Esperanza Farah Lara

Expediente 1568/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1568/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • LUIS IGNACIO BILBATUA ORTEGA y Otros.
  • Esperanza Farah Lara
  • ESPERANZA FARAH LARA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que los quejosos ********************, hayan interpuesto recurso alguno en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, segundo párrafo del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que los quejosos ********************, hayan interpuesto recurso alguno en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, segundo párrafo del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que los quejosos ********************, hayan interpuesto recurso alguno en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, segundo párrafo del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que los quejosos ********************, hayan interpuesto recurso alguno en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, segundo párrafo del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por los quejosos Luis Ignacio Bilbatua Ortega y Esperanza Farah Lara; mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de ocho de septiembre de la presente anualidad, acompaña las copias del escrito de demanda y narra los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. En tal virtud, se tiene en tiempo y forma al promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto se reclama la determinación relativa al recurso de revocación emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, interpuesto contra el auto de dos de agosto del mismo año, en el cual se admitió a trámite un segundo incidente de liquidación de sentencia, dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018. Ahora bien, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación a la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo. 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" A fin de demostrar lo anterior, se estima necesario precisar que del escrito de cumplimiento de prevención se advierte que los quejosos señalan bajo protesta de decir verdad que el catorce de julio de dos mil veintidós, el endosatario en procuración de Cervecerías Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un segundo incidente de liquidación de interés en contra de los aquí quejosos, incidencia que fue admitida el dos de agosto de dos mil veintidós. Agregan que ante la segunda incidencia de liquidación de intereses, promovieron revocación, ante el Juez Primero Civil y Familiar de Ciudad Mante, Tamaulipas, argumentando que dicha autoridad estaba impedida para admitir una segunda incidencia en tal sentido, en virtud de que todavía no estaba firme la primer incidencia de intereses; recurso de revocación que fue resuelto el dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, precisan que el actor en el juicio principal número 105/2018, el endosatario en procuración solicitó al Juez Primero Civil y Familiar tuviera a bien dictar la segunda sentencia de liquidación de intereses, la cual fue emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, De lo hasta aquí expuesto, se advierte que el acto reclamado se trata de una actuación ocurrida dentro del trámite del incidente de liquidación, lo cual es de singular importancia en la medida que la sentencia que se dicte en el procedimiento incidental de liquidación de liquidación es susceptible de impugnarse a través del Amparo Indirecto, por ser un acto dictado después de concluido el juicio, una vez satisfecho el principio de definitividad, si procediere algún recurso en su contra. Por ende, lo que reclaman los quejosos constituye una violación procesal que solo puede examinarse conjuntamente con la sentencia definitiva que recaiga al incidente de liquidación de sentencia a través del agravio correspondiente, es decir, no puede señalarse como un acto reclamado pues es criterio del Supremo Tribunal del País, que en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, siendo esta última resolución la que sí puede constituir el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. De exacta aplicación, resulta la jurisprudencia 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 5, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. En cuya ejecutoria se dijo lo siguiente: SEXTO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes. La Ley de Amparo, en su artículo 159, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se destaca la no recepción de pruebas, lo que equivale al pronunciamiento relativo al desechamiento de medios de convicción ofrecidos dentro de un juicio. El citado artículo, en su fracción III, es del tenor siguiente: "Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... "III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley." Esto es, por disposición expresa de la Ley de Amparo, el pronunciamiento sobre desechamiento de pruebas durante el trámite de un juicio, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso. A lo anterior, debe añadirse que ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el citado desechamiento de pruebas, por regla general, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, si es que se emite favorablemente a los intereses de la parte que ofreció la prueba, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que pone fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 407, de la entonces Cuarta Sala, Quinta Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 273, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA.- (se transcribe). Asimismo, cobran aplicación las siguientes tesis aisladas de la entonces Tercera Sala, Quinta Época, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXXVIII, LXXI y LXX, páginas 778, 2173 y 4233, respectivamente. "PRUEBAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA RECEPCIÓN DE.