Esperanza Licona Pasten

Expediente 1376/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 44 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1376/2022
Año
2022
Actuaciones
44
Última actuación
15/12/2023

Partes del expediente

  • Esperanza Licona Pasten
  • ESPERANZA LICONA PASTEN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Visto el estado procesal y la certificación de cuenta se advierte que las partes en el presente juicio no adicionaron más constancias para integrar el testimonio correspondiente para substanciar el recurso de queja interpuesto, y que el expediente se encuentra integrado; en consecuencia, remítase copia certificada al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno, el escrito respectivo y copia del mismo, por el cual se hizo valer el recurso de queja, el informe, así como las constancias necesarias para resolver el citado recurso. CUMPLASE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del tercero interesado; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; remítase el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, corresponda así como el ocurso electrónico de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto al escrito con registro 23255; en atención a su contenido, como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para la consulta del expediente y obtención de notificaciones vía electrónica. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para notificar personalmente a la parte tercera interesada la sentencia terminada de engrosar el treinta de noviembre de este año, por los motivos que expone; en consecuencia, notifíquesele por medio de lista la resolución en comento, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE; POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA. LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTAS DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, SEÑALA: "VISTOS para resolver el juicio de amparo 1376/2022, promovido por ..., por sí y en representación de los infantes .... y ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó la protección constitucional contra actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión y trámite. Este órgano admitió la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, señaló a la parte tercera interesada; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. La representante social no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes, la parte tercera fue emplazada; finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza familiar, radicado en un Juzgado del orden común con jurisdicción en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación y reclama el emplazamiento al juicio de divorcio incausado ... del índice del Juzgado Décimo Octavo Familiar de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho corresponda, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen conforme a las actuaciones remitidas por el Juez responsable: I. El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el tercero interesado presentó su solicitud de divorcio incausado contra la quejosa. II. Previa aclaración, el juzgador responsable admitió a trámite la demanda el veintisiete de enero de dos mil veintidós. III. El dieciséis de marzo de ese año, se efectuó el emplazamiento de la peticionaria en los términos siguientes: "2022: Año de Ricardo Flores Magón Precursor de la Revolución Mexicana" CEDULA DE NOTIFICACIÓN C. ... DOMICILIO: ... En los autos del juicio DIVORCIO promovido por ... en contra de ..., EL C. Juez Décimo Octavo de lo Familiar en el Distrito Federal (sic) dictó un auto que dice: [Se transcriben autos de veintisiete de enero y veinticuatro de febrero, ambos de dos mil veintidós] Lo que notifico a Usted por medio del presente instructivo en virtud de no haber esperado al suscrito, instructivo que dejo a: ____R... 7:25___ ... CIUDAD DE MÉXICO. A 16 DE MARZO DE 2022 (Una firma ilegible) EL C. SRIO. ACTUARIO. Recibí notificación y copias de traslado Selladas, Foliadas y Rubricadas. Ramón Cerón P. Firma legible." EXP. N° ... (sic) SANDERS ISAAK TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO DÉCIMO OCTAVO FAMILIAR En la Ciudad de México, siendo las siete horas con treinta y cinco minutos del día dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, el suscrito Licenciado ..., Secretario Actuario del Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar, me constituí legalmente en la ..., en busca de la C. ..., me cercioro de ser éste el domicilio ordenado en autos, tanto por la placa metálica que se encuentra en la esquina indicando el nombre de la calle, la colonia y la alcaldía, también por la numeración exterior de los inmuebles aledaños y del en que se actúa, y en donde el suscrito hago constar que después de anunciarme en la caseta de vigilancia y preguntar por la demandada, soy atendido por una persona de sexo masculino quien dijo llamarse ...,, a quien le hago saber el motivo de la diligencia y le pregunto por la demandada; manifestándome bajo protesta de decir verdad que es su patrona; que él es su empleado (chofer), y que la C. ... ahí vive, pero que en ese momento no se encuentra; no obstante lo anterior me indica que es su voluntad recibir la presente cédula de notificación y entregársela personalmente a la demandada. Persona con la cual entiendo la diligencia y con