Esperanza González Gaytán

Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
246/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Esperanza González Gaytán

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa, haya recurrido el auto de quince de marzo del año en curso, notificado por lista a la parte quejosa el dieciséis marzo del año en curso, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; por lo que se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Ahora, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintitrés. Escrito aclaratorio de demanda. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por los quejosos ********** por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad **********, así como **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********; mediante el cual desahogan en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de ocho de marzo del año en curso, así acuérdese lo que en derecho corresponda: Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que en el caso se actualiza, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Para llegar a la anterior conclusión, es necesario precisar los actos que reclama la parte quejosa en el presente juicio, por tanto del contenido íntegro de su escrito inicial de demanda se desprende que dichos actos esencialmente consisten en: 1. NOTIFICACIÓN ILEGAL. El ordenamiento de la ilegal notificación, relativo al juicio de procedimiento especial DIVORCIO INCAUSADO promovido ante la ordenadora en el expediente número **********, llevado a cabo por la CIUDADANA TÉCNICO JUDICIAL EN FUNCIONES DE NOTIFICADORA ADSCRITA AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, con de fecha uno de julio del año dos mil veintidós, en primer lugar porque se realizó sin las formalidades esenciales del procedimiento; las firmas que aparecen en la notificación supuestamente practicadas por el funcionario judicial no corresponden a la de los suscritos. 2. DECLARA REBELDÍA Y PÉRDIDA DE DERECHOS PROCESALES. Como consecuencia de lo anterior, se reclama la razón de ocho de agosto de dos mil veintidós, donde se declara la rebeldía y la pérdida de derechos procesales a favor de los suscritos, razón que fue dictada dentro del expediente número **********. 3. MODIFICACIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA. Se le reclama el ACUERDO DE AUDIENCIA DE FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, donde la JUEZA CUARTO DE LO FAMILIAR .modifica la medida provisional de la pensión alimenticia a favor de los suscritos. 4. OFICIO DE DESCUENTO. Finalmente se le reclama la orden del oficio de descuento a la fuente laboral del tercero interesado, donde se hace efectiva la cancelación de la pensión alimenticia a partir del catorce de febrero del presente año. B) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA SE RECLAMA: 1. NOTIFICACIÓN ILEGAL Y DOLOSA. Se le reclama la ilegal y dolosa notificación de fecha uno de julio de dos mil veintidós, que la TÉCNICO JUDICIAL EN FUNCIONES DE NOTIFICADORA DEL JUZGADO CUARTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, supuestamente practico a los suscritos, siendo testigo o participe de la falsificación del estampado de nuestras firmas autógrafas. No obstante lo anterior, como se advierte del contenido íntegro de la demanda de amparo en estudio y por así advertirse de los conceptos de violación, se concluye que la quejosa reclama dos actos a saber: a) La notificación practicada en el expediente **********, del índice de la responsable, respecto de la notificación con de fecha uno de julio del año dos mil veintidós, porque según refiere la quejosa, se realizó sin las formalidades esenciales del procedimiento. b) Como consecuencia de lo anterior, la declaración de rebeldía y pérdida de derechos procesales, la modificación de medida provisional de la pensión alimenticia decretada a favor de los quejosos, así como el oficio de los descuentos. Anotado lo anterior, se precisó que respecto del acto reclamado consistente en la notificación practicada en el expediente **********, del índice de la responsable, respecto de la notificación con de fecha uno de julio del año dos mil veintidós, dicha notificación puede combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones, de conformidad con el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que a la letra establece: Artículo 1.187. Nulidad de notificaciones. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Bajo ese contexto, resulta que en contra de la notificación de uno de julio del año dos mil veintidós, dentro del expediente 1834/2012, del índice de la responsable, se advierte que procede el incidente de nulidad de notificaciones. En las relatadas condiciones, si la promovente se abstuvo de agotar el incidente de nulidad de notificaciones como medio de impugnación, antes de acudir ante este órgano de control constitucional y por ende no agotó el principio de definitividad, se hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de Ley de Amparo. Lo que se corrobora con las propias manifestaciones de la quejosa en su escrito de desahogo, en el cual bajo protesta de decir verdad, señala que no promovió diverso juicio o recurso, toda vez que solo contaba con tres días para el incidente correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por reiteración VI.1o. J/78, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Enero de 1993, Octava Época, pagina 99, con registro 217466, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." De igual forma es aplicable al caso concreto la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo anterior es así, porque el multicitado principio de definitividad, establece que sólo es procedente el juicio de amparo contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, por lo tanto, es claro que el juicio de amparo procede únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso o medio de impugnación alguno, cuestión que no se actualiza en el caso concreto que nos ocupa. Aunado a lo anterior, no se surten los supuestos de excepción de la fracción XVIII, del artículo 61 de Ley de Amparo, esto es: a) No son actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; pues versan sobre actos procesales relativos a la controversia familiar suscitada. b) No consisten en orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) No es persona extraña a juicio, puesto que tal y como se advierte del escrito de desahogo, la quejosa es parte dentro del juicio principal del