- ( se transcribe). "PRUEBAS, AMPARO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LAS.- ( se transcribe). "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A RECIBIRLAS.- ( se transcribe). Como se observa, ya es una situación definida por disposición legal y por criterio jurisprudencial, que el desechamiento de pruebas dentro de un juicio no produce violaciones irreparables, sino que sólo produce efectos intraprocesales, susceptible de ser reparado en la sentencia respectiva, por tanto, la misma razón rige respecto al desechamiento de pruebas que se suscite en el trámite de un incidente. (.) No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que de la lectura del artículo 114 de la Ley de Amparo, que regula la procedencia del juicio de amparo biinstancial, no se encuentra una disposición expresa que apoye la conclusión apuntada en el párrafo anterior, tratándose de incidentes promovidos dentro de un juicio. Es así porque, en lo que interesa, las fracciones II, III y IV del precepto citado, son del tenor siguiente: ( se transcribe). De las fracciones transcritas, no se advierte disposición alguna que diga textualmente que tratándose de actos dentro del juicio, cuando alguno emane de un procedimiento incidental, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución que lo decida, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tampoco se utilizan frases o palabras semejantes que conduzcan a esa conclusión. En efecto, la única fracción que se refiere a actos dentro de juicio, en las cuales pudiera ubicarse el caso concreto es la IV, pero la misma condiciona la procedencia del amparo, a que esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, hipótesis que no se actualiza en la especie, porque ya se dijo que el desechamiento de pruebas decretado dentro de un incidente constituye una violación intraprocesal. Por lo que se refiere a las fracciones II y III, la regla de combatir a través del amparo indirecto la resolución final y en él las violaciones al procedimiento, aparentemente lo limitan a dos supuestos: El primero, cuando se trata de actos que no provengan de tribunales (judiciales, administrativos o del trabajo) y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio; el segundo, tratándose de actos de tribunales, pero que se hayan ejecutado fuera de juicio o después de concluido. Es decir, no contempla el caso de actos ejecutados dentro del juicio. Sin embargo, el contenido de las fracciones transcritas no debe verse a través de una óptica puramente literal, ya que ello implicaría incurrir en posiciones aisladas y, en su caso, contradictorias sobre los alcances de cada una de ellas que integran a un mismo precepto y sería prácticamente imposible cumplir con la intención y finalidad normativa del artículo 114 de la Ley de Amparo. Como ejemplo para demostrar la insuficiencia del precepto, si se atiende sólo a la letra de su texto, se advertiría que las violaciones cometidas en el trámite de un incidente promovido dentro de un juicio y que afectaran las defensas del quejoso, quedarían al margen de ser cuestionadas a través del juicio de amparo, sólo por el hecho de que ese tipo de actos no están contemplados expresamente en el artículo 114 de la Ley de Amparo, circunstancia que evidentemente no es congruente con la intención del Poder Revisor de la Constitución al haber plasmado en el Máximo Código del país una de las instituciones jurídicas que constituyen la garantía jurisdiccional de mayor eficacia, como lo es el juicio de amparo. (.) De manera que de una interpretación sistemática e integral de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, y en aras de que siempre se observen los altos fines del juicio de garantías, es válido concluir que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados dentro de juicio, que emanen a su vez dentro de un procedimiento incidental, el amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución que decida dicho incidente, si es que es susceptible de combatirse por esa vía biinstancial, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento y que hubiere dejado sin defensas al quejoso. Robustece lo anterior, porque las fracciones II y III del precepto citado, admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción III hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto se pueden reclamar violaciones procesales dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido, al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Por otro lado, en lo que se refiere a incidentes promovidos después de concluido el juicio, no reviste mayor problema, porque la fracción III del artículo 114, expresamente contiene la regla de combatir a través del amparo indirecto la resolución última, es decir, la interlocutoria, y en la demanda también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas dentro del incidente. En las relatadas consideraciones, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en el sentido de que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal, la cual debe ser combatida hasta que se promueva el juicio biinstancial en contra de la interlocutoria de referencia, que coincide esencialmente con los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, conforme a la siguiente tesis jurisprudencial que este Tribunal Pleno precisa y que es del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA." Ejecutoria en la que se advierte que el tema tratado fue el desechamiento de pruebas tramitado dentro de juicio y cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, y para resolver la cuestión planteada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación sistemática y extensiva de las fracciones II, III y IV, del artículo 114, de la Ley de Amparo, que regulan, las primeras dos, la manera en que deben de impugnarse las violaciones procesales acaecidas en la etapa de ejecución de sentencia, sea que se