Esperanza García Zamudio
Expediente 406/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esperanza García Zamudio
- Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mtro. Luis Fernando Rodriguez Vera)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del oficio CCJ/ST/3731/2022, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para sustentar la segunda etapa del Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, en términos del artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 406/2022, promovido por Esperanza García Zamudio, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Esperanza García Zamudio, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y de otras autoridades. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite y la registró bajo el número 406/2022; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos son reclamados a autoridades que residen dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de conformidad con el criterio citado, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El oficio UMSNH_CELAB_003_2022, de fecha siete de abril de dos mil veintidós, en el que se determinó lo siguiente: Se revocó el acta de veinticinco de noviembre de milnovecientos noventa y tres; Se revocó también el acta circunstanciada de hechos del recorrido que se llevó a cabo con el Director de Patrimonio Universitario de seis de noviembre de dos mil diecinueve, así como cualquier disposición, documento o declaración que contravenga en todo o en parte el acuerdo contenido en el citado oficio; Se requirió al quejoso y otras personas, para que en el término de veinticuatro horas, se retiraran del espacio conocido como "Centro Gastronómico" ubicado al interior de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y recogieran sus pertenencias, con el apercibimiento que de no hacerlo, serían lanzados a su costa y sin responsabilidad para la universidad; y, Finalmente, se determinó que a partir de esa fecha, quedaba prohibida cualquier venta de alimentos y bebidas en ese espacio universitario. Acto atribuido a las siguientes autoridades responsables: Rector; Consejo Universitario; Presidenta del Comité de Enajenaciones, Licenciamientos y Arrendamientos de Bienes Patrimoniales; Secretario Ejecutivo del Comité de Enajenaciones, Licenciamientos y Arrendamientos de Bienes Patrimoniales; y, Apoderado Jurídico. Todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Apoderado Jurídico, Rector, y Presidente del Consejo Universitario, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no obstante que al rendir su informe justificado el citado apoderado jurídico por sí y en cuanto representante legal de las restantes autoridades haya negado la existencia de los mismos, pues a continuación señalaron que el contenido general del oficio reclamado, así como el punto III, respecto del cual se ha concedido la suspensión, no afecta de manera real y actual la esfera jurídica de la quejosa; por tanto, procede tener por ciertos los actos reclamados a las autoridades en cita en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, en términos de lo que dispone el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, deben tenerse por ciertos los actos reclamados a las autoridades Presidenta del Comité de Enajenaciones, Licenciamientos y Arrendamientos de Bienes Patrimoniales, y Secretario Ejecutivo del referido Comité, quienes fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante que fueron oportunamente notificados de la admisión de la demanda el veintiséis de abril de dos mil veintidós. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que exhibió el apoderado jurídico de las autoridades responsables, entre las que se encuentra el oficio UMSNH_CELAB_003_2022, suscrito, entre otro, por la Presidenta y Secretario Ejecutivo del mencionado Comité. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Falta de interés. Al respecto, las autoridades responsables, por conducto de su apoderado jurídico, aducen que la quejosa no acredita el interés jurídico para acudir a esta instancia de amparo, porque el apercibimiento contenido en el oficio reclamado se trata de un apercibimiento o advertencia de acción futura e incierta; además, porque tampoco acredita su legal estancia en las instalaciones de Ciudad Universitaria, porque en la copia simple del oficio de veinticinco de noviembre de dos mil trece, no obra el nombre o la firma de la quejosa. Causal de improcedencia que se impone desestimar por dos aspectos. Primeramente, porque el tema relativo a si el apercibimiento que contiene el oficio reclamado sea un acto de realización cierta o incierta, no influye para la acreditación del interés jurídico, en su vertiente de afectación, pues no se impugna solamente por el contenido del citado apercibimiento, sino además, porque en él se revocó la aparente licencia o autorización que la quejosa aduce tenía para la venta de alimentos en el "centro gastronómico" de Ciudad Universitaria y además, se