Esperanza Roque Velazquez

Expediente 1195/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 44 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1195/2019
Año
2019
Actuaciones
44
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Esperanza Roque Velazquez
  • ESPERANZA ROQUE VELAZQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. .este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo... archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Delegado de la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, informa que el importe total de $25,930.74 (veinticinco mil novecientos treinta pesos 74/100 moneda nacional) que aparece en el pago de dos de noviembre del año en curso, cubre el pago de las mensualidades del periodo de enero a noviembre de dos mil veintiuno, de la pensión por viudez a favor de la quejosa, toda vez que dicha pensión inició con un importe mensual de $2,190.95 (dos mil ciento noventa pesos 95/100 moneda nocional), el cual se ha ido incrementando para quedar en un monto mensual actual al mes de noviembre del año en curso de $2,601.01 (dos mil seiscientos un pesos 01/100 moneda nacional). VISTA CON CUMPLIMIENTO Por tanto, con copia del oficio y anexo de cuenta, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XI, marzo de dos mil, página 243, registro 192174, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio de cuenta y anexo.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Delegado de la Autoridad Responsable en su carácter de Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, remite el informe de pago de la pensión por viudez de dos de noviembre de dos mil veintiuno, a favor de la quejosa. Requerimiento Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad oficiante, se desprende que realizó únicamente el pago correspondiente al mes de noviembre, así como el aguinaldo, no obstante no remite documentales con las que acredite haber cubierto los pagos de los meses anteriores, es decir, a partir de enero de dos mil veintiuno, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, en su carácter de Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca, Delegación Morelos, hoy Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede debidamente notificada de este auto, realice los pagos de la pensión por viudez a la quejosa ********************, correspondientes a partir del mes de enero de dos mil veintiuno a la fecha, debiendo remitir copia certificada de las documentales con las que así lo acredite. Lo anterior, en razón de que la pensión por viudez resulta de vital importancia para la subsistencia de la quejosa y de sus hijos de iniciales ******************** Sirve de sustento a la decisión adoptada, en lo conducente, la tesis I.9º.A.1 CS, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en la página 1738 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Tomo II, Marzo dos mil dieciséis, correspondiente a la Décima Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a.XCVII/2007, sustentada por la Primera Sala, que aparece publicada en la página 793 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Mayo dos mil siete, correspondiente a la Novena Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. Apercibiiento a la autoridad responsable Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Haciéndole de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de la Materia en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. notif.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Delegado de la Autoridad Responsable en su carácter de Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de Cuernavaca, Morelos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual, en cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Asimismo, remite copia certificada de la incapacidad médica folio MA 540183, de once de octubre del año en curso, a través del cual demuestra que ********************, Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de Cuernavaca, Morelos, se encuentra en estado grave de salud, toda vez que, sufre de una oclusión intestinal, por lo que solicita una prórroga de quince días para dar cumplimiento al requerimiento en cita. Además, comunica que se ha programado el pago de la pensión por viudez para el uno de noviembre de dos mil veintiuno, por el pago de las mensualidades comprendidas del mes de enero de dos mil veintiuno a la fecha, mismo que se realizará mediante depósito bancario en cuenta vigente. Requerimiento Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, se otorga a ********************, en su carácter de Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca, Delegación Morelos, hoy Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, una prórroga de diez días hábiles, contados a partir del momento en que quede debidamente notificada de este auto, para que realice los pagos de la pensión por viudez a la quejosa ********************, correspondientes a partir del mes de enero de dos mil veintiuno a la fecha, debiendo remitir copia certificada de las documentales con las que así lo acredite. Lo anterior, en razón de que la pensión por viudez resulta de vital importancia para la subsistencia de la quejosa y de sus hijos de iniciales ******************** Sirve de sustento a la decisión adoptada, en lo conducente, la tesis I.9º.A.1 CS, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en la página 1738 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Tomo II, Marzo dos mil dieciséis, correspondiente a la Décima Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS. El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25, numeral 1); de igual manera, prevé el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social (artículo 23, numeral 3). En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida recogen elementos de la prerrogativa indicada pues, por una parte, desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (artículo 11, numeral 1); además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [artículo 7, inciso a), subinciso ii)]. Por lo que hace al derecho mexicano, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional estableció, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. De lo anterior se sigue que el derecho al mínimo vital: I. Deriva del principio de dignidad humana, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; II. Está dirigido a los individuos en su carácter de personas físicas; III. Es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en sus artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente; y, IV. No puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y la protección de la familia. Por tanto, conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a.XCVII/2007, sustentada por la Primera Sala, que aparece publicada en la página 793 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Mayo dos mil siete, correspondiente a la Novena Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean". Apercibimiento a la autoridad responsable Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Haciéndole de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de la Materia en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Notif.

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