Esperanza Miguel Castro

Expediente 655/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 42 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
655/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Esperanza Miguel Castro
  • Credito Facil
  • INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE SINALOA, Con domicilio ubicado en avenida 16 de septiembre número 1584, Colonia centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 16496/2023 de cuenta, suscrito de manera electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, a través del cual solicita le sean remitidos los autos originales presente juicio de amparo, por estimarlos necesarios tener a la vista para proveer conforme a derecho corresponda, respecto del recurso de queja hecho valer por el Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán. En ese sentido, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese el presente asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y con los oficios enviados por la autoridad responsable Director General y Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, al que se adjuntaron diversos documentos, con el fin de demostrar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Estos documentos se acordaron el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, y se le dio vista a la parte quejosa para que informara lo correspondiente (notificación hecha el diecisiete siguiente). Por tanto, como la impetrante de amparo no alegó nada al respecto, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector, con los elementos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de quince de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". *********. ." La citada sentencia de amparo causó estado por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Después de diversos requerimientos hecho a la responsable, ésta allegó al sumario de amparo el oficio IDJ/0083/2023, sin fecha, en donde adujo que el quince de enero de dos mil veintidós, se dejó de hacer el descuento reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa; que los descuentos realizados a la quejosa fueron del quince de septiembre de dos mil veintiuno, a la fecha anteriormente señalada, dando un total de $8,100.00 (OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); finalmente, se indicó en dicho oficio, y como propuesta de pago de la citada cantidad, hacerla en parcialidades mensuales, por la cantidad de $287.54 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Este oficio se acordó el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Ahora, la responsable realizó el primer pago de $287.54 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; posteriormente, los días veintiuno de marzo, veintiuno de abril, veintidós de mayo y siete de junio, de dos mil veintitrés, se hicieron los pagos correspondiente a la segunda, tercera, cuarta y quinta parcialidad (oficios acordados el veintisiete de febrero, veintiocho de marzo, veintiséis de abril, veintiséis de mayo, y trece de junio de dos mil veintitrés, respectivamente). A su vez, y después de otros requerimientos para que se cumpliera con el fallo constitucional, la responsable hizo llegar al presente cuaderno de amparo, el oficio IDJ/3188/2023, sin fecha, al que adjuntó copia fotostática certificada del documento denominado "OPERACIÓN AUTORIZADA", del que se advierte que se le depositó a la quejosa, la cantidad de $6,662.30 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL). Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable cumple con la sentencia constitucional, porque fueron suspendidos los descuentos reclamados que le dan origen a la presente demanda de amparo, y se devolvió a la quejosa, la cantidad que indebidamente se le retuvo, la que asciende a $8,100.00 (OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Por tanto, es evidente que con ello se cumple con la sentencia de amparo, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos las multas impuestas a las autoridades responsables, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; pon tanto, hágase del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, de esta situación para los efectos correspondientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos se observa que el presente juicio de amparo 655/2021-5A, se encuentra pendiente de enviar al tribunal de alzada para la tramitación del recurso de queja interpuesto por el Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, mediante oficio vía interconexión remítase el informe respectivo de que es cierto el acto materia de la queja, el escrito original de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con sede en Mazatlán. De igual manera, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del juicio de amparo 655/2021-5A, sea vinculado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito en Turno, para su debida integración a las actuaciones del expediente.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio suscrito por el Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, y del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del citado Instituto, mediante el cual manifiesta los motivos que tiene para no seguir cumpliendo con la sentencia de amparo; ahora, en auto de cuatro de septiembre del año en curso, se le indicó a las citadas autoridades que las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas por las responsables, no así por el tercero interesado (como se sugiere); además que no se encuentra en una imposibilidad material para cumplir con el fallo constitucional, en la medida que ellas mismas han realizado cinco pagos parciales, pues así se comprometieron, por tanto, materialmente sí es posible acatar lo resuelto en definitiva en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior y considerando el estado de los autos se advierte que ha trascurrido en exceso la temporalidad para que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, dieran cumplimiento al proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se les requirió para que dentro del término de VENTICUATRO HORAS (aclarando que ese era el último requerimiento), contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgaran cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a páginas 1380, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, correspondiente al mes de marzo de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." En la especie, es pertinente destacar que el suscrito Juzgador ha advertido, evasivas no justificadas que reflejan una actitud contumaz de las autoridades responsables, que se traduce en un retardo, omisión e incumplimiento; por ende, se les reiteró que en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se harían acreedores a la multa equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cierto, el Tribunal en Pleno fue preciso en establecer las hipótesis para imponer las multas, las cuales consisten en la omisión de dar cumplimiento y en el retardo injustificado, ambos aspectos que el suscrito Juzgador considera se actualizan en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, se invoca al respecto la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, con el rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Expuesto lo anterior, en atención al retardo, evasivas y actitud contumaz de las autoridades responsables, en cumplimiento al apercibimiento decretado en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se impone a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, una multa equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a cada una; para tales efectos, se hace del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para llevar a cabo los cobros correspondientes remitiéndosele las constancias adecuadas que respalden las sanciones pecuniarias impuestas. Conviene señalar que en auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se le indicó a las citadas autoridades que están directamente obligadas a cumplir con la sentencia de amparo, además que no hay imposibilidad material para cumplirla, porque ellas mismas han hecho cinco pagos, conforme al convenio por ellas presentado, por tanto, materialmente sí es posible acatar lo resuelto en definitiva en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio suscrito por el Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, y del Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del citado Instituto, mediante el cual manifiesta que se encuentra materialmente impedido para seguir dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, téngase por informado el impedimento que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, y atendiendo a lo dicho por la autoridad en comento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas por las responsables, no así por el tercero interesado (como se sugiere); por tanto, si la firmante del oficio de cuenta, es la condenada en la sentencia de mérito y, por ende, la directamente obligada en cumplir con la sentencia de amparo, entonces, ésta se encuentra obligada a cumplirla. Ahora, no se está en el supuesto de una imposibilidad material para cumplir con la sentencia de amparo, porque en el caso concreto, la responsable ha realizado el pago de cinco parcialidades (a las que ella misma se comprometió hacer), por tanto, materialmente sí es posible acatar lo resuelto en definitiva en el presente juicio de amparo. En esa línea de pensamiento, subsiste el requerimiento y apercibimiento hecho al Director, al Instituto y Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, esto es, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS cumplan con la sentencia de amparo, en la forma y términos señalados en dicho proveído.

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