emitió una prohibición total para la venta de alimentos y bebidas al interior de ese centro educativo. De ahí que, con independencia que, como lo aducen las responsables, si a la fecha no se ha materializado ese apercibimiento, esa cuestión es insuficiente para considerar que no hay afectación en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo, porque se insiste, no es el único acto que se reclama derivado del oficio UMSNH_CELEBP_003_2022. Por otra parte, este juzgador considera que tampoco se actualiza la causal aludida, bajo el argumento que no acreditó su legal estancia en las instalaciones de Ciudad Universitaria, porque en la copia simple del oficio de veinticinco de noviembre de dos mil trece, no se advierte que vaya dirigido a la quejosa o que esté firmada por ella. Así es, porque aunque efectivamente la quejosa no acompañó documento del que se advierta que tiene autorización, licencia o permiso emitido por autoridad universitaria competente para hacerlo, lo cierto es que el oficio reclamado sí se encuentra dirigido a su persona, con lo cual acredita fehacientemente que el acto reclamado tiene impacto en su esfera jurídica; lo que incluso se refuerza con la manifestación contenida en el informe justificado rendido por las responsables, en el que reconocen que la quejosa está ocupando ilegalmente un espacio al interior de ese centro universitario, para la venta de alimentos y bebidas. Al respecto se invoca como sustento de este argumento la tesis aislada con registro digital 316191, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materias(s): Común, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXIX, página 424, que dice: "INTERES JURIDICO DEL QUEJOSO, PRUEBADEL. El interés jurídico del quejoso, sí queda probadoen autos con el oficio en el que consta que va dirigidoprecisamente al propio quejoso, a quien se le comunicala negativa de licencia; por lo tanto, no es necesario quepruebe en autos la propiedad de su giro mercantil." Sin que dicha afirmación, implique prejuzgar con relación al derecho posesorio que tiene el quejoso respecto del espacio, local o zona ubicada en el centro gastronómico aludido, ya que ese aspecto en todo caso corresponde dilucidarlo en el estudio de fondo que se realice en esta sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J.135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Página: 5, Novena Época, registro 187973, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Y la tesis aislada I.15o.A.4 K (10a.) sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Página 2081, Décima Época, Registro 2000863, que dice: "PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación del acto de autoridad es un requisito constitucional que obliga a su autor a señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación, las que además de ser congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable; proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica como un método en función del cual se exponen razones para demostrar que determinada decisión es coherente con el derecho, a partir de la interpretación de la norma correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la doctrina. En el ámbito de la función jurisdiccional, la motivación está circundada por la libertad de apreciación y calificación de hechos y pruebas, así como por el arbitrio para elegir e interpretar la norma en la que se subsumen aquéllos; de ahí que un fallo judicial no es la conclusión necesaria de un silogismo, sino una decisión que, como tal, presupone la posibilidad de optar por una solución o elegir entre varias. Por tal motivo, si la conclusión alcanzada en una resolución judicial se construye a partir de argumentos falaces, como es la petición de principio, en virtud de la cual el operador jurisdiccional toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de ella emane, es indudable que aquélla tendrá una motivación defectuosa que transgrede las exigencias que al respecto establece la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional." Dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al efecto, vía conceptos de violación, la parte quejosa aduce esencialmente: Que el oficio reclamado viola sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 22 Constitucionales, porque las autoridades responsables al emitir reglas unilaterales en su contra le privan del derecho de seguir trabajando en el lugar del que ha tenido la posesión durante treinta años sin darle oportunidad de defensa para ser oída ni vencida en juicio, dejándola en completo estado de indefensión. Que además, se le pretende desalojar de dicho espacio sin mediar mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, cuando pretenden nulificar disposiciones de autoridades anteriores a ellos que les otorgaron permiso por tiempo indefinido, y se le pretende arrebatar arbitrariamente la posesión que ostenta legalmente, ya que las responsables amenazan con lanzarla del lugar que ocupa, lo