índice de la responsable; y d) No se trata de un auto de vinculación. Ahora bien, respecto del segundo acto reclamado, como vía de consecuencia, la declaración de rebeldía y pérdida de derechos procesales, la modificación de medida provisional de la pensión alimenticia decretada a favor de los quejosos, así como el oficio de los descuentos respectivos, debe decirse que al no haberse agotado el principio de definitividad respecto de la nulidad de notificación antes aludido, éste juzgado, considera que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que al respecto establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Ello es así , pues al no haberse interpuesto el incidente de nulidad dentro del expediente **********, del índice de la responsable, la parte quejosa no combatió los citados actos dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo tanto es claro que los mismos fueron consentidos de manera tácita, en virtud que, se reitera, la parte quejosa es parte del juicio de origen y fue omisa en interponer el medio ordinario de defensa correspondiente. Máxime que de interponerse el incidente de mérito en contra de la notificación a la quejosa del uno de julio del año dos mil veintidós, dentro del referido expediente **********- suponiendo sin conceder, sería patente la posibilidad de que todo lo actuado como consecuencia de ello se declarase nulo, de ser fundada, en su caso. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por ********** por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad **********, así como **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, por propio derecho. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos de la Jueza Cuarta Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 246/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda de amparo. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)". Con base en la porción normativa que precede, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: ? Irregularidades, como podría ser imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, entre otros. ? Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, como el señalamiento preciso del acto que de cada autoridad se reclame. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualizan los dos supuestos señalados, como enseguida se demuestra. En principio, cabe destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa **********, promueve por propio derecho, señalando como acto reclamado la ilegal notificación del procedimiento especial de divorcio Incausado, realizada por la ciudadana Técnico Judicial en Funciones de Notificadora adscrita al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con fecha uno de julio de dos mil veintidós y como consecuencia de ello , la declaración en rebeldía y pérdida de derechos procesales de ocho de agosto de dos mil veintidós. De igual forma, como acto reclamado, señala la modificación de la medida provisional de la pensión alimenticia dictada en veinte de diciembre del dos mil veintidós, en la que la responsable modifica la medida provisional de la pensión alimenticia, y refiere que no queda claro dicha prestación a favor de su menor hijo ********** de diecisiete años de edad. Asimismo, reclama la orden del oficio de descuento a la fuente laboral del tercero interesado, en la que hace efectiva la cancelación de la pensión alimenticia a partir del catorce febrero del año en curso. Sin embargo, dichos actos resultan, imprecisos, puesto que no se advierte si la quejosa acude al presente juicio por propio derecho, o bien, en representación de sus hijos, ello es así, ya que del capítulo de antecedentes, se advierte que la quejosa refiere que la pensión alimenticia fijada por la responsable, es a favor de sus cinco hijos, sin que se tenga certeza si son menores de edad. Lo anterior, se torna relevante, puesto que en el proemio de la demanda que nos ocupa, únicamente aparece la quejosa **********, promoviendo por propio derecho, sin embargo, dicha demanda se encuentra firmada por quienes al parecer, son sus hijos a saber: 1. ********** 2. ********** 3. **********; y 4. ********** González Circunstancia que se advierte de sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, lo cual esta Juzgadora considera necesaria su aclaración, para estar en aptitud de fijar la litis en el presente asunto. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis XX.57 K, visible en la página 87, tomo III, marzo de 1996, Novena época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS." Por tanto, a efecto de proveer sobre su admisión, requiérase a la quejosa **********, promoviendo por propio derecho, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; desahogue los siguientes requerimientos, con fundamento en lo previsto por los artículos 108, fracción V, en relación al diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.": a) Aclare de manera precisa y concreta si la demanda que promueve es por propio derecho, y/o en representación de sus cinco hijos, en éste último caso, deberá señalar con precisión la edad de cada uno. b) Señale si tuvo participación en el juicio familiar **********, de índice de la autoridad responsable y con qué calidad fungió c) Deberá indicar el estado procesal en el que se encuentra el juicio familiar ********** del índice de la responsable. d) Deberá manifestar si promovió diverso juicio o medio de defensa contra los actos que reclama y, de ser así, el estado procesal que guarda y el lugar de su radicación. Bajo protesta de decir verdad d) La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Cabe precisar que dicha carga procesal, deberá ser desahogada únicamente por la parte promovente. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a./J. 88/2006, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena época, Registro digital: 174745; de rubro DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Finalmente, toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, en términos del artículo 108, y 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo, deberán exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados a las partes que intervienen en el presente juicio, dado que forman parte integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase al quejoso que de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Por otro lado, tal y como lo solicita las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.

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