trate de actos después de concluido el juicio o en la etapa de ejecución de sentencia propiamente dicha, y tales reglas las hizo extensivas a los actos dentro de juicio a los que se refiere la fracción IV, del mismo precepto legal, sin embargo, lo importante de dicha ejecutoria al caso concreto, radica en que en relación a las violación procesales que se producen en incidentes tramitados fuera de juicio, como es el de liquidación sentencia dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018, estableció: ".en lo que se refiere a incidentes promovidos después de concluido el juicio, no reviste mayor problema, porque la fracción III del artículo 114, expresamente contiene la regla de combatir a través del amparo indirecto la resolución última, es decir, la interlocutoria, y en la demanda también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas dentro del incidente.." Como puede verse, determinó en forma categórica que la fracción III, del artículo 114, de la Ley de Amparo, establecía en forma expresa la regla consistente en que debe de combatirse a través del amparo indirecto, la resolución que recaiga al incidente tramitado fuera de juicio y en la misma demanda, también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas dentro del incidente. Jurisprudencia que se estima aplicable al caso, a pesar de que haya interpretado preceptos de la Ley de Amparo abrogado, ya que éstos, particularmente la fracción III, que disponía: "Artículo. 114.- El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben" Lo cual, en lo substancial fue reproducido en la Ley de Amparo vigente, concretamente en la fracción IV, del artículo 107, que dispone: "Artículo. 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De tal manera que el criterio ahí sustentado, no se opone a la nueva Ley, de tal forma que válidamente puede aplicarse la jurisprudencia acabada de citar, en términos del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril, de dos mil trece, que dispone: "SEXTO: La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Establecido lo anterior, de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la determinación relativa al recurso de revocación emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, interpuesto contra el auto de dos de agosto del mismo año, en el cual se admitió a trámite un segundo incidente de liquidación de sentencia, dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018. Es relevante acotar, que la fijación del acto reclamado y la afirmación que se realiza en el sentido de que el mismo acontece dentro de un incidente de liquidación, promovido por el aquí tercero interesado dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018, de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar de Ciudad Mante, Tamaulipas. Por tanto, lo anterior lleva a la afirmación de que el acto reclamado, no pone fin a la secuela incidental, sino que; consecuentemente, será hasta el momento en que se resuelva interlocutoriamente, podrá reclamar las aducidas violaciones en la etapa de ejecución de sentencia, mediante la demanda de amparo que entable en contra de la interlocutoria correspondiente. Consecuentemente, en la especie, se actualiza de manera manifiesta, notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación a la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, con apoyo en el numeral 113 transcrito, SE DESECHA LA DEMANDA EN ESTUDIO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por los quejosos Luis Ignacio Bilbatua Ortega y Esperanza Farah Lara; mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de ocho de septiembre de la presente anualidad, acompaña las copias del escrito de demanda y narra los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. En tal virtud, se tiene en tiempo y forma al promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto se reclama la determinación relativa al recurso de revocación emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, interpuesto contra el auto de dos de agosto del mismo año, en el cual se admitió a trámite un segundo incidente de liquidación de sentencia, dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018. Ahora bien, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación a la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo. 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" A fin de demostrar lo anterior, se estima necesario precisar que del escrito de cumplimiento de prevención se advierte que los quejosos señalan bajo protesta de decir verdad que el catorce de julio de dos mil veintidós, el endosatario en procuración de Cervecerías Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un segundo incidente de liquidación de interés en contra de los aquí quejosos, incidencia que fue admitida el dos de agosto de dos mil veintidós. Agregan que ante la segunda incidencia de liquidación de intereses, promovieron revocación, ante el Juez Primero Civil y Familiar de Ciudad Mante, Tamaulipas, argumentando que dicha autoridad estaba impedida para admitir una segunda incidencia en tal sentido, en virtud de que todavía no estaba firme la primer incidencia de intereses; recurso de revocación que fue resuelto el dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, precisan que el actor en el juicio principal número 105/2018, el endosatario en procuración solicitó al Juez Primero Civil y Familiar tuviera a bien dictar la segunda sentencia de liquidación de intereses, la cual fue emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, De lo hasta aquí expuesto, se advierte que el acto reclamado se trata de una actuación ocurrida dentro del trámite del incidente de liquidación, lo cual es de singular importancia en la medida que la sentencia que se dicte en el procedimiento incidental de liquidación de liquidación es susceptible de impugnarse a través del Amparo Indirecto, por ser un acto