Esperanza Ignacia Gutierrez Padilla

Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
113/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Esperanza Ignacia Gutierrez Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito con anexo presentado por Esperanza Ignacia Gutiérrez Padilla, mediante el cual subsana la prevención formulada en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. Ahora, en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa refiere que reclama de la autoridad responsable Notario Público Número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en la Ciudad de Tetecala, Morelos, José Antonio Ordóñez Ocampo: La omisión de entregar el testimonio original de la escritura pública número 1,603 de treinta de diciembre de dos mil quince, debido a que no está inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado. En ese sentido, este órgano constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que reclama no debe considerarse como de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha evolucionado en la medida en que la actuación de los entes del Estado trasciende a la esfera jurídica de los derechos fundamentales de los gobernados; es decir, en la actualidad ya no solamente se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, como se advierte de la redacción del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, o bien, aquélla que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho; sino que a través de los criterios de los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación, se ha ido matizando el concepto de autoridad responsable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada ente al que se asigna ese carácter, en relación con su proceder que se tilda de inconstitucional. Orienta lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 199459, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así las cosas, las notas que en la actualidad distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por otra parte, es necesario establecer que la teoría general del derecho distingue tres tipos de relaciones jurídicas: 1.- De coordinación, que consisten en los vínculos entablados entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; 2.- De supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos del Estado y los gobernados, principalmente en materias de derecho público, donde la autoridad del gobernante se impone directa y unilateralmente, sin requerir la actuación de un tribunal, y teniendo como límite de su actuación los derechos fundamentales; y, 3.- De supraordinación, que se entablan entre los diferentes entes estatales, en el desempeño de sus atribuciones. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 194367, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Ahora bien, la omisión de entregar el testimonio original de la escritura pública número 1,603 de treinta de diciembre de dos mil quince, debido a que no está inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado atribuida al Notario Público Número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en la Ciudad de Tetecala, Morelos, José Antonio Ordóñez Ocampo, no constituye acto de autoridad. En apoyo a lo anterior, se hace énfasis que los notarios tienen una función de orden público, toda vez que actúan por delegación del Estado, con el fin de satisfacer a los gobernados respecto a sus necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos, por lo que la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Por ende, al Notario Público Número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en la Ciudad de Tetecala, Morelos, José Antonio Ordóñez Ocampo, no le reviste el carácter de autoridad responsable en el juicio en el que se actúa. Es aplicable al presente asunto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 2000397, del rubro y texto siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, los notarios tienen una función de orden público, toda vez que actúan por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; aunado a que son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y quienes pagan por éstos; por tanto, la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como una nota esencial de los actos de autoridad. De modo que cuando el notario público formaliza un acto jurídico como la enajenación de un bien inmueble o un poder general para actos de dominio, no lleva a cabo algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Es aplicable también al presente asunto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 2010063, del rubro y texto siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, el criterio aislado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que cita la parte quejosa, pues al ser un criterio aislado, no vincula ni es obligatorio para este Órgano Jurisdiccional, aunado a que no es emitido por un Tribunal de este circuito, por lo que en todo caso, sólo las tesis jurisprudenciales son de acatamiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese sentido, como ya se vio, los Notarios Públicos no tienen una relación de supra a subordinación para con el gobernado, ni sus actos crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; por tanto, se concluye que la intervención de un notario en la preparación y elaboración de una escritura pública no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque únicamente da fe y protocoliza el acto que le fue sometido por los particulares; lo que demuestra ser una relación de coordinación derivada de la prestación del servicio encomendado al citado Notario; por tanto, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad, por estar dirigido a un ente que en el caso concreto, actúa en un plano de coordinación y, por ende, no tiene el carácter de autoridad para el juicio de amparo. Además, el hecho de que en ocasiones, por determinación de la Ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, no puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de esos actos o hechos; en ese sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como un servicio que otorga autenticidad al acto de que se trata, sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se creen, modifiquen o extingan, de manera unilateral, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares. Por ello, la omisión reclamada del notario no puede ser considerada de autoridad para los efectos del amparo, en apoyo de lo anterior es de invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2020413 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 41/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1144 Tipo: Jurisprudencia "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de ocho de febrero de dos mil veintidós, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa**** el proveído de cuatro de los actuales, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. ACUERDO DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada. Prevención Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracciones IV y V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: ÚNICO. Toda vez que la quejosa en su ocurso de demanda se duele de lo siguiente: En vía de antecedentes, requiérasele para que manifieste si ha solicitado por escrito, a la autoridad responsable la devolución del instrumento notarial que aduce; lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la litis constitucional y la autoridad responsable esté en aptitud de rendir su informe justificado en relación a los actos que en particular se le atribuye. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cuatro de febrero de dos mil veintidós. SE PREVIENE DEMANDA. Notifíquese personalmente.

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