Esmeralda Tenorio Orozco

Expediente 1484/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1484/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Esmeralda Tenorio Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que al día de hoy, no se interpuso recurso de queja, contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. REGISTRO Vista la demanda que promueve supuestamente **** en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales K.R.A.T., con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1484/2022-IV-B. DESECHAMIENTO Del análisis al escrito de demanda, este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 6, 61, fracción XXIII, y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, en virtud que la demanda de amparo carece de la firma autógrafa de la promovente, los que a la letra dicen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;. " Además, conviene precisar que si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece expresamente qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129, determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal, se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el citado artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, el escrito inicial de demanda de amparo contiene por sí, las características de un documento privado, porque proviene de un particular sin que aparezca la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 122 de la Ley de Amparo, disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo con lo establecido en el precepto últimamente citado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 148/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página once, del Tomo XII, Diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado." Por tanto, en razón de que el artículo 108 de la Ley de Amparo, exige como uno de los requisitos de la demanda el que sea firmada por quien la promueve, y si bien en ese numeral no se menciona expresamente la palabra firma, lo cierto es que al establecer que debe formularse por escrito, implícitamente así lo reconoce, toda vez que con la firma, se exterioriza la voluntad de realizar determinado acto y se acredita la autoría del documento. Bajo esta tesitura, cuando la demanda de amparo es promovida sin firma, resulta obvio que ello da origen a la improcedencia del juicio de amparo así intentado, porque quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado pueda afectar su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo. En ese tenor, y toda vez que en el caso en particular, como se ha narrado, se aprecia que el escrito de amparo no contiene la firma o rúbrica autógrafa de la parte quejosa, toda vez que únicamente es una copia de la misma, de ahí que no se asegura la relación jurídica entre dicho escrito y la promovente; de ahí que, no pueda identificarse a la persona que presenta el ocurso. Lo que se corrobora de la anotación que la Oficina de Correspondencia Común, en la que se hace constar lo siguiente: "Firmado en copia". Luego, el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte en quien recae el perjuicio que el acto reclamado le genera, por tanto, si el escrito no contiene la firma autógrafa de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado y consecuentemente tenerse por no interpuesta la demanda de amparo, tal y como lo expone la Tesis Jurisprudencial I. 15o.A.17 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. .... Máxime que de la lectura íntegra del escrito de demanda, no se advierte que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual sería una excepción a la regla y permitiría a un tercero promover la demanda en favor del directo quejoso. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en los artículos 6, 61 fracción XXIII, y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, al no encontrarse firmado el escrito inicial, es procedente con fundamento en el precepto 113, de la ley de materia en cita, desechar de plano la demanda supuestamente promovida por Esmeralda Tenorio Orozco en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales K.R.A.T., por ser notoriamente improcedente. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Consulta del expediente Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.

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