Esperanza Rico Ibarra
Expediente 280/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Esperanza Rico Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de nueve de agosto de este año (fojas 37 a 44), que desechó la demanda promovida por Esperanza Rico Ibarra, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que la quejosa Esperanza Rico Ibarra, cumple con el requerimiento formulado en proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve (fojas 30 a 32), pues al efecto ratifica la firma contenida en el escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano, el dos del mes y año en curso (fojas 28 y 29) y, una vez visto el estado que guardan los presentes autos, este juzgado federal provee: Respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la Tesis VI.2o. J/290, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la página 64, Núm. 80, Agosto de 1994, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 210751, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo: consiste en el acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 804/2018/1º, por prescripción positiva adquisitiva, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad, por el que se le negó a la actora Esperanza Rico Ibarra -aquí promovente-, su solicitud tendente a que se le llame al juicio de origen a los demandados Alma Lourdes Ríos Sadún y Sergio Antonio Ríos Sadún, en el domicilio que ocupa su fuente de trabajo. En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de Amparo. El artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número I. 6o. C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 902, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, con número de registro 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, apoya a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 175624, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En el caso, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación reclamada, no constituye un acto con carácter definitivo; por ende, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la promovente, en su carácter de parte actora en el juicio de origen, no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, el citado acto reclamado es susceptible de impugnarse mediante el recurso de revocación. El dispositivo legal invocado es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 932. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Esto es, el auto combatido en el presente sumario Constitucional, puede ser impugnado mediante un recurso de revocación, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del proveído impugnado, ya que se encuentra expresamente regulado en la citada codificación, en ese sentido, y considerando que la promovente es parte actora en el Juicio Ordinario Civil número 804/2018/1º, por prescripción positiva adquisitiva, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad, está en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la vía referida con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior la Contradicción de Tesis P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017117, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra la resolución que se reclama el recurso de revocación, es claro que no se satisfizo por la parte promovente el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que la solicitante del amparo debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio de Amparo. Asimismo, en el presente juicio de amparo no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la promovente, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; por lo que la peticionaria de amparo no se encuentra exenta de agotar los recursos previstos en la legislación ordinaria, ya que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que tiene el carácter de parte actora en el controvertido del que deriva el acto reclamado. Por las razones expuestas, cabe concluir que la promovente, no acató el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo; por tal motivo, se afirma que la demanda de amparo es improcedente, en virtud de que no se agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Es aplicable al respecto la tesis aislada de la Primera Sala, Quinta Época, visible en la página 1304, Tomo XLV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 312200, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXI.1o.45 K, consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213455, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187016, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia número 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en la página 906 de la Décima Época, con número de registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Visto el ocurso de cuenta, se advierte que la firma que lo calza consistente en el nombre de la promovente en letra de molde los rasgos grafológicos difieren con la que obra en el escrito de demanda signado por Esperanza Rico Ibarra (foja 7); en consecuencia, previo acordar lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente en día y hora hábil en este juzgado, debidamente identificada con documento oficial vigente, a efecto de que manifieste ante cualquiera de los servidores dotados de fe pública que aquí laboran, si reconoce o no como suya la firma estampada en el ocurso que se provee; apercibida que de no hacerlo, no se acordará favorable su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 3a. 24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Materia: Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de Registro: 207437, de rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento.- Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Sin que lo anterior, interrumpa o prorrogue el plazo de cinco días otorgado mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve (fojas 13 a 16), dado que el presente requerimiento consiste en que ratifique la firma que se aprecia distinta y no así, en algún defecto con el cumplimiento de la prevención establecida en el proveído de referencia. Resulta aplicable en lo conducente la tesis aislada número IV.3o.C.5 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 2512, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013565, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN. CUANDO EL REQUERIMIENTO CONSISTE EN QUE EL QUEJOSO COMPAREZCA A MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI LA RÚBRICA QUE LAS CALZA SON DE SU PUÑO Y LETRA, Y NO SOBRE ALGÚN DEFECTO U OMISIÓN, NO PUEDE INTERRUMPIRSE O PRORROGARSE EL PLAZO CONCEDIDO. Si el juzgador estima que las firmas estampadas en la demanda de amparo y su ampliación, son notoriamente distintas a las que obran en el expediente de donde derivan, tiene la facultad de prevenir al quejoso a efecto de que dentro del término de tres días comparezca a reconocerlas, so pena de que, de no hacerlo, se desechará su petición de conformidad con el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en ese orden, no es jurídicamente posible ni que se interrumpa ni prorrogue dicho plazo, toda vez que si el auto de requerimiento fue claro y específico en indicar que compareciera a manifestar, bajo protesta de decir verdad, si las rúbricas que calzaban la demanda de amparo y la del escrito de ampliación fueron puestas del puño y letra del quejoso (acto personalísimo) y no así, sobre algún defecto u omisión en el escrito de demanda, que diera lugar a la emisión de un acuerdo en el que se señalara algún incumplimiento, pues el requerimiento fue específico, la ratificación de las firmas de la demanda y su ampliación; de lo que se concluye que es un supuesto distinto al que refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", ya que el requerimiento no versó sobre defectos u omisiones de la demanda de amparo, sino a una cuestión esencial como es la manifestación de la voluntad y, por ello, el a quo no debía emitir ningún acuerdo, respecto del escrito por el que se pretendió cumplir el requerimiento, sino atender a lo que inquirió, como es, la ratificación de las firmas de la demanda de amparo y su ampliación." Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Esperanza Rico Ibarra, mediante el cual cumple parcialmente con el requerimiento formulado el veintitrés del mes y año en curso (fojas 13 a 16). Lo anterior, toda vez que la promovente, no aclara ni precisa cuál es el contenido y la data de las determinaciones judiciales que aduce no se les ha notificado a los demandados, dentro del juicio ordinario civil 804/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, de esta ciudad. ...En consecuencia, la quejosa Esperanza Rico Ibarra, no cumple con lo requerido...
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- Esmeralda Guadalupe Calixto Martínez373/2023
- Esmeralda Martínez García565/2021
- Esperanza Cabrera Luna61/2020
- Esperanza Carranza González343/2017
- Estanislao Martínez Maldonado290/2020
- Esteban De León Medina3/2023
- Esteban Justiniano Mondragón Ruíz73/2016
- Esteban Martinez Martinez41/2021
- Estefania Pérez Ramírez505/2022
- Estela Reyes Hernández312/2021