita para su padecimiento de enfermedad renal crónica, el Instituto citado sí es autoridad para efectos del juicio de amparo. Se estima así, pues si bien es cierto el derecho humano a la salud forma parte del grupo de beneficios que comprende la seguridad social, también es verdad que está en un plano distinto a otros rubros del servicio que brinda el instituto, pues su entidad es superior debido a la relación que guarda con la preservación y calidad de vida de los gobernados en un ámbito sensible en su desarrollo. Por ello, en congruencia con las reglas en el diseño constitucional sobre la protección de derechos humanos y el enfoque que se asignó a los actos de particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad establecido en la Ley de Amparo, se debe permitir que impugnaciones de esa naturaleza sean susceptibles de ser examinadas desde una perspectiva de que es precisamente el Estado el obligado de hacer realidad el derecho a la salud a quien se le atribuye la afectación. En consecuencia, respecto del acto reclamado precisado, el Instituto mencionado debe considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis 71, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2039, del libro 6, mayo de 2014, del tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006452, que dispone: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O NEGATIVA DE SUMINISTRAR MEDICAMENTOS. Los actos del organismo descentralizado en su carácter de ente asegurador, por regla general, son inimpugnables mediante el juicio de amparo, ya que actúa en un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, que involucra diversos derechos, como los de jubilación, guarderías o licencias por enfermedad. Sin embargo, si se atiende al concepto amplio de autoridad establecido en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que, en los casos en los que el acto reclamado se hace consistir en la negativa u omisión del instituto de suministrar un medicamento a uno de sus asegurados, esa entidad sí tiene el carácter de autoridad, en virtud de que dicho instituto es responsable de proporcionar ese servicio, que forma parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, la omisión o negativa de hacerlo constituye un acto que tiene las características atinentes a los actos de autoridad. Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que, como el derecho de acceso a la salud, aunque forma parte del grupo de beneficios que comprende la seguridad social, está en un plano distinto a otros rubros del servicio que brinda el instituto, pues su entidad es superior debido a la relación que guarda con la preservación y calidad de vida de los gobernados en un ámbito sensible en su desarrollo, aunado a las nuevas reglas en el reciente diseño constitucional sobre la protección de derechos humanos y el enfoque que se asignó a los actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, establecido en la Ley de Amparo, por lo que es necesario darle congruencia al sistema jurídico y permitir que impugnaciones de esa naturaleza, en que coincide con un organismo público, sean susceptibles de ser examinadas desde una perspectiva de que es precisamente el Estado el obligado de hacer realidad el derecho a la salud a quien se le atribuye la afectación, por lo que en estos casos, debe considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, sin perjuicio de la demostración de diversa causa de improcedencia o del examen que se efectúe en el fondo". Por lo expuesto, la causal en análisis no se actualiza. II. Análisis causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo (cesación de efectos) El apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, indica que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que no se ha afectado la esfera jurídica de la parte quejosa, ni algún derecho subjetivo en su perjuicio. No obstante, se desestima la causal de improcedencia invocada, primero, porque las razones que vierte no se encuentran dirigidas evidenciar que ha cesado su negativa de proporcionar el tratamiento médico que requiere el quejoso, sino a dilucidar cuestiones vinculadas con el fondo del asunto, esto es, que han respetado el derecho humano a la salud del quejoso. Por ello, la manifestación del representante de las responsables no puede constituir una causal de improcedencia, al hacer derivar su actualización de cuestiones de fondo del asunto y, por ende, debe desestimarse. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, del tomo XV, enero de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187973, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". También se cita la tesis 1, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, localizable en la página 1803, del tomo III, septiembre de 2017, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2015108, que dispone: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. SI EL QUEJOSO INTERNO RECLAMA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROPORCIONARLA, Y ÉSTA, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA PRESTÓ, AUNQUE CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. Cuando en el juicio de amparo el acto reclamado por un interno en un centro federal de readaptación social consiste en la negativa u omisión de la autoridad responsable de proporcionarle atención médica y ésta, al rendir su informe justificado, exhibe diversas constancias para acreditar que se proporcionó al recluso el servicio médico, aunque con posterioridad a la presentación de la demanda, no debe sobreseerse en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), pues de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", para actualizar esa causa de improcedencia no basta que la autoridad deje de afectar al quejoso, sino que los efectos del acto reclamado deben desaparecer total e incondicionalmente, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado. Desde esa perspectiva, es necesario realizar un estudio de fondo para determinar si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste el acto reclamado, ya que estimar lo contrario, implicaría dejar al quejoso en estado de indefensión, al no poder decidirse si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica, atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada, lo que debió analizarse con base en los estándares internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad" Además, porque