Esperanza Martinez Juarez
Expediente 1357/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Esperanza Martinez Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA VII. *EJECUTORIA-SOBRESEE-ARCHIVO* VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE REFIERE EL ARTÍCULO.. SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS... EN ESAS CONDICIONES... SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA QUE SOBRESEE... HA CAUSADO EJECUTORIA... POR OTRA PARTE SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... EL PRESENTE ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL. PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO... REMÍTASE AL ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO... NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1357/2016-VII, promovido por Esperanza Martínez Juárez, por su propio derecho, contra actos de la Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado ese mismo día y recibido al siguiente en este órgano jurisdiccional, Esperanza Martínez Juárez, por su propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad y por los actos que se precisan a continuación: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo con tal carácter a la siguiente: 1. Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. IV. ACTO QUE SE RECLAMA. Lo constituye LA OMISIÓN DE CUMPLIR en sus términos y para los efectos en que fueron emitidas, la sentencia y resoluciones dictadas en los autos del juicio número 23127/13-17-10-2, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, más específicamente de las siguientes: La sentencia de fecha 17 de Junio del año 2014, emitida por la H. Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante la cual se resuelve el juicio de nulidad tramitado bajo el número de expediente 23127-13-17-10-2. La resolución de fecha 03 de Marzo del año 2015, emitida en el juicio número 23127-13-17-10-2, por la H. Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver el RECURSO DE QUEJA interpuesto por la parte hoy quejosa derivado de la OMISIÓN TOTAL al cumplimiento de la diversa sentencia de fecha 17 de Junio del año 2014. Con fecha 21 de Abril del año 2015, la por la H. Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,, mediante el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, emite acuerdo resolviendo el INCUMPLIMIENTO de la sentencia de fecha 17 de Junio del año 2014, por lo que impone multa a la autoridad demandada equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, ordenando se gire oficio a la Tesorería de la Federación para hacer efectiva la multa impuesta. Con fecha 03 de Agosto del año 2015, la por la H. Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, emite acuerdo resolviendo el INCUMPLIMIENTO de la sentencia de fecha 17 de Junio del año 2014, por lo que impone multa a la autoridad demandada equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, ordenando se gire oficio a la Tesorería de la Federación para hacer efectiva la multa impuesta. Con fecha 24 de Mayo del año 2016, la por la H. Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, emite acuerdo resolviendo el INCUMPLIMIENTO de la sentencia de fecha 17 de Junio del año 2014, requiriéndole a la autoridad demandada para que en el plazo de DIEZ DÍAS, informe respecto del cumplimiento dado al fallo definitivo pronunciado por esta Sala; apercibida de no cumplir con lo solicitado en el plazo antes señalado se procederá mediante el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Con fecha 06 de Julio del año 2016, la por la H. Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, emite acuerdo resolviendo el INCUMPLIMIENTO de la sentencia de fecha 17 de Junio del año 2014, por lo que impone una multa a la autoridad demandada equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, ordenando se gire oficio a la Tesorería de la Federación para hacer efectiva la multa impuesta. SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el presente asunto no existe tercero interesado. TERCERO. Por auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 28 a 33), se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró con el número 1357/2016-VII, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la participación que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto primero, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que la omisión que reclama la quejosa es atribuida a una autoridad administrativa que reside en la ciudad donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que del estudio integral de la demanda y de la causa de pedir que en ella se contiene, es posible determinar que el acto reclamado en esta instancia constitucional, en esencia consiste en: La omisión de cumplir con la sentencia de nulidad de diecisiete de junio de dos mil catorce, emitida en el juicio número 23127/13-17-10-2, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la resolución de tres de marzo de dos mil quince, emitida en el incidente de incumplimiento a la sentencia referida. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 40/2000, localizable en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Por técnica jurídica procede el estudio de la existencia o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia XVII.2°.J/10, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En ese sentido, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la omisión de cumplir con la sentencia de nulidad de diecisiete de junio de dos mil catorce, emitida en el juicio número 23127/13-17-10-2, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como la resolución de tres de marzo de dos mil quince, emitida en el incidente de incumplimiento a la sentencia referida (fojas 42 a 46); sin embargo, tal circunstancia no puede tomarse como una negativa, toda vez que de la lectura integral del citado informe se desprende la certeza del acto que se le atribuye, por lo cual debe tenerse por cierto, máxime que las autoridades responsables tienen la carga de probar que no incurrieron en las omisiones que se les imputan. Es aplicable por analogía de razón la tesis perteneciente a la Octava Época, Instancia Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, que a la letra establece: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de los autos que integran el juicio de nulidad 23127/13-17-10-2, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en específico el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis (foja 346), en el cual se señaló que la autoridad demandada en dicho procedimiento no había informado respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en el referido juicio, documentos que gozan de eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el artículo 2º de la ley de la materia. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto procede examinar las causas de improcedencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia, ello en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página quinientos cincuenta y tres (553) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Al respecto, se advierte de oficio que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, aplicado a contrario sensu, por las razones jurídicas siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que las causas de improcedencia también derivan de la propia legislación de la materia. Sirve de apoyo, la tesis LXXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 373, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que dispone lo siguiente: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. Por su parte, el numeral 107, fracciones IV y V, de la ley que reglamenta el juicio constitucional, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede. (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencial que a continuación se señala, ha interpretado el artículo 114, fracción III, de la abrogada Ley de Amparo, similar a la fracción IV del artículo transcrito de la vigente ley de la materia, en el sentido de que establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En tanto que la fracción V del actual artículo 107 de la Ley de Amparo, prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se sigue, que la amplitud de la norma contenida en la fracción V arriba citada, da pauta para interpretar la fracción IV también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, pero actualmente previo agotamiento del recurso ordinario o medio de defensa, aunque se trate de un acto de imposible reparación. Las anteriores premisas son del texto que constituyen las jurisprudencias del tenor siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. (Novena Época, Registro: 163152, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P. /J. 108/2010, Página: 6) DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350) Asimismo, respalda lo anterior, el criterio que informa la tesis jurisprudencial 1a./J. 44/2012 de la propia Primera Sala del alto tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 1, página 729, que establece: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. De igual forma, sustenta a lo anterior, el criterio que informa la tesis jurisprudencial 1a./J. 119/2011 de la propia Primera Sala del alto tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, página 2235, que dispone: MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1377, Décima Época, de rubro y texto siguientes: INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. En efecto, tanto el legislador en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, como el Pleno del Alto Tribunal ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia solamente procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia, declara la imposibilidad de cumplirla u ordena el archivo definitivo del expediente, de acuerdo con el criterio legislativo y el sustentado en la tesis de jurisprudencia publicada con el número P./J. 32/2001, en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Además, se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se trate de un acto de imposible reparación y se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada o norma general, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución o bien la que recaiga al recurso o medio de defensa ordinario, en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Ejemplo de lo anterior, es el criterio contenido en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 17/98, en la página 187 del tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Precisado lo anterior, cabe recordar que la quejosa reclama en el presente asunto la omisión de cumplir con la sentencia de nulidad de diecisiete de junio de dos mil catorce, emitida en el juicio número 23127/13-17-10-2, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la resolución de tres de marzo de dos mil quince, emitida en el incidente de incumplimiento a la sentencia referida. En ese contexto, resulta conveniente atender algunos de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de los autos del juicio de nulidad 23127/13-17-10-2, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la hoy quejosa Esperanza Martínez Juárez, demandó la nulidad de la resolución negativa ficta respecto de la petición formulada el dos de mayo de dos mil trece, al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (fojas 60 a 91). Sustanciado el procedimiento, el diecisiete de junio de dos mil catorce, la Décima Sala Regional Metropolitana del referido Tribunal, quién conoció del asunto, dictó sentencia en definitiva en el juicio de nulidad 23127/13-17-10-2, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, en los términos siguientes (fojas 235 a 240): Consecuentemente, al no estar acreditado en autos que hubieran sido realizados los referidos incrementos a la pensión de la demandante, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la demandada proceda a acatar el imperativo que le impone numeral 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, para que efectúe los incrementos a pensión de la actora en la medida en que se incrementen los sueldos básicos de los trabajadores en activo desde el momento en que se concedió la pensión a la actora y pague a ésta las diferencias que se generen como resultado del correcto cálculo, incluyendo las diferencias por concepto de pago de aguinaldo, que se le otorga cada año. En consecuencia y retomando la idea en párrafos anteriores, es de concluir que el hecho de que el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señale que las cuantías de las pensiones deben aumentarse al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, no debe interpretarse en el sentido de que la percepción de la actora deba ser idéntica a la que se pague a una trabajadora en la misma plaza en activo De igual forma, se deberá respetar lo que también prevé el multicitado numeral 57, esto es, que la cuota diaria máxima de pensión de la actora no puede exceder de hasta la suma cotizable que señala el artículo 15 de la misma Ley, es decir, el incremento que se le debe conceder deberá respetar lo señalado por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con fundamento en los artículos 52 fracción V inciso a) y 57 fracción I inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo, dígase a la autoridad que la presente sentencia deberá cumplirla dentro de los cuatro meses siguientes a que quede firme, debiendo informarlo a esta Sala, apercibida que en el caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 58, de la misma Ley. En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 49, 50, 51 fracción IV, y 52 fracción V inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve: I.