Esperanza Valdovinos Pulico
Expediente 1331/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esperanza Valdovinos Pulico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 23670/2023, remitido vía interconexión a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual informa las gestiones realizadas a efecto de lograr la notificación de la parte tercera interesada, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el juicio de garantías en que se actúa, a la fecha, se encuentra totalmente concluido, ya que por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió el oficio ****, signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en los autos de la inconformidad civil número *********, en el que se declaró infundado el recurso contra la sentencia en el presente juicio de garantías; además que el quejoso ********************, compareció ante este Juzgado Federal a recibir el billete de depósito número********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, valioso por la cantidad de ********************, exhibido a fin de que surtiera efectos la primera suspensión definitiva que le fue concedida a la parte quejosa, en interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil veinte, el que se dejó a su disposición en el auto de cuatro de septiembre del año en curso en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 17, fracción III, a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otra parte, como en el cuaderno original del incidente de suspensión por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, el mismo es CONSERVABLE, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN por ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó a este órgano jurisdiccional que requiriera a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Septuagésima Quinta Legislatura, con residencia en esta ciudad, copia certificada de expediente legislativo integrado con motivo de la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo; registro de la votación nominal; la solicitud de cambio de sede por impasividad de sesionar en el salón del pleno de fecha primero de junio de dos mil veintitrés; el video de la sesión de primero de junio de dos mil veintitrés, y el registro de asistencia integrado por la Segunda Secretaria, ello toda vez que mediante escritos presentados el dieciséis y veintiuno de junio pasado, la parte quejosa formuló la solicitud correspondiente, sin que le hayan sido proporcionada dicha documental, tal como lo acreditó con la acuse de recibo de dichos escritos. Por tanto, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, requiérase a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Septuagésima Quinta Legislatura, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, remita copia certificada de expediente legislativo integrado con motivo de la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo; registro de la votación nominal; la solicitud de cambio de sede por impasividad de sesionar en el salón del pleno de fecha primero de junio de dos mil veintitrés; el video de la sesión de primero de junio de dos mil veintitrés, y el registro de asistencia integrado por la Segunda Secretaria, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o bien, de no informar el impedimento legal o materia que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo. Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 13/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017129, que dice: "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POSEA ALGÚN DOCUMENTO OFRECIDO Y ADMITIDO COMO TAL NO PUEDE REHUSARSE A UN REQUERIMIENTO JUDICIAL, SOBRE LA BASE DE QUE DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN UN PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. En términos del precepto citado, y conforme a los derechos de audiencia y de plenitud en la impartición de justicia, el órgano jurisdiccional de amparo debe requerir a cualquier servidor público la exhibición de un documento ofrecido y admitido como prueba conforme a derecho, en cuyo caso, el servidor público que lo posea no puede oponerse a ello, argumentando que existe un impedimento jurídico, en virtud de que la información contenida en el documento debe sujetarse a un procedimiento de transparencia, que está sujeto a un procedimiento de esta naturaleza pendiente de resolución, o incluso que fue objeto de una resolución por parte del organismo garante o de alguno de los organismos especializados locales en materia de acceso a la información pública, en la que se determinó que el documento contiene datos clasificados como confidenciales o reservados; lo anterior, pues la exhibición del documento en el juicio de amparo no implica ni permite que esos datos se publiquen o divulguen ya que, en primer término, el público en general sólo tendrá acceso, en su caso, a una versión pública en la que esos datos se supriman y, en segundo lugar, el órgano jurisdiccional únicamente podrá permitir a las partes el acceso a dichos datos, bajo su más estricta responsabilidad: (i) si su valoración es precisamente la prueba idónea respecto de los hechos a demostrar, siempre que el objeto del acto reclamado no sea el acceso a esa información; (ii) si ello es indispensable para que una o algunas de las partes hagan valer sus derechos con la pretensión de que se dicte una resolución apegada a derecho, bajo su responsabilidad en cuanto al uso y destino de dichos datos; y (iii) con las condiciones y medidas que el propio juzgador considere necesarias para la protección de los datos de que se trata." En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia Constitucional prevista para el día de hoy se DIFIERE y se señala como nueva fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por ********************, con apoyo en el artículo 5º fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene apersonándose dentro del juicio en que se actúa en su carácter de Asesor Jurídico de la tercera interesada ********************, en su calidad de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************y/o********************, mediante la utilización de firma electrónica con número de serie ********************, carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable, Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional también le admite dicha personalidad. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario ********************el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, hágase del conocimiento del referido promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, como lo solicita el promovente se autoriza que las notificaciones a la parte promovente le sean practicadas en la vía electrónica; en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Por otro lado, agréguese sin mayor proveído el oficio número 5880/2023 signado electrónicamente por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora, mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que por auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se le tuvo por rendido el mismo vía correo electrónico. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental, relativo a los dos discos ópticos en formato DVD, que anexa al oficio de cuenta, que contienen el primero de ellos treinta y cinco archivos en formato PDF relacionados con causa penal *************, así como nueve audio videos de las audiencias celebradas en dicho controvertido y el segundo de ellos trece audio videos relacionados con audiencias llevadas a cabo en el proceso natural, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: Lo anterior, de conformidad por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Luego, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público********************, de la Dirección de Litigación de la Fiscalía Región Zamora, Michoacán que interviene en la causa penal *************, del índice del juzgado responsable; por tanto, con copia de la demanda de amparo y auto que la admitió, gírese oficio a la autoridad responsable Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Zamora, para que por su conducto emplace al presente Juicio de amparo al citado Representante Social, remitiendo para tal efecto, en un término no mayor a tres días, la constancia que así lo acredite. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXVII.3o. J/29 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, página 3407, con número de registro 2010107, Décima Época, que a letra dice: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE CORRER TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA AL AGENTE QUE INTERVINO EN LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, implícitamente desconocía la calidad de tercero perjudicado al Ministerio Público que hubiera intervenido en el procedimiento penal del que se derivó el acto reclamado, pues sólo reconocía este carácter al ofendido o al beneficiario de la reparación del daño. En cambio, la función del representante social se limitaba a formular alegatos una vez que fuera notificado de la presentación de la demanda, de acuerdo con los artículos 155, párrafo cuarto y 180 del citado ordenamiento abrogado. Por su parte, el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, reconoce expresamente el carácter de tercero interesado al mencionado órgano acusador, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, con lo que le confiere todos los derechos procesales inherentes a la calidad de parte, como promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que inicien los demás justiciables; ofrecer, rendir y objetar pruebas; solicitar la suspensión y el diferimiento de audiencias; recusar juzgadores; plantear incompetencias, causas de improcedencia y argumentos de constitucionalidad; y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa. Así, actualmente no basta que se informe al referido fiscal sobre la existencia del amparo para el único efecto de que formule alegatos, sino que resulta indispensable emplazarlo como tercero interesado, mediante la entrega de una copia de la demanda, en términos de los artículos 115 y 116 de la ley de la materia en vigor. Este requisito constituye una formalidad fundamental del procedimiento, pues garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. En consecuencia, la omisión de correr traslado con copia de la demanda al Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen, al constituir una violación a las leyes del procedimiento, amerita que el órgano revisor ordene reponerlo conforme al artículo 93, fracción IV, del citado ordenamiento vigente, siempre que esta irregularidad trascienda o pueda trascender al resultado del fallo." Por otra parte, vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado y las autoridades responsables en la demanda que nos ocupa, tienen identidad con las señaladas y precisados el diverso juicio de amparo **************, siendo esto un hecho notorio para éste órgano de control constitucional, expediente que se tiene a la vista para su análisis, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismos que se hacen consistir en la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal número XI-***********, del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que revocó el auto de no vinculación a proceso dictado por la jueza de control de Zamora de Hidalgo, Michoacán, dentro de la causa penal número *******, del índice de la citada responsable, emitiendo en su lugar auto de vinculación a proceso en contra de ******************** y ********************, por hechos que la ley señala como delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos falsos, aunque los promoventes del amparo son diversos, lo que faculta a quien esto juzga ordenar la acumulación de oficio. En tales condiciones, debe considerarse que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, que al efecto establece: "ARTÍCULO 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." Lo anterior es así, en razón a que los juicios de amparo anteriormente citados, se promovieron por diversos quejosos contra la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado esto es la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal número XI-*************, del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que revocó el auto de no vinculación a proceso dictado por la jueza de control de Zamora de Hidalgo, Michoacán, dentro de la causa penal número *************, del índice de la citada responsable, emitiendo en su lugar auto de vinculación a proceso en contra de ******************** y ********************, por hechos que la ley señala como delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos falsos. De ahí que exista conexidad entre ambos juicios, puesto que, en ambos, aunque los quejosos sean distintos, estos son las partes contendientes en el controvertido de origen, máxime que se reclaman los mismos actos, y los sumarios Constitucionales se encuentran en trámite. Atento a ello, este juzgado, en términos del invocado artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, y al tenor del precepto 66 de este último ordenamiento legal, decreta de plano la acumulación de los citados juicios, sin necesidad de sustanciar incidente, en razón a que en autos existen constancias pertinentes sobre la conexidad de ambos juicios. En efecto, de los autos de ambos sumarios Constitucionales, así como de la certificación de cuenta, se advierte que en los juicios de amparo números ************* y ************, promovidos por ************** y **************** respectivamente, existe identidad con relación a los actos reclamados de los quejosos. En tales condiciones, en atención a los anteriores datos, se decreta de plano la acumulación de los citados juicios de amparo, atendiendo a la regla del juicio más reciente al más antiguo; determinación que no se opone a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Amparo, esto es, sobre el trámite del incidente de acumulación, pues no se está ante una cuestión incidental y, por el contrario es una facultad jurisdiccional, como se ha interpretado en la jurisprudencia número P./J. 51/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 180969, que dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva. Así como la jurisprudencia número P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2009910, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Se expone tal aserto, pues la acumulación de que se trata, tiene por objeto tanto la economía del procedimiento como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico, si los actos reclamados son sustancialmente los mismos; ello a efecto de lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, como ya se dijo, al estar decretada de plano la acumulación del juicio de amparo número ********************/2023, promovido por ******************** al diverso número ********************/2023, promovido por ********************, dado que este último es el más antiguo. Por tanto, se ordena realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En tales condiciones, se deja sin efectos celebración de la audiencia Constitucional (NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS) dentro de este juicio de amparo, quedando subsistente para su desahogo las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, señalada en el diverso ********************/2023, lo cual se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
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