de las constancias que anexó tanto a su informe justificado como al relativo a la suspensión de plano, no obra algún documento en el que se advierta que, efectivamente, a la actualidad, ha cesado la negativa de las autoridades responsables de proporcionar el tratamiento de hemodiálisis que requiere el amparista para tal efecto. Por el contrario existe la manifestación de éstas, por conducto de su apoderado, en el sentido de que el quejoso, al estar dado de baja como derechohabiente ante tal Institución, no tiene derecho para atender su padecimiento en tal lugar, incluso, al haber concluido el periodo de conservación de derechos por los servicios de salud que presta tal organismo. De ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada. Así, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de estos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de estos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia con clave de identificación 58/2010, con número de registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Es fundado el concepto de violación dirigido a controvertir la negativa de las autoridades responsables que se simplifica en garantizar su derecho de salud, con el otorgamiento del tratamiento de hemodiálisis necesaria para atender su padecimiento. Se explica. I. Marco legal y constitucional Materia y alcances del derecho humano a la salud Para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación alguna, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3° y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y, de otras, progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo, las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2°, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas las personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación inmediata de adoptar medidas para asegurar, con un piso mínimo o vital, la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán, además, todas las personas sin discriminación, esto es, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo, resulta aplicable la tesis LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental interdependiente e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el de no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y, entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado, sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus numerales 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de estos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Esto es, las obligaciones convencionales requieren de un estándar mínimo de cumplimiento, pero con ello no se agotan, sino que resulta menester que, al mismo tiempo, el Estado se encuentre realizando progresivamente (esto es, con acciones idóneas, oportunas y deliberadas para la realización del objetivo) todas las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Operatividad del derecho humano de protección a la salud Precisados los alcances y materia del derecho humano de protección a la salud, debe decirse que su operatividad ha sido delimitada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -al fallar el Amparo en Revisión 936/2013, realizó el análisis de los artículos 5º, 6º, fracción I, 23, 24, 27, 34 a 39, 77 Bis 1, 77 bis 3, 77 bis 7, 77 bis 11, 77 bis 15, 77 bis 17, 77 bis 21, 77 bis 26 y 77 bis 29, de la Ley General de Salud-, de la manera siguiente: El Sistema Nacional de Salud se integra por las dependencias del Gobierno Federal y Local, las personas físicas y morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, los mecanismos de coordinación de acción y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, mediante la prestación de servicios de salud a toda la población, entre otras medidas. Los servicios de salud, en términos generales, son todas aquellas acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas y, para los efectos del derecho a la protección de la salud, tienen tal carácter, entre otros, los referentes a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo urgencias, así como la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. ( Los servicios de salud, en general, se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; y atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) Servicios a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar tales servicios, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recurso para cubrirlas. b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios. Dichos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad social y por las contenidas en la Ley General de Salud, en lo que no se oponga a aquéllas y comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la salud mental, la promoción de la formación de recurso humanos, la salud ocupacional, la prevención, control de enfermedades no transmisibles y accidentes. c) Servicios privados, que son lo que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convenga con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles. Tales servicios se pueden contratar directamente por los usuarios o través de seguros individuales o colectivos y servicios sociales, que son los prestados por grupos u organizaciones a sus miembros y a los beneficiarios de éstos, mediante la contratación de seguros individuales o colectivos. Otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los propios beneficiarios, excepto cuando "exista la incapacidad de la familia" para cubrir la cuota relativa, lo cual no impedirá a los enfermos incorporarse y ser sujetos de los beneficios que se deriven del Sistema de Protección Social en Salud; resulta pertinente destacar que, un porcentaje de las cuotas de recuperación se destina al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que son aquellos que derivan de tratamientos y medicamentos asociados que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. Lo expuesto permite arribar a la conclusión de que el derecho a la protección de la salud, se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, que comprenden entre otras cuestiones: ( La asistencia médica. ( Atención médica, consistente en proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo. ( El suministro de medicamentos para el tratamiento de una enfermedad, conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, o que sean recientemente