- Se configura en el caso la resolución negativa ficta impugnada. II.- La parte actora probó su pretensión en el presente juicio, en consecuencia; III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada en el juicio 23127/13-17-10-2, para los efectos precisados en el último considerando, por los razonamientos ahí vertidos. IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. Por auto de tres de febrero de dos mil quince, la Sala del conocimiento declaró que la sentencia de nulidad antes referida causó firmeza y con apercibimiento de multa, requirió a la autoridad demandada su cumplimiento (foja 259). Mediante resolución de tres de marzo de dos mil quince, la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó procedente y fundado el incidente de incumplimiento de sentencia de oficio, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de tres de febrero de dos mil quince y requirió de nueva cuenta a la autoridad demandada, a efecto de que cumpliera en sus términos la sentencia de nulidad (fojas 271 a 274). En acuerdo de veintiuno de abril de dos mil quince, se impuso a la autoridad demandada una multa por la cantidad de trecientas veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por su omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad; además, se requirió a su superior jerárquico para que lo conminara a cumplir dicho fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondría una multa de conformidad con el artículo 58, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y se procedería en términos de lo referido en el artículo 58, fracción I, inciso d), de dicha Ley (foja 284). Por acuerdos de tres de agosto de dos mil quince y veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se impuso al superior de la autoridad demandada (Delegado Regional en la Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), una multa por la cantidad de trecientas veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por su omisión de obligar a la autoridad demandada para que cumpliera la sentencia de nulidad; además, se requirió de nueva cuenta, en su carácter de superior jerárquico para que la conminara a cumplir dicho fallo, con los apercibimientos que de no hacerlo, se informaría de dicha situación a su superior jerárquico y se procedería en términos de lo establecido en el artículo 58, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 309 y 333). En acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, se impuso al superior de la autoridad demandada (Delegado Regional en la Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), una multa por la cantidad de trecientas veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por su omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad; además, se requirió a su superior jerárquico (Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) para que conminara a la autoridad demandada y a su superior a cumplir dicho fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa de trescientas veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México y se haría del conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente, a efecto de que provea lo conducente (foja 346). Precisados los antecedentes del acto reclamado, resulta necesario imponerse del contenido del artículo 58, fracción I, incisos a), b), c), y d), fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente: Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) La intelección de los dispositivos transcritos, permite establecer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de las Salas Regionales, Sección o Pleno que lo componen, lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución de los fallos de nulidad que al efecto emitan, conforme a lo siguiente: 1. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. 2. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: 2.1. Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en la Ciudad de México, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de la propia ley, lo que se informará además al superior jerárquico de la autoridad demandada. 3. Si al concluir el plazo persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. 4. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con anterior punto 2.1. 5. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. 6. Transcurridos los plazos antes señalados, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. En otro aspecto, a petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, misma que de acuerdo a sus reglas de sustanciación, procederá -entre otros actos-, cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia y, de resultar fundada, se procederá en los términos del procedimiento administrativo de ejecución antes descrito. En este contexto, se estima que la presente vía debe declararse improcedente, en la medida de que la omisión atribuida a la autoridad responsable no es un acto que de momento cause una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por no estar culminada la etapa de ejecución de sentencia y, por ende, no se está en presencia de una resolución final para efectos de amparo. Lo anterior es así, puesto que en el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis (foja 346), la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si bien señaló que no se acreditaba el cumplimiento de la sentencia de nulidad por parte de la autoridad demandada e impuso a su superior jerárquico una multa