Esperanza Reyna Madrigal
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esperanza Reyna Madrigal
Actuaciones
- Principal
IV-De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la quejosa Esperanza Reyna Madrigal, por su propio derecho y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Margarito Reyna Ramos, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintidós de enero del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
iv.-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Esperanza Reyna Madrigal, por su propio derecho y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Margarito Reyna Ramos, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 21/2018-IV. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, interpretado éste último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la resolución recurrida no tiene sobre la persona de la quejosa un acto de ejecución de imposible reparación. Sustenta lo anterior, la tesis: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, interpretado éste último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la exigencia jurídica que se consigna en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, relativo a que los actos en el juicio tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ha sido interpretada por los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Al efecto se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a. 43, aprobada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto será así, cuando se afecte a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debe determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, deben valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultará improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso deberá esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia , del siguiente rubro y texto: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA), sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ... Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, la promovente del amparo, señala como acto reclamado, la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación I-368/2017, por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en que confirmó el proveído veintidós de septiembre del año próximo pasado, pronunciado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio sucesorio testamentaria 30/2011, en que se determinó lo siguiente: Con el carácter reconocido en autos, en virtud de que se encuentra acéfala (que carece de Jefe o autoridad) la representación de la presente sucesión, como lo solicita y por así haberlo propuesto la mayoría de los coherederos, se designa como albacea de esta sucesión a XXX (la quejosa Esperanza Reyna Madrigal), quien en señal de aceptación y protesta del cargo conferido firma la promoción que se acuerda, lo que se tiene por hecho para los efectos legales a que haya lugar.. Ahora, como se indicó en el inciso b), de la cuenta secretarial, es un hecho notorio para este Juzgador, que en este órgano jurisdiccional, se tramita el diverso juicio de amparo 532/2016-IV, promovido por Lodegario Bucio Montiel, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, en donde se emplazó como tercera interesada a la aquí quejosa Esperanza Reyna Madrigal, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión testamentaria a bienes de Margarito Reyna Ramos. Por tanto, glósese, copia certificada de las constancias que obran en el referido juicio de amparo 532/2016-IV, promovido por Lodegario Bucio Montiel, en las que se acredite esa circunstancia, para los efectos legales consiguientes. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. Ahora, para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa, en su demanda de amparo y de las constancias que integran el referido juicio de amparo 532/2016-IV. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, se tramita el juicio sucesorio testamentario 30/2011, a bienes de Margarito Reyna Ramos. Mediante sentencia interlocutoria de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el citado Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, en el incidente sobre remoción de albacea provisional, promovido dentro del referido juicio sucesorio testamentario 30/2011, se removió a María Ángeles Reyna Madrigal, del cargo de albacea testamentario, requiriendo a todos y cada uno de los herederos para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se declare firme dicha determinación, emitan voto para designar nuevo albacea que los represente. En acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, la citada autoridad jurisdiccional, tuvo a los herederos Araceli Flor, Ma. Alicia, Esperanza y María Ángeles, por su propio derecho y la última en cuanto representante de Silvia todos de apellido Reyna Madrigal, emitiendo voto a favor de Esperanza Reyna Madrigal, para que sea designada albacea definitiva de la mencionada sucesión. Posteriormente en auto de trece de enero del año próximo pasado, el referido Juzgador, tuvo a los apoderados jurídicos de la diversa coheredera Griselda Reyna Madrigal, emitiendo voto a favor de la mencionada Esperanza Reyna Madrigal, para que sea designada albacea de la sucesión. Así, en proveído de veintidós de septiembre del año próximo pasado, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, previa petición formulada por escrito, firmada por la quejosa Esperanza Reyna Madrigal, determinó que por así haberlo propuesto la mayoría de los coherederos, se designa como albacea de la sucesión testamentaria 30/2011, a bienes de Margarito Reyna Ramos, a la peticionaria de la tutela federal Esperanza Reyna Madrigal, quien en señal de aceptación y protesta del cargo conferido firmó la promoción que dio origen a ese proveído. Inconforme con dicha determinación, la citada albacea, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, quien mediante resolución de once de diciembre del año próximo pasado, dictada en autos del toca de apelación I-368/2017, confirmó el referido proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil. Determinación que constituye el acto reclamado. Antecedentes que en parte, la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Lo anterior, toda vez que como ya se indicó en líneas que anteceden, se extraen del diverso juicio de amparo 532/2016-IV, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Bajo ese contexto, se considera que no se actualiza esa hipótesis, relativa a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, toda vez que de acuerdo con el artículo 861, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el cargo de albacea es voluntario. Circunstancia que así