dictado después de concluido el juicio, una vez satisfecho el principio de definitividad, si procediere algún recurso en su contra. Por ende, lo que reclaman los quejosos constituye una violación procesal que solo puede examinarse conjuntamente con la sentencia definitiva que recaiga al incidente de liquidación de sentencia a través del agravio correspondiente, es decir, no puede señalarse como un acto reclamado pues es criterio del Supremo Tribunal del País, que en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, siendo esta última resolución la que sí puede constituir el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. De exacta aplicación, resulta la jurisprudencia 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 5, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. En cuya ejecutoria se dijo lo siguiente: SEXTO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes. La Ley de Amparo, en su artículo 159, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se destaca la no recepción de pruebas, lo que equivale al pronunciamiento relativo al desechamiento de medios de convicción ofrecidos dentro de un juicio. El citado artículo, en su fracción III, es del tenor siguiente: "Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... "III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley." Esto es, por disposición expresa de la Ley de Amparo, el pronunciamiento sobre desechamiento de pruebas durante el trámite de un juicio, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso. A lo anterior, debe añadirse que ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el citado desechamiento de pruebas, por regla general, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, si es que se emite favorablemente a los intereses de la parte que ofreció la prueba, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que pone fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 407, de la entonces Cuarta Sala, Quinta Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 273, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA.- (se transcribe). Asimismo, cobran aplicación las siguientes tesis aisladas de la entonces Tercera Sala, Quinta Época, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXXVIII, LXXI y LXX, páginas 778, 2173 y 4233, respectivamente. "PRUEBAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA RECEPCIÓN DE.- ( se transcribe). "PRUEBAS, AMPARO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LAS.- ( se transcribe). "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A RECIBIRLAS.- ( se transcribe). Como se observa, ya es una situación definida por disposición legal y por criterio jurisprudencial, que el desechamiento de pruebas dentro de un juicio no produce violaciones irreparables, sino que sólo produce efectos intraprocesales, susceptible de ser reparado en la sentencia respectiva, por tanto, la misma razón rige respecto al desechamiento de pruebas que se suscite en el trámite de un incidente. (.) No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que de la lectura del artículo 114 de la Ley de Amparo, que regula la procedencia del juicio de amparo biinstancial, no se encuentra una disposición expresa que apoye la conclusión apuntada en el párrafo anterior, tratándose de incidentes promovidos dentro de un juicio. Es así porque, en lo que interesa, las fracciones II, III y IV del precepto citado, son del tenor siguiente: ( se transcribe). De las fracciones transcritas, no se advierte disposición alguna que diga textualmente que tratándose de actos dentro del juicio, cuando alguno emane de un procedimiento incidental, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución que lo decida, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tampoco se utilizan frases o palabras semejantes que conduzcan a esa conclusión. En efecto, la única fracción que se refiere a actos dentro de juicio, en las cuales pudiera ubicarse el caso concreto es la IV, pero la misma condiciona la procedencia del amparo, a que esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, hipótesis que no se actualiza en la especie, porque ya se dijo que el desechamiento de pruebas decretado dentro de un incidente constituye una violación intraprocesal. Por lo que se refiere a las fracciones II y III, la regla de combatir a través del amparo indirecto la resolución final y en él las violaciones al procedimiento, aparentemente lo limitan a dos supuestos: El primero, cuando se trata de actos que no provengan de tribunales (judiciales, administrativos o del trabajo) y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio; el segundo, tratándose de actos de tribunales, pero que se hayan ejecutado fuera de juicio o después de concluido. Es decir, no contempla el caso de actos ejecutados dentro del juicio. Sin embargo, el contenido de las fracciones transcritas no debe verse a través de una óptica puramente literal, ya que ello implicaría incurrir en posiciones aisladas y, en su caso, contradictorias sobre los alcances de cada una de ellas que integran a un mismo precepto y sería prácticamente imposible cumplir con la intención y finalidad normativa del artículo 114 de la Ley de Amparo. Como ejemplo para demostrar la insuficiencia del precepto, si se atiende sólo a la letra de su texto, se advertiría que las violaciones cometidas en el trámite de un incidente promovido dentro de un juicio y que afectaran las defensas del quejoso, quedarían al margen de ser cuestionadas a través del juicio de amparo, sólo por el hecho de que ese tipo de actos no están contemplados expresamente en el artículo 114 de la Ley de Amparo, circunstancia que evidentemente no es congruente con la intención del Poder Revisor de la Constitución al haber plasmado en el Máximo Código del país una de las instituciones jurídicas que constituyen la garantía jurisdiccional de mayor eficacia, como lo es el juicio de amparo. (.) De