quien primeramente me identifico como funcionario del juzgado antes mencionado, en los términos de la credencial expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, procediendo así mismo (sic) a requerir a la citada persona para que también se identifique, lo cual SÍ hizo mediante su licencia para votar (sic) numero ..., documento que se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve a su propietario. Acto continuo, le hago entrega de la cédula de notificación que contiene el auto de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintidós, y con las copias simples exhibidas del escrito inicial de demanda y copia de los anexos agregados a la misma, debidamente selladas, foliadas y publicadas, procedo a correrle traslado y por su conducto emplazar a juicio a la parte demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su contestación, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, de conformidad con el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo le indico los apercibimientos y requerimientos decretados en dicho proveído, procediendo la persona con quien entiendo la diligencia a recibir los documentos antes mencionados, y a SÍ firmar de recibido la cédula de notificación, con lo que doy de cuenta al C. Juez para todos los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. SECRETARIO ACTUARIO (Una firma ilegible) LIC. ..." IV. El veintiuno de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva declarando la disolución del vínculo matrimonial y dejando a salvo los derechos de los divorciantes para hacer valer lo inherente a sus consecuencias. El emplazamiento citado y las actuaciones en el proceso de origen constituyen los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia del juicio respecto de los hijos infantes de la quejosa. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio de amparo es improcedente por falta de interés jurídico de los infantes quejosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De conformidad con lo dispuesto en ese precepto, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. En la especie, la ausencia de interés jurídico radica en el hecho de que los hijos de la quejosa no son parte dentro del proceso de origen y sus derechos, en lo individual no son los que están siendo debatidos en la contienda, pues la acción de divorcio incausado se planteó exclusivamente contra su progenitora, siendo sólo a ella a quien afecta la instauración del proceso. En efecto, esta acción es de naturaleza meramente personal basada en el vínculo matrimonial generado con el tercero interesado, y por ello no es un juicio de conocimiento al cual deben ser llamados los niños como parte expresa, dado que su representación legal reside en sus padres al tenor del artículo 427 del Código Civil de la Ciudad de México, que dispone: "ARTICULO 427.- La persona que ejerza la patria potestad representará también a los hijos en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente." Máxime que de la sentencia no se advierte que se hubiera impuesto alguna condena con relación a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial que involucre derechos de los infantes, y al no haberse hecho, opera la causal de improcedencia relativa. Ello obedece a que el interés jurídico debe probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." No es impedimento para resolver como se hace, que los hijos de la quejosa sean niños, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de los infantes, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga procedente lo improcedente; pues sostener esta afirmación, implicaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, página 486, novena época, enero de 2007, en materia común, con número de registro 173440, cuyo rubro y texto es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de los infantes quejosos, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio de amparo respecto de los niños hijos de la quejosa, de identidad protegida. SEXTO. Improcedencia del juicio invocada por el tercero interesado. El tercero interesado invocó la improcedencia de esta instancia constitucional argumentando que la quejosa se enteró de la existencia del procedimiento de origen desde el año dos mil veintidós, previo a la fecha que refirió en su demanda, pues refirió que el conocimiento del asunto se le puede atribuir desde: a) El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en que fue efectuado su emplazamiento. b) Abril del mismo año, pues refiere que el veintiuno de ese mes y año, él presentó un escrito dirigido a la carpeta de investigación con número de expediente ..., tramitada ante la Fiscalía Central de Investigación para la Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde específicamente en el antecedente 2, manifestó que había iniciado una demanda de divorcio y de guarda y custodia ante el Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar de esta ciudad. c) El seis de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación aludida y carpeta judicial ..., la Agente del Ministerio Público solicitó al referido órgano jurisdiccional remitir copia de la demanda de divorcio con propuesta de convenio relativas al expediente del que deriva el reclamo, por lo que el trece de ese mes y año, el Juzgado de lo Familiar ordenó remitir las constancias referidas. En ese sentido, refiere que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios que lo integran, dichas documentales fueron hechas del conocimiento de la quejosa con anterioridad al seis de diciembre de dos mil veintidós, en que refiere se enteró del juicio de origen. Con relación al inciso a), se desestima lo alegado, pues al ostentarse tercera extraña por equiparación al proceso de origen y reclamar el emplazamiento, se requiere una prospección de fondo para determinar lo conducente. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Por lo que ve a los incisos b) y c), es infundado lo alegado. Ello es así, pues el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, en los cuales se prevé un plazo diverso. En el presente asunto, el acto reclamado no se ubica en alguno de los extremos previstos en las citadas fracciones del precepto en estudio, pues deriva de un juicio de divorcio incausado. Ahora bien, el numeral 18 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con el precepto transcrito, el plazo para presentar la demanda se computa a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones; incluso sentó un precedente donde determinó que aún habiendo solicitado copias a la autoridad responsable, no puede reputarse el conocimiento con la simple autorización de su expedición, sino hasta que haya constancia de la recepción de dichas copias. Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, de la Novena Época, en Materia Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." En ese sentido, como se adelantó, es infundado lo alegado por el tercero interesado con relación al conocimiento que pretende atribuir a la parte quejosa respecto del juicio del que deriva el reclamo. Ello es así, pues indicó que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios que lo integran, la quejosa se enteró del divorcio incausado al haberse mencionado y recibido constancias de dicho asunto en la carpeta de investigación y carpeta judicial enunciadas por el tercero interesado. Lo anterior constituye una inferencia, pues el tercero interesado pretende que a través de un ejercicio deductivo, se concluya que la peticionaria tuvo un conocimiento completo del juicio de divorcio incausado ... del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar de esta ciudad, por haberse incorporado diversos datos y constancias de dicho procedimiento a las carpetas de investigación y judicial que refiere, lo que no puede considerarse como una prueba directa pues parte de una suposición. Incluso es importante destacar que con relación al conocimiento completo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la jurisprudencia P./J. 115/2010, con registro digital 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De dicho criterio se advierte que para estar en condiciones de atribuir a la parte quejosa la obligación de impugnar el acto que reclama en la sede constitucional, previo a la fecha en que se lo notificó la autoridad responsable, es necesario que exista en autos prueba fehaciente de que el accionante tuvo conocimiento completo del mismo, lo que no ocurre pues como se dijo, el tercero interesado pretende que el conocimiento se atribuya atendiendo al contenido genérico del Código Nacional de Procedimientos Penales y a los principios que lo rigen, mas no a alguna actuación directa emitida en las carpetas de investigación y judicial, donde se hiciera del conocimiento a la quejosa el juicio del que deriva el reclamo; sobre todo considerando que se ostenta tercera extraña por equiparación. En ese sentido, es infundada la causal de improcedencia alegada por el tercero interesado. Al no advertirse la actualización de alguna causal distinta a las mencionadas, lo conducente es entrar al estudio de fondo. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La quejosa refiere que se violan sus derechos de acceso a la justicia, audiencia, debido proceso, seguridad jurídica y legalidad contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, pues no fue notificada en su domicilio ubicado en Pachuca, Hidalgo. El motivo de disenso es fundado, suplido en su deficiencia conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, por los razonamientos que se expondrán a continuación. El inicio de la instancia judicial en el proceso, es la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional correspondiente, y no puede haber sentencia definitiva sobre una demanda, si la contraparte no es oída o debidamente citada para serlo; por ello, la relación jurídico procesal entre las partes, existe en el momento en que la demanda es notificada debidamente a la parte contraria, porque el acto de la notificación, citación a juicio o emplazamiento, produce como consecuencia, que pueda continuarse legalmente el procedimiento. Por lo anterior, el emplazamiento se considera como uno de los actos más importantes del proceso; al grado que su falta de verificación, o su práctica en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El numeral transcrito dispone que las autoridades judiciales están obligadas a observar los requisitos que señala la norma secundaria aplicable, y así cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Entre los diversos derechos humanos que integran la seguridad jurídica que reconoce el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa. Este mandamiento superior impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para cumplir con una serie de formalidades previo al acto de privación, a saber: Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Se cita al respecto la Jurisprudencia 1ª./J. 11/2014 (10ª.