Esperanza Sánchez Rodríguez

Expediente 307/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
307/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Esperanza Sánchez Rodríguez
  • Ángel Artemio Fernández Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de abril de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese, y háganse las anotaciones correspondientes...

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 06-04-2022, POR NO ATENDER AL AVISO DE 07-04-2022: .. Boca del Río, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Esperanza Sánchez Rodríguez, Guadalupe Mendoza Criollo, Aidee Fuentes Alfonseca, Ángel Artemio Fernández Huerta, Lidiana Rosales Ruiz, Elizabeth Colorado Carmona, Víctor Manuel Márquez Gutiérrez, María Guadalupe Hernandez Rodríguez, Adela Rojas Hernandez, Abigail Báez Lendechi, Norma Angélica Pérez Hernandez, Hernán Cortes López, y Sarita Islas Quiñonez, dos anexos y once copias; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 307/2022-I que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN Con apoyo en el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Amparo, este juzgador designa a Esperanza Sánchez Rodríguez como representante común, sin perjuicio de que sea pueda ser substituida por diverso promovente. DESECHAMIENTO Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 2 advertirse, de forma manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. Entiéndase que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que dicha causa efectivamente se actualiza. Así, la hipótesis de improcedencia que se considera actualizada, está prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra constreñida a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 3 susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/971 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, Novena Época, página 118 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 4 estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 5 Explicado lo anterior, del escrito de demanda de amparo se advierte que los promoventes señalan como actos reclamados: Tales actos se los atribuyen a las siguientes autoridades, que señalan como responsables: 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 6 Entonces, resulta evidente que la modificación a las condiciones de trabajo de la que se duelen los quejosos, y en específico a su jornada laboral y reasignación de áreas, con las consecuencia que ello implica, derivan del oficio HGC/D/373/2022 de fecha once de marzo del año en curso, por medio del cual fueron notificados que, a partir del uno de abril del presente año, serían reubicados en diversos turnos de trabajo, al desaparecer la "jornada acumulada", no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues propiamente emerge de una relación empleador-trabajador. En ese orden, a criterio de este juzgador, en modo alguno lo aquí reclamado puede ser considerado como actos 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 7 que hagan procedente la acción constitucional. Ello, porque el juicio de amparo indirecto tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado. En el caso, se itera, los promoventes intentan el presente juicio porque mediante un comunicado interno, firmado por el Director Médico, la Jefa de Enfermería, el Administrador y la encargada de Recursos Humanos del hospital en el que se desempeñan como enfermeros, les modificaron sus condiciones de trabajo; asimismo, solicitan la suspensión para efectos de que no surta efectos el cambio de horario, ni la desaparición de la jornada acumulada y, como consecuencia, la reubicación de los promoventes en diversos horarios, turnos o guardias. A su vez, en los conceptos de violación, refieren que se vulneran sus derechos consagrados en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución General de la República, entre otras cosas. Sin embargo, no se actualiza el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público), ya que sólo se afectan las condiciones laborales (cambio de jornada laboral y área) de los impetrantes, lo que deriva de la relación de trabajo que existe entre la parte quejosa y su empleador (Hospital General de Cardel). Bajo ese contexto, es claro que la problemática que subyace en la especie gira en torno a una relación de coordinación que, en todo caso, debe ser dirimida a través de la vía laboral, de conformidad con los numerales 1º, 2°, 4º y 183, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que disponen: "Artículo 1°. La presente Ley es de observancia general para los Poderes del Estado, los Municipios, así como los Organismos Descentralizados del Estado o Municipales y las Empresas de 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 8 Participación Estatal o Municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se les denominará Entidades Públicas y los trabajadores a su servicio. Los trabajadores que prestan sus servicios para la Secretaría de Educación y Cultura se regirán por un Estatuto Especial. Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley, cada uno de los Tres Poderes del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura, los Municipios, así como los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal o Municipal, constituirá una Entidad Pública diferente. Artículo 4°. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida para todos sus efectos, entre los trabajadores y las respectivas Entidades Públicas, representadas por los Titulares. Artículo 5°. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento que le sea expedido. Artículo 183. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para:. III.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores;.". La Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz es de observancia general para los titulares y trabajadores de las entidades públicas del Estado de Veracruz, entre otros; de ahí que cualquier cuestión que surja con motivo de la relación laboral que guardan los servidores públicos con la dependencia del Estado para la cual trabajan, debe ser ventilado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra del oficio que contiene las indicaciones y modificaciones reclamadas, signado por el Director General, Administrador, Jefa de Enfermería y Encargado de Recursos Humanos, adscritos al Hospital General de la ciudad de Cardel, Veracruz, se emitió dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo que revela que no se trata de actos emitidos por las responsables en funciones de autoridad, sino como empleador asimilado o equiparado. De esta manera, la posición de los quejosos frente a lo que ellos consideran "autoridades responsables", no es la de gobernados sino de empleados y, por ende, el acto reclamado 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 9 no deriva del ejercicio público que la ley le confiere a las responsables, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de empleador. Naturaleza laboral del acto reclamado que incluso