Esmirna Vela Salazar

Expediente 1123/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1123/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Esmirna Vela Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    ...Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por el secretario de este juzgado, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, por medio del cual se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:..Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Esmirna Vela Salazar, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. I. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1123/2017/II-B. I. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En el caso particular, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción V , de la ley de la materia. Lo anterior es considerado en ese sentido, toda vez que es necesario precisar en primer lugar que de la lectura integra de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en el auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca 1606/2017 de su índice, en donde desechó de plano el recurso de queja interpuesto en contra del diverso de dieciocho de agosto pasado, proveído por el cual la Sala responsable desechó de plano el recurso de apelación por extemporáneo, recurso de apelación que tuvo por objeto combatir el diverso auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en donde tuvo por admitidas las pruebas pericial en materia dactiloscopia y documental ofrecidas por Dionisio Aguilar Espinosa, en el expediente 399/2015 de su orden cronológico. Expresiones que para la suscrita adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , de rubro que dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Expuesto lo anterior, resulta conveniente exponer que de acuerdo con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, tratándose de actos dentro de juicio, el amparo bi-instancial solamente procede contra aquéllos que se consideren de imposible reparación entendiéndose por tales los que afectan materialmente los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación a un derecho fundamental; en caso contrario, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la promovente, trascendiendo al resultado del fallo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito , de rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En este aspecto, también debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172, fracción III , de la Ley de Amparo de la Ley, que contempla de manera enunciativa, más no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas de la quejosa trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se impugne en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en el auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del toca 1606/2017 de su índice, en donde desechó de plano el recurso de queja interpuesto en contra del diverso de dieciocho de agosto pasado, proveído por el cual la Sala responsable desechó de plano el recurso de apelación por extemporáneo, recurso de apelación que tuvo por objeto combatir el diverso auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en donde tuvo por admitidas las pruebas pericial en materia dactiloscopia y documental ofrecidas por Dionisio Aguilar Espinosa, en el expediente 399/2015 de su orden cronológico, en modo alguno constituye un acto en el juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, en los términos que han sido indicados. Es evidente que el acto reclamado se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva que resuelva el juicio en lo principal, resulta finalmente favorable a sus intereses, ello tomando en consideración que en la controversia que se sigue ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, aún no se encuentra concluida. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trascienda al sentido del fallo del referido juicio, podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que en su caso, promueva la solicitante del amparo contra la resolución que en su momento llegare a dictarse y que ponga fin a la controversia. Cobra relevancia al caso en estudio la diversa tesis (III Región) 5o.14 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Morelia, Michoacán , de rubro que dice: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESTRINGIR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, NO LO VULNERA." De lo expuesto con antelación, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de garantías que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda con que se dio cuenta. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Fernando Ramírez González y Araceli de la O Ramos, en virtud de que tienen registradas sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con las restricciones que impone dicho artículo a Maira Castro Aguilar, Mayra Lizeth Ceballos Barradas y Diana Lara Herrera, por no contar con el referido registro. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6º del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.

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