Esperanza López Vallejo y Otros.
Expediente 1835/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1835/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2015
Partes del expediente
- Esperanza López Vallejo y Otros.
- Esperanza López Vallejo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de trece de los cursantes, notificado el diecisiete siguiente, por el que, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.
- Principal
Vistas las copias simples de cuenta, intégrese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1365/2015, que se formó con la demanda promovida por +, en su carácter de representante legal de la moral quejosa Comercializadora Volcron, Sociedad Anónima de Capital Variable Promotora de Inversión de Capital Variable, contra actos del Congreso de la Unión Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que los hace consistir en las consecuencias que derivan del desechamiento por extemporaneidad del recurso de apelación hecho valer en el toca 485/2015 del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, las cuales de manera particular se traducen en la eliminación o modificación de las inscripciones del embargo y prelación existente a favor de mi representada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 300, esquina José María Morelos y Pavón, número 212, colonia Centro, Toluca, Estado de México, así como que no se tengan firmes los actos reclamados en el presente juicio de amparo en el juicio de origen. Se señalan las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince, para la audiencia incidental, en términos de lo previsto en el artículo 138, fracción II, de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, solicítese de la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a su legal notificación. Por otra parte, con fundamento en los artículos tercero, fracción V, arábigo 22, y octavo, numeral 6°, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena notificar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en la Procuraduría Fiscal de la Federación. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de las autoridades que los remitan, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de que la autoridad que designó en la demanda que se provee, haya sido denominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." Por otra parte, con fundamento en el artículo 128, 129 y 138, fracción I, de la ley reglamentaria se concede la suspensión provisional en relación a las consecuencias del acto las consecuencias que derivan del desechamiento por extemporaneidad del recurso de apelación hecho valer en el toca 485/2015 del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, las cuales de manera particular se traducen en la eliminación o modificación de las inscripciones del embargo y prelación existente a favor de mi representada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México, respecto del bien inmueble ubicado en la calle +, así como que no se tengan firmes los actos reclamados en el presente juicio de amparo en el juicio de origen, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Además, para que se realice la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad de Toluca, respecto del bien inmueble ubicado en la calle +, del cual se cuestionan derechos reales en el procedimiento de origen, la medida anterior es para evitar que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, como en el presente asunto, existe un interés legítimo para solicitar dicha medida, este órgano federal, al efectuar un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodean el presente asunto, ordena la anotación preventiva anterior, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble en cuestión para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. Para lo cual deberá de mandarse oficio al Director del Instituto de la Función Registral en Toluca, Estado de México, para que realice la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad de Toluca, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 300, esquina José María Morelos y Pavón, número 212, colonia Centro, Toluca, Estado de México. Lo anterior es así, en tanto se resuelva en definitiva la incidencia en que se actúa. Sirve de apoyo al caso concreto la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, 9a. Época, Materia Común, página 278) La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si el quejoso incidentista no exhibe dentro de los cinco días siguientes al de su legal notificación, garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de $15,000.00 quince mil pesos 00/100 moneda nacional, la que se fija de manera discrecional, pues de los datos aportados no se aprecia monto alguno que sira de apoyo para cuantificarla, lo anterior, en uso de las facultades que confiere al suscrito el artículo 132 de la Ley de Amparo. La suma anterior servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada con la concesión de esta medida; en la inteligencia que si se constituye la garantía, tal circunstancia se comunicará oportunamente a las responsables; dicha medida no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados ya se llevaron a cabo o si provienen de autoridades diversas a las señaladas. Lo anterior, atendiendo a que el quejoso acredita presuntivamente su interés jurídico con la documental que anexó en su escrito de demanda. Finalmente, en el presente asunto se tiene como tercero interesado a +; para que esté en aptitud de comparecer al presente asunto, túrnense los presentes autos al actuario judicial de la adscripción para que con copia del presente proveído, le notifique la instauración de la presente incidencia a través de quien legalmente le represente, asimismo deberá requerirle en el momento de la diligencia, para que dentro del plazo de tres días, señale expresamente domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o su zona conurbada, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, 27, fracción I, inciso c) y fracción III, inciso b), así como el 116 párrafo segundo, todos de la ley de la materia, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, se tiene como domicilio del quejoso, el señalado en el proemio de su demanda y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el escrito de cuenta, por así solicitarlo. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto.
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