Esmeralda Sosa Solórzano
Expediente 1135/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 05/07/2019
Partes del expediente
- Esmeralda Sosa Solórzano
- Esmeralda Sosa Solórzano y Otros.
- Luciano Sosa Mar
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal. Matamoros, Tamaulipas.
- Eunice Solórzano López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado con el contenido de dicha determinación, en términos del numeral 201, fracción I de la propia ley; por lo que, con fundamento en el precepto legal invocado en primer término, se tiene por consentida la mencionada determinación. Toda vez que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, con fundamento en los numerales 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. El presente expediente es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ya que se concedió la protección constitucional solicitada, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente respecto a su archivo, para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Incidental
II...Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1135/2018-II, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concedió la suspensión provisional, así mismo, se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; por lo que, en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Toda vez que, el presente incidente se formó por duplicado y separado; procédase a su destrucción a partir del seis de enero de dos mil veinte, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesado Abelardo Alanís Rodríguez, el proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante resolución terminada de engrosar el veintinueve de marzo del año en curso, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Esmeralda Sosa Solorzano, Eunice Solorzano López y Luciano Sosa Mar. (fojas 64 a 79). Por lo que, al no ser recurrida por las partes, el seis de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria (fojas 89 y 90). Mediante oficio 1271/2019, suscrito por el Juez de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado al fallo emitido en el presente asunto; asimismo, remitió copia certificada del acuerdo de diez de mayo del año en curso, en el cual dejó insubsistente el proveído que concedió el beneficio de la libertad caucional a los quejosos, emitido el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el proceso penal 5/2017; y en su lugar, pronunció otra cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación al momento de abordar su estudio, siguiendo los lineamientos de la sentencia protectora, por lo que emitió un nuevo pronunciamiento con plenitud de jurisdicción, en el que reiteró el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución y fijó los montos para obtener la misma (fojas 94 a 100). Comunicado anterior que se ordenó poner a la vista de las partes a fin de que manifestaran lo de su intención; sin que así lo hubieren hecho. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Bajo ese contexto, en la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo del año en curso, este Juzgado de Distrito otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal en el Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el proveído que concedió el beneficio de la libertad caucional a los quejosos, emitido el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el proceso penal 5/2017; y En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita nuevo pronunciamiento en el que reitere el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución y fije los montos para obtenerla conforme las disposiciones legales expuestas en esta resolución, lo que deberá hacer de manera exhaustiva, congruente, fundada y motivada. En tales condiciones, este órgano de control constitucional procede a analizar si el fallo protector dictado en este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplido o no. En razón a ello, se advierte de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal en el Estado, con sede en esta ciudad, el diez de mayo del año actual, ordenó dejar insubsistente el auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, a través del cual se concedió a los quejosos la libertad provisional bajo caución. Asimismo, en dicho auto pronunció otra cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación al momento de abordar su estudio, siguiendo los lineamientos de la sentencia protectora, toda vez que respecto a Luciano Sosa Mar, expuso en qué se basó para determinar el monto que se le impuso para gozar de tal beneficio, toda vez que la autoridad responsable argumentó de forma detallada los aspectos que exigen los artículos 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 395, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, es decir, el monto y la forma de caución que se fije, deberían ser asequibles para el inculpado; se abordó el estudio de la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria; por lo que consideró que respecto a la reparación del daño no fijó cantidad alguna toda vez que dentro del sumario no obraba alguna documental para justificar el posible daño psicológico y moral causado con el delito que se le imputa relativo al de amenazas; la cantidad estimada de la sanción pecuniaria fue de cinco mil novecientos ochenta pesos con cincuenta centavos, moneda nacional, lo anterior de conformidad con el numeral 306 del Código Penal del Estado; además, tomó en cuenta los antecedentes del inculpado y de la víctima; el mayor o menor interés que pudiera tener el inculpado en sustraerse a la acción de la justicia; las condiciones económicas del imputado; y, la naturaleza de la garantía que se ofrezca, en su caso, por lo que al advertir que el quejoso Luciano Sosa Mar, no contaba con antecedentes económicos, su grado de estudios y profesión además de su ingreso en formal semanal, le fijó la cantidad de cuatro mil diecinueve pesos con cincuenta centavos, moneda nacional, para la garantía del cumplimiento de las obligaciones procesales. Por otra parte, en relación a las quejosas Eunice Solorzano López y Esmeralda Sosa Solorzano, el pasado veintinueve de marzo del año en curso, este juzgado determinó que la autoridad responsable no hizo una debida fundamentación y motivación, toda vez que omitió la realizar un estudio exhaustivo y sólo se limitó a realizar el estudio en base a una constancia que obra en el sumario visible en foja 95, expedida por el Doctor Julio César Chora de la Garza, del Servicio de retina y vítreo, sin que esta contara con la información relativa a la cédula profesional del médico que realizó dicho avaluó, o las constancias relativas a las facturas con relación al tratamiento; sin soslayar, que dicha constancia no fue objetada por los procesados; sin embargo, la misma carecía de la información relativa a la cédula profesional lo cual era un requisito indispensable para la certeza del dictamen que se exhibió, a su vez, no se exhibieron las facturas del monto en el sumario. En tales condiciones, en el auto de diez de mayo del año en curso, la autoridad responsable se pronunció respecto a dicho tópico concerniente a las quejosas Eunice Solorzano López y Esmeralda Sosa Solorzano, en el cual siguiendo con los lineamientos de esta sentencia, cumplió con el requisito de exhaustividad y estimó que de autos no se desprendía que dichas lesiones provocaran a la víctima una incapacidad temporal para poder establecer el monto conforme lo establecen los artículos 487 y 491 de la Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración lo dispuesto por el numeral 493 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, por lo que dejó a salvo los derechos del ofendido para que si lo estimaba pertinente durante la secuela procesal, allegara las documentales de su intención para garantizar el concepto de reparación de daño; por tanto, no fijó el monto respecto a dicho supuesto, que establece el numeral 395 fracción I, del ordenamiento adjetivo punitivo en comento; por otra parte, relativo a las fracciones II y III del citado dispositivo dio un total de siete mil novecientos veintiún pesos con sesenta centavos, moneda nacional respecto a Eunice Solorzano López y en relación a Esmeralda Sosa Solorzano fue de diez mil novecientos veintiún pesos con sesenta centavos moneda nacional. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el diez de mayo dos mil diecinueve, en que el juez responsable ordenó dejar insubsistente el proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, y pronunció otra con plenitud de jurisdicción, en el que emitió un nuevo pronunciamiento en el que reiteró el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución y fijó los montos para obtenerla conforme las disposiciones legales expuestas en el fallo constitucional, cumpliendo con los requisitos de exhaustividad, congruencia, fundamentación y motivación. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el numeral 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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