Esperanza Aguirre Bravo

Expediente 716/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
716/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Rogelio Paredes Pérez (Abogado)
  • Esperanza Aguirre Bravo
  • Dante Garcia Cessa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s].

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por la secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución, dictada en el conflicto competencial 11/2021, cuyos resolutivos dicen: [P]RIMERO. El Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para conocer del juicio de amparo formado con motivo de la demanda promovida por Esperanza Aguirre Bravo, Dante García Cessa, Teodulfo García García, Joaquina Garrido Hernández, Aida Gaytán Carrillo, Leobardo Granillo López, Jesús Hugo Hernández Pérez, Elvia Marrón Rodríguez, Luz María Margarita Moreno Covarrubias, María Águeda Rivera Palmeros, Elena Romero González, José Salazar Sánchez, Elvira Solorio Montiel, María Del Carmen Yolanda Zetina Muñoz, Santa Martha Solís Rodríguez, María Del Refugio Ferrer Campos, Ivette Jalil Kuri, Irma Alicia Merino Feria, Mario Rincón Rodríguez, Crispín Hernández Romero y/o José Crispín Hernández Romero y Magdaleno Hernández Hernández, a que se refiere este conflicto competencial. SEGUNDO. Remítanse a dicho Juzgado de Distrito los autos, para que se avoque al trámite y resolución del asunto. Acúsese recibo de estilo a la superioridad del oficio y anexos. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En esa tesitura, conviene precisar que los quejosos señalan como actos reclamados en su demanda lo siguiente: ( La omisión de proporcionar a los quejosos la atención médica, hospitalaria, estudios y/o procedimientos médicos y quirúrgicos, así como el suministro de medicamentos necesarios para su salud. ( El cambio del sistema de servicio médico "AUTOADMINISTRADO" al "INTEGRAL" o "CAPITADO", el cual los ha dejado sin servicio médico. ( La licitación pública nacional electrónica con reducción de plazos número LA-006HIU002-E2-2021, publicada a través de Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental relativa a la "Contratación del Servicio Médico Integral y de Hospitalización para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural a través de un prestador de servicios que proporcione los tres niveles de atención que incluye: Prevención, Detección y Diagnostico de Diversas Enfermedades, así como el Tratamiento, Hospitalización, Servicio de Urgencias, Aparatos Ortopédicos, Atención Quirúrgica, Servicio Odontológico, Abastecimiento y Dispensación de Medicamentos, Materiales de Curación y Laboratorio y Gabinete", cuyo convocante es Nacional Financiera S.N.C., a través del cual se pretende cancelar o sustituir el sistema AUTOADMINISTRADO de atención médica, farmacéutica y hospitalaria de los quejosos, con el que se venía cumpliendo con nuestro derecho de protección a la salud, por otro sistema conocido como INTEGRAL o CAPITADO, porque actualmente no proporciona ninguna atención médica. ( La omisión de las autoridades responsables de informar o proporcionar a los quejosos los datos de los médicos, especialistas, enfermeras, farmacias y hospitales que contrataron para proteger la salud y la vida de los quejosos, porque derivado de la anterior licitación, ahora no sabemos a quién acudir para recibir la atención médica requerida, lo que denota más bien que no está contratado ninguno de los profesionales de la medicina mencionados. A efecto de lograr una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos puntos de antecedentes de los actos que se reclaman, según lo narrado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad: 1.- Los quejosos son jubilados del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, quien después entró en proceso de liquidación fungiendo como liquidador el ahora Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). 2.- Para seguir cumpliendo con las prestaciones que venían recibiendo los empleados activos y jubilados, se ordenó la constitución del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, mismos que designaron como fideicomisarios a todos los jubilados, pensionados y derechohabiente del Sistema Banrural. 3.- En este Fideicomiso, se estipuló la obligación de la fiduciaria Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo -con cargo al patrimonio fideicomitido-, para que a partir del primero de julio de dos mil trece, realice el pago de las pensiones y jubilaciones, además, efectué los pagos y ejecute los actos que sean necesarios para que los fideicomisos y derechohabientes reciban atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y cubra los beneficios al fallecimiento de los jubilados y pensionados. 4.- Para el manejo del fondo y de la liquidación del Sistema Banrural, se designó al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ) para que se desempeñe como liquidador de las sociedades nacionales de crédito del Sistema Banrural. 5.- Sin embargo, el 19.12.2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la que se creó el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE), en sustitución del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), por lo que a partir de esta fecha el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE), adquirió la calidad jurídica de liquidador de las Sociedades Nacionales de Crédito que integraban el Sistema Banrural. Esta institución se transformó posteriormente y cambió de nombre a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). 6.