descubiertos. ( No obsta que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, ya que esas situaciones son ajenas al gobernado, pues el deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos, es la forma en que se ve tutelado el derecho humano a la salud. Como una de las obligaciones de cumplimiento inmediato y no progresivo, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud, en particular absteniéndose de limitar el acceso a un núcleo mínimo de prestaciones de atención médica, y suministro de medicamentos, con base en razones discriminatorias; incluso, no deben negar o limitar el acceso igual de todas las personas (sin ningún tipo de excepción o justificación para tal hecho), a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; así como abstenerse de imponer prácticas discriminatorias por política de Estado o en relación con el estado de salud de la propia persona. Finalmente, cabe señalar que el cumplimiento de las diversas garantías a favor de los integrantes de la sociedad que se despliegan como parte del contenido y alcance del derecho humano a la salud, debe acontecer durante las distintas etapas del acto médico, es decir, durante la fase diagnostica, terapéutica y recuperatoria. Dado que estas etapas del acto médico están intrínsecamente ligadas, la violación al derecho humano a la salud en cualquiera de éstas puede repercutir en el bienestar general del paciente, de ahí que no puedan desvincularse unas de otras al momento de verificar si existió o no una violación al derecho humano a la salud susceptible de repercutir en el bienestar general de determinada persona. Resulta aplicable, por analogía, la tesis, de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2002440 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. XXIV/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, página 621 Tipo: Aislada ACTO MÉDICO. DISTINTAS ETAPAS O FASES QUE LO CONFORMAN PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE MALA PRÁCTICA MÉDICA. El acto médico se divide en distintas etapas o fases. La fase diagnóstica, la fase terapéutica y la fase recuperatoria. Sin embargo, cada una de estas fases constituye la totalidad del acto médico. Por tanto, para determinar la existencia de mala práctica médica, el acto médico no debe ser analizado de manera separada, sino que debe hacerse de manera conjunta, pues cada una de las fases que lo componen se encuentran estrechamente vinculadas. Así las cosas, segmentar el acto médico sin tomar en consideración todas las etapas que forman el acto médico, como un conjunto inseparable para la determinación en un caso concreto sobre la existencia de mala práctica médica, sería incongruente e ilógico, pues las fases siguen una secuencia en el tiempo". Preservación de derechos de seguridad social, posterior a la baja del derechohabiente Ahora, de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° A, fracción XIII, 91, 92 y 109 de la Ley del Seguro Social, se obtiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporciona el seguro de salud de sus derechohabientes que incluye la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Por su parte, los derechohabientes son los asegurados, pensionados o los beneficiarios de ambos, que en los términos de la ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto. También precisan que en caso de enfermedad no profesional, el Instituto otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento, sin computarse en ese periodo el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes, el cual se podía prorrogar hasta cincuenta y dos semanas más previo dictamen médico. Si el trabajador queda privado de trabajo remunerado, pero cubrió inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente, la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. En ese tenor, el plazo para que opere la pérdida de derechos debe ser aplicado e interpretado de forma estricta, pues implica la pérdida del derecho que tienen los asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, para continuar con las prerrogativas que suponen su inscripción al régimen obligatorio de seguridad social, entre ellos, el de ser atendidas, obtener un tratamiento y medicinas para su padecimiento. Ello atento al principio pro persona previsto en el artículo 1° Constitucional. También, lo anterior supone que, al contar con mayores elementos, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, la carga de demostrar que, efectivamente, inició y concluyó el periodo de conservación de derechos, así como que lo notificó al afectado. Por identidad jurídica esencial, aplican al caso las tesis de rubros: "Registro digital: 2004499 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 129/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1841 Tipo: Jurisprudencia INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL OPONER LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, DEBE PRECISAR LOS ELEMENTOS QUE LA SUSTENTAN. Conforme al artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, en la contestación de la demanda deberán oponerse las excepciones, cuyo objetivo será conseguir la ineficacia de la acción intentada por la actora. En ese sentido, la excepción que aduzca el Instituto Mexicano del Seguro Social tendente a destruir la acción de la actora hecha valer para la obtención y pago de una pensión, debe ser específicamente la de falta de conservación de derechos del asegurado para acceder a tal beneficio; de ahí que al oponerla deba precisar los elementos en que se sustenta, pues en términos del artículo 182 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, la conservación del derecho para obtener el pago de una pensión depende del tiempo de cotizaciones semanales cubiertas por el asegurado, y en atención a éste, se computa el periodo durante el cual conserva ese derecho, cuya duración es igual a la cuarta parte del tiempo que se haya cotizado, contándose a partir de la fecha de baja, y el cual no podrá ser menor de 12 meses. Esto es, el órgano mencionado al oponer la citada excepción deberá precisar: a) el tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) la fecha en que el asegurado causó baja en el régimen de seguro obligatorio; y, c) la fecha en que feneció el periodo de conservación de derechos. Lo anterior, independientemente de que el indicado Instituto haya rendido la certificación de derechos correspondiente