Esmerlada Gaspar del Toro
Expediente 1255/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/07/2023
Partes del expediente
- Esmerlada Gaspar del Toro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en los artículos 12, 14, fracción III, 20, fracción II, todos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. En consecuencia, mediante sello, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito signado por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por el allega pruebas documentales en atención a lo solicitado en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés; sin perjuicio de ser relacionadas en el momento procesal oportuno de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención a lo ordenado por la Superioridad a través de la resolución pronunciada el veintisiete de octubre del año en curso, en el toca en revisión 406/2021 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se requiere al perito Héctor Manuel Salinas Hermosillo, para que tomando en consideración las pruebas mencionadas y todas las que obren en autos, amplíe su peritaje y determine si la superficie analítica de 18-05-26.854 hectáreas, comprendidas del Kilómetro 411 + 603 al kilómetro 414 + 615, de la carretera Guadalajara - México, denominada MEX-15D, se localiza o no, dentro de los terrenos amparados por la resolución de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta, o en su caso si dicho tramo se encuentra inmerso o no dentro de los derechos agrarios del ejido quejoso. Así mismo, deberá dilucidar en su ampliación de dictamen si la vía del ferrocarril Guadalajara a Irapuato, que fue destacada en el "acta de posesión y deslinde a la dotación de Ejido al poblado de San José de Las Moras, municipio de la Barca, Estado de Jalisco", de veinte de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, así como en el plano definitivo correspondiente, aún se encuentra en la actualidad y , en su caso, si la misma guarda identidad física con la carretera Guadalajara - México, denominada MEX-15D, en el tramo comprendido del kilómetro 411 + 603 al kilómetro 414 + 615 o en su defecto, si dicha carretera no se encuentra en la misma superficie donde se encontraba la vía del ferrocarril cuando se le entrego al ejido quejosa la que es materia de la permuta. Se apercibe al perito que, de incumplir con la recuesta anterior, en el lapso indicado, se procederá en términos del artículo 153 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y se le impondrá una multa en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de los daños y perjuicios que por su omisión ocasione. Tiene aplicación los criterios de rubro texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El último párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo establece que a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, así pues, como la prueba pericial no se encuentra regulada en la Ley de Amparo, debe aplicarse supletoriamente el código federal de referencia, tratándose de la prueba de mérito, y así, cuando los peritos nombrados por las partes no rindan sus dictámenes, no necesariamente esa falta trae como consecuencia que se tenga por "desierta" dicha prueba, toda vez que el artículo 153 del código procedimental referido establece que el Tribunal debe designar nuevos peritos en substitución de los omisos e imponer a éstos una multa; esa conducta, hará responsable al perito de los daños y perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que lo nombró; ahora bien, si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que le fue otorgado, pero lo hace antes de que se realice el nuevo nombramiento, únicamente se le aplicará la multa señalada en el primer párrafo del numeral 153 en comento". (Época: Novena Época, Registro: 205249, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XIX.2o.3 K, Página: 394). "SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL ORDENADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN NORMATIVA EN LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLEZCA BAJO QUÉ CONDICIONES DEBE PONDERARSE AQUÉLLA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DISCRECIONALES, EMITA LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA O NO DE LA PETICIÓN. La consagración constitucional del derecho a la jurisdicción impone al operador jurídico el deber de impartir justicia; no sólo en los plazos y términos fijados en las leyes, sino también a resolver de manera pronta, imparcial y completa. En la búsqueda de esa completitud, surge el deber de la autoridad judicial de resolver la controversia sometida a su potestad, sin que sea obstáculo para ello el silencio, la oscuridad o, incluso, la insuficiencia de la ley. En abandono del formalismo en la interpretación y aplicación del derecho, la discrecionalidad judicial surge como consecuencia del reconocimiento de que no en todos los casos, el derecho positivo ofrecerá una respuesta directa y única a cada problema jurídico, o a los accidentes procesales que se susciten durante su curso legal. La única limitación para el ejercicio de ésta consistirá en la motivación expresa y la razonabilidad de la medida. Entonces, si se solicita la prórroga para el desahogo de una prueba pericial ordenada dentro del juicio de amparo indirecto, la ausencia de disposición normativa en la Ley de Amparo que establezca bajo qué condiciones debe ponderarse esa petición, no impide que el Juez de Distrito emita las providencias necesarias para evaluar la procedencia o no de la solicitud, porque en ejercicio de su discrecionalidad puede determinarlo como rector del procedimiento a fin de optimizar la impartición de justicia. Por ende, si el Juez resuelve no acceder a la petición de prórroga, porque el solicitante no manifestó el tipo de imposibilidad que tenía para no asistir a su desahogo, y tampoco exhibió documento alguno que lo corroborara, esa decisión resulta legal, porque satisface los estándares de suficiencia, racionabilidad y sensatez que obligadamente debe plasmar, a fin de no emitir una resolución arbitraria cuando no hay norma expresa que brinde la solución específica al problema jurídico al que se enfrenta". (Época: Décima Época, Registro: 2014141, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: I.1o.P.9 K (10a.), Página: 185)
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte TERCERA INTERESADA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se acordó lo siguiente: Téngase por recibido el escrito signado por Héctor Miguel Colunga Arriero, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual promueve RECURSO DE REVISIÓN y expresa agravios contra la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO el aludido medio de impugnación. Por lo anterior, una vez que el recurso se encuentre debidamente integrado, deposítense los autos originales de este juicio de amparo en el buzón correspondiente a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso planteado, hágase las anotaciones correspondientes; y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Además, dígasele a la Superioridad que corresponda, que el expediente se encuentra disponible, tal y como se advierte de la siguiente captura de pantalla: Finalmente, se comisiona a la o el Actuario que corresponda para que se cerciore de la debida remisión de los oficios que deriven de esta determinación; así como de los que se remitan a través de mensajería acelerada; e integren de forma inmediata al expediente electrónico y físico los acuses que correspondan, y de ser el caso, los comprobantes de envío correspondientes (guías).
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