Esneyder Ballato Hernández
Expediente 403/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Esneyder Ballato Hernández
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio del Magistrado Presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 3673/2019, al que acompaña cuaderno de amparo en el que obra orinal del escrito de presentación y de la demanda de amparo promovida por Esneyder Ballato Hernández; informe justificado con certificación, oficio 833/2019, constancias de emplazamiento en tres fojas, diverso 1453/2019 proveído de veintiuno de mayo del año en curso, oficio 1049/2019 mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; cuatro copias de la demanda, copias certificadas del testimonio de queja 832/2009, así como toca civil 543/2018-III; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar, que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE:__ Tiene ese carácter la Tercera Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con domicilio en Edificio del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ubicado en carretera México-Pachuca S/N, en Pachuca, Hidalgo.__ IV. ACTO RECLAMADO:__ Constituye el acto reclamado de la autoridad responsable, Tercera Sala Civil y Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, la sentencia de fecha 28 VEINTIOCHO DE MARZO DE 2019, dictada en el Toca Civil 543/2018-III, formado con motivo del RECURSO DE QUEJA interpuesto por parte quejoso ESNEYDER BALLATO HERNÁNDEZ, lo anterior derivado del Juicio Escrito Familiar de Guarda, Custodia y Pensión Alimenticia expediente 832/2009, radicado en el Juzgado Primero Familiar de Pachuca, Hidalgo, donde se reclama la fundada e improcedente sentencia interlocutoria dictada en la que se declaró procedente El incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido por VIANEY PROA DE LA FUENTE.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte, que la parte ahora tercero interesada, Vianey Proa de la Fuente, demandó al ahora quejoso, en la vía escrita familiar, diversas prestaciones relacionadas con la patria potestad y custodia de su menor hijo, radicándose el veintinueve de octubre del dos mil nueve ante el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, como juicio escrito familiar 832/2009. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el diez de agosto de dos mil diecisiete, Vianey Proa de la Fuente, promovió incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas en contra de Esneyder Ballato Hernández. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, dictó sentencia interlocutoria; inconforme con la sentencia dictada Vianey Proa de la Fuente y Esneyder Ballato Hernández, interpusieron recurso de queja en su contra, que se registró por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con el número 543/2018-III, y el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictó la resolución correspondiente, declarando procedente el recurso de queja. Así, en contra de dicha determinación, Esneyder Ballato Hernández, por propio derecho, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De lo anterior expuesto se colige, que como el acto reclamado en la especie consiste en la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada dentro del expediente 832/2009, en relación a la planilla de liquidación de alimentos en dicho juicio, en consecuencia, no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, es inconcuso, que por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal que ya no se pueda seguir actuando en el mismo, los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita, como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas, y como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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