se acredita del contenido del libelo de garantías, en razón de que la peticionaria de la tutela federal Esperanza Reyna Madrigal, en el capítulo relativo a los conceptos de violación, precisa que "la resolución que constituye el acto reclamado es correcta en su sentido, solo le faltó considerar lo siguiente: En esta misma tesitura la voluntad de la mayoría de los herederos son las que me respaldan para hacer albacea y es la voluntad válida para tal efecto". Asimismo, de las constancias que integran el mencionado juicio de amparo 532/2016-IV, del índice de este Juzgado de Distrito, se desprende que la aquí quejosa Esperanza Reyna Madrigal, en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Margarito Reyna Ramos, interpuso recurso de revisión, contra la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero. Por lo que es indudable, que en la presente instancia constitucional, mediante el acto que señala como reclamado, consistente en la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación I-368/2017, por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en que confirmó el proveído veintidós de septiembre del año próximo pasado, pronunciado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio sucesorio testamentaria 30/2011, no combate su designación como albacea, por precisar que se encuentra conforme con el sentido, sino únicamente aspectos de formalidad, los que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación. En esa condiciones, se insiste que la determinación impugnada, no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, toda vez que incluso aceptó y protestó el cargo de albacea conferido mediante escrito presentado ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad; caso distinto sería que combatiera en la presente instancia constitucional, la remoción de albacea, el cual si se considera en esa hipótesis. Es aplicable a lo anterior, la tesis IV.2º. J/13 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 538, tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Finalmente, la tesis VI.2o. J/344, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 56, tomo 84, Diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo contenido es el siguiente. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Máxime, que la peticionaria de garantías, tiene a su alcance las excusas a que se refiere el artículo 864 del Código Civil para el Estado de Michoacán, a efecto de hacerlas valer ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en caso de que su intención no sea el de representar la sucesión a bienes del decujus, lo que necesariamente lo tiene que realizar ante la potestad común. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en calle Lisboa, número 179, fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, de esta ciudad, y como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Reynaldo Arturo Cruz Santoyo, José Martín Bucio Ayala, Francisco Javier Torres García, Daniel Pompa Anguiano y Alfonso Martínez Vital, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, obran registradas sus cédulas profesionales 2825661, 4114465, 10261968, 08747201 y 10094084, que los acredita como licenciados en derecho, bajo los consecutivos 42980, 32851, 177168, 163274 y 170914, respectivamente. No así, a Itzia Vianney Chapa García, a quien se autoriza, únicamente de conformidad con última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal, por no cumplir con el requisito mencionado. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
IV.-POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Esperanza Reyna Madrigal, por su propio derecho y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Margarito Reyna Ramos, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 21/2018-IV. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, interpretado éste último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la resolución recurrida no tiene sobre la persona de la quejosa un acto de ejecución de imposible reparación. Sustenta lo anterior, la tesis: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, interpretado éste último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la exigencia jurídica que se consigna en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, relativo a que los actos en el juicio tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ha sido interpretada por los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Al efecto se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a. 43, aprobada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto será así, cuando se afecte a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debe determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, deben valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultará improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso deberá esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia , del siguiente rubro y texto: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA), sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ... Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, la promovente del amparo, señala como acto reclamado, la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación I-368/2017, por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en que confirmó el proveído veintidós de septiembre del año próximo pasado, pronunciado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio sucesorio testamentaria 30/2011, en que se determinó lo siguiente: Con el carácter reconocido en autos, en virtud de que se encuentra acéfala (que carece de Jefe o autoridad) la representación de la presente sucesión, como lo solicita y por así haberlo propuesto la mayoría de los coherederos, se designa como albacea de esta sucesión a XXX (la quejosa Esperanza Reyna Madrigal), quien en señal de aceptación y protesta del cargo conferido firma la promoción que se acuerda, lo que se tiene por hecho para los efectos legales a que haya lugar.. Ahora, como se indicó en el inciso b), de la cuenta secretarial, es un hecho notorio para este Juzgador, que en este órgano jurisdiccional, se tramita el diverso juicio de amparo 532/2016-IV, promovido por Lodegario Bucio Montiel, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, en donde se emplazó como tercera interesada a la aquí quejosa Esperanza Reyna Madrigal, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión testamentaria a bienes de Margarito Reyna Ramos. Por tanto, glósese, copia certificada de las constancias que obran en el referido juicio de amparo 532/2016-IV, promovido por Lodegario Bucio Montiel, en las que se acredite esa circunstancia, para los efectos legales consiguientes. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. Ahora, para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa, en su demanda de amparo y de las constancias que integran el referido juicio de amparo 532/2016-IV. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, se tramita el juicio sucesorio testamentario 30/2011, a bienes de Margarito Reyna Ramos. Mediante sentencia interlocutoria de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el citado Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, en el incidente sobre remoción de albacea provisional, promovido dentro del referido juicio sucesorio testamentario 30/2011, se removió a María Ángeles Reyna Madrigal, del cargo de albacea testamentario, requiriendo a todos y cada uno de los herederos para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se declare firme dicha determinación, emitan voto para designar nuevo albacea que los represente. En acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, la citada autoridad jurisdiccional, tuvo a los herederos Araceli Flor, Ma. Alicia, Esperanza y María Ángeles, por su propio derecho y la última en cuanto representante de Silvia todos de apellido Reyna Madrigal, emitiendo voto a favor de Esperanza Reyna Madrigal, para que sea designada albacea definitiva de la mencionada sucesión. Posteriormente en auto de trece de enero del año próximo pasado, el referido Juzgador, tuvo a los apoderados jurídicos de la diversa coheredera Griselda Reyna Madrigal, emitiendo voto a favor de la mencionada Esperanza Reyna Madrigal, para que sea designada albacea de la sucesión. Así, en proveído de veintidós de septiembre del año próximo pasado, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, previa petición formulada por escrito, firmada por la quejosa Esperanza Reyna Madrigal, determinó que por así haberlo propuesto la mayoría de los coherederos, se designa como albacea de la sucesión testamentaria 30/2011, a bienes de Margarito Reyna Ramos, a la peticionaria de la tutela federal Esperanza Reyna Madrigal, quien en señal de aceptación y protesta del cargo conferido firmó la promoción que dio origen a ese proveído. Inconforme con dicha determinación, la citada albacea, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, quien mediante resolución de once de diciembre del año próximo pasado, dictada en autos del toca de apelación I-368/2017, confirmó el referido proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil. Determinación que constituye el acto reclamado. Antecedentes que en parte, la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Lo anterior, toda vez que como ya se indicó en líneas que anteceden, se extraen del diverso juicio de amparo 532/2016-IV, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Bajo ese contexto, se considera que no se actualiza esa hipótesis, relativa a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, toda vez que de acuerdo con el artículo 861, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el cargo de albacea es voluntario. Circunstancia que así se acredita del contenido del libelo de garantías, en razón de que la peticionaria de la tutela federal Esperanza Reyna Madrigal, en el capítulo relativo a los conceptos de violación, precisa que "la resolución que constituye el acto reclamado es correcta en su sentido, solo le faltó considerar lo siguiente: En esta misma tesitura la voluntad de la mayoría de los herederos son las que me respaldan para hacer albacea y es la voluntad válida para tal efecto". Asimismo, de las constancias que integran el mencionado juicio de amparo 532/2016-IV, del índice de este Juzgado de Distrito, se desprende que la aquí quejosa Esperanza Reyna Madrigal, en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Margarito Reyna Ramos, interpuso recurso de revisión, contra la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero. Por lo que es indudable, que en la presente instancia constitucional, mediante el acto que señala como reclamado, consistente en la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación I-368/2017, por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en que confirmó el proveído veintidós de septiembre del año próximo pasado, pronunciado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio sucesorio testamentaria 30/2011, no combate su designación como albacea, por precisar que se encuentra conforme con el sentido, sino únicamente aspectos de formalidad, los que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación. En esa condiciones, se insiste que la determinación impugnada, no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, toda vez que incluso aceptó y protestó el cargo de albacea conferido mediante escrito presentado ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad; caso distinto sería que combatiera en la presente instancia constitucional, la remoción de albacea, el cual si se considera en esa hipótesis. Es aplicable a lo anterior, la tesis IV.2º. J/13 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 538, tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Finalmente, la tesis VI.2o. J/344, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 56, tomo 84, Diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo contenido es el siguiente. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Máxime, que la peticionaria de garantías, tiene a su alcance las excusas a que se refiere el artículo 864 del Código Civil para el Estado de Michoacán, a efecto de hacerlas valer ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en caso de que su intención no sea el de representar la sucesión a bienes del decujus, lo que necesariamente lo tiene que realizar ante la potestad común. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en calle Lisboa, número 179, fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, de esta ciudad, y como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Reynaldo Arturo Cruz Santoyo, José Martín Bucio Ayala, Francisco Javier Torres García, Daniel Pompa Anguiano y Alfonso Martínez Vital, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, obran registradas sus cédulas profesionales 2825661, 4114465, 10261968, 08747201 y 10094084, que los acredita como licenciados en derecho, bajo los consecutivos 42980, 32851, 177168, 163274 y 170914, respectivamente. No así, a Itzia Vianney Chapa García, a quien se autoriza, únicamente de conformidad con última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal, por no cumplir con el requisito mencionado. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. ...CITATORIO.
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