Espiridion Pérez Hernández
Expediente 446/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Espiridion Pérez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó el juicio de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *************************, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de resolver el incidente de acumulación relativo al expediente laboral 1128/2016 de ese índice... APERTURA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Edgar Salvador Vargas Valle, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa en compañía de Nidia Elidé Díaz Valles, Secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 446/2018-II-4, promovido por , sin la comparecencia de las partes o quien legalmente las represente. Acto seguido, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: original del escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 11), proveído de admisión de cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 21 a 25), constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 28), informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 31 y 32, 34 y 35) y demás constancias que obran en autos. Además, la Secretaria informa que el expediente está integrado, que las partes fueron formalmente emplazadas a juicio, a excepción de la parte tercera interesada. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación secretarial que se realiza, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, continúese con la celebración de la audiencia y díctese la sentencia que en derecho corresponda, no obstante que no haya sido emplazado a juicio en que se actúa a la parte tercera interesada, pues tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la omisión de formular el proyecto de laudo en el expediente laboral 290/2009 del índice de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; es inconcuso, que ningún perjuicio le depara al tercero interesado el sentido de la resolución que se dicte en el presente asunto, pues atendiendo al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es de celebrarse la audiencia constitucional, pues de otra forma traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contraviniendo el derecho fundamental consagrado en el precepto constitucional citado. Sin que se considere motivo para diferir el hecho que el informe de la autoridad responsable no se haya puesto a la vista de las partes con la oportunidad de ocho días, toda vez que del mismo se advierte la existencia del acto reclamado; por tanto, postergar la audiencia constitucional equivaldría a que siga subsistente la violación de derechos fundamentales en perjuicio del impetrante de amparo. Máxime que conforme a la reforma constitucional publicada el quince de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, debe privilegiarse la igualdad entre las partes, el debido proceso y la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. PERÍODO PROBATORIO. Se declara abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa; así mismo, con las copias certificadas deducidas del expediente laboral 290/2009, que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe con justificación. Al respecto, el Juez acuerda: En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza las citadas pruebas. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria certifica que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Téngase por practicado la certificación secretarial que antecede, y, al no existir promoción que acordar ni prueba por desahogar, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 446/2018-II-4, promovido por , contra actos de la ; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el seis de junio dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Entidad Federativa, remitido ese mismo día por cuestión de turno a este Juzgado Federal, , demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la autoridad responsable siguiente: II. AUTORIDAD RESPONSABLE. Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabaco, con residencia en esta ciudad. III. ACTO RECLAMADO. "IV).- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad denominada Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, RECLAMO LA OMISIÓN PARA EMITIR LAUDO, toda vez que ha excedido en demasiada el término que establece el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo para emitir el laudo respecto del procedimiento seguido en el expediente principal 290/2009." (SIC) Con lo que estimó violado en su perjuicio su derecho fundamental contenido en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Mediante auto de siete de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 16 a 20), solicitándose el informe justificado a la autoridad responsable (fojas 27 a 29), además, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 24), fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que aparece levantada al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37, 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe, misma que resulta aplicable, por no contrariar las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda de derechos fundamentales, se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consiste en: La omisión de la junta responsable de emitir el laudo respectivo en el expediente laboral 290/2009 de su índice. TERCERO. CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de derechos fundamentales, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Sirve de apoyo la tesis siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto del presidente por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, relativo a que no se ha dictado laudo en el juicio laboral de origen 290/2009; lo que se corrobora con la constancia que remitió como apoyo a su informe, documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por lo que se evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda (siete de junio de dos mil dieciocho) no se ha dictado el laudo relativo, por lo que debe tenerse por cierto el acto reclamado. CUARTO. IMPROCEDENCIA. Al no existir en la especie causa de improcedencia que analizar, se procede a entrar al estudio de los conceptos de violación de la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca tal obligación, ni tampoco se deja en estado de indefensión a la parte quejosa en caso de resultar adversa la presente resolución a sus intereses, toda vez que tiene la oportunidad de recurrirla, aunado a que nada práctico conduciría el plasmar en la sentencia los razonamientos expresados por el inconforme, sino que lo apropiado es efectuar el estudio de ellos. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Es fundado el concepto de violación formulado por el impetrante de derechos humanos y, suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En efecto, la parte quejosa aduce esencialmente como motivo de disenso la dilación en que ha incurrido la junta especial responsable al no dictar el laudo correspondiente en el juicio de origen 290/2009. Ahora, para poder considerar que el citado expediente laboral se encuentra en estado de resolución y, en consecuencia, que la Junta responsable está en posibilidad de emitir el laudo respectivo, debe tomarse en consideración lo establecido por los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: "Artículo. 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretaria que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulara por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". Ordenamientos legales que imponen a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate, que después de haber concluido el término para formular los alegatos y previa certificación por parte del secretario de acuerdos que ha transcurrido el término concedido a las partes para que presenten sus alegatos, elabore el proyecto de laudo dentro del término de diez días después de cerrada la instrucción, el que deberá contener los requisitos establecidos en las fracciones de la I a la V del primer numeral citado, para estar en condiciones de llevar a cabo su discusión y votación y en su caso la aprobación del mismo, para ser elevado a la categoría de laudo. En este orden de ideas, de la copia certificada del proveído de quince de marzo de dos mil doce, emitido en el expediente laboral 290/2009, que remitió la Junta responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte que en la data referida, ordenó turnar el expediente de marras para la elaboración del proyecto de laudo; de lo que se concluye que a la fecha de la emisión del proveído de quince de marzo de dos mil doce, a la fecha de la presentación de la demanda (seis de junio de dos mil dieciocho), ha trascurrido en exceso el plazo para dictar el correspondiente laudo a que hacen referencia los numerales analizados, sin que se advierta que la referida autoridad responsable lo hubiera hecho, lo que pone de relieve que la actitud omisa de la autoridad responsable resulta violatoria del derecho fundamental consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República. Toma vigencia al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 732 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, Registro: 2005150, Materia Común, "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Ello es así, ya que dicho precepto constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley; de tal forma que la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación al derecho fundamental no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En tales circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Xochitl Robles Hernández, para el efecto de que la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, emita el laudo en el expediente laboral 290/2009 de su índice. Cabe precisar, que los criterios jurisprudenciales y aislados antes transcritos, continúan vigentes al no oponerse a la Ley de Amparo, ello en términos del artículo Sexto Transitorio de la norma en comento, y que resultan orientadores por las razones que los informan. Por lo expuesto, y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , en contra de la omisión de dictar el Laudo en el expediente laboral 290/2009, reclamada a la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Edgar Salvador Vargas Valle, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Antonio Vega Barrios, secretaria con quien actúa y da fe.
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Dese vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco...
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