Esperanza Islas Velazquez

Expediente 837/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
837/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
14/09/2015

Partes del expediente

  • Esperanza Islas Velazquez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    A sus autos el oficio 1212/2015, de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, conjuntamente con la Secretaria de Amparos, mediante el cual remiten el escrito de Óscar Guerrero Riveros; en atención al mismo, téngasele por apersonado en el presente asunto como tercero interesado, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y como autorizados, únicamente en términos del segundo párrafo del artículo 12, en relación con el numeral 24, de la Ley de Amparo, a Ramiro Guerrero Mata y Félix Rosales Márquez, hasta en tanto cumplan con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, modificado, adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, Título Noveno del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, artículos 181 a 184, por lo que, en todo caso deberán constituirse ante el personal actuante de este tribunal, para solicitar dicho registro, asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, de la citada ley de la materia, se tienen por presentados sus alegatos, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE AGOSTO PASADO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR, HAGASE DEL CONOCIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE DE ORIGEN Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 1191/2015, de la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 5214/2015, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado y remite original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Esperanza Islas Velázquez, por propio derecho, requisitoria 103/2015; así como copias certificadas del toca civil 310/2014-II y testimonio de apelación 1605/2013: en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la ley de la materia, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, disposición legal que refiere textualmente lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de dos de junio de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 310/2014-II, deducido del juicio escrito familiar de liquidación de sociedad conyugal, promovido por Óscar Guerrero Riveros, en contra de la hoy quejosa. Por otra parte, de las copias certificadas del toca civil remitido, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, se observa a foja noventa y cinco, que la notificación del acto reclamado se realizó a la quejosa por medio de lista el doce de junio del presente año, la cual surtió sus efectos al día hábil siguiente, atento a lo establecido por el ordinal 94 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, que a continuación se transcribe: "Artículo 94.- Los términos y plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación." Asimismo, en la certificación realizada en el escrito de demanda por la secretaria de amparos de la sala civil, conforme a lo ordenado por el numeral 178 de la Ley de Amparo, indica como fecha de notificación del acto reclamado a la parte quejosa el doce de junio de dos mil quince, misma que coincide con la asentada en el expediente civil ya referido; y la presentación de la demanda de garantías fue el siete de julio del mismo año, mediando como días inhábiles el veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de junio, así como cuatro y cinco de julio de dos mil quince. Bajo ese orden de ideas y, toda vez que la notificación del acto reclamado surtió el día hábil siguiente, esto es el quince de junio de la presente anualidad, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías transcurrió del dieciséis de junio al seis de julio de dos mil quince; por tanto, si la demanda fue presentada ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, hasta el siete de julio de dos mil quince, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por la quejosa, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el artículo 17, de la ley de la materia. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Esperanza Islas Velázquez, por propio derecho, contra la sentencia de dos de junio de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 310/2014-II, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 del dispositivo legal en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis XXIX.2o.2 C (10ª), de este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, de la Décima Época, página 3005, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONAE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen que el plazo genérico para la interposición del amparo es de quince días, y su cómputo iniciará desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Ahora bien, del análisis de los numerales 109 a 116 y 119 a 126 del capítulo V, denominado "Notificaciones" del título segundo, intitulado "Reglas generales" del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, se advierte que no hay una regla específica que determine el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones. En ese sentido, para suplir la oscuridad o insuficiencia de esa disposición, debe acudirse al principio interpretativo pro personae, contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, consecuentemente, preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos de la persona humana, y armonizarlo con el derecho humano de los particulares al acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la propia Constitución; y establecer, que aun cuando el señalado código no prevea expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, en atención al mayor beneficio para las partes, el juzgador deberá considerar, que será al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo así el quejoso contará con uno más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de su demanda de amparo, lo que no sucedería en el caso de que surtieran efectos el mismo día.". Asimismo, con fundamento en lo estipulado en el diverso numeral 26, fracción III, en relación con el 29 de la ley de la materia, notifíquese por medio de lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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