que considera se traduce en una confiscación ilegal de sus bienes muebles. Conceptos de violación que resultan infundados. Para dar sustento a la premisa anterior, en primer término debe decirse que la quejosa Espeanza García Zamudio, se duele esencialmente de la revocación de la licencia, permiso o autorización que tenía para la venta de alimentos en el "Centro Gastronómico" de Ciudad Universitaria; de la orden de lanzamiento y del eventual desalojo del espacio que ocupaba para ese efecto; así como de la prohibición total para la venta de alimentos y bebidas al interior del referido centro educativo. Sin embargo, tal y como lo señalaron las autoridades responsables, la quejosa no acreditó la afirmación relativa a que la venta de alimentos y bebidas que ejercía en el espacio que detenta para ese efecto al interior del centro educativo conocido localmente como Ciudad Universitaria, la efectuaba con autorización, permiso o anuencia de las autoridades universitarias; ya que al efecto no acompañó el documento idóneo que acredite ese supuesto. Se dice lo anterior, porque únicamente allegó al presente juicio un documento en copia simple, al que se denominó "acta de acuerdos" y del que se aprecia que el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, el representante del entonces Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reubicó a los comerciantes que se localizaban en el área oriente de ese complejo educativo; no obstante, de ese documento no se aprecia que la aquí quejosa lo haya suscrito y más importante aún, que en ese documento se le hubiere otorgado una autorización, permiso o anuencia para losefectos que señala dicha peticionaria de amparo. Además de lo anterior, se cuenta con el reconocimiento de las autoridades responsables, en el sentido que la quejosa ocupa o detenta irregular o ilícitamente el espacio en el que ejerce la venta de alimentos y bebidas al interior del centro universitario; reconocimiento que se aprecia de la manifestación inserta en su informe justificado y además, del propio oficio UMSNH_CELEBP_003_2022, que entre a otras personas, se encuentra dirigido a la quejosa, como se advierte de la siguiente imagen: Establecido lo anterior, lo que sigue es que este juzgador dilucide, si como lo afirma la quejosa, previo a que las responsables emitieran la revocación de la licencia, permiso o autorización que tenía para la venta de alimentos en Ciudad Universitaria y de emitir también la orden de lanzamiento y de eventual desalojo de ese espacio, se encontraban obligadas a otorgarle derecho de defensa para ser oída y vencida en juicio, ya que -refiere- se le está privando de la posesión del espacio que ha detentado por más de treinta años; dicho en otras palabras, si la posesión ejercida por la quejosa en ese espacio para la venta de alimentos y bebidas al interior de Ciudad Universitaria, es susceptible de tutela constitucional y por ende, previo a los actos de los que se duele, debió otorgársele garantía de audiencia. Para ello, conviene primeramente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el derecho de audiencia, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y que el mismo requiere que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la posibilidad de alegar en aquellos asuntos en los que se deba intervenir. Al respecto, se tiene también que el derecho de audiencia es reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.1., y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.1., como la facultad de acudir a tribunales a defender la determinación de los derechos u obligaciones de carácter civil. Esta garantía judicial exige que ningún acto privativo pueda surtir efectos legales sin que previamente se dé oportunidad de defensa a la parte afectada y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que consisten en que se realice la notificación del inicio del procedimiento; que se otorgue la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas para la defensa; que se conceda la oportunidad de alegar y que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas; esto es, es el mandato de imperiosa obligación contenido en el artículo 14 constitucional, que obliga a cualquier autoridad a conceder dicha audiencia para afectar los derechos de los particulares. Además de esa definición conceptual, debe señalarse que en la construcción jurisprudencial que de esa institución jurídica ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía interpretación judicial, ha definido sus alcances y sus limitaciones; esto es, qué es, para quién, para qué, sus alcances, modalidades y límites. Precisamente en esa construcción jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la quinta época, señaló que se trataba de un derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, (las que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables y, cuando éstas determinen en términos concretos la posibilidad de que el particular intervenga a efecto de