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Las formalidades previstas en el arábigo 14 (a las que se unen a las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del numeral 16 constitucional), se constituyen como elementos fundamentales y útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor trascendencia, pues permite al demandado conocer las reclamaciones que se le hacen y además, estar en condiciones de ejercer la defensa de sus intereses; es decir, de la legalidad del acto depende que las demás etapas de un proceso, se desarrollen con apego al marco constitucional. Los artículos 114, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles aplicable para la Ciudad de México, que regulan las notificaciones, en la parte que interesa contienen las normas para practicar el emplazamiento, mismas que deben entenderse como enunciativas y no limitativas, pues por la trascendencia del llamamiento al proceso, debe el Actuario proceder a fin de que éste se practique de la forma más cuidadosa y detallada posible, para abonar a su efectividad. El contenido de los numerales aludidos impone como lineamientos mínimos indispensables para la validez de la diligencia, los siguientes: El emplazamiento al demandado debe de practicarse personalmente. Las notificaciones personales deben entenderse con el interesado, su representante, mandatario, procurador o autorizado en autos. La cédula debe contener fecha, hora en que se entregue, clase de procedimiento, nombre y apellidos de las partes, Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, transcripción de la determinación que se manda notificar, nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, y levantamiento del acta en la que se agregará copia de la cédula entregada. Tratándose de la primera notificación en cualquier procedimiento, el notificador deberá: identificarse ante la persona con quien entienda la diligencia; requiriéndola para que a su vez haga lo propio, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquéllos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado, y las demás manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. Cuando se trate del emplazamiento y no se encontrare al demandado, se podrá hacer la notificación por cédula, la cual puede entregarse a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio del buscado, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí lo tiene la persona que deba ser notificada, exponiendo los medios por los que se cercioró de dicha circunstancia; además, deberá requerir la presencia del enjuiciado y hacer constar que después de formular dicho requerimiento, se le informó que éste no se encontraba en el domicilio. Al hacer entrega de la cédula con la persona con quien se entienda la diligencia, se anexará copia simple de la demanda, debidamente cotejada y sellada, y demás documentos que el actor hubiera exhibido, debiendo describirlos detalladamente. De todo lo anterior, debe asentarse una razón que contenga los pormenores de la diligencia y en la que consten los requisitos legales señalados; en la que se procurará recabar la firma de la persona con quien se entendió. En la especie, se considera que los requisitos que prevén las normas adjetivas que rigen al emplazamiento no están enteramente satisfechos y es así, puesto que en la diligencia de emplazamiento, el fedatario omitió describir cuáles fueron los documentos con los que se le corrió traslado. En efecto, se advierte del acta de emplazamiento, que el fedatario asentó: "[.] Acto continuo, le hago entrega de la cédula de notificación que contiene el auto de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintidós, y con las copias simples exhibidas del escrito inicial de demanda y copia de los anexos agregados a la misma, debidamente selladas, foliadas y publicadas, procedo a correrle traslado y por su conducto emplazar a juicio a la parte demandada [.]". Conforme a dicha transcripción, no es posible afirmar que la peticionaria contó con los documentos necesarios para ejercer su derecho a la defensa ante la potestad común, y que resulta indispensable para tal efecto, en la medida que con ellos se dan a conocer todos los planteamientos de la actora en su demanda y los documentos en los que apoya la acción, pues sólo así se puede dar una contestación eficiente y jurídicamente razonada; máxime cuando en el caso acompañó diversos documentos a modo de prueba. Para ello, debe considerarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Lo anterior, conforme al criterio de jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, en Materia(s): Civil, intitulada: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", donde el criterio sostenido fue el siguiente: "Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado." Por tanto, la simple manifestación de correr traslado con un juego de copias simples de la demanda y los documentos anexos, impide establecer con toda exactitud qué elementos fueron entregados a la parte demandada como parte fundamental de la acción planteada en su contra, siendo necesario hacer constar esta circunstancia