Esmeralda Ortega Aguilar
Expediente 1023/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Esmeralda Ortega Aguilar
- ESMERALDA ORTEGA AGUILAR y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
SE ORDENA ARCHIVO
- Incidental
SE ORDENA ARCHIVO
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, a las nueve horas del 25/08/2021, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 19/08/2021, que dice: Se ordena archivo del expediente
- Principal
De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes, por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. Determinación judicial de cumplimiento de ejecutoria. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Esmeralda Ortega Aguilar en representación de las menores de edad E.M.O., D.M.O. y P.N.M.O., deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como actos reclamados: -La reducción de la pensión alimenticia provisional decretada previamente a favor de las quejosas, dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, en la etapa de revisión de medidas provisionales de la audiencia inicial dentro del procedimiento de violencia familiar radicado con el número de expediente 120/2020. -La determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra de la anterior resolución, confirmándose la medida provisional de pago de alimentos al valor de medio día de salario mínimo para cada acreedoras. Sentencia de amparo. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia definitiva por esta autoridad, la cual causó ejecutoria el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó conceder el amparo a la impetrante, para los siguientes efectos: a) Que la autoridad responsable dejara sin efectos la determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando lo determinado de esa misma fecha, donde se redujo la pensión alimenticia provisional, decretada previamente a favor de las quejosas b) En su lugar, admitiera el recurso de revocación a que se ha hecho referencia, donde con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos expuestos a lo largo de la presente resolución, resolviera sobre la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia concedida a la parte quejosa, fijando fundada y motivadamente las condiciones en que ésta habrán de quedar, hasta que se resolviera en definitiva. Solicitud de cumplimiento. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable, para que acatara los lineamientos del fallo protector. Efectos del fallo protector. Como se apuntó con antelación, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se requirió al juez responsable, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo protectora, en términos de la sentencia definitiva, para que: Que la autoridad responsable dejara sin efectos la determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando lo determinado de esa misma fecha, donde se redujo la pensión alimenticia provisional, decretada previamente a favor de las quejosas b) En su lugar, admitiera el recurso de revocación a que se ha hecho referencia, donde con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos expuestos a lo largo de la presente resolución, resolviera sobre la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia concedida a la parte quejosa, fijando fundada y motivadamente las condiciones en que ésta habrán de quedar, hasta que se resolviera en definitiva. Información de cumplimiento. En proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio y anexos por los que el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, comunicó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector. Consideraciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que este juzgado de distrito concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: Se apreció la falta de ponderación al interés superior de las menores promoventes del amparo, pues como bien lo alegó la parte quejosa, la responsable dejó de atender a los datos de prueba existentes en el sumario, o a la necesidad de recabar algún otro, a efecto de determinar la capacidad económica del deudor alimentario; omitiendo además razonar y explicar a las partes, la falta de aplicación del quinto párrafo del artículo 5,43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que esencialmente dispone que cuando no se acredite la capacidad económica del deudor alimentario, en atención a las circunstancias especiales del caso, se fijara en salarios mínimos, sin que pueda ser inferior a uno. Además, del referido acto combatido, se apreció la falta de explicación del porqué realizó reducción y asignación de las pensiones alimenticias a los acreedores alimentarios, en 1.5 salarios mínimos para las menores de edad E.M.O., D.M.O. y P.N.M.O. y, 1.5. salarios mínimos para los menores J.M.S. y U.J.M.F.; pues ello, a simple vista resulta inequitativo, todas vez que las acreedoras primeras son tres, en tanto que, los segundos son dos. Máxime que si bien, el hecho de que el deudor alimentario cuente con otros acreedores, actualiza la posibilidad de que las medidas provisionales puedan modificarse, para ello resulta necesario ponderar las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor; lo cual, de manera indispensable debe efectuar bajo un análisis exhaustivo de las circunstancias que se presentan en cada caso específico, pues el nacimiento o surgimiento de un nuevo acreedor no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado, ya que éste pudiera contar con recursos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y, en consecuencia, no debieran disminuirse la pensión que reciben sus acreedores, quienes regularmente son ajenos a las nuevas responsabilidades que asume el obligado alimentario. Lo que resultó acorde con la postura que se asumió en cuanto a que la capacidad del deudor para suministrar los alimentos no tiene una connotación estrictamente económica, sino que también deriva de la edad, aptitud, talento, cualidades y capacidades que tiene para seguir generando recursos económicos y cubrir los alimentos de sus acreedores. Resultó fundado también, que la responsable omitió pronunciarse sobre posibilidad de brindar alimentos provisionales en favor de quejosa Esmeralda Ortega Aguilar, toda vez que de conformidad con el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, sí existe la posibilidad de que los mismos le sea otorgados. En consecuencia, se advirtió el juez responsable fue omiso en atender de manera oficiosa y pormenorizada al interés superior de las menores promovente del amparo; lo que así considera además, porque