hacer la defensa de sus derechos, conceder la oportunidad para hacer esa defensa), sino también frente a la autoridad legislativa. Ya desde esa temporalidad interpretó que se trataba de un derecho de los particulares (para quién), con el objeto de cumplir el mandato constitucional de consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se escuchara a los interesados y se les diera oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que pudieran resultar afectados sus derechos (para qué). Por lo que toca a los alcances, interpretó que esta garantía procesal no sólo consistía en notificar al particular que se presentara al procedimiento en que debiera tomar parte, sino que además era necesario que se le escuchara en defensa, lo que comprendía que se le diera oportunidad de aportar y desahogar todas las pruebas que conforme a derecho hubiere ofrecido; independientemente de que en la ley ordinaria que rige el procedimiento estuviera o no prevista la garantía de audiencia, ósea que, no solo comprendía el aspecto del llamado al juicio, sino también el dar al demandado la posibilidad de defensa, lo que comprendía la debida citación, el derecho de afirmación reconocido a las partes, el de poder probar y el de mantener la igualdad entre éstas. En tanto que, por lo que corresponde a sus modalidades, definió que podía ser previa o posterior al acto privativo; esto es, que bastaba que se otorgara al interesado la posibilidad de combatir o impugnar el acto, para considerar que los afectados fueron oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos. Finalmente, como excepciones o límites de la garantía de audiencia, dijo que las encontrábamos expresamente establecidas en la Constitución y que la clásica era la que se refería a las expropiaciones por causa de utilidad pública, conforme al artículo 27 de la propia Constitución, en las que no se requiere la audiencia del particular afectado. Estas consideraciones las advertimos de los criterios que se insertan a continuación: Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 233307, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Común, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 50, Primera Parte, página 15, del contenido siguiente: "AUDIENCIA, GARANTIA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICIALES. No es verdad que el artículo 14 constitucional establezca la garantía de audiencia sólo para los juicios seguidos ante los tribunales, pues la establece contra cualquier acto de autoridad que pueda ser privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos, derive o no de juicio seguido ante tribunales o procedimientos ante cualquier autoridad, como se desprende, entre otras, de la Segunda Parte de la tesis jurisprudencial número 116, Tercera Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación." Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 818510, Séptima Época, Materias(s): Administrativa, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 127-132, Tercera Parte, página 53, del rubro y texto: "GARANTÍA DE AUDIENCIA, ALCANCE DE LA. ADMISION DE PRUEBA. Para estimar satisfecha la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional no basta que la autoridad notifique al particular que se presente al procedimiento en que deba tomar parte o que él comparezca al mismo sin que se le llamare, sino además es necesario que se le oiga en defensa, lo que comprende que se le dé oportunidad de aportar y desahogar todas las pruebas que conforme a derecho hubiere ofrecido; independientemente de que en la ley ordinaria que rige el procedimiento esté o no prevista la garantía de audiencia." Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 233084, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Primera Parte, página 77, que dice: "AUDIENCIA, GARANTIA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 323723, Quinta Época, Materias(s): Constitucional, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXX, página 3819, que dice: "AUDIENCIA, GARANTIA DE. Haciendo un análisis detenido de la garantía de audiencia para determinar su justo alcance, es menester llegar a la conclusión de que si ha de tener verdadera eficacia, debe constituir un derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, (las que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables y, cuando éstas determinen en términos concretos la posibilidad de que el particular intervenga a efecto de hacer la defensa de sus derechos, conceder la oportunidad para hacer esa defensa), sino también frente a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta quede obligada, para cumplir el expreso mandato constitucional, a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos. De otro modo, de admitirse que la garantía de audiencia no rige para la autoridad legislativa y que ésta puede en sus leyes omitirla, se sancionaría la omnipotencia de tal autoridad y se dejaría a los particulares a su arbitrio, lo que evidentemente quebrantaría el