ESPERANZA GARCíA ZAMUDIO

Expediente 188/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
188/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • ESPERANZA GARCíA ZAMUDIO

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en cita, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y/u otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número IV-188/2022-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Señalamos como tales: LA INTENCIÓN DE PROHIBIRNOS DEDICARNOS AL COMERCIO DE ALIMENTOS EN EL ÁREA DESIGNADA PARA TAL FIN DENTRO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNDAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y HUMANIDADES, QUE ES PARTE DE LA PROPIA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, a pesar de que desde hace 30 treinta años hemos contado con el permiso de las autoridades universitarias para vender alimentos en el citado espacio. También nos quejamos de la discriminación contra los suscritos al tratar de prohibirnos el ingreso a las instalaciones de Ciudad Universitaria, o al centro gastronómico citado, aun y cuando el acceso a dicha universidad es público...." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, para lo cual conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que su rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Atento a lo anterior, se considera que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ésta última del siguiente texto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.) De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que su rubro dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Por el contrario, cuando el actuar de un organismo derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Luego, como del contenido de los preceptos invocados en párrafos precedentes, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, debe entenderse como tal, aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; dicha circunstancia en la especie no acontece. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, la intención de prohibirle vender alimentos dentro de las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como prohibirle el ingreso a las mismas; sin embargo, ello no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solamente constituye una determinación tomada por la Universidad que señala como responsable, en cuanto a parte del convenio que tienen con ella, lo que deriva de una relación meramente contractual. Asimismo, del acto reclamado se advierte que fue emitido por la universidad señalada como responsable, respecto a la relación contractual que tiene con la ahora quejosa; por tanto, las prohibiciones que ha venido haciendo, no son en su calidad de autoridad responsable, sino en función del convenio que aquélla tiene con ésta; es decir, dentro del marco de una relación contractual, en la cual una de las partes determinó realizar lo que aquí se reclama. Así, el acto que reclama la parte inconforme no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se ubica en un plano de coordinación característico de las relaciones contractuales, pues las autoridades señaladas como responsables, no actúan en un esquema de supra a subordinación mediante la emisión de actos de naturaleza legislativa o administrativa, sino dentro de una relación contractual con la parte quejosa. Máxime que la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer lo que a su interés legal convenga en los términos establecidos en la ley respectiva. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atendiendo a que los promoventes solicitaron la consulta del expediente electrónico por medio de la Firma Electrónica (FIREL) con USUARIO: "-, se ordena darlo de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico para su consulta. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, la promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado -virtud a que se encuentran dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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