- La parte quejosa manifiesta que las autoridades que señala como responsables, han llevado a cabo una serie de cambios al sistema de prestación del servicio médico para los jubilados, pensionados y sus derechohabientes a nivel nacional, que les generan una afectación a sus derechos humanos, pues reducen el suministro de medicamentos, sustituyen como regla general los medicamentos de patente por genéricos, restringen los estudios de laboratorios, de diagnóstico, modifican los servicios de emergencia, entre muchos otros y que las responsables han omitido notificar dichos cambios a los jubilados, pensionados y derechohabientes. Ahora bien, se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.» Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. El artículo 5º de la ley de la materia prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del amparo, son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, quien no reúne esos atributos, no puede ser autoridad responsable; y el juicio de amparo contra los actos que emita resulta improcedente. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda se advierte que lo medular del reclamo trasciende en las condiciones de las que gozan los quejosos como jubilados, esto último derivado del vínculo laboral que tuvieron con el Banco de Crédito Rural. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados, actúan en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con el Banco de Crédito Rural, y en cuanto fideicomisarios del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN); por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados, de ahí que tales diferencias deberán ser reclamadas en la vía ordinaria laboral; instancia ante la cual deben demandarse las prestaciones que consideran deben cumplirse en torno a su pensión como trabajadores jubilados. En ese sentido, las conductas de que se duelen los peticionarios del amparo, evidentemente, no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernado y, cualquier acción u omisión de las autoridades señaladas como responsables, como lo son los actos aquí reclamados, no constituyen actos de autoridad, ya que no fueron realizadas en un plano de supra a subordinación, pues no se encuentran revestidas de imperio, ni de la indumentaria estatal, como entidad pública, ni como particular actuando como autoridad estatal, ya que quienes las emiten, no actúan con base en una ley, sino en los derechos derivados de la relación laboral que existe entre el aludido organismo paraestatal y los quejosos en su calidad de jubilados; motivo por el cual, los conflictos que se susciten al respecto deben ser ventilados ante la autoridad competente y no a través de un juicio de amparo. Lo anterior es así, pues los actos reclamados en el juicio de amparo se hacen consistir en la modificación, limitación, alteración, sustitución, suspensión o cancelación del Sistema de Servicio Médico Autoadministrado; la cancelación, extinción, modificación o reducción del fideicomiso; la sustitución, cancelación, reducción o modificación de los contratos celebrados con hospitales, médicos, especialistas, enfermeras, farmacias y demás personal; y, la omisión de las autoridades responsables de informar amplia, debida y particularmente a los aquí quejosos en su calidad de jubilados del Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, Sociedad Nacional de Crédito, y en cuanto fideicomisarios del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN); así como a los pensionados y derechohabientes del Sistema Banrural, los cambios que pretenden hacer las responsables a través de la licitación pública nacional electrónica con reducción de plazos número LA-006HIU002-E2-2021, respecto de la prestación del servicio médico que a la fecha tiene contratados para proporcionarnos la atención médica. Es preciso señalar que el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, es una prestación laboral que se encuentra contenida en el decimoquinto artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes "Ley Orgánica de la Financiera Rural"), en la que se estipuló que los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidaban continuarían recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios respectivos; de igual forma, dichos beneficios seguirían otorgándose a los derechohabientes de los jubilados y pensionados en caso de fallecimiento, utilizándose las reservas constituidas para ese fin; recursos que serían depositados en un fideicomiso constituido de manera expresa para estos efectos y administrados por el liquidador. En consecuencia a lo anterior, se creó el fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, actuando como fiduciaria Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a. /J. 113/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice su rubro: BANRURAL. CONFORME AL ARTÍCULO DECIMOQUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2002, LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DICHO SISTEMA CONTINUARÁN RECIBIENDO LAS PRESTACIONES EN LA MISMA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE LO HACÍAN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. El citado precepto dispone que los jubilados y pensionados de las sociedades de crédito que se liquidan seguirán recibiendo sus pensiones y jubilaciones de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios respectivos; sin embargo, aun cuando únicamente se refiera a "pensiones y jubilaciones", dichas expresiones deben interpretarse de acuerdo con las disposiciones contenidas en las citadas Condiciones, de ahí que los pensionados y jubilados del sistema Banrural deben seguir recibiendo todas sus prestaciones de la misma manera y bajo las mismas circunstancias en que lo hacían cuando aquéllas se encontraban vigentes. De lo cual, se desprende que el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, nace de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes "Ley Orgánica de la Financiera Rural"); donde determina que seguirán vigentes las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios respectivos, a favor de sus pensionados