Esneyde García Espinoza

Expediente 362/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
362/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Esneyde García Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio 37/2021-A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca 193/2020, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja planteado." Glósese a los autos el oficio y anexo de mérito, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó, la demanda de amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  2. Principal

    Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, notificada a través de la Circular CAP/3/2020, de esa propia fecha, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", regresando al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del referido Acuerdo General 13/2020, por un periodo de veintidós días, comprendido del VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de proteger la salud e integridad personal de las servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, evitando que el virus se propague, autorizándose para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes. Posteriormente, a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Secretario Ejecutivo de la Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reiniciando labores el doce de enero del año en curso, continuando con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, como está ordenado en la circular SECNO/1/2021, en el presente asunto se adoptarán la medidas de ampliación de plazos previsto en el artículo 2, fracciones III, IV y VIII, del Acuerdo General 21/2020, considerándose como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En otro contexto, visto el oficio 4634/2020 proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que admitió el recurso de queja interpuesto la parte quejosa, en contra del auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, radicándolo bajo el número de toca 193/2020.

  3. Principal

    Vista; la papeleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veinticuatro de noviembre de los actuales, al informar que el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de doce de noviembre del año en curso, le correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. En consecuencia, a fin de que el supracitado tribunal tenga acceso total al presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diversos 28, 39, 40 y demás aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia; que fomenta el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional a través de la utilización de juicios en línea y el envío y recepción de constancias de forma electrónica, se pone a su disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En virtud de lo expuesto, se instruye al secretario (a) de este juzgado, para que verifique que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, así como vigilar su coincidencia con el expediente físico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente el expediente electrónico. Lo anterior, salvo que la Superioridad estime que, por su naturaleza, el asunto no pueda resolverse sólo con el expediente electrónico y deban enviarse los autos originales o copia certificada. Cabe destacar que en el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se rindió el informe justificado en los siguientes términos. QUEJOSA REVOCA NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Finalmente como los solicita la quejosa, se tiene por revocada su solicitud de realizar las notificaciones vía electrónica en el presente juicio, por lo que se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en su escrito inicial de demanda.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por , por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de al local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16, 17 y 123 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 362/2020, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento de la quejosa, como se verá a continuación. Establecido lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la disconforme señala como actos reclamados los consistentes en: "...a) La resolución del incidente de nulidad de actuaciones de dos de octubre de dos mil veinte, notificada en dieciséis de octubre del año que transcurre; así como b) Los vicios propios que tengan los antecedentes de la resolución dictada y en que haya incurrido la autoridad responsable..." Ahora bien, como se anticipó se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción V, precepto 107, del mismo ordenamiento legal, los cuales textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" " Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" Concatenado con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, el cual dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." Debiendo destacarse además el contenido de los artículos 171 y 172, fracción V de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; De esta manera, se advierte que de acuerdo a la legislación vigente, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; sin que haya la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia. La procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparables, son aquéllos que no tocan por sí tales valores, sino sólo afectan derechos adjetivos o procesales cuyos efectos de carácter formal o intraprocesal inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, dichas consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, si el acto reclamado es la resolución de dos de octubre de dos mil veinte, que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones dictada dentro del juicio laboral 436/III/2015 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y acorde con los antecedentes narrados en la demanda de amparo, todavía no se dicta laudo, es inconcuso que dichos actos no reúnen las características exigidas por el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que cabe la posibilidad de obtener sentencia favorable, con lo que se repararían y desaparecerían las violaciones aducidas, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Por lo que, desde esa perspectiva, la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, en modo alguno es impugnable a través del amparo indirecto, sino que debe reclamarse en la vía directa, en caso de que las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, afecten la defensa de la quejosa y trascienda al resultado del fallo. Esto, pues al momento en que se producen, en absoluto trastocan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos de la parte quejosa, sino que sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas de la parte quejosa, y trascienda al resultado del fallo. De ahí que la resolución que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, no son actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, porque únicamente producen efectos meramente procesales, dado que las violaciones que llegaren a cometerse en la emisión de dichos actos, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si el laudo resulta favorable a los intereses de la quejosa, de lo contrario, estos podrán reclamarse en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, se interponga contra el mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones entraña una violación a las leyes de procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo; al prever que los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o de trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de la quejosa cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Se citan en apoyo a lo expuesto las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 170244 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 23/2008 Página: 593 NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." "Época: Novena Época Registro: 167896 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 94/2008 Página: 256 NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En consecuencia, es claro que cuando los actos reclamados consisten en la resolución que dirimió un incidente de nulidad, ya sea en un sentido o en otro, las mismas deben combatirse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por tratarse de violaciones al procedimiento, en términos de los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que el acto reclamado consistente en la resolución de dos de octubre de dos mil veinte, que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones dictada dentro del juicio laboral 436/III/2015 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, el cual se encuentra en trámite, pues aún no se ha emitido laudo, no constituyen actos de imposible reparación, con los que se transgreda en perjuicio de la parte quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que no pueden ser reclamados en el amparo biinstancial; toda vez que en el caso, los efectos del acto reclamado son meramente procesales, puesto que los mismos no pueden ser calificados como irreparables, pues para ello es necesario que produzca una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación el acto reclamado, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado a contrario sensu, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Esneyde García Espinoza, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lizeth Bello Salinas y Jessica Noemí Mar Licona, toda vez que tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que la quejosa solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que la impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificada vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: LIZETHBELLO. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitada para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Se tiene por señalado el correo electrónico proporcionado por la impetrante, y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Dora Alina González Díaz, que autoriza y da fe.

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