en la que se precisen los elementos señalados, ya que para que esta probanza sea debidamente valorada, debe estar referida a los hechos controvertidos en el juicio, atento a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo." "Registro digital: 2013537 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 5/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 526 Tipo: Jurisprudencia SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, QUE PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. La aludida disposición legal forma parte de un plan de seguridad social que constituye un sistema contributivo organizado sobre la base de aportaciones con el fin de constituir un fondo para atender las pensiones; en ella se contiene la conservación de derechos como una prerrogativa de los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio, pues extiende el beneficio para ejercer los derechos adquiridos en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cotizado, el cual no puede ser menor de 12 meses. En virtud de esa norma legal, la baja del asegurado no implica que, desde ese momento, deje de gozar del derecho a obtener una pensión en los ramos mencionados, sino que el derecho que hubiese adquirido en el tiempo de aseguramiento y que no haya ejercido a la fecha de la baja, se extiende por el periodo señalado en la ley. Así, el periodo de conservación de derechos, lejos de constituir una restricción, representa una prerrogativa para el asegurado o para sus beneficiarios al ampliar su derecho a recibir una pensión con posterioridad a que causó baja. Por otra parte, el derecho humano a la seguridad social no exige que la expectativa a obtener una pensión se adquiera y conserve de manera indefinida. Consecuentemente, dicho precepto no transgrede el referido derecho humano, ya que se emitió dentro del margen de configuración del que goza el legislador con la finalidad de garantizar la suficiencia de recursos para el pleno goce de ese derecho por todos los beneficiarios. De ahí que si la contingencia ocurre con posterioridad al fenecimiento de ese periodo de conservación de derechos, no existe razón para otorgar un beneficio al que ya no se tiene derecho en perjuicio de la sostenibilidad del sistema del seguro social." II. Caso concreto y decisión Sentado lo anterior, resulta pertinente precisar que de las constancias de autos se advierten los siguientes antecedentes: 1. En su demanda de amparo, el quejoso indicó que desde el diez de junio de dos mil veinte, era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin precisar la fecha, manifestó que tiene graves problema de salud, dado que padece de insuficiencia renal crónica en etapa 5, también conocida como enfermedad renal terminal, lo cual es una condición médica grave en la cual los riñones han perdido casi por completa su capacidad de eliminar los productos de desecho, regular el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo, por lo que para mantener la vida es necesario tratamientos como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. También refirió que el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, a las "dos de la madrugada", fue informado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que ya no se le iba a brindar el servicio de diálisis peritoneal, sin especificar el motivo. En esa misma data, la parte quejosa presentó su demanda de amparo, como se aprecia del sello de recepción correspondiente. 2. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa aclaró que a la actualidad se le aplica el tratamiento de hemodiálisis y no el diverso de diálisis peritoneal. También refirió que la entonces Coordinadora del área, en un principio le indicó que no se daría la atención, porque en el sistema aparecía como dado de baja, no obstante, con posterioridad, señaló que revisó de nuevo el sistema y logró averiguar que existía un procedimiento interno del propio instituto pendiente de "dictaminación", y que supone se trata de una "pensión o invalidez". 3. Por su parte, las autoridades responsables, al rendir tanto el informe con motivo de la suspensión de plano como el diverso justificado, refirieron que se encontraban imposibilitadas legal y materialmente para proporcionar el tratamiento que indicaba el amparista en su demanda de amparo, en virtud de que éste no se encontraba vigente ni en conservación de derechos ante el Instituto que representaba, por haber sido dado de baja desde el veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Anexó a su escrito de queja -interpuesto el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés- la constancia de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Michoacán, Subdelegación Morelia, de la que se observa el nombre del quejoso, con número de seguridad social 02177277031, situación "BAJA", adscrito a la Unidad Médica Familiar "UMF 085", tipo de pensión "SIN PENSIÓN", así como la fecha y tipo de movimiento: "26/07/2023 BAJAS". Lo que también se corroboró con la constancia de vigencias de derechos que exhibió junto a su escrito de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, donde se reitera esa fecha de baja. Ahora, del oficio 170501 200 200/dir/473/2023, dirigido al Encargo de la Jefatura de Servicios Jurídicos, signado por la Directora del Hospital General Regional (HGR) número 1, con sede en Charo -digitalizado en el informe justificado vertido por las responsables- se advierte lo siguiente: "(.) Por medio de la presente envío un cordial, dando seguimiento al juicio de amparo número 1233/2023, promovido por el C. ESTANISLAO CHÁVEZ TINOCO con NSS: 5382643275-8, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a quienes concedieron la suspensión de plano, informo: Masculino de 50 años de edad, quien cuenta con los siguientes antecedentes: Hipertensión Arterial Sistémica diagnosticada en febrero de 2023, inicia con terapia de sustitución renal en marzo de 2023 con catéter mahurkar, posteriormente con cambio de modalidad a diálisis peritoneal el mismo mes. Refiere retiro y recolocación de catéter Tenckhoff en 2 ocasiones, último realizado en abril de 2023. Presente uresis residual de 1500 ml. Refiere no haber presentado episodios de peritonitis. Diálisis peritoneal manual con solución al 1.5% (06:00/12:00/18:00 hrs) y solución al 2.5% Tenkhoff. Se retira catéter el día 28.06.2023, refiere que por múltiples adherencias y omento prolongado, la cavidad no es apta para diálisis peritoneal. Por o que se decide cambio de terapia de reemplazo renal a diálisis peritoneal quedándose los días M-J-S a las 02:00 am. Derivado del Comité de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal, llevado a cabo en el mes de junio de 2023, donde se abordó el tema de modificación de distribución de máquinas, se llevó a cabo reacomodo de pacientes asignándole al quejoso los días para su tratamiento los martes, jueves y sábado en el HGZ 83. Su atención en la especialidad de nefrología es en la UMAA, ya que en esta Unidad no contamos con consulta de esta especialidad. (.)