para contar con los datos que den cuenta de que el incoado tuvo todos los elementos necesarios para desplegar su defensa. Lo anterior impide establecer con toda exactitud que a la demandada le fueron entregados todos los documentos relacionados al inicio de la acción, pues se omitió efectuar su descripción detallada. Ello, cobra relevancia si se toma en cuenta, que en las constancias del juicio de origen se advierte que con la demanda se exhibieron: una propuesta de convenio, un acta de matrimonio, diversas actas de nacimiento, una copia de la credencial para votar del tercero interesado, un estado de cuenta relativo a los derechos por el suministro de agua, diversos recibos de nómina, diversos comprobantes fiscales y su verificación, un contrato de arrendamiento, diversos estados de cuenta de un club de golf, una impresión de una transferencia bancaria y diversos folios reales, lo cual no fue descrito a detalle por el fedatario. Aspectos que pueden llegar a ser materia de excepción, prueba, contradicción y litigio; de modo que, si no se tiene plena certeza de la entrega de dichas piezas, entonces el llamamiento se torna irregular dada la incertidumbre en cuanto a lo que fue entregado como traslado. Es así, pues para una adecuada defensa es primordial que se tenga conocimiento de la totalidad de los escritos iniciales (donde se precisa la vía, prestaciones y el motivo del desacuerdo entre las partes), documentos fundatorios de la acción (títulos o contratos donde consta la obligación de las partes) y, en su caso, del poder con que el actor acredita su personalidad, para que el demandado pueda plantear sus excepciones y defensas. De ahí que, lo asentado por el Actuario responsable no permite determinar que se haya corrido traslado con la demanda y cada uno de los documentos que se anexaron, así como del escrito aclaratorio, puesto que sólo refirió que corrió traslado con copias selladas y cotejadas de la demanda y sus anexos, sin describirlos. La suma de esos razonamientos es suficiente para concluir que el emplazamiento es irregular; y siendo así, se impone conceder la protección constitucional a la peticionaria por una violación al debido proceso legal. Atento a lo anterior, resulta innecesario realizar alguna prospección sobre el material probatorio exhibido por la quejosa, dado que no cambiaría el sentido de este fallo, pues la falta de requerimiento de su presencia en el emplazamiento y la omisión de describir los documentos con los que se le corrió traslado, basta para otorgar la protección por incumplimiento a un deber jurisprudencial. Con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad al emplazamiento reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el juez responsable: a) Deje insubsistente las diligencias de emplazamiento de la quejosa, y todo lo actuado con posterioridad. b) Reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen El efecto precisado se funda en el criterio de jurisprudencia 1ª./J. 99/2017 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2015693, que establece: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Protección constitucional extensiva a todos los actos posteriores a la diligencia analizada, incluyendo sus consecuencias; porque desde el origen, es decir, desde el emplazamiento, existen vicios que dejaron sin defensa a la parte accionante de amparo, por lo que lo actuado con posterioridad también queda sin efectos, pues resultan ser una consecuencia directa del emplazamiento reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo por lo que hace a los infantes ... y ...., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en el diverso sexto. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, indicados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a las once horas del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo citado al rubro; y que el asunto se encuentra en estudio para dictar la resolución correspondiente, en tales condiciones, con el ocurso de cuenta, fórmese el expedientillo correspondiente y se provee lo siguiente: Agréguese el escrito del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa; en atención a su contenido, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA contra la audiencia constitucional celebrada el ocho de noviembre del año en curso. Previo a rendir el informe sobre la materia de la queja, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, requiérase a las partes para que en el término de tres días, legalmente computado, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal de alzada para la resolución de la queja, pudiendo este órgano jurisdiccional adicionar las que estime pertinentes. Con copia del escrito de cuenta, córrase traslado a la representación social de la federación adscrita para los efectos legales correspondientes. Fenecido el plazo concedido, envíese el escrito y copia del recurso de queja, el informe sobre la materia de la queja y las constancias que correspondan. Una vez que el suscrito tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que fue turnado, sin necesidad de nuevo pronunciamiento, se instruye al personal de este juzgado, para que habilite a la superioridad la consulta del expediente electrónico en su totalidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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