reconocen los solicitantes de la protección laboral, al señalar en su demanda de amparo que los actos combatidos violentan sus derechos labores, en transgresión a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En esa tesitura, debe señalarse que los actos que reclaman los quejosos no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino que se tratan de actos emanados en una relación de coordinación, debido a que, por un lado, se 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 10 encuentran los trabajadores (enfermeros) que prestan sus servicios físicos e intelectuales en el Hospital antes señalado, mientras que, del otro extremo, se encuentran los firmantes del comunicado u oficio interno los cuales figuran como parte empleadora. Así, en todo caso, los conflictos suscitados entre aquéllos, al estar relacionados con un vínculo laboral, deben ser dilucidados por una autoridad laboral, pues de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 183, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer los conflictos individuales que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores. Por tanto, la modificación de la jornada laboral y reasignación de áreas ordenadas respecto de los impetrantes, no generan que la relación de coordinación entre empleado y empleador (Estado), se transforme en una relación de supra a subordinación, ya que dicha cuestión sólo implica la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada, destaque el incumplimiento de la parte patronal (Estado) a las condiciones generales de trabajo que regulan la relación jurídica de trabajo entre el la institución sanitaria y los trabajadores; y si lo que se pretende es que se declare sin efecto tal modificación, es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el que tiene la jurisdicción para decidirlo y no el juez de amparo, considerando que no se trata de un acto de autoridad. Esto, se insiste, obedece a que entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los enfermeros tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes laborales que les son impuestos. 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 11 Por tanto, los actos adoptados al interior de la unidad médica en la que desempeñan las labores los quejosos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. De lo expuesto, se colige que en la especie se está en presencia de un conflicto laboral entre particulares (empleador y trabajador), pues lo que reclaman los quejosos como personal adscrito al Hospital General de Cardel, se lleva a cabo con base en la relación laboral que los une, actuando en un plano de iguales. Entonces, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la legislación especial en aplicación, se desecha de plano de la demanda de amparo planteada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tienen por designado como domicilio, para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda, y por autorizados con facultades amplias, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adrian Miranda Solorio y Carlos Álvarez Jiménez, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet, mediante 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 12 el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. Sentado lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "carlosalvarezjimenez". Asimismo, no obstante lo señalado previamente, téngasele por designado también, para oír y recibir notificaciones, la vía electrónica. En consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Ahora, téngase por señalado el correo electrónico proporcionado; en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará como medio de contacto.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Esperanza Sánchez Rodríguez, Guadalupe Mendoza Criollo, Aidee Fuentes Alfonseca, Ángel Artemio Fernández Huerta, Lidiana Rosales Ruiz, Elizabeth Colorado Carmona, Víctor Manuel Márquez Gutiérrez, María Guadalupe Hernandez Rodríguez, Adela Rojas Hernandez, Abigail Báez Lendechi, Norma Angélica Pérez Hernandez, Hernán Cortes López, y Sarita Islas Quiñonez, dos anexos y once copias; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 307/2022-I que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN Con apoyo en el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Amparo, este juzgador designa a Esperanza Sánchez Rodríguez como representante común, sin perjuicio de que sea pueda ser substituida por diverso promovente. DESECHAMIENTO Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 2 advertirse, de forma manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. Entiéndase que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que dicha causa efectivamente se actualiza. Así, la hipótesis de improcedencia que se considera actualizada, está prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra constreñida a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 3 susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/971 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, Novena Época, página 118 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 4 estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 5 Explicado lo anterior, del escrito de demanda de amparo se advierte que los promoventes señalan como actos reclamados: Tales actos se los atribuyen a las siguientes autoridades, que señalan como responsables: 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 6 Entonces, resulta evidente que la modificación a las condiciones de trabajo de la que se duelen los quejosos, y en específico a su jornada laboral y reasignación de áreas, con las consecuencia que ello implica, derivan del oficio HGC/D/373/2022 de fecha once de marzo del año en curso, por medio del cual fueron notificados que, a partir del uno de abril del presente año, serían reubicados en diversos turnos de trabajo, al desaparecer la "jornada acumulada", no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues propiamente emerge de una relación empleador-trabajador. En ese orden, a criterio de este juzgador, en modo alguno lo aquí reclamado puede ser considerado como actos 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 7 que hagan procedente la acción constitucional. Ello, porque el juicio de amparo indirecto tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado. En el caso, se itera, los promoventes intentan el presente juicio porque mediante un comunicado interno, firmado por el Director Médico, la Jefa de Enfermería, el Administrador y la encargada de Recursos Humanos del hospital en el que se desempeñan como enfermeros, les modificaron sus condiciones de trabajo; asimismo, solicitan la suspensión para efectos de que no surta efectos el cambio de horario, ni la desaparición de la jornada acumulada y, como consecuencia, la reubicación de los promoventes en diversos horarios, turnos o guardias. A su vez, en los conceptos de violación, refieren que se vulneran sus derechos consagrados en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución General de la República, entre otras cosas. Sin embargo, no se actualiza el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público), ya que sólo se afectan las condiciones laborales (cambio de jornada laboral y área) de los impetrantes, lo que deriva de la relación de trabajo que existe entre la parte quejosa y su empleador (Hospital General de Cardel). Bajo ese contexto, es claro que la problemática que subyace en la especie gira en torno a una relación de coordinación que, en todo caso, debe ser dirimida a través de la vía laboral, de conformidad con los numerales 1º, 2°, 4º y 183, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que disponen: "Artículo 1°. La presente Ley es de observancia general para los Poderes del Estado, los Municipios, así como los Organismos Descentralizados del Estado o Municipales y las Empresas de 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 8 Participación Estatal o Municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se les denominará Entidades Públicas y los trabajadores a su servicio. Los trabajadores que prestan sus servicios para la Secretaría de Educación y Cultura se regirán por un Estatuto Especial. Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley, cada uno de los Tres Poderes del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura, los Municipios, así como los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal o Municipal, constituirá una Entidad Pública diferente. Artículo 4°. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida para todos sus efectos, entre los trabajadores y las respectivas Entidades Públicas, representadas por los Titulares. Artículo 5°. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento que le sea expedido. Artículo 183. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para:. III.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores;.". La Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz es de observancia general para los titulares y trabajadores de las entidades públicas del Estado de Veracruz, entre otros; de ahí que cualquier cuestión que surja con motivo de la relación laboral que guardan los servidores públicos con la dependencia del Estado para la cual trabajan, debe ser ventilado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra del oficio que contiene las indicaciones y modificaciones reclamadas, signado por el Director General, Administrador, Jefa de Enfermería y Encargado de Recursos Humanos, adscritos al Hospital General de la ciudad de Cardel, Veracruz, se emitió dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo que revela que no se trata de actos emitidos por las responsables en funciones de autoridad, sino como empleador asimilado o equiparado. De esta manera, la posición de los quejosos frente a lo que ellos consideran "autoridades responsables", no es la de gobernados sino de empleados y, por ende, el acto reclamado 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 9 no deriva del ejercicio público que la ley le confiere a las responsables, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de empleador. Naturaleza laboral del acto reclamado que incluso reconocen los solicitantes de la protección laboral, al señalar en su demanda de amparo que los actos combatidos violentan sus derechos labores, en transgresión a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En esa tesitura, debe señalarse que los actos que reclaman los quejosos no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino que se tratan de actos emanados en una relación de coordinación, debido a que, por un lado, se 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 10 encuentran los trabajadores (enfermeros) que prestan sus servicios físicos e intelectuales en el Hospital antes señalado, mientras que, del otro extremo, se encuentran los firmantes del comunicado u oficio interno los cuales figuran como parte empleadora. Así, en todo caso, los conflictos suscitados entre aquéllos, al estar relacionados con un vínculo laboral, deben ser dilucidados por una autoridad laboral, pues de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 183, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer los conflictos individuales que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores. Por tanto, la modificación de la jornada laboral y reasignación de áreas ordenadas respecto de los impetrantes, no generan que la relación de coordinación entre empleado y empleador (Estado), se transforme en una relación de supra a subordinación, ya que dicha cuestión sólo implica la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada, destaque el incumplimiento de la parte patronal (Estado) a las condiciones generales de trabajo que regulan la relación jurídica de trabajo entre el la institución sanitaria y los trabajadores; y si lo que se pretende es que se declare sin efecto tal modificación, es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el que tiene la jurisdicción para decidirlo y no el juez de amparo, considerando que no se trata de un acto de autoridad. Esto, se insiste, obedece a que entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los enfermeros tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes laborales que les son impuestos. 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ Juicio de Amparo 307/2022. 11 Por tanto, los actos adoptados al interior de la unidad médica en la que desempeñan las labores los quejosos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. De lo expuesto, se colige que en la especie se está en presencia de un conflicto laboral entre particulares (empleador y trabajador), pues lo que reclaman los quejosos como personal adscrito al Hospital General de Cardel, se lleva a cabo con base en la relación laboral que los une, actuando en un plano de iguales. Entonces, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la legislación especial en aplicación, se desecha de plano de la demanda de amparo planteada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tienen por designado como domicilio, para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda, y por autorizados con facultades amplias, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adrian Miranda Solorio y Carlos Álvarez Jiménez, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet, mediante 11/04/22 12:16:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.b5 SANDRA ALICIA CASTELAN GONZALEZ 12 el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. Sentado lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "carlosalvarezjimenez". Asimismo, no obstante lo señalado previamente, téngasele por designado también, para oír y recibir notificaciones, la vía electrónica. En consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Ahora, téngase por señalado el correo electrónico proporcionado; en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará como medio de contacto.

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