equivalente a trescientas veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, además, requirió a su superior jerárquico de ambas autoridades, para que en el plazo de tres días las obligara a cumplir el fallo de nulidad, lo cierto es que solamente le indicó que en caso de continuar con su actitud contumaz, se le impondría una multa de entre trescientas y mil veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México y se daría vista a la Contraloría Interna correspondiente a fin de que se determine su responsabilidad. De lo anterior, se advierte que dentro del procedimiento de cumplimiento de sentencia previsto en el artículo 58 fracción I, inciso a), b), c) y d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que previamente se ha explicado, la Sala del conocimiento aún está desahogando el procedimiento ordinario previsto por el legislador para efectos de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. Esto es, a la fecha se encuentra pendiente de desahogarse el procedimiento de ejecución de sentencia de nulidad, particularmente, en cuanto a que no se han hecho efectivos los apercibimientos formulados en el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, esto es, no se ha impuesto la multa ahí decretada, ni se ha dado vista a la Contraloría Interna respectiva; o se ha comisionado a un funcionario jurisdiccional, para que de permitirlo la naturaleza del acto, procure el cumplimiento de la misma, como lo marca la ley contenciosa administrativa federal. En esos términos, es evidente que la omisión aquí atribuida a la autoridad responsable, no es un acto que ha puesto fin al procedimiento administrativo de ejecución, dado que la Sala jurisdiccional no ha agotado dicho procedimiento en términos del artículo 58, fracción I, inciso a), b), c) y d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues a la fecha lo está desahogando en el ámbito de su jurisdicción. En consecuencia, se advierte que en el procedimiento administrativo de ejecución el legislador federal estableció en el artículo 58, fracción I, inciso a), b), c) y d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con la finalidad de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de las Salas Regionales, Sección o Pleno que lo componen, la obligación de llevar a cabo la ejecución de los fallos de nulidad que al efecto emitan, debiendo emitir las diligencias necesarias a fin de que se acaten sus resoluciones al ser el cumplimiento una cuestión de orden público. En este aspecto, cobra vigencia la Jurisprudencia IV.1o.A. J/12 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página: 2425, de rubro y texto: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 57 Y 58 DE LA LEY RELATIVA, ES EFICAZ, SENCILLO Y RÁPIDO, A FIN DE HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz; sin embargo, conviene precisar que la autonomía e independencia del mencionado tribunal, no sólo se hace patente en el dictado de sus fallos, sino también en la ejecución para el cumplimiento de sus propias determinaciones, toda vez que para lograr lo anterior, tiene a su alcance un procedimiento específico para la ejecución de sentencias, previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En tal virtud, el tribunal fiscal se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, consistente en la imposición de una multa a la autoridad demandada y a su superior; dar vista a la contraloría interna correspondiente de los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario causante del incumplimiento y el seguimiento a ese procedimiento; el que es eficaz, sencillo y rápido, a fin de hacer cumplir sus determinaciones. De igual forma, es aplicable la Tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página: 1858, de rubro y texto: QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS. El precepto citado no viola el principio de plena ejecución de las sentencias previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que las leyes establecerán los medios necesarios para la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio, ya que si bien prevé que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, ello no se traduce en que el legislador no haya fijado reglas tendentes a lograr la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio contencioso, pues de un análisis integral del Capítulo IX denominado "Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión", del Título II intitulado "De la Sustanciación y Resolución del Juicio", de la citada Ley, se advierte que se fijaron reglas que tienen como objetivo lograr la ejecución de las sentencias que ahí se dicten; así, su artículo 57 enumera el procedimiento a seguir por la autoridad jurisdiccional para obligar a las autoridades demandadas a cumplir con una sentencia dictada en un juicio de nulidad, señalando los actos concretos a realizar y los plazos para ello; y el diverso 58 prevé el procedimiento que ha de observarse para el cumplimiento de las sentencias una vez vencido el plazo contenido en el artículo 52 de la misma ley, es decir, el de 4 meses contados a partir de que la sentencia quede firme, supuesto en el cual se ordena que ello puede lograrse de oficio o a petición de parte por medio de la interposición del recurso de queja. Lo descrito corrobora que en el señalado ordenamiento existen reglas para la plena ejecución de las sentencias dictadas en ese proceso. En este sentido, se afirma que no se ha agotado el procedimiento de cumplimiento a que se refiere el numeral citado, porque no se han hecho efectivos los apercibimientos formulados en el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, esto es, no se ha impuesto la multa ahí decretada, ni se ha dado vista a la Contraloría Interna respectiva; o se ha comisionado a un funcionario jurisdiccional, para que de permitirlo la naturaleza del acto, procure el cumplimiento de la misma, como lo marca la ley contenciosa administrativa federal. Es más, no se ha emitido un pronunciamiento en el sentido de que exista imposibilidad jurídica para que se cumpla con el fallo de nulidad; de ahí que no se ha agotado a cabalidad el procedimiento de ejecución de sentencia. Por lo que es de resaltar que en el juicio contencioso administrativo a la fecha se está desahogando el procedimiento de cumplimiento de sentencia, lo que evidencia que aún no ha concluido. No se pierde de vista que el amparo lo insta la parte vencedora en el juicio de nulidad, sin embargo, ello tampoco lo hace procedente por sí sólo, puesto que es necesario que previamente se haya agotado el procedimiento administrativo de ejecución previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto es así, toda vez que el amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla. En este aspecto, es aplicable, la jurisprudencia XI.5º. (III Región) J/1, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, que este juzgado hace suya, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, décima época, página 1071, cuyo rubro y texto son los siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA. Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, puede pedirse amparo ante el Juez de Distrito si se trata de actos de ejecución de sentencia, y sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; hipótesis que no se actualiza cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla, al no tratarse de la última resolución dictada en aquél. Por tanto, en esa hipótesis el amparo indirecto es improcedente, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la ley de la materia, en relación con el precepto inicialmente citado, aplicado este último a contrario sensu. Por otra parte, este Juzgador no encuentra obstáculo en el hecho de que la omisión reclamada tenga sustento en la violación al derecho fundamental de tutela jurisdiccional en su componente de ejecución de sentencia, pues tal derecho humano está sometido a las formalidades y tiempos procesales que las leyes secundarias prevén, como ocurre en la especie con el mecanismo y actos que involucran el procedimiento de cumplimiento forzoso previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto se corrobora, en la medida en que nuestro Máximo Tribunal del País, ha resuelto que si bien el artículo 17, párrafo quinto de la Constitución Federal establece: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. 18 Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Cierto es, que el derecho de acceso a la justicia con base en el cual, cuando alguna persona vea conculcado alguno de sus derechos puede acudir ante los Tribunales a fin de que se le administre justicia conforme a los términos y plazos que establezcan las leyes, la que deberá ser pronta, completa, imparcial y gratuita. Así, la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental de la persona para defender a través de un proceso jurisdiccional sus derechos sustantivos, la que a su vez comprende los siguientes derechos: a) derecho de acceso a la justicia, es decir, la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales; b) derecho a un proceso con las garantías mínimas o derecho al debido proceso; c) derecho a una resolución fundada en derecho; y d) derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Asimismo, en relación con éste último derecho, el párrafo quinto del artículo 17 constitucional ordena expresamente que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los Tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, publicada en la página 75 del Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. En suma, dado que no se ha agotado el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 58, fracción I, incisos a), b), c) y d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es la razón para estimar que la omisión atribuida al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al menos en la estadía procesal ejecutiva en que se encuentra el expediente de nulidad, no es un acto que ponga fin al procedimiento de ejecución que ahí se establece. Razones por las cuales se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en consonancia con el numeral 107, fracciones IV y V a contrario sensu, de la propia legislación; por tanto, surte efectos jurídicos el sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción V, de la citada norma. Lo anterior, sin que esta sentencia implique el carácter de cosa juzgada, pues no hace inejercible la acción de amparo en modo absoluto, pues podrá ejercerse una vez agotado el procedimiento de ejecución ordinario. Sirve de apoyo, la jurisprudencia registrada con el número 237445, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, página 91, de la Séptima Época, que indica: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación del derecho de petición; esto es así, acatando la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/58, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo contenido literal refiere: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente no es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo. Pues con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes. Más aún si se considera que la causal de improcedencia sobrevino durante el juicio. De tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo, no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia, si ésta se advirtiera del análisis de las constancias de autos. En apoyo a las consideraciones expuestas. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el Tomo XIV, Julio de 1994, cuyo contenido es: DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1357/2016-VII, promovido por Esperanza Martínez Juárez, por los motivos que quedaron precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario licenciado Francisco Javier García Hernández, quien autoriza y da fe.- Doy fe. dieciocho de octubre de dos mil dieciséis EL JUEZ EL SECRETARIO
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MESA VII. *DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL* VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS... DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE NO FUE RENDIDO CON LA ANTICIPACIÓN SUFICIENTE A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LEY EL INFORME JUSTIFICADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. EN CONSECUENCIA, SE DIFIERE LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO... NOTIFIQUESE.
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MESA VII. * AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS* POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO. POR EL CUAL EN ATENCIÓN AL PROVEÍDO DE FECHA. REMITE COPIAS CERTIFICADAS DE... AGREGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA... NOTIFÍQUESE.
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