Esmirna Lima Balbuena
Expediente 308/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2021
Partes del expediente
- Esmirna Lima Balbuena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2., se declara que dicha sentencia que sobresee el presente juicio ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. DESTRUCCIÓN Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una sentencia que sobreseyó en el juicio; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Primera Instancia del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros de la Ciudad de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, informando que mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen 471/2002 en el que dejó insubsistente el emplazamiento realizado al demandado aquí quejoso José Guadalupe Manríquez Juárez, así como todo lo actuado, levantando el embargo trabado en autos mediante diligencia de veintitrés de mayo de dos mil dos, sobre el inmueble materia de dicho procedimiento, ordenando también girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla, a efecto de que realice la cancelación del embargo trabado sobre el citado inmueble. De igual manera ordenó turnar los autos al diligenciario de su adscripción, a efecto de que emplace al demandado José Guadalupe Manríquez Juárez al juicio de origen, en términos de lo ordenado en auto de quince de mayo de dos mil dos dictado en el juicio de origen. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por oficios recibidos en este juzgado el treinta de marzo de dos mil diecinueve, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, anteriormente denominada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efectos el descuento ordenado al quejoso Juventino Valencia Bravo, ordenado dentro del expediente 283/2017, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla. Asimismo, el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, mediante diversos oficios presentados el nueve y diecinueve de abril del año en curso, precisó que por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de origen a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; así como repuso el procedimiento y ordenó el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte aquí quejosa, la cual se llevó a cabo el ocho de abril de dos mil veintiuno. Por lo anterior, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con dichas constancias para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a proveer si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto debe decirse que mediante sentencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo solicitado a la parte quejosa, por lo que, inconforme con dicha resolución, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Así, la Superioridad, mediante ejecutoria de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca R-11/2020, de su índice, resolvió revocar la sentencia recurrida y concederé la protección constitucional al quejoso Juventino Valencia Bravo, para os efectos siguientes: ".el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio generador a partir del emplazamiento reclamado de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y provea lo necesario a fin de que el quejoso, aquí recurrente, sea emplazado a ese procedimiento en forma legal. Concesión que se hace extensiva a los diversos actos atribuidos a la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, y Delegada Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, consistentes en el oficio que contiene la orden para que se haga el descuento del treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe el demandado, así como el descuento realizado por dicha Delegación, ya que al concederse el amparo respecto del emplazamiento reclamado de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se darán insubsistentes las actuaciones posteriores al mismo, como son el oficio y la referida orden de descuento de salario, contenida en el mismo." Por lo anterior, mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se requirió al el cumplimiento del fallo protector al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla; Diligenciaria de su adscripción y Delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; por lo que, en cumplimiento a ello, las citadas autoridades responsables informaron lo siguiente: I.- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, anteriormente denominada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señaló que dejó sin efectos el descuento ordenado al quejoso Juventino Valencia Bravo, ordenado dentro del expediente 283/2017, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla; y, II.- El Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, hizo del conocimiento que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de origen a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; así como repuso el procedimiento y ordenó el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte aquí quejosa, la cual se llevó a cabo el ocho de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, de dichas actuaciones, no se advierte que el Juez responsable haya realizado la devolución de la suma a la que asciende los descuentos realizados a la parte quejosa, respecto al treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe el demandado [aquí quejoso], que fue ejecutado por la Delegada Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora denominada Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues al haberse ordenado la insubsistencia del procedimiento natural, ello trae como consecuencia la nulidad de las actuaciones posteriores y su ejecución, lo que implica la devolución al quejosos de las cantidades que le fueron descontadas. Por lo anterior, se deduce que el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla no acató íntegramente los lineamientos establecidos en la referida ejecutoria. En las anotadas circunstancias, requiérase al Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, para que dentro del término de tres días dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, acredite que realizó la devolución de la suma a la que asciende los descuentos ordenados a la parte quejosa, quedando en aptitud de emitir los requerimientos e imponer las medidas de apremio que estime pertinentes para lograr la restitución al quejoso de las cantidades descontadas. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por quejoso Juventino Valencia Bravo; visto su contenido, dígase que se esté a lo acordado en párrafos precedentes y, respecto a su solicitud de que este juzgado requiriera a la parte tercera interesada la devolución las cantidades que le fueron descontadas, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, en virtud de que le corresponde a la autoridad responsable emitir las determinaciones conducentes para dar cumplimiento de la ejecutoria de mérito y, por consiguiente, es ésta quien debe efectuar los requerimientos correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
agréguese a sus autos el escrito de María del Rubí Hernández Pérez autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, téngasele realizando las manifestaciones que del ocurso de cuenta se desprenden. Atento a lo anterior, instrúyase al Analista Jurídico adscrito a este juzgado federal, a efecto de que corrobore que se realizaron las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para el acceso al expediente electrónico que se autorizó en el auto admisorio de trece de febrero de dos mil veintiuno. En tal sentido, hágase del conocimiento el contenido del presente acuerdo a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar.
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