." También se digitalizaron en el informe justificado rendido por las responsables, dos hojas denominadas "Registros e intervenciones de enfermería para pacientes en programa de hemodiálisis", de las que se observan las sesiones de fechas seis y nueve de octubre de dos mil veintitrés, en las que se precisa que el número de sesiones de hemodiálisis corresponde a 3 veces por semana y dos diagnósticos denominados "ERC EN HD", así como "IRC". Documentales a las que este juzgador les otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, de la codificación civil invocada, en razón de que son copia simple, y hacen prueba en favor de la quejosa y contra las autoridades responsables, en razón de que no fueron objetadas ni se desvirtuaron con algún otro medio de prueba. Así, una vez analizados tales documentos, este órgano jurisdiccional determina que resultan suficientes para crear convicción de que el solicitante del amparo requiere atención médica para tratar su padecimiento de "enfermedad renal crónica", consistente en tres sesiones de hemodiálisis por semana, y que la autoridad responsable se ha negado a prestar dicho servicio de salud al argumentar que dio de baja el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, al amparista como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, derivado de la rescisión laboral que éste tenía con "********************", a más de que a la fecha no cuenta con la conservación de derechos, precisada en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social. No obstante, a la fecha que se presentó la demanda de amparo (veinte de septiembre de dos mil veintitrés), todavía no fenecía el plazo de ocho semanas para la conclusión del periodo de conservación de derechos a que alude el artículo 109 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social; plazo que la propia responsable reconoció en su informe justificado presentado el once de octubre de dos mil veintitrés, lo que constituye una confesión de ésta, de conformidad con el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la decisión de darlo de baja como derechohabiente del referido Instituto, no fue comunicada al quejoso, pues ello no fue acreditado por las responsables con algún documento y tampoco fue reconocido por el solicitante del amparo, quien en cambio afirmó ignorarla. Lo anterior a fin de que estuviera en aptitud de conocer su estatus de inactivo ante la institución, a efecto de que, si la autoridad no lo hacía de oficio, realizara su solicitud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del cual era derechohabiente, para que lo canalizara a otra Institución de salud pública y pudiera seguir recibiendo el tratamiento médico que necesita. Lo que es de especial relevancia, dado que el quejoso padece una enfermedad crónica que era atendida médicamente por la institución como derechohabiente hasta antes de la baja, y al ser interrumpidos esos servicios de forma intempestiva se puso en riesgo su bienestar físico e, incluso, posiblemente su vida, pues acorde a las constancias necesita de al menos tres sesiones de hemodiálisis por semana en el Hospital Clínico responsable debido a la enfermedad renal crónica que padece. Para lo cual, no se pierde de vista que el Instituto está obligado a proporcionar los servicios médicos durante las ocho semanas posteriores a la desocupación tal como lo establece el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, pero ello siempre y cuando ésta haya sido debidamente comunicada al quejoso, y no exista riesgo de perder la vida por la falta de atención médica una vez concluido dicho periodo, en acatamiento al artículo 4° Constitucional, que establece la obligación de las responsables de garantizar el derecho de salud de las personas. Por lo que en ese supuesto, tal periodo se puede prorrogar para garantizar que el amparista esté recibiendo la atención médica adecuada en virtud del padecimiento que pone en riesgo su vida, hasta en tanto se resuelve su situación laboral o legal, incluso, durante el periodo en el que se canaliza a alguna otra institución de salud pública, destinada a personas no inscritas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A más que las constancias anexadas por las autoridades responsables a sus respectivos informes, son insuficientes para acreditar que efectivamente haya terminado la relación laboral del quejoso ********************con la parte patronal precisada en párrafos anteriores, porque aún y cuando exista un documento en el que se advierta que exista una baja por partes de las autoridades responsables, también es que no se allegó el relativo para determinar que efectivamente el amparista ya no labora en tal empresa, ni el diverso consistente en la solicitud de la parte patronal para rescindir dicha relación laboral. En ese contexto, a efecto de garantizar el derecho a la salud del solicitante del amparo, se estima que lo procedente es que las autoridades responsables continúen prestando la atención, tratamiento y servicios médicos que requiere, hasta en tanto se tenga certeza sobre la rescisión laboral, es decir, que efectivamente no se haya promovido juicio laboral alguno o de existir se hubiera resuelto por motivo del despido injustificado. Máxime que, se reitera, aún en el caso de que ya exista una resolución firme que haya declarado la terminación laboral del quejoso, las autoridades responsables no pueden dejar de proporcionar la atención, tratamientos y servicios médicos que requiere, pues pondría en peligro su integridad física e, incluso, su vida; lo que además, constituye una obligación de rango Constitucional prevista en el artículo 4° de la Ley Fundamental. De ahí que en caso de que las responsables, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable se encuentren jurídicamente impedidas para continuar prestando atención médica al quejoso derivado de la supuesta terminación de la relación laboral que tenía con la patronal "********************" o con la que corresponda en su denominación o nombre correcto, lo procedente es que, sin suspender el servicio médico, hagan del conocimiento de tal circunstancia al quejoso y realicen los trámites correspondientes a fin de canalizarlo a alguna institución pública de salud, que cuente con las instalaciones e insumos necesarios para continuar proporcionándole un servicio médico integral y de calidad. En ese sentido, es inconcuso que las autoridades responsables, en el caso, no pueden negar la prestación del servicio médico que requiere el quejoso, por el contrario, deben realizar todas las gestiones que estimen necesarias a fin de salvaguardar su integridad física e, incluso, la vida, a fin de respetar el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que, en su caso, la relación laboral haya concluido; de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio. Se cita como apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis siguiente: "Registro digital: 2022982 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: X.2o.12 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, página 2349 Tipo: Aislada SERVICIO MÉDICO PROPORCIONADO POR PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) A SUS TRABAJADORES. SI AL CONCLUIR LA RELACIÓN LABORAL ÉSTOS SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO Y, POR SU ESPECIAL CONDICIÓN DE SALUD, SE UBICAN EN UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AQUÉL DEBE CONTINUAR PRESTÁNDOSE INTEGRALMENTE HASTA POR UN PERIODO MÁXIMO DE SEIS MESES, DENTRO DEL CUAL SE LES DEBERÁ CANALIZAR A UNA INSTITUCIÓN DE SALUD OFICIAL. Hechos: En un juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la falta de atención médica por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), argumentando que se encontraba en una condición de salud vulnerable y que había sido dado de baja del trabajo con motivo de su enfermedad; sin embargo, la falta de atención médica obedeció a que no contaba con contrato vigente. No obstante, el Juez Federal concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, al estimar que el acto reclamado era violatorio del derecho humano a la salud, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el hecho de suspenderle el servicio de salud, sin comunicárselo previamente, por lo menos con un mes de anticipación, daba lugar a que no estuviera en posibilidad de contar con ese servicio por parte de otra dependencia de salud oficial. Contra dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, al considerar que el mes otorgado por el juzgador para continuar su tratamiento resulta insuficiente y carece de un respaldo objetivo y razonado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la decisión del Juez de amparo fue incorrecta, al limitar a un mes el derecho fundamental de acceso a la salud del trabajador, sin razonamiento objetivo que justifique la pertinencia, idoneidad y eficacia de esa decisión, toda vez que es deber del Estado preservar la salud de toda persona, por lo que la vigencia de derechos del quejoso al concluir la relación laboral con Petróleos Mexicanos debe continuar, para que le proporcione el servicio médico integral por un periodo máximo de seis meses, dentro del cual deberá canalizarlo a una institución de salud pública para la continuación de su tratamiento. Justificación: Lo anterior es así, porque la empresa paraestatal debe garantizar el servicio médico de sus afiliados que, por su condición de salud, se encuentren en una situación de vulnerabilidad, hasta en tanto los canalice e inscriba a una institución de salud oficial especializada, que se encargue de continuar su tratamiento, proporcionando a la nueva institución la historia clínica, estudios y diagnóstico y demás elementos que conformen el expediente médico, a fin de garantizar integralmente el tratamiento y los medicamentos necesarios, así como el acceso a los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, hasta que se encuentre incorporado." Reembolso de gastos erogados Ahora, mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintitrés, de forma superveniente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso solicitó el reembolso de los estudios médicos que afirma se realizó en fechas veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, así como de las sesiones de hemodiálisis que también refiere se practicó el veintinueve de septiembre y dos de octubre ambos de dos mil veintitrés, ante la omisión de la responsable de proveer los servicios médicos para tratar su padecimiento de enfermedad renal crónica. Lo anterior resulta procedente. Para ello, se reitera, que el quejoso se encuentra en una circunstancia de que necesita atención médica, y existe la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de proporcionársela, hasta en tanto se dilucide su relación laboral y legal, como se explicó previamente, a efecto de seguir garantizando su derecho a la salud. En ese contexto, es que este órgano jurisdiccional advierte que se encuentra ante la posibilidad de solicitar el pago o reembolso erogados por la negativa de la responsable de proporcionarle asistencia médica u hospitalaria para tratar su padecimiento que resulta crónico y pone en riesgo su vida. A más de que el reclamo del amparista no deriva de una variación de lo efectivamente impugnado en la demanda de amparo relativo a la negativa de proporcionar el tratamiento de hemodiálisis, lo que podría incluir los estudios que necesite para tal efecto, dado que estos los practicó ante instituciones privadas denominadas "********************", "********************" y "********************", y se advierte que tienen estrecha relación con el acto reclamado. Lo que tuvo que realizar aun y cuando el Estado debía emprender las acciones necesarias para otorgar al paciente, aquí quejoso, una atención médica adecuada a su padecimiento, con el objeto de restaurar su salud. En ese sentido, lo alegado con respecto al reembolso de los gastos generados por los estudios realizados y los tratamientos de hemodiálisis en instituciones privadas que afirma se practicó, atiende a una cuestión que también deberá ser reparada, previa verificación de la necesidad