Esperanza Lizeth Jandete Gallardo

Expediente 181/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
181/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Esperanza Lizeth Jandete Gallardo
  • Karla Denisse Larios Riego
  • María Consuelo Pastrana Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Juicio de Amparo Directo

    ...Agréguense a los autos, para que obren como corresponda, el oficio de cuenta, y anexo que se acompaña, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso por el que se remitió testimonio de la resolución dictada en el presente asunto y los autos originales del recurso de revisión ******, así como el juicio administrativo ********, descritos en el oficio de cuenta. II. Acuerdo. De lo anterior, se toma nota, sin que haya lugar a efectuar mayor pronunciamiento, en virtud de que, por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se acordó lo relativo al archivo de este asunto. III. Devolución de autos. Devuélvanse los presentes autos al archivo de este tribunal colegiado...

  2. Juicio de Amparo Directo

    ...Consecuentemente, toda vez que no existe acto pendiente por cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno...

  3. Juicio de Amparo Directo

    ...Vista la certificación y cuenta que anteceden, la Presidencia de este tribunal colegiado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, a fin de verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, resulta conveniente destacar el contenido del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla [.]. 1. Sentencia de amparo. En sesión de tres de febrero de dos mil veintidós, este tribunal colegiado concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para los efectos jurídicos siguientes: 1. Que la sección responsable deje insubsistente la sentencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; 2. En su lugar dicte otra en la que, atendiendo a los agravios expuestos, revoque el sobreseimiento decretado en primera instancia, reasuma jurisdicción y analice la litis verdaderamente propuesta, atendiendo a la totalidad de actos impugnados, pretensiones y conceptos de invalidez. 3. Hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción." Ahora bien, este tribunal colegiado, en primer lugar, considera importante precisar algunas consideraciones de la ejecutoria de amparo, que son de la literalidad siguiente: SEXTO. Estudio de los conceptos de violación (.) Tales consideraciones son incorrectas, pues la sección responsable validó la fijación de la litis que propuso la Sala Regional, sin observar que el acto denominado "renuncia voluntaria" cuya invalidez pretendió la actora, así como los actos intimidatorios, sobre los cuales se pronunciaron ambos órganos jurisdiccionales, no podrían constituir los actos impugnados, por no tener las características a que se refiere el artículo 1.7, del Código Administrativo del Estado de México, y por ende, no ubicarse dentro de los supuestos de procedencia del artículo 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues como lo expuso la Sala Regional en una parte de sus consideraciones, tal acto no constituye un acto administrativo que haya emitido la autoridad municipal, susceptible de ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo; mucho menos lo son los actos coercitivos o intimidatorios que citó la actora, pues en todo caso, estos son aspectos fácticos de la baja del servicio impugnada. En efecto, dentro de los actos impugnados se encuentran otros respecto de los que sí es procedente el juicio contencioso, como lo es la suspensión de servicio en el cargo que desempeñaba, la baja del servicio y el procedimiento de remoción que señaló en la demanda, de manera que ésta no fue analizada en su integridad, considerando los actos verdaderamente impugnados, ni las pretensiones de la entonces actora, lo que vulnera los principios de congruencia y exhaustividad, al variar la litis verdaderamente propuesta. Atento a lo expuesto, es incorrecto el sobreseimiento decretado por la sección responsable, sin pronunciarse respecto de la litis verdaderamente propuesta, atendiendo a los actos impugnados respecto de los cuales sí procede el juicio contencioso administrativo, así como las pretensiones y agravios expuestos. (.)." 2. Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo En pretendido cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad responsable mediante oficio *************, de siete de marzo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la sentencia dictada el cuatro del mes y año citados, en los autos del recurso de revisión *******, en el que resolvió el asunto y determinó lo siguiente: a) Dictó una nueva sentencia, en la cual, en el considerando III, dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno -primer efecto del fallo protector-. b) En los considerandos IV y V, la autoridad responsable reasumió jurisdicción -segundo efecto del fallo protector-, y estimó lo siguiente:  Que respecto de los actos consistentes en la renuncia voluntaria de fecha quince de septiembre de dos mil diecinueve; así como los actos coercitivos o intimidatorios citados por la actora, se decretaba el sobreseimiento, en razón de que los mismos no constituyen un acto administrativo que haya emitido una autoridad municipal para crear, modificar o extinguir una situación, lo anterior, por no tener las características a que se refiere el artículo 1.7 del Código Administrativo del Estado de México, y por ende, no ubicarse dentro de los supuestos de procedencia del artículo 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  Por cuanto hace al procedimiento de remoción, también decretó el sobreseimiento, ya que la baja del actor en el servicio no derivó de la instauración de un procedimiento de separación o remoción.  Que la litis se circunscribía en: reconocer la validez o en su defecto declarar la invalidez de la baja verbal del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la actora para la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, México, así como de la suspensión de servicio y pago de sueldo y/o remuneraciones, efectuados el quince de septiembre de dos mil diecinueve. c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolvió el asunto planteado, en el sentido de sobreseer el juicio administrativo y decretó la validez del acto impugnado -tercer efecto del fallo protector-. 3. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado, a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; cuestión que únicamente ejerció oportunamente la parte quejosa mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, manifestó esencialmente lo siguiente: a) Que la responsable realizó un análisis parcial y aislado de la litis planteada, ya que incorporó argumentos de justificación improcedentes, reitera que no entró al análisis de las cuestiones planteadas, para ser analizadas y valoradas no sólo de manera particular, sino en su conjunto. b) Que no procede el sobreseimiento nuevamente decretado por la autoridad responsable en relación a los actos atribuidos a las autoridades responsables de origen, pues radican en la validación de una renuncia voluntaria carente de certeza. c) Que considera que hay defecto en la sentencia, ya que es parcial el estudio realizado a los agravios hechos valer por la quejosa en revisión, pues no analizó en lo sustancial que la sala responsable dejó de valorar, de manera total y en conjunto, el cúmulo probatorio hecho valer por la actora en el juicio de origen, pues por si sola cada documental no generaba convicción sobre la violencia o amenaza ejercida para dar paso a la renuncia voluntaria que se combate. Los argumentos son inatendibles. En efecto, las manifestaciones de la quejosa están encaminadas a controvertir las consideraciones realizadas por la autoridad responsable, en las que se le otorgó libertad de jurisdicción; sin embargo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este tribunal sólo debe declarar si la ejecutoria de que se trata fue cumplida o no en sus términos, además de verificar si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla y no así cuestiones de fondo. Por tanto, la presente no es la vía para analizar los aspectos que aduce la quejosa, quedando a salvo sus derechos para intentar el medio de impugnación que estime pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, página 717, cuyo rubro y texto son: RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces. Aunado a que, respecto del acto denominado "renuncia voluntaria", este órgano jurisdiccional en la ejecutoria de amparo determinó que: "no podrían constituir los actos impugnados, por no tener las características a que se refiere el artículo 1.7, del Código Administrativo del Estado de México, y por ende, no ubicarse dentro de los supuestos de procedencia del artículo 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México."; de ahí que no se advierta el defecto aducido por la parte quejosa. 4. Análisis del cumplimiento De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente descritas, analizadas conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la Presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que sí se cumplió debidamente con lo establecido en la ejecutoria que recayó al juicio de amparo directo radicado bajo el número 181/2021, lo cual es así, en virtud de que, la autoridad responsable: a) Dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. b) Emitió otra, en la que, respecto de los actos consistentes en la renuncia voluntaria de fecha quince de septiembre de dos mil diecinueve; así como los actos coercitivos o intimidatorios citados por la actora, se decretaba el sobreseimiento, en razón de que los mismos no constituyen un acto administrativo que haya emitido una autoridad municipal para crear, modificar o extinguir una situación; y por cuanto hace al procedimiento de remoción, decretó el sobreseimiento, ya que la baja del actor en el servicio no derivó de la instauración de un procedimiento de separación o remoción. c) Con plenitud de jurisdicción resolvió el asunto planteado, en el sentido de sobreseer el juicio administrativo y decretar la validez del acto impugnado. De ahí que la Presidencia de este órgano colegiado observe que la autoridad responsable, dio cumplimiento total a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, no obstante de que expresamente no manifestó que revocaba el sobreseimiento que en primera instancia se había decretado, ya que al reasumir jurisdicción, para analizar los actos tal y como este órgano jurisdiccional le indicó, implícitamente estimó incorrecto lo decretado por el A quo. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable, hubiese incurrido en exceso o defecto alguno; pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Decisión Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado observa que la autoridad responsable atendió las directrices de la ejecutoria, toda vez que, dictó una nueva sentencia, dejó insubsistente la sentencia reclamada; reasumió jurisdicción, analizó la litis verdaderamente propuesta, atendiendo a la totalidad de actos impugnados, pretensiones y conceptos de invalidez; y con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho procedió. 6. Medio de impugnación en contra de la presente resolución Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 7. Notificaciones Para los fines antes indicados, notifíquese de manera electrónica (de conformidad con el acuerdo de admisión de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno) a la parte quejosa, y mediante oficio a la autoridad tercero interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes...

  4. Juicio de Amparo Directo

    ...Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad tercero interesada realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria dictada por este Tribunal. Manifestaciones. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, y toda vez que realiza las manifestaciones fuera del plazo previsto para ello, no ha lugar a tener por desahogados los alegatos propuestos por la autoridad tercero interesada, al ser presentados de manera extemporánea...

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