Estaciones de Servicio

Expediente 128/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
128/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Estaciones de Servicio

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********, apoderada legal de ******** personalidad que acredita en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, con la copia certificada del instrumento notarial que exhibe, contra actos de la Legislatura del Estado de Guanajuato y otras autoridades, por violaciones al numeral 31 fracción IV constitucional. Regístrese en el libro de gobierno con el número 128/2018. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En la especie, debe decirse que la promovente del amparo reclama: ? La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que respecta a los artículos 228-H a 228-L. ? La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2018, precisamente el artículo 2 fracción V. ? El primer acto de aplicación de las citadas legislaciones, consistente en la liquidación del número de servicio ***, por concepto de derecho de alumbrado público, por la cantidad de $611.50 (seiscientos once pesos 00/50 M.N.). En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo pues la moral quejosa tuvo que cumplir con la disposición legal consistente en el pago de un tributo. En este orden, el siguiente paso consiste en determinar el lugar de ejecución del acto reclamado. En efecto, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que sus destinatarios deban acatarlas, porque constituye un acto en sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en el lugar en el que el gobernado cumplió sus prescripciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." No obstante, cuando se reclama la recaudación y el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados vía transferencia electrónica, la competencia para conocer del asunto se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se preste ese servicio público municipal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 164/2009, sustentada por la Segunda Sala, Novena Época, consultable en la página 66, Tomo XXX, octubre 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. La aplicación de una ley fiscal o la recaudación de un pago tributario realizado por los mismos contribuyentes o por un órgano auxiliar en la administración impositiva, no conduce a la plena convicción de que en el lugar en el que se llevó a cabo se producirá su ejecución material o las consecuencias emanadas de ese proceder, por lo que para fijar la competencia por territorio de un Juez de Distrito debe atenderse a la localidad en que originariamente habría de cumplirse la obligación fiscal relativa o al sitio en que la autoridad hacendaria debe realizar las funciones de comprobación y fiscalización, dado que en ellos se ejecutarán o tratarán de ejecutarse, de acuerdo con el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, cuando se reclama la recaudación y el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados vía transferencia electrónica derivada del sistema de cobro centralizado con los organismos descentralizados de energía eléctrica y se señalan como autoridades responsables a los tesoreros municipales de varios Ayuntamientos de distintas entidades federativas, la competencia para conocer del asunto se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se preste ese servicio público municipal, pues conforme a los artículos 115, fracción IV, inciso c), y 121, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la normativa en materia municipal de las entidades federativas, el ámbito espacial de validez de tales derechos tiene eficacia sólo en el territorio que ocupa el Municipio respectivo, lugar en el que se causan y coincide con el domicilio fiscal municipal de los sujetos obligados, por lo que en dicha demarcación es donde se realizarán las tareas de comprobación y fiscalización y tuvo que hacerse originariamente el pago ante la Tesorería Municipal, lo que evidencia que en ese lugar tendrán ejecución material los actos reclamados, sin que sea útil para discernir la competencia el sitio en el que se recaudó el derecho municipal o el domicilio social de la quejosa o de los organismos públicos recaudadores." Al respecto, los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 228-H a 228-L de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato vigente, así como de los numerales 15 y 50 de la Ley de Ingresos del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2018, preceptos que con motivo de su primer acto de aplicación, obligaron a la parte quejosa a acatarlos (efectuar el pago del derecho de alumbrado público). En seguimiento de ello, la parte quejosa realizó el pago de del impuesto de que se trata, a través de una operación bancaria electrónica, tal como se desprende de la documental que anexó, consistente en el reporte de pago de servicios electrónico (F. 28), lo que se refuerza con el señalamiento de autoridades responsables del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar donde tuvo que hacerse originariamente el pago de esa contribución, lo que evidencia que en ese lugar tendrán ejecución material los actos reclamados. Por tanto, es factible aseverar que el acto reclamado conllevó ejecución en el lugar donde se encuentra el inmueble propiedad de la parte quejosa, esto es, en el domicilio ubicado en ***, ya que la vinculó a las normas impugnadas, porque en ese lugar es donde debió realizar el pago del impuesto que reclama. De ahí que es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado. De lo anterior se colige que el acto reclamado no tiene ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción y por ende, que al suscrito no le corresponde el conocimiento del asunto. En ese sentido, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, capital. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en turno en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, toda vez que la impetrante no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena notificar el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, dado que la parte accionante no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito de demanda, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tiene a los mismos como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa.

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