principio de la supremacía constitucional, y sería contrario a la intención del Constituyente, que expresamente limitó, por medio de esa garantía, la actividad del Estado, en cualquiera de sus formas. Esto no quiere decir, desde luego, que el procedimiento que se establezca en las leyes, a fin de satisfacer la exigencia constitucional de audiencia del interesado, cuando se trate de privarle de sus derechos, tenga necesariamente los caracteres del procedimiento judicial pues bien pueden satisfacerse los requisitos a que se contrae la garantía, mediante un procedimiento entre las autoridades administrativas, en el cual se dé al particular afectado, la oportunidad de hacer su defensa y se les otorgue un mínimo de garantías que le aseguren la posibilidad de que, rindiendo las pruebas que estime convenientes, y formulando los alegatos que crea pertinentes, aunque no tenga la misma formalidad que en el procedimiento judicial, la autoridad que tenga a su cargo la decisión final, tome en cuenta tales elementos, para dictar una resolución legal y justa. A esta conclusión se llega atendiendo al texto del artículo 14 de la Ley Fundamental, a sus interpretación jurídica y al principio de la supremacía constitucional y de ella se desprende como corolario, que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de audiencia en favor de los particulares, en los términos a que se ha hecho referencia, debe ser declarada anticonstitucional. De esta manera, y siempre que se reúnan los requisitos técnicos el caso, en cuanto a que se impugne en la demanda, no ya la correcta o incorrecta aplicación de la ley sino la validez constitucional de la misma, es procedente que el Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo, no sólo examine si el procedimiento seguido por las autoridades se ajusta, o no, a la ley aplicable, y si en él se dio al interesado la oportunidad de ser oído y defenderse, si no también si la ley misma concede al propio interesado esa oportunidad y de esa manera determinar su constitucionalidad frente a la exigencia del artículo 14. Un primer supuesto que condiciona la vigencia de esa garantía, que viene siendo una condición "sine qua non", es el de que exista un derecho de que se trate de privar al particular, ya que tal es la hipótesis prevista por el artículo 14. "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, etcétera ... ". Esto quiere decir que cuando no existe ningún derecho, no puede haber violación a la garantía de audiencia, porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de la misma, y no pueden producirse las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece. Así sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el particular tiene un interés, pero no un derecho; es titular de los que se llamen "intereses simples", o sea, intereses materiales que carecen de titular jurídica, pero no tiene un derecho subjetivo que pueda hacer valer frente a las autoridades y los demás particulares. Así sucede cuando los particulares están disfrutando del ejercicio de una facultad de soberanía, que corresponde el Estado, y que éste les ha delegado temporalmente por estimar que de esa manera se obtenía una mejor satisfacción de las necesidades colectivas que estaban a su cargo, como pasa con facultades como las de la policía sanitaria, transportes de correspondencia y otras semejantes. Un segundo supuesto para que opere la garantía que se examina, es el de que la audiencia sea realmente necesaria, que la intervención del particular en el procedimiento que puede culminar con la privación de sus derechos, a fin de hacer la defensa de sus intereses, sea de verdad indispensable. En efecto, la audiencia de que se trata (que también ha sido llamada "La colaboración del particular" en el procedimiento), consiste fundamentalmente en la oportunidad de que se concede al particular para intervenir con objeto de hacer su defensa, y esa intervención se concreta, en dos aspectos esenciales: la posibilidad de rendir pruebas, que acrediten los hechos en que se finque la defensa y la de producir alegatos, para apoyar, con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa. Esto supone, naturalmente la necesidad de que haya hechos qué probar y datos jurídicos qué determinar con claridad para que se proceda a la privación de esos derechos, porque de otra manera, cuando esa privación se realiza tratándose de procedimientos seguidos por la autoridad administrativa sobre la base de elementos claramente predeterminados en la ley, de una manera fija, de tal suerte que a la propia autoridad no le quede otro camino que el de ajustarse a los estrictos términos legales, sin que haya margen alguno en que pueda verter su arbitrio, la audiencia resulta prácticamente inútil, ya que ninguna modificación se podrá aportar. Un tercer supuesto para que entre en juego la garantía de audiencia es el de que las disposiciones del artículo 14 que la reconocen y consagran, no están modificados por otro precepto de