y jubilados, en analogía que cuando se encontraban en activo. En consecuencia, conforme al decimoquinto artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes "Ley Orgánica de la Financiera Rural") las condiciones generales de trabajo deben seguir vigentes y aplicarse en tanto existan extrabajadores, pensionados y jubilados que hayan laborado en las instituciones nacionales de crédito integrantes del Sistema Banrural, porque su situación jurídica se encuentra regulada conforme a aquéllas. Tomando en consideración que en el presente asunto los quejosos reclaman los cambios que pretenden hacer las responsables a través de la licitación pública nacional electrónica con reducción de plazos número LA-006HIU002E2-2021, respecto de la prestación del servicio médico que a la fecha tienen contratados para proporcionarles la atención médica, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo, y que de las manifestaciones en la demanda, se advierte que los involucrados son los fideicomitentes, quienes designaron como fideicomisarios a los pensionados y jubilados, sus derechohabientes, así como a las personas designadas por los mencionados pensionados y jubilados; así como Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter fiduciaria; en ese tenor, los actos reclamados derivan de la materia laboral. Aunado a que, se advierte de la demanda de amparo que una de las autoridades señaladas como responsables, es Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria, siendo una entidad de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio; además de formar parte del Sistema Bancario Mexicano, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo que se concluye que, al reclamar los actos a una fiduciaria, la cual emana de una Institución de Banca de Desarrollo, consecuentemente, por identidad de razón, la naturaleza es laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. /J. 10/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice su rubro: COMPETENCIA LABORAL. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESCOMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE UN FIDEICOMISO Y SUS TRABAJADORES, CUANDO LA FIDUCIARIA DE AQUÉL ES UNA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. En términos de lo previsto en los artículos 123, apartado "B", fracciones XII y XIII bis, de la Constitución General de la República y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano competente para conocer del juicio laboral que se instaura en contra de un fideicomiso, cuya fiduciaria es una institución de Banca de Desarrollo, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 3o., 30 y 82 de la Ley de Instituciones de Crédito, dicha institución bancaria es considerada una entidad de la Administración Pública Federal que forma parte del Sistema Bancario Mexicano por lo que es la obligada a dar cumplimiento al laudo respectivo, aunque para ello afecte, en la medida que sea necesario, sólo los bienes materia del fideicomiso demandado. Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que el artículo 123, apartado B, fracciones XII y XIII bis, de la Constitución General de la República, del que se desprende que las relaciones laborales entre las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano (como son las instituciones de banca de desarrollo) y sus trabajadores, se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, y consecuentemente, los conflictos que al respecto se susciten deben ser sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es corolario de las anteriores precisiones que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano jurisdiccional que en principio resulta competente para conocer de los conflictos que se susciten entre BANRURAL y sus trabajadores, por ser ésta una institución de banca de desarrollo y por tanto, una entidad de la administración pública federal que forma parte del sistema nacional bancario mexicano. Apoya lo anterior la jurisprudencia J. 39/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL BANCO DE CRÉDITO RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. De los artículos 123, apartado B, fracción XIII bis, de la Constitución Federal, 1o. y 5o. de la ley reglamentaria de la fracción del precepto invocado, 1o. y 5o. de la Ley Orgánica del Sistema Banrural y 1o. y 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que el Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito es una institución bancaria de desarrollo, por lo que es una entidad de la administración pública federal que forma parte del sistema bancario mexicano. Por lo tanto, aunque no existe disposición que de manera expresa determine la autoridad competente para dirimir los conflictos laborales que se susciten entre las instituciones que forman parte del sistema bancario mexicano y sus trabajadores, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no representa oposición alguna a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos que se susciten entre el banco y sus trabajadores. En tales condiciones, al quedar demostrado que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5º fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley en cita.

  3. Principal

    agréguese a los autos sin mayor proveer el oficio de cuenta, en virtud de que en autos, se acordó lo conducente a su contenido.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio, anexo de cuenta y evidencia criptográfica, otórguese pleno valor, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Amparo. téngase a la superioridad informando la admisión del conflicto competencial interpuesto en autos y lo radicó bajo el número 11/2021 del índice de su adscripción, quedando en espera de su resolución. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

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