Esperanza Huitrón Vázquez

Expediente 641/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
641/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Esperanza Huitrón Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativa 148/2018, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por este juzgado que desechó la demanda de amparo; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara procedente pero infundado el recurso de queja." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Osiel Isaí Trancoso Calderón, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por la quejosa Esperanza Huitrón Vázquez, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído veinticinco de julio de dos mil dieciocho; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado que por Materia y Turno le corresponda conocer del recurso de mérito, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que este juzgado federal estime pertinentes, para el efecto de que se substancie el recurso de mérito. Ahora bien, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto únicamente el acto relativo a la emisión del proveído que refiere Notifíquese.

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Acapulco, Guerrero; veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Esperanza Huitrón Vázquez, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 641/2018, y fórmese expediente. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el proceso legislativo de las siguientes leyes: 1. La Ley de Hacienda Municipal número 492, en específico los artículos 9, 10, 15, 18, 21, 25, 26, 61, fracción I, 62, fracción I y 63, fracción I; asimismo, la aplicación de la misma ley que se tilda de inconstitucional, materializada en el cobro del impuesto predial, mediante los recibos de pago G-503 y G-504. 2. La Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en específico los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, inciso a), 31, inciso a) y 32, inciso a); asimismo, la aplicación de la misma ley que se tilda de inconstitucional, materializada en el cobro del impuesto predial, mediante los recibos de pago G-503 y G-504. 3. La Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, en específico los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24 y 31; asimismo, la aplicación de la misma ley que se tilda de inconstitucional, materializada en el cobro del impuesto predial, mediante los recibos de pago G-503 y G-504. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18, de la citada ley de la materia, en virtud de que la promoción de la demanda de amparo debió efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la peticionaria tuvo conocimiento respecto de tales actos. Los citados numerales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora bien, tenemos que el juicio de amparo que ahora se intenta, como ya se adelantó deviene improcedente al haberse presentado la demanda de manera extemporánea; pues el cómputo de quince días para su promoción empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el que tuvo conocimiento del acto que reclama, es decir, desde el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo anterior por así haberlo manifestado la quejosa bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del citado código adjetivo, para tener por acreditado que a partir de esa fecha (veintinueve de junio de dos mil dieciocho), tuvo pleno conocimiento del acto reclamado. Resulta aplicable la jurisprudencia visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Junio de 1996, página 57, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De ahí que, el término para instar el juicio de amparo le transcurrió al día siguiente en que tuvo conocimiento del mismo, es decir, desde el dos al veinte de julio del año en curso, descontándose los días siete, ocho, catorce y quince del mes actual, por haber sido inhábiles. Por tanto, es indudable que a la fecha de presentación de la demanda (veintitrés de julio de dos mil dieciocho, como consta en el sello de su recepción) ya había fenecido el plazo que otorgan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; y por ende, fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa. En tal virtud, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en condominio 31, casa 5, fraccionamiento Las Garzas, parcela 139, zona 1, pol 1/1, carretera La Poza, Llano Largo, Ejido Llano Largo, en esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Jacinto Limón Vázquez, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredite como profesional del derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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