de los estudios ahí referidos, por parte de los médicos especialistas en la materia con que cuenta el Instituto responsable. Lo que es acorde con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 82/2022, en el que estableció que era necesario que los institutos de salud atiendan de manera inmediata el suministro de los fármacos requeridos por los pacientes, en aras de proteger el derecho a la salud, la asistencia médica y el tratamiento, dado que estos deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante, y al no hacerlo deben reembolsarse al quejoso los gastos erogados con motivo de la adquisición del medicamento requerido para tratar su enfermedad. Criterio que dio origen a la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2027441 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Administrativa, Constitucional Tesis: 1a./J. 153/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia DERECHO HUMANO A LA SALUD. PROCEDE REEMBOLSAR EL PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL PACIENTE, DERIVADO DE LA OMISIÓN Y SUMINISTRO TARDÍO POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), ANTE LA URGENCIA DE NO PONER EN RIESGO SU SALUD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención al derecho humano a la salud, al no satisfacerse lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben reembolsarse al quejoso los gastos erogados con motivo de la adquisición del medicamento requerido para tratar su enfermedad, pues al actualizarse la interrupción del suministro del fármaco, así como su entrega tardía, se vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro de los cuales -tratándose de servicios de salud- se encuentran las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Justificación: De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud comprende como servicio básico la atención médica, que supone un tratamiento oportuno al enfermo, que incluye la aplicación de los estudios médicos necesarios y de los medicamentos correspondientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituye una institución pública de seguridad social que forma parte del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, se encuentra obligado, en términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., fracción I, 23, 24, 27, 32, 33 y 37 de la Ley General de Salud, a garantizar el derecho a la salud mediante atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, como un servicio básico de salud a las personas que tengan el carácter de derechohabientes, en términos de su ley. Ahora bien, en relación con su derecho a la salud, el quejoso vio afectada su esfera jurídica ante la suspensión del suministro del medicamento, lo cual no desaparece con su entrega a destiempo por el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la entrega impuntual o inoportuna del medicamento que debía realizarse en forma ininterrumpida puso en peligro su salud. Ante ese escenario, el Juez de Distrito tenía la obligación de evaluar en su integridad los autos del juicio de amparo para advertir que, al no haberle sido suministrado el medicamento por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el quejoso se vio en la imperiosa necesidad de adquirirlo por sus propios medios." De esta manera, el no otorgarle el tratamiento de hemodiálisis que necesita tres veces a la semana y que debía seguir en forma ininterrumpida, afectó su esfera jurídica, por lo que se puso en peligro su salud. En ese sentido, dado que era obligación de las responsables y no lo hicieron, deben reembolsar al último mencionado los gastos erogados para tal efecto, previa verificación en cuanto a si los estudios que se practicó el quejoso se encuentran relacionados con la negativa de otorgar el tratamiento de hemodiálisis que reclamó en su demanda de amparo. De ahí lo fundado de lo alegado. Ante las circunstancias relatadas, al advertirse una transgresión al derecho fundamental a la salud del quejoso que, además, debe ser garantizado, lo que procede es conceder el amparo solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia. Así, los efectos de la concesión del amparo es para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen lo siguiente: Se dicte un acuerdo administrativo en el que se haga del conocimiento al quejoso de la causa de la baja como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y, en caso de existir, se anexe el documento de solicitud de la parte patronal para tal efecto, si no existiese, realicen la manifestación correspondiente en ese sentido. También se precise que durante el periodo de seis meses, contado a partir del momento en que se emita el acuerdo administrativo referido, continuarán proporcionando al quejoso, de manera integral, la atención, tratamiento y servicios médicos que requiere para su padecimiento. Ahora, en caso de que ya exista una resolución firme en la que se haya resuelto sobre la terminación laboral del amparista; o, en el supuesto de que no exista algún juicio laboral en trámite y pendiente de resolución con motivo de la terminación de la relación laboral; entonces, las autoridades responsables, en su ámbito competencial, deberán realizar todas las gestiones necesarias para canalizar al peticionario de amparo a una diversa institución pública de salud, la cual deberá tener las instalaciones e insumos necesarios para que el promovente pueda continuar con el tratamiento y servicios médicos que requiere; ello en el entendido de que la atención médica no puede suspenderse en ningún momento al quejoso, ni siquiera durante el lapso en que se le canalice y sea aceptada por una institución de salud diversa. d) Ordene a los médicos especialistas adscritos a la Institución de salud a su cargo, que en el plazo de tres días, indiquen si los estudios médicos que se practicó el quejoso y que obran a fojas 154 y 155 del presente expediente, eran necesarios para que, a su vez, se realizaran las sesiones de hemodiálisis de veintinueve de septiembre y dos de octubre de dos mil veintitrés. Precise que, una vez que obtenga los informes de los especialistas médicos, y de ser estos en sentido afirmativo, deberá requerir al solicitante del amparo la exhibición de la facturas expedidas por las instituciones privadas antes citadas, con los requisitos fiscales que establezca la legislación de la materia, a efecto de que acredite de manera certera que