Esperanza Garcia Malagon
Expediente 1193/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Esperanza Garcia Malagon
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Unico Civil de partido y su Secretaria adscrita, ambos de Cortazar, Guanajuato, se manda formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo número ***. Consideraciones previas. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, debe decirse que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto siguiente: El auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente *** del índice del Juzgado Unico Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que se ordena dar salida al expediente, ante la oposición de un tercero. En ese orden, respecto del acto mencionado, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de las mismas. Primeramente, debe decirse que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Síntesis de los antecedentes de la demanda de amparo. En lo que interesa, aquellos son los siguientes: ***, promovió un procedimiento de jurisdicción voluntaria de prescripción positiva mediante diligencias de información testimonial ad perpetuam, pues consideró tener la posesión de un lote terreno que se conocía como lote 2, manzana 7 y que se encuentra en ***; radicándose el expediente *** del índice del Juzgado Unico Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato, el cual, mediante auto de diecinueve de noviembre del presente año, dio por concluido el trámite que en la vía de jurisdicción voluntaria intentó, porque existió oposición de un tercero. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta respecto al acto combatido. Esta juzgadora advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual, de conformidad con el precepto 113 del citado ordenamiento legal, conduce a desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, por las razones de derecho que a continuación se expresan. Marco legal. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estime lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías. Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, en los artículos 708 y 710, dispone: Artículo 708. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por concluida la jurisdicción voluntaria. Quedando a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que proceda. Artículo 710. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en lo devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente, o llamado por el juez. El primero de los preceptos invocados (708) establece que, si a la solicitud promovida se opusiera parte legítima, se dará por concluida la jurisdicción voluntaria; quedando a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que proceda. En ese orden, el segundo de los numerales citados (710) señala que las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, entre otros casos si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias. De la interpretación armónica, teleológica y funcional de los dispositivos legales antes mencionados, se aprecia que el acuerdo en el que se decrete la conclusión de las diligencias de jurisdicción voluntaria, es apelable en ambos efectos, cuando el promovente considere le causa perjuicio; porque el normativo 710 del código procesal civil, no hace distinción sobre las determinaciones contra las que procede el medio de impugnación referido, por lo que no cabe hacerla a esta juzgadora. De ahí que es dable inferir que, se itera, contra el proveído que da por concluidas esas diligencia procede el recurso de apelación en ambos efectos, si lo interpone el promovente de aquéllas. Análisis del caso concreto. De los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que *** se duele de la decisión de la autoridad responsable, al dar por terminado el trámite que en la vía de jurisdicción voluntaria intentó, porque existió oposición de un tercero. De los hechos anteriores, se tiene que el acto reclamado dio por concluidas las diligencias de jurisdicción voluntaria intentadas por la disconforme; en consecuencia, tal acto es apelable; medio de impugnación que debió agotar la quejosa previo a acudir a esta instancia constitucional. En ese sentido, se insiste, el recurso de apelación es el medio ordinario de defensa idóneo y pertinente para combatir el acto reclamado, pues a través de tal recurso es susceptible modificar o revocar el acto del cual se queja el inconforme, con lo que se puede obtener su modificación. Por tanto, si en la especie la peticionaria de amparo atribuyó al Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato el dictado del auto de diecinueve de noviembre del presente año, contra dicho acto procede el recurso de apelación, medio ordinario de defensa previsto en una ley material y formal, como lo es el Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, resulta inconcuso que debió agotar el principio de definitividad. Por añadidura, se precisa que el principio de definitividad tiene excepciones, las cuales se especificaron en el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a)", "b)", "c)"y "d)", de la ley en la materia, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio le reviste el carácter de promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria, lo cual, la excluye de la hipótesis a que se contrae el inciso c). Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. Resulta aplicable, lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) Conclusión. En tales condiciones, tomando en consideración que respecto del acto combatido la ley ordinaria concede vía para inconformarse, de acuerdo a lo previsto en el artículo 710 del Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, sin que haya sido previamente agotado, lo conducente es desechar la demanda de garantías que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio procesal y autorizados. Finalmente, tomando en consideración que la promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, de Ley de Amparo) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley citada (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece). Por otro lado, se le tiene señalando como de su parte, en términos amplios, con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, al licenciado Roberto Alberto Vera, en razón de que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante este Órgano Jurisdiccional; y, en términos restringidos, al licenciado Alberto Gasca Tovar y al C. Gumersindo Mendoza Anaya, por no cubrir el requisito antes mencionado. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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