Esmeralda Thadeo Pedroza

Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
25/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Esmeralda Thadeo Pedroza

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de seis de enero de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V- FIRME DESECHAMIENTO DE DEMANDA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que quejosa Esmeralda Thadeo Pedroza, no se encuentran notificados del acuerdo de seis de enero del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que intentó. Se ordena notificar auto de desechamiento. En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones, Instrúyase al Actuario de la Adscripción para que inmediatamente notifique a la parte quejosa el proveído de mérito. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil veintitrés. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por.. por propio derecho, contra actos de la Magistrada Unitaria del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 25/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no deben sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridades responsables. Encargada de la Dirección General de la Contraloría Interna del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. Consejero Jurídico o Juez Especializado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Magistrada Unitaria del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes . Precisión de los actos reclamados. Negativa de llevar a cabo la diligencia de entrega- recepción a la que fue citada la quejosa. Negativa de grabar la diligencia de entrega-recepción. Impedir designar a uno de los dos testigos de asistencia que exige la Ley de Entrega- Recepción. El cierre de la diligencia de entrega-recepción que se llevaría a cabo el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. La negativa de recibir la entrega que en cumplimiento a la ley debe realizar la quejosa. La negativa de certificar los expedientes que se encontraban listos y ordenados para la entrega en la oficina del juzgado. La omisión de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción. La negativa a recibir la entrega que debía realizar al haber concluido la comisión a la que fue asignada. Orden girada a la Encargada de la Dirección General de la Contraloría interna del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, para que diera por terminada la diligencia de entrega-recepción, revocar la determinación de sellar la oficina con los expedientes motivo de la entrega y no certificar la existencia de los expedientes referidos. La orden girada al Director General de Administración y Finanzas para que se retiraran de la diligencia entrega recepción, en lugar de acatar lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Entrega- Recepción. La omisión de notificar formalmente a la quejosa en términos del artículo 17 de la Ley de Entrega-Recepción. La omisión de designar formalmente y en términos del artículo 6 fracción II, de la Ley de Entrega-Recepción, al servidor público entrante o a quien deba recibir la entrega que la quejosa debía hacer a la conclusión de la comisión que tenía encomendada. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe y se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratado internacionales e los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De lo anterior, se advierte que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia de la acción constitucional cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal; de la propia ley de la materia. Por su parte, el artículo 1°, fracción I, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el numeral 5°, fracción II, transcrito, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. Así es, la Primera Sala del Alto Tribunal explicó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó, esencialmente, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 69, agosto de 2019, Tomo II, página 1144, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES" En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad: la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la Teoría General del Derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, como entes de derecho público, en las que actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, y aunque se regulan también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal, no incluye todas las relaciones de supraordinación existentes en el Estado Mexicano, sino solamente las que se enumeran en dicho precepto constitucional. Entonces, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De manera que, sólo será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente público que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares, pues desde esa posición sus actos pueden ser imperativos, coercitivos y unilaterales; de suerte que en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, afectando los derechos fundamentales del particular. Sobre tales premisas, se advierte que la quejosa acude con motivo de lo acontecido al momento de la entrega-recepción del cargo ostentado como Jueza de Control, Enjuiciamiento y Ejecución de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, reclamando diversas omisiones y actos derivados de dicho proceso a la que se encuentra sujeta al haber terminado la comisión para la que fue designada; sin embargo, dichos actos y omisiones no son impugnables mediante juicio de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que se le atribuye al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, específicamente, su órgano de Dirección General de Contraloría Interna, una relación de supraordinación, esto es, entre autoridades en ejercicio de las funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos respectivos. En esas condiciones, puede sostenerse válidamente que los actos reclamados, en todo caso, se trata de una cuestión de orden administrativo entre entes de derecho público que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos; por lo que no se colma el presupuesto básico para que pueda impugnarse mediante el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 1, fracción I, de la ley de Amparo, en relación con el diverso 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la quejosa reclama actos del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, que se suscitaron en su actuación de servidora pública, es decir, una autoridad frente a otra, dentro de un plano de supraordinación. Se arriba a esa conclusión pues, según lo establecido en los preceptos citados en el párrafo precedente, el juicio de amparo únicamente es procedente para dirimir controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales de los gobernados, tal como lo estableció expresamente el legislador en la fracción I del artículo 103 de la Carta Magna hipótesis que no se actualiza en la especie. Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo promueve es el gobernado, por violación a sus derechos fundamentales, en virtud de los actos o leyes de las autoridades, y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la ley o acto autoritario frente al gobernado se da en una relación de supra a subordinación y no de supraordinación. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro: 168507, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Sin que obste a lo expuesto, que conforme a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, las autoridades puedan acudir al juicio de amparo; sin embargo, el hecho de que la quejosa acuda al juicio de amparo en su calidad de servidora pública, esto es, como Jueza integrante del Poder Judicial del Estado de Morelos, tampoco implica que se actualice la hipótesis prevista en el numeral en cuestión, dado que las autoridades sólo pueden promover el amparo cuando el acto de diversa autoridad afecta su patrimonio, siempre y cuando se trate de una relación en la que se encuentre en un plano de igualdad con el particular, todo lo cual no sucede en el caso, por ende, carece de legitimación para promover el juicio de amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretenda hacer valer. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2015321, de título : "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." No se soslaya que de la misma manera la parte quejosa reclama la omisión de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Morelos; sin embargo, dicho acto se reclama como consecuencia de una serie de actos derivados del proceso de entrega-recepción al que se encuentra sujeta por virtud del nombramiento de servidora pública que le fue expedido y no se trata de un acto autónomo e independencia que haya derivado de una solicitud de la inconforme como simple gobernada. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la tesis VI.3o.A.6 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1812, cuyo rubro y texto señalan: "COMISIÓN TRANSITORIA DE REVISIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL ACUERDO DE CABILDO QUE LA CREA Y LOS ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, INCLUYENDO SUS CONCLUSIONES, NO SON IMPUGNABLES VÍA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla establecen que una Comisión Transitoria de Revisión, creada por el Ayuntamiento electo, se encargará de revisar el acta de entrega-recepción de la documentación relativa a la gestión del Ayuntamiento saliente, estando obligada a formular un dictamen para someterlo al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, quien podrá llamar a los servidores públicos involucrados para solicitar cualquier información o documentación que estime necesarias, y emitirá el acuerdo correspondiente, el cual no eximirá de responsabilidad a los integrantes y servidores del Ayuntamiento saliente, debiendo el Cabildo también remitir copia del expediente de entrega-recepción al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para efecto de la revisión de las cuentas públicas municipales. Ahora bien, el juicio de amparo que se promueve contra el acuerdo de cabildo que crea la Comisión Transitoria de Revisión, y en general, contra cualquier acto dictado por dicho ente en el procedimiento de revisión en comento, debe declararse improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción II, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, toda vez que los mismos constituyen meros actos dictados dentro de un procedimiento, que por regla general, sólo pueden ser impugnables en amparo indirecto hasta que se produzca la resolución final en el mismo, incluyendo en este supuesto a las conclusiones de la citada comisión, que tampoco pueden irrogar alguna afectación a la esfera jurídica del gobernado, ya que éstas deben ser sometidas a la revisión del Ayuntamiento, quien estará obligado a emitir el acuerdo correspondiente y remitir copia del expediente de entrega-recepción al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para la revisión de las cuentas públicas municipales, y en su caso, dar inicio al procedimiento de responsabilidad respectivo, cuyo resultado desfavorable hasta entonces le puede afectar al particular; aunado a que con tales actos no se vislumbra una violación a derechos sustantivos, ni se trata de violaciones formales o adjetivas en grado predominante o superior, pues sólo tienen como efecto sujetar al particular a un procedimiento a fin de revisar su gestión como servidor del Ayuntamiento saliente, y ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, y en caso contrario, podría controvertir las violaciones acaecidas durante el procedimiento cuando promueva el medio de defensa legal correspondiente, pudiendo en ese momento repararse las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con esos actos." Conclusión. En las relatadas condiciones, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal, este último aplicado en sentido contrario, dado que el acto reclamado no cuenta con las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, y al no encontrarse revestido de imperio frente al particular, no resulta procedente el juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consulta de expediente electrónico. Consulta del expediente electrónico. En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Notificación vía electrónica Con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario ... conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Se instruye a la oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización de la promovente en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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