la Constitución Federal, como acontece en el caso de las expropiaciones por cause de utilidad pública a que se refiere el artículo 27 de la propia Constitución, en las que, como se ha establecido jurisprudencialmente, no se requiere la audiencia del particular afectado. Quedan así precisados los supuestos que condicionan la vigencia de la garantía que se examina y que señalan, al mismo tiempo, los límites de su aplicación." Además de lo anterior, para la resolución de este asunto, conviene tener en cuenta dos supuestos que condicionan la vigencia de esta garantía procesal, a saber: Solo opera respecto de actos privativos, no así por lo que toca a los actos de molestia; y, Necesariamente tiene que existir un derecho que se pretenda privar al particular. Con relación a que el derecho de audiencia solo opera respecto de los actos privativos, debe primeramente distinguirse entre ambos actos; así, los primeros (actos privativos) son los que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia son aquéllos que, pese a constituir afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se autorizan siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado. Por tanto, para poder distinguir entre los actos de molestia y los privativos, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad, es decir, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada principalmente a su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Mientras que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual se autoriza únicamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Ley Fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Así como también, se cita al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Séptima Época, registro 238355, de rubro y texto: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Por tanto, solo es necesario que se satisfaga la garantía de audiencia, cuando se trate de un auténtico acto privativo, entendido como el que menoscabe o suprima definitivamente un derecho. Respecto del segundo supuesto que condiciona la vigencia de la garantía de audiencia, referente a que para otorgarla, necesariamente tiene que existir un derecho que se pretenda privar al particular, debe decirse que constituye una condición "sine qua non", el que exista un derecho de que se trate de privar al particular, ya que tal es la hipótesis prevista por el artículo 14 Constitucional al señalar que "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, etcétera..."; lo que entendido en términos simples, nos permite afirmar que la garantía procesal de audiencia, no es sino un vehículo a través del cual se montan otros derechos, como la libertad, la propiedad, por mencionar algunos, para su defensa en juicio. Esto quiere decir que cuando no existe ningún derecho, no puede haber violación a la garantía de audiencia, porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de la misma y no pueden producirse las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece; así sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el particular tiene un interés, pero no un derecho; es titular de los que se llaman "intereses simples" o sea, intereses materiales que carecen de titularidad jurídica, porque no están sustentados en un derecho subjetivo que se pueda hacer valer frente a las autoridades y los demás particulares. Bajo las anteriores consideraciones, quien esto resuelve estima que en el caso no es cierto, como lo afirma la quejosa, que se le está privando del derecho posesorio que detenta hace casi treinta años y que por ende, debió satisfacerse su garantía de audiencia; ello, porque como quedó anotado anteriormente, este juzgador no logra detectar o advertir cuál es la causa legal que generó la posesión del espacio y/o local que en esta vía defiende dicha peticionaria, pues no se advierte que la venta de alimentos y bebidas que dice ejercía en ese espacio la efectuara con autorización, permiso o anuencia de las autoridades universitarias, ya que al efecto no acompañó el documento idóneo que acredite ese supuesto. En esa lógica, la posesión ejercida por la quejosa en dicho espacio, no es susceptible de tutela constitucional y por ende, previo a los actos de los que se duele, no debió otorgársele garantía de audiencia. Ello, pese a que la quejosa hubiera pretendido acreditar el origen legal de su posesión, a través del documento que en copia simple acompañó a su demanda, al que se denominó "acta de acuerdos" y del que se aprecia que el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, el representante del entonces Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reubicó a los comerciantes que se localizaban en el área oriente de ese complejo educativo; sin embargo, tal documento no causa convicción en el suscrito, porque como ya se dijo, del mismo no se aprecia que la aquí quejosa lo haya suscrito y más importante aún, que en ese documento se le hubiere otorgado un autorización, permiso o anuencia para los