Esperanza Xaltepe Lima
Expediente 424/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Esperanza Xaltepe Lima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de autos, tomando en consideración que la parte quejosa y la parte tercero interesado no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 110 y 111), se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional. Mediante sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa Esperanza Xaltepe Lima, María Leticia Teyssier Solís, Teresa Cahuatzi Meléndez, Andrés Zecua Cuamatzi y Benigno Texis Aztatzi, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VI. DECISIÓN En tales condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía violada, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias en el juicio natural para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria formule el proyecto de laudo y una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo y ordene la notificación." En auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 110 y 111) causó ejecutoria la referida sentencia y se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado a través del oficio 814/2016 signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al que anexó copia certificada de la resolución -laudo- de dos de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 387/2014-B de su índice (fojas 54 a 108), con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. De las constancias señaladas se advierte que la Presidenta y Representante del Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el dos de junio de dos mil dieciséis, resolvió el expediente laboral 387/2014-B de su índice, con la emisión del laudo respectivo, por lo que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo y se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad del laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercero interesado la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil dieciséis, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por tanto con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en atención a que del estado procesal de autos se advierte que en proveído de quince de junio de dos mil dieciséis (foja 109), se reservó acordar lo conducente respecto al oficio remitido por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia del presente juicio de amparo, lo que ya aconteció; por tanto, en atención a su contenido, se tiene a la citada autoridad informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del laudo emitido el dos de junio del año en curso en el expediente laboral 387/2014-B de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del informe rendido por dicha autoridad, debiendo correrles traslado con el oficio de mérito y anexo remitidos por la Presidenta del tribunal responsable en cita, apercibidos que de no hacerlo este juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
Agréguese el oficio con anexo signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual en atención al diverso oficio por el que se le notificó la sentencia emitida en el presente asunto, remite copia certificada del laudo dictado el dos de los actuales en el expediente laboral 387/2014-B de su índice; en atención a su contenido y al estado que guardan los presentes autos, se ordena reservar su acuerdo hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 424/2016-I del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por Esperanza Xaltepe Lima, María Leticia Teyssier Solis, Teresa Cahuantzi Meléndez, Andrés Zecua Cuamatzi y Benigno Texis Aztatzi, por derecho propio, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisa, por considerarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Esperanza Xaltepe Lima, María Leticia Teyssier Solis, Teresa Cahuantzi Meléndez, Andrés Zecua Cuamatzi y Benigno Texis Aztatzi solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA. IV.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión de emitir y notificar el laudo correspondiente en el término establecido por el artículo 148 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios." Mediante auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, se previno a la parte quejosa, para efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Notificador adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Posteriormente, al no dar cumplimiento al requerimiento señalado, en proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el apercibimiento contendido en el acuerdo de prevención y se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar al tercero interesado, y finalmente, en la misma data se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de emitir y notificar el laudo dentro del expediente 387/2014-B del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en la omisión de emitir y notificar el laudo dentro del expediente 387/2014-B del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dado que así lo manifestó la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala al rendir su informe justificado; por tanto, se tiene plenamente demostrada su existencia. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del proveído de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 387/2014-B que remitió la Presidenta y Representante del Tribunal en apoyo a su informe justificado; constancia a la que dada su naturaleza pública, se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Los quejosos aducen, esencialmente, que ha transcurrido el plazo correspondiente para que la responsable emita resolución en forma de laudo sin que así lo haya realizado, afectando con ello su derecho fundamental de debido proceso. El concepto de violación sintetizado resulta fundado, examinado a la luz de la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en el caso se advierte que existe dilación procesal en el juicio laboral de origen. En efecto, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé el derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.)." Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Lo anterior pone de manifiesto que la garantía o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia establecido en el artículo constitucional en cita, estipula en favor de los gobernados los siguientes principios: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras garantías relacionadas con la administración de justicia en favor de las personas, tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; así, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tanto, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo a lo anterior en la parte conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, del tomo XXI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 2005, que dice: "JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA. Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una administración de justicia pronta, como lo manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones." Por tanto, en el procedimiento laboral se puede faltar a la garantía de administración de justicia pronta cuando no se tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación, la que se manifiesta en dos vertientes: Que la autoridad jurisdiccional no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; Que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. De ahí que basta que la omisión o el retardo de la autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivos, para actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, los artículos 148, 149, 150, 151 y 152 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establecen: "ARTÍCULO 148. Al concluir el desahogo de las pruebas, se concederá el término de tres días hábiles a las partes para que formulen sus alegatos. Independientemente de que las partes los formulen o no, los representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán ordenar se formule el proyecto de resolución, por el proyectista que corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes. "ARTÍCULO 149. Del proyecto del laudo formulado por el proyectista, se entregará una copia a cada uno de los miembros del Tribunal. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, al haber recibido copia del proyecto, el Presidente del mismo citará a los integrantes para la audiencia de discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes. "ARTÍCULO 150. La discusión y votación del proyecto del laudo, se llevará a cabo en sesión del Tribunal, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias formuladas por las partes, y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. "ARTÍCULO 151. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "ARTÍCULO 152. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros del Tribunal que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De las disposiciones legales transcritas se desprende que en el procedimiento laboral burocrático al concluir el desahogo de las pruebas, se concederá el término de tres días hábiles a las partes para que formulen sus alegatos, formulados o no los representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán ordenar se formule el proyecto de resolución, por el proyectista que corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes; se entregará copia del proyecto a cada uno de los miembros del Tribunal y dentro de los cinco días hábiles siguientes, al haber recibido copia del proyecto, la Presidenta citará a los integrantes para la audiencia de discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los tres días posteriores; asimismo, si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal, en cambio, si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, en este caso, el resultado se hará constar en acta; y finalmente, engrosado el laudo, el Secretario recogerá las firmas de los miembros del Tribunal que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. En el caso, al rendir su informe con justificación la Presidenta del Tribunal responsable anexó copia certificada del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del cual se desprende lo siguiente: "Tlaxcala, Tlaxcala, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos del expediente en que se actúa, así como el contenido del escrito de cuenta, SE ACUERDA. En virtud que de los autos que conforman el presente expediente, específicamente del acta referente a la diligencia de cotejo y compulsa de fecha dos de septiembre de dos mil quince, se desprende que la entidad pública demanda H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA no exhibió la documentación materia de la misma, es decir los nombramientos de todos y cada uno de los hoy actores; consecuentemente con fundamento en los artículo 799 y 805 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio de pruebas de fecha ocho de junio de dos mil quince, teniéndose por perfeccionados los referidos nombramientos, esto sin pasar por desapercibidas las manifestaciones efectuadas en el desahogo la citada diligencia por la síndico y representante legal de dicho ayuntamiento Belén Vega Ahuatzi, a las que debe decirse que no ha lugar, toda vez que su derecho para manifestarse acerca de la no posesión de la documentación en cita ha precluido, pues el momento procesal oportuno para revelarse al respecto lo fue en su uso de la voz vía objeción de las pruebas ofertadas por la parte actora, en audiencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, lo cual en el presente caso no aconteció. Sirviendo de apoyo la siguiente tesis (se transcribe tesis y datos de localización). Por otra parte y como lo solicita el promovente en este acto la Licenciada Monserrath Cuéllar Ramos, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar en el presente juicio. Por tanto se declara cerrado el periodo de instrucción y en consecuencia se concede el término genérico de tres días a las partes, para formular sus alegatos, apercibidos que de no hacerlo en dicho termino se tendrá por perdido su derecho a realizarlos, y se turnaran lo autos al proyectista para que elabore el proyecto de laudo correspondiente, lo anterior con fundamento en lo que establece el artículo 148 de la ley Laboral de los Servidores Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Notifíquese. Personalmente a las partes en su domicilio procesal señalado en autos. Así lo acordó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ante La Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe. DOY FE.---------------------------" Como se puede advertir, desde el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, declaró cerrado el periodo de instrucción, concediéndole a las partes el plazo de tres días para formular alegatos, haciendo el apercibimiento que si en el plazo otorgado no los formulaban, perderían el derecho a hacerlo, y ordenaría turnar los autos al proyectista del Tribunal para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo, en términos del artículo 148 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Proveído que fue notificado los quejosos (parte actora) el nueve de febrero del año en curso (foja 27 vuelta) y al tercero interesado Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala (demandado) el ocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 27), por lo que dicha notificación surtió efectos el mismo día, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 106 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el plazo de tres días transcurrió para la primera de los citados del diez al doce y para el segundo del nueve al once, todos del mes de febrero del año que transcurre, respectivamente. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable no se advierte que con posterioridad haya realizado actuación alguna en el sentido de turnar los autos para la formulación del proyecto; sin embargo, en su informe justificado refiere que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis ordenó turnar los autos al proyectista responsable de la sección "B" para el efecto de que realice el proyecto de resolución en forma de laudo, además que en atención al contenido del artículo 148 de la ley aplicable, con independencia de que se formulen o no manifestaciones a título de alegatos, se tiene que enviar el asunto para la formulación del proyecto, situación que en el caso no aconteció. De ahí que, en todo caso a partir del quince de febrero de dos mil dieciséis (día siguiente al en que transcurrió el plazo concedido a la última de las partes para formular alegatos), el proyectista contó con el plazo de quince días hábiles siguientes para formular el proyecto de laudo y el Presidente con cinco días para que citara a los integrantes para la audiencia de discusión y votación que debería efectuarse dentro de los tres días siguientes. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad responsable no ha realizado las gestiones necesarias tendentes a cumplimentar el procedimiento establecido en los artículos 148 al 151, en relación con el diverso 133 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. "ARTÍCULO 133. En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se requieren formas o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes, el cual será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias, para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del procedimiento." Del precepto legal transcrito se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala tiene obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del procedimiento, por lo que los juicios laborales burocráticos no deben quedar inactivos en su procedimiento; así las cosas, se advierte que dicho Tribunal, al omitir realizar las gestiones necesarias para estar en posibilidad de dictar el laudo en el juicio natural, viola en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de justicia pronta establecida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Debe aclararse que no escapa a la consideración de este Juzgado Federal las cargas de trabajo que tiene el Tribunal responsable; no obstante, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que la falta de recursos humanos o administrativos suficientes no puede, por sí, justificar demoras en los procesos jurisdiccionales, ni privar al particular de que su asunto se resuelva en un plazo razonable, conforme a un juicio justo y debido proceso; tal como se puntualiza en la publicación denominada "Derechos Humanos y Juicio Justo, Red Interamericana de Gobernabilidad y Derechos Humanos, COLAM-Organización Interamericana Universitaria" de Nash Rojas Claudio, Mujica Torres Ignacio, en las páginas 215-217, 223, 224 y 226, en los siguientes términos: "D. Derechos al debido proceso y a un juicio justo 1. Derecho internacional de los derechos humanos "Dentro del sistema interamericano de derechos humanos, los derechos al debido proceso y a un juicio justo están establecidos fundamentalmente en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana y los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señalan lo siguiente: Declaración Americana XVIII. Toda persona puede ocurrir (.) Convención Americana 8. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito (.). "De acuerdo con la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, articulada a través de las opiniones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los informes especiales y de los informes sobre casos individuales de la Comisión, los componentes de los requerimientos de un juicio justo y del debido proceso comportan ciertos requisitos y restricciones esenciales. A continuación se examinan varios de los más pertinentes de estos atributos". (párr. 221) (.) c. Derecho a un juicio dentro de un plazo razonable "Los componentes fundamentales del derecho al debido proceso y a un juicio justo incluyen también el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable. Si bien el concepto de plazo razonable no es fácil de definir, se han articulado ciertos requisitos previos en éste y en otros sistemas de derechos humanos que se consideran necesarios para dar debido efecto a este derecho. Se ha sostenido en particular que el concepto de plazo razonable abarca todo el proceso en cuestión, desde el primer acto del proceso hasta que se dicta una sentencia definitiva y firme, incluyendo toda apelación que se pueda haber interpuesto. La razonabilidad de la duración de los procedimientos debe ser evaluada a la luz de las circunstancias específicas del caso, teniendo particularmente en cuenta la complejidad de la materia, la conducta de la parte interesada y la conducta de las autoridades. El hecho de que un sistema judicial esté sobrecargado o no cuente con recursos suficientes no puede de por sí justificar demoras prolongadas en los procesos penales, habida cuenta de la obligación de los Estados de regular los elementos del sistema procesal penal para garantizar que las personas sean juzgadas dentro de un plazo razonable. Además, en ciertos casos, una demora prolongada de por sí puede constituir una violación del derecho a un juicio justo, circunstancias en las cuales el Estado debe explicar y probar por qué le llevó más tiempo de lo normal dictar una sentencia definitiva en el caso (.). e. Procesos civiles y de otro tipo "Si bien el cumplimiento de las protecciones que se acaban de describir ha sido muy frecuentemente evaluado por la Comisión Interamericana y la Corte en el contexto de procesos penales, los requisitos de un juicio justo y del debido proceso no se limitan, como se indicó, a tales procedimientos. También son aplicables, mutatis mutandis, a los procedimientos no penales para la determinación de los derechos y obligaciones de las personas de carácter civil, laboral, fiscal o de otra índole. La Comisión ha considerado muy detenidamente los requisitos de un juicio imparcial en los procedimientos administrativos especialmente en relación a las leyes y prácticas de inmigración de los Estados, que se examinan en más detalle en la Parte III (H), infra". (párr. 240)." DECISIÓN En tales condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía violada, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias en el juicio natural para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria formule el proyecto de laudo y una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo y ordene la notificación. El plazo que se concede a la autoridad responsable para formular el laudo obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de veinticuatro horas, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las veinticuatro horas; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con diez días hábiles para cumplir a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, del tomo II, Apéndice (actualización 2001), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución." Por último, cabe precisar que en el caso concreto los alcances de la protección constitucional deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del proceso laboral. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada 2ª. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Esperanza Xaltepe Lima, María Leticia Teyssier Solis, Teresa Cahuantzi Meléndez, Andrés Zecua Cuamatzi y Benigno Texis Aztatzi, en contra de la omisión precisada en el punto III de esta resolución, por las razones y para los efectos señalados en los puntos V y VI. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria que autoriza, Olga Viviana López González. Doy fe.
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