Esperanza Hernández Ortega
Expediente 870/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Esperanza Hernández Ortega
- Segunda Sala Civil Y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto del doce de marzo de dos mil veinte, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del tres de enero de dos mil veinte, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta que suscribe Alejandra Acevedo González, en su carácter de autorizada en términos amplios de la quejosa, atento a su contenido, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las documentales que refiere en su escrito, dada su propia y especial naturaleza y con ellas hágase relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre conforme al numeral 124 del citado ordenamiento legal. En relación a la testimonial, anunciada a cargo de Diego Sergio Arturo Campos Campos, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada en tiempo y forma la citada prueba; que habrá de desahogarse en la audiencia constitucional que tendrá verificativo dentro de este juicio; distribúyase copia del interrogatorio correspondiente, entre las demás partes para que si es su deseo estén en posibilidad de ampliarlo dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, por escrito con las repreguntas que habrán de formularse al momento del desahogo de la audiencia. En atención a que la parte quejosa se compromete a presentar al citado testigo, requiérasele para que lo presente en las oficinas que ocupa este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el día y hora que se fijan para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, en que se llevará a cabo el desahogo del citado elemento de convicción, debidamente identificado con documento oficial vigente y con fotografía, apercibida que de no hacerlo, se decretará la deserción de dicha prueba por falta de interés procesal en su desahogo. Tiene aplicación a lo anterior la tesis VI. 1° 56 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientas ochenta y cuatro, tomo XV-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, materia común, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA SU DESAHOGO, FACULTA AL JUEZ DE DISTRITO PARA DECLARARLA DESIERTA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, se desprende en primer lugar que la información testimonial se desahoga en la audiencia constitucional, y en segundo lugar que el oferente debe aportar los elementos necesarios para ello, como lo es exhibir el interrogatorio respectivo al momento de anunciarla y presentar a los testigos al celebrarse la audiencia constitucional. El único caso de excepción en términos del artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, es cuando éste al anunciar la prueba manifiesta su imposibilidad para lograr su comparecencia, debiéndose señalar su domicilio respectivo, para que el juez de Distrito tenga la obligación de citarlos, con el apercibimiento correspondiente. Siendo así, la circunstancia de que no se hubiera prevenido al oferente para que presentara a sus testigos en la audiencia constitucional, ello no quiere decir que el a quo al declararla desierta actúe en forma rigorista, sino atento a lo previsto en el citado artículo 151 de la Ley de Amparo". En el entendido que desde este momento, no se autoriza la ampliación del interrogatorio, ni la sustitución de testigos, toda vez que la prueba testimonial tiene que ofrecerse con cinco días de anticipación a la audiencia constitucional, debiendo contener la totalidad de las preguntas que han de formularse, previa calificativa de las mismas. Sobre el particular, tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página ciento setenta y una, Tomo 115-120, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "TESTIGOS EN EL AMPARO, AMPLIACION NO PERMITIDA DEL INTERROGATORIO A." Igualmente, tiene aplicación, la jurisprudencia 1ª./J.64/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 385, tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO, LA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE SU SUSTITUCIÓN DEBE PRESESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSITUTICIONAL." Respecto a la prueba de inspección judicial adminiculada con testimonio de vecinos contiguos, que anuncia y pretende para demostrar que María del Carmen Lara Salazar no vive, no labora y no ha laborado en el domicilio ubicado en calle Francisco García Salinas, número cuatrocientos ocho, colonia C.N.O.P. de la ciudad de Zacatecas; dígase a la promovente que no ha lugar a tener por anunciada la referida probanza, en atención a que, es de advertirse que dicho medio probatorio no es el idóneo para acreditar lo que se pretende demostrar, esto es, que María del Carmen Lara Salazar no vive, no labora y no ha laborado en el domicilio indicado, ya que su única finalidad es que se compruebe por medio de los sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dice existen, pero como lo que se pretende demostrar requiere de una observación permanente, no puede realizarse en una diligencia como la que ahora se pretende dada su limitada duración. Sirve de apoyo en lo conducente a lo anterior la Tesis IV. 3o. 140 C, con Registro 209759, Página 391, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INSPECCION JUDICIAL. PRUEBA DE. NO ES LA IDONEA PARA DEMOSTRAR LA HABITACION DE UN DOMICILIO. Si se ofrece la prueba de inspección judicial para determinar quién o quiénes viven en los domicilios a inspeccionar, es de concluirse que ésta no es el medio idóneo para probar la habitación de una persona, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen, y dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial." De igual manera, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y siete, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Notifíquese, personalmente a las partes. Lo acordó