efectivamente se realizó los estudios correspondientes y se le otorgó el servicio de hemodiálisis en la institución privada referida. En caso de ser en sentido negativo, esto es, que los estudios no eran necesarios, únicamente solicite las facturas correspondientes al servicio de hemodiálisis que afirma se practicó ante la institución "********************". En ese sentido, deberá ordenar que una vez que obtenga dicha información, esto es, las respectivas facturas, haga del conocimiento del quejoso los mecanismos necesarios para que pueda realizar los trámites requeridos para el reembolso de las cantidades antes precisadas, ante las instancias que sean necesarias. Se hace del conocimiento del promovente, que en caso de requerírsele, deberá colaborar con las autoridades responsables y las vinculadas en todo lo necesario para su trámite de canalización a alguna institución pública de salud, a fin de garantizar la efectiva continuidad de la atención médica que requiere. En la inteligencia de que este fallo se considerará cumplido, al emitir el acuerdo administrativo referido. Sin que sea dable dar vista al Ministerio Público, como lo solicitó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en virtud de que este órgano jurisdiccional no advierte la realización de actos que podrían resultar constitutivos del delito de falsedad de declaraciones, en virtud de que los hechos que refiere en dicho informe, en el sentido de que el amparista ya había sido dado de baja como derechohabiente, y aún así presentó su demanda de amparo con ese carácter, son relativos al fondo del presente asunto constitucional, lo que se encuentra estrechamente relacionado con una cuestión de criterio jurisdiccional, como se abordó previamente en la presente sentencia. A más de que este Juzgado de Distrito advierte que no existe algún elemento de prueba que indique, al menos de manera indiciaria, que el quejoso declaró de manera falsa en su demanda de amparo o que efectivamente conocía de su situación como derechohabiente, para estimar que sea necesario dar vista al Ministerio Público. Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó la parte quejosa a manera de alegatos, así como lo referido por el agente del Ministerio Público adscrito, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no hizo valer alguna causal de improcedencia o alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.".[Registro digital: 2018276, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 26/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia]. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de las autoridades y el acto reclamado, consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la negativa de proporcionar los servicios que requiere para el padecimiento que presenta, con base a las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en el sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.gabk
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo 1233/2023 promovido por el apoderado del Estanislao Chávez Tinoco, contra actos del Delegado Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Secretario dé cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Apoderado del Delegado Regional en Michoacán y Director General del Hospital General Regional (HGR) 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Charo,. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables aportaron prueba documental, la que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; en el entendido que la relativa a la responsable obra en cuaderno de pruebas por separado en la secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas que desahogar se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que los formuló el quejoso y fiscal federal de la adscripción mediante escritos presentados el veintiséis y veintiocho de septiembre y seis de octubre pasado. EL JUEZ: Téngase por rendido los alegatos formulados por el tercero interesado, y al no existir diversa manifestación al respecto, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE Rcl Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 101/2023 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, resolvió: "PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo y para los efectos indicados en el considerando cuarto de la sentencia impugnada". ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 5727/2023 al que también se anexó el original del juicio de amparo en que se actúa, y un tomo de pruebas, lo anterior, para los efectos conducentes a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en autos, se provee lo siguiente: REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la Juez de Primera Instancian Civil de Tacámbaro, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copias certificadas de las constancias que así lo acredite, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil natural, incluido lo realizado en la etapa de ejecución de sentencia, la sentencia definitiva y demás actuaciones posteriores al acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó emplazar a la demandada, aquí quejosa en el juicio civil de origen. b. En su lugar, ordene nuevamente emplazar a la aquí quejosa ********************, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, debiendo observar, además de las formalidades establecidas en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el requisito adicional precisado en la jurisprudencia 1ª./J. 39/2020, emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal y continúe el juicio por sus cauces legales NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, hágase la devolución a la Juez responsable de las copias certificadas del juicio civil de origen 207/2022, que acompañó con su informe justificado; consistente en un tomo, para lo cual se solicita acuse de recibo. Notifíquese y personalmente al quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Esperanza Ambris Gaytán736/2022
- Esperanza Gaona Reyes370/2019
- Esperanza García Valladolid761/2018
- Esperanza o Esperanza Gloria Pulido Rodríguez1359/2019
- Esperanza Zaragoza Ávalos923/2023
- Espiridión Esquivel Martínez621/2018
- Esteban Abraham Carrillo Ferrero232/2018
- Esteban Amador Gutiérrez G.1462/2023
- Esteban Canseco Chona11/2019
- Esteban Gabriel Bravo Fuentes929/2018
- Esteban Gabriel Bravo Fuentes1108/2018
- Esteban Gabriel Bravo Fuentes61/2021