el artículo 5.1., segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México,8 establece que las controversias de derecho familiar, se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para actuar de oficio, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, en materia de alimentos, guarda y custodia, patria potestad y de las cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares tendientes a preservar la familia y a proteger a sus miembros; por lo que, el juzgador deberá implementar las medidas de protección conducentes, a fin de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Sentado lo anterior, tenemos que el artículo 77 de la Ley de Amparo estable: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: --- I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y --- II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. --- En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. --- (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) --- En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. --- En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. --- En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos constitucionales violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado es de carácter omisivo al no pronunciarse la autoridad responsable sobre posibilidad de brindar alimentos provisionales en favor de quejosa; por lo que el objeto de la concesión fue para que la autoridad responsable, primero, dejara sin efectos la determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando lo determinado de esa misma fecha, donde se redujo la pensión alimenticia provisional, decretada previamente a favor de las quejosas; y luego, admitiera el recurso de revocación a que se ha hecho referencia, donde con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos expuestos a lo largo de la presente resolución, resolviera sobre la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia concedida a la parte quejosa, fijando fundada y motivadamente las condiciones en que ésta habrán de quedar, hasta que se resolviera en definitiva. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: De la sentencia de uno de junio de dos mil veinte el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, se advierte que: -En proveído de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno se dejó sin efectos la determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando lo determinado de esa misma fecha, donde se redujo la pensión alimenticia provisional, decretada previamente a favor de las quejosas. -En dicha resolución, se admitió el recurso de revocación a que se ha hecho referencia, y con libertad de jurisdicción, atendiendo a los lineamientos expuestos en el fallo protector, resolvió sobre la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia concedida a la parte quejosa, fijando fundada y motivadamente las condiciones en que ésta habrán de quedar, determinando otorgar como medida provisional de pensión alimenticia en favor de la actora Esmeralda Ortega Aguilar y de las menores de edad E.M.O., D.M.O. y P.N.M.O., a cargo del demandado Gustavo Martínez García. Pronunciamiento sobre exceso o defecto en el cumplimiento. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, como se precisó en líneas precedentes, la concesión del amparo fue para que una vez el juez responsable dejara insubsistente la determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, confirmando lo determinado de esa misma fecha, donde se redujo la pensión alimenticia provisional, decretada previamente a favor de las quejosas; admitiera el recurso de revocación a que se ha hecho referencia, donde con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos expuestos a lo largo de la presente resolución, resolviera sobre la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia concedida a la parte quejosa, fijando fundada y motivadamente las condiciones en que ésta habrán de quedar, hasta que se resolviera en definitiva. Luego, el juez responsable remitió copia certificada de la sentencia de de uno de junio dos mil veintiuno, emitida en el expediente de origen, de la que se desprende que en proveído de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno se dejó sin efectos la determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa; y en dicha resolución, se admitió el recurso de revocación a que se ha hecho referencia, y con libertad de jurisdicción, atendiendo a los lineamientos expuestos en el fallo protector, resolvió sobre la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia concedida a la parte quejosa, fijando fundada y motivadamente las condiciones en que ésta habrán de quedar, determinando otorgar como medida provisional de pensión alimenticia en favor de la actora Esmeralda Ortega Aguilar y de las menores de edad E.M.O., D.M.O. y P.N.M.O., a cargo del demandado Gustavo Martínez García. Así, se aprecia que la autoridad responsable atendió cabalmente a la ejecutoria de amparo. Orienta a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." De ahí que la suscrita considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector, toda vez que el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México remitió copia certificada de la sentencia emitida el uno de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de origen, de la que se desprende que en proveído de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno se dejó sin efectos la determinación de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa; y en dicha resolución, se admitió el recurso de revocación a que se ha hecho referencia, y con libertad de jurisdicción, atendiendo a los lineamientos expuestos en el fallo protector, resolviendo sobre la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia concedida a la parte quejosa, fijando fundada y motivadamente las condiciones en que ésta habrán de quedar, determinando otorgar como medida provisional de pensión alimenticia en favor de la actora Esmeralda Ortega Aguilar y de las menores de edad E.M.O., D.M.O. y P.N.M.O., a cargo del demandado Gustavo Martínez García. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la tesis siguiente: "Décima Época Registro: 2008717 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. CX/2015 (10a.) Página: 1115 SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable, dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Del archivo del expediente. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia.
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