y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Verónica Araceli Loera Raudales, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE TERCERO INTERESADA: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta que suscribe Alejandra Acevedo González, en su carácter de autorizada en términos amplios de la quejosa, atento a su contenido, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las documentales que refiere en su escrito, dada su propia y especial naturaleza y con ellas hágase relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre conforme al numeral 124 del citado ordenamiento legal. En relación a la testimonial, anunciada a cargo de Diego Sergio Arturo Campos Campos, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada en tiempo y forma la citada prueba; que habrá de desahogarse en la audiencia constitucional que tendrá verificativo dentro de este juicio; distribúyase copia del interrogatorio correspondiente, entre las demás partes para que si es su deseo estén en posibilidad de ampliarlo dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, por escrito con las repreguntas que habrán de formularse al momento del desahogo de la audiencia. En atención a que la parte quejosa se compromete a presentar al citado testigo, requiérasele para que lo presente en las oficinas que ocupa este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el día y hora que se fijan para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, en que se llevará a cabo el desahogo del citado elemento de convicción, debidamente identificado con documento oficial vigente y con fotografía, apercibida que de no hacerlo, se decretará la deserción de dicha prueba por falta de interés procesal en su desahogo. Tiene aplicación a lo anterior la tesis VI. 1° 56 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientas ochenta y cuatro, tomo XV-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, materia común, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA SU DESAHOGO, FACULTA AL JUEZ DE DISTRITO PARA DECLARARLA DESIERTA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, se desprende en primer lugar que la información testimonial se desahoga en la audiencia constitucional, y en segundo lugar que el oferente debe aportar los elementos necesarios para ello, como lo es exhibir el interrogatorio respectivo al momento de anunciarla y presentar a los testigos al celebrarse la audiencia constitucional. El único caso de excepción en términos del artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, es cuando éste al anunciar la prueba manifiesta su imposibilidad para lograr su comparecencia, debiéndose señalar su domicilio respectivo, para que el juez de Distrito tenga la obligación de citarlos, con el apercibimiento correspondiente. Siendo así, la circunstancia de que no se hubiera prevenido al oferente para que presentara a sus testigos en la audiencia constitucional, ello no quiere decir que el a quo al declararla desierta actúe en forma rigorista, sino atento a lo previsto en el citado artículo 151 de la Ley de Amparo". En el entendido que desde este momento, no se autoriza la ampliación del interrogatorio, ni la sustitución de testigos, toda vez que la prueba testimonial tiene que ofrecerse con cinco días de anticipación a la audiencia constitucional, debiendo contener la totalidad de las preguntas que han de formularse, previa calificativa de las mismas. Sobre el particular, tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página ciento setenta y una, Tomo 115-120, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "TESTIGOS EN EL AMPARO, AMPLIACION NO PERMITIDA DEL INTERROGATORIO A." Igualmente, tiene aplicación, la jurisprudencia 1ª./J.64/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 385, tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO, LA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE SU SUSTITUCIÓN DEBE PRESESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSITUTICIONAL." Respecto a la prueba de inspección judicial adminiculada con testimonio de vecinos contiguos, que anuncia y pretende para demostrar que María del Carmen Lara Salazar no vive, no labora y no ha laborado en el domicilio ubicado en calle Francisco García Salinas, número cuatrocientos ocho, colonia C.N.O.P. de la ciudad de Zacatecas; dígase a la promovente que no ha lugar a tener por anunciada la referida probanza, en atención a que, es de advertirse que dicho medio probatorio no es el idóneo para acreditar lo que se pretende demostrar, esto es, que María del Carmen Lara Salazar no vive, no labora y no ha laborado en el domicilio indicado, ya que su única finalidad es que se compruebe por medio de los sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dice existen, pero como lo que se pretende demostrar requiere de una observación permanente, no puede realizarse en una diligencia como la que ahora se pretende dada su limitada duración. Sirve de apoyo en lo conducente a lo anterior la Tesis IV. 3o. 140 C, con Registro 209759, Página 391, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INSPECCION JUDICIAL. PRUEBA DE. NO ES LA IDONEA PARA DEMOSTRAR LA HABITACION DE UN DOMICILIO. Si se ofrece la prueba de inspección judicial para determinar quién o quiénes viven en los domicilios a inspeccionar, es de concluirse que ésta no es el medio idóneo para probar la habitación de una persona, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen, y dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial." De igual manera, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y siete, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Notifíquese, personalmente a las partes. Lo acordó y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Verónica Araceli Loera Raudales, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe.
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