efectos que señala. Por esa razón, ese medio de prueba no demuestra que la impetrante del amparo tenga un título como causa generadora de la posesión que alega, es decir, la titularidad de un derecho subjetivo, derivado por ejemplo, de una donación, arrendamiento, compraventa, comodato o incluso, una autorización, licencia o permiso emitido por parte de las autoridades universitarias. Acreditación fehaciente, objetiva y completa del derecho o un título generador de la posesión que defiende, que era indispensable para producir la convicción en este juzgador, de que efectivamente tiene derecho a poseer el bien y por ende, a no ser perturbada en su posesión, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento. En esa virtud, la quejosa estaba obligada a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el espacio en el que refiere ejercía o ejerce la venta de alimentos y bebidas al interior del complejo universitario, esto es, debió acreditar su posesión con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho, de manera que sea procedente afirmar, que la promovente del juicio constitucional tiene una base objetiva que fundada y razonablemente produce la convicción de que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. De suerte que, al no hacerlo, la sanción a esa falta de comprobación del derecho posesorio que alega, tiene como consecuencia que se considere a la quejosa como una simple detentadora y que por ende, se estime que la tenencia material de ese espacio que aduce utilizaba para la venta de alimentos y bebidas al interior de Ciudad Universitaria, no encuadra en la posesión que protege el artículo 14 constitucional, esto por no haberse acreditado la causa por la que se posee. Como criterio orientador de la anterior afirmación, se invoca la jurisprudencia II.2o.C. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1341, del Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal". Asimismo, por identidad jurídica sustancial, se cita la tesis I.5o.C.6 K Sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página seiscientos trece, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Sin que el pronunciamiento asumido por el suscrito en esta sentencia, califique la posesión que el quejoso dice ha detentado con relación al espacio en el que ejercía la venta de alimentos y bebidas, hace casi treinta años, ya que en todo caso, esa circunstancia deberá dilucidarse ante la potestad común; lo que quiere decir que, lo decidido en esta controversia de amparo no impide que el accionante del amparo, pueda acudir ante la autoridad de instancia competente, a fin de demandar el reconocimiento de la detentación material que ha ejercido para su consolidación como un auténtico derecho posesorio. Por todo lo anterior y ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Esperanza García Zamudio, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 406/2022. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por el apoderado jurídico de las autoridades responsables. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las referidas documentales. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no formularon alegatos, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. MAESTRO EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL ARMANDO DÍAZ LÓPEZ JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que al momento de rendir su informe de ley las autoridades responsables: 1. Presidente del Comité de Enajenaciones, Licenciamiento y Arrendamientos de Bienes Patrimoniales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 2. Secretario Ejecutivo del Comité de Enajenaciones, Licenciamiento y Arrendamientos de Bienes Patrimoniales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 3. Apoderado Jurídico y Representante Legal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 4. Apoderado Jurídico del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, Todas con residencia en esta ciudad. Omitieron remitir copia certificada legible de las constancias relacionadas con los actos reclamados. Asimismo, se advierte que concluyó el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por conducto de su representante jurídico, con sede en esta ciudad, rindiera su informe justificado respecto de la ampliación de demanda y remitiera copia certificada legible de las constancias relacionadas con los actos reclamados, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado. En consecuencia, con fundamento en el los artículos 75 y 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la referida legislación, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído remitan copias certificadas legibles de las constancias relacionadas con los actos reclamados; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto admisorio. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós para su celebración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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