manera que de una interpretación sistemática e integral de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, y en aras de que siempre se observen los altos fines del juicio de garantías, es válido concluir que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados dentro de juicio, que emanen a su vez dentro de un procedimiento incidental, el amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución que decida dicho incidente, si es que es susceptible de combatirse por esa vía biinstancial, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento y que hubiere dejado sin defensas al quejoso. Robustece lo anterior, porque las fracciones II y III del precepto citado, admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción III hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto se pueden reclamar violaciones procesales dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido, al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Por otro lado, en lo que se refiere a incidentes promovidos después de concluido el juicio, no reviste mayor problema, porque la fracción III del artículo 114, expresamente contiene la regla de combatir a través del amparo indirecto la resolución última, es decir, la interlocutoria, y en la demanda también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas dentro del incidente. En las relatadas consideraciones, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en el sentido de que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal, la cual debe ser combatida hasta que se promueva el juicio biinstancial en contra de la interlocutoria de referencia, que coincide esencialmente con los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, conforme a la siguiente tesis jurisprudencial que este Tribunal Pleno precisa y que es del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA." Ejecutoria en la que se advierte que el tema tratado fue el desechamiento de pruebas tramitado dentro de juicio y cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, y para resolver la cuestión planteada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación sistemática y extensiva de las fracciones II, III y IV, del artículo 114, de la Ley de Amparo, que regulan, las primeras dos, la manera en que deben de impugnarse las violaciones procesales acaecidas en la etapa de ejecución de sentencia, sea que se trate de actos después de concluido el juicio o en la etapa de ejecución de sentencia propiamente dicha, y tales reglas las hizo extensivas a los actos dentro de juicio a los que se refiere la fracción IV, del mismo precepto legal, sin embargo, lo importante de dicha ejecutoria al caso concreto, radica en que en relación a las violación procesales que se producen en incidentes tramitados fuera de juicio, como es el de liquidación sentencia dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018, estableció: ".en lo que se refiere a incidentes promovidos después de concluido el juicio, no reviste mayor problema, porque la fracción III del artículo 114, expresamente contiene la regla de combatir a través del amparo indirecto la resolución última, es decir, la interlocutoria, y en la demanda también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas dentro del incidente.." Como puede verse, determinó en forma categórica que la fracción III, del artículo 114, de la Ley de Amparo, establecía en forma expresa la regla consistente en que debe de combatirse a través del amparo indirecto, la resolución que recaiga al incidente tramitado fuera de juicio y en la misma demanda, también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas dentro del incidente. Jurisprudencia que se estima aplicable al caso, a pesar de que haya interpretado preceptos de la Ley de Amparo abrogado, ya que éstos, particularmente la fracción III, que disponía: "Artículo. 114.- El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben" Lo cual, en lo substancial fue reproducido en la Ley de Amparo vigente, concretamente en la fracción IV, del artículo 107, que dispone: "Artículo. 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De tal manera que el criterio ahí sustentado, no se opone a la nueva Ley, de tal forma que válidamente puede aplicarse la jurisprudencia acabada de citar, en términos del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril, de dos mil trece, que dispone: "SEXTO: La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Establecido lo anterior, de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la determinación relativa al recurso de revocación emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, interpuesto contra el auto de dos de agosto del mismo año, en el cual se admitió a trámite un segundo incidente de liquidación de sentencia, dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018. Es relevante acotar, que la fijación del acto reclamado y la afirmación que se realiza en el sentido de que el mismo acontece dentro de un incidente de liquidación, promovido por el aquí tercero interesado dentro del juicio ejecutivo mercantil 105/2018, de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar de Ciudad Mante, Tamaulipas. Por tanto, lo anterior lleva a la afirmación de que el acto reclamado, no pone fin a la secuela incidental, sino que; consecuentemente, será hasta el momento en que se resuelva interlocutoriamente, podrá reclamar las aducidas violaciones en la etapa de ejecución de sentencia, mediante la demanda de amparo que entable en contra de la interlocutoria correspondiente. Consecuentemente, en la especie, se actualiza de manera manifiesta, notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación a la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, con apoyo en el numeral 113 transcrito, SE DESECHA LA DEMANDA EN ESTUDIO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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