Esmeralda Mora Martínez
Expediente 1395/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1395/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2019
Partes del expediente
- Esmeralda Mora Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, por el que este juzgado se declaró legalmente incompetente, por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, se ordena remitir los autos que integran el juicio de amparo 1395/2019 del índice de este juzgado, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, solicitando atentamente al Tribunal de Alzada en comento que acuse recibo y precise si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Parte quejosa cumple prevención. Visto el escrito aclaratorio de ***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ***, se le tiene desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgado mediante proveído de nueve de julio del año en curso. Incompetencia. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierten los siguientes datos: *** Presupuesto procesal de competencia. Previamente a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es dable precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Incompetencia por razón de la vía. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por razón de la vía. En términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es un proceso constitucional autónomo, competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito, -excepción hecha de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Amparo-, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo define que se entiende por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Análisis particular de la competencia por razón de la vía. Como ya se dijo, en el caso se reclama, el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitido dentro del juicio de retención de mejores y guardia y custodia ***, en el que se aprobó y ratificó el convenio celebrado entre las partes del juicio aludido, elevándose a categoría de cosa juzgada y se ordenó enviar al archivo como asunto totalmente concluido. En ese orden de ideas, el acto reclamado, por su naturaleza, y para efectos del juicio de amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio natural, ello, porque tratándose de un auto en el que se aprueba y ratifica el convenio celebrado entre las partes, elevándose a categoría de cosa juzgada y ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido, es claro que dicha resolución, aun cuando no resuelve el fondo del asunto, sí pone fin al juicio; por tanto, se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 170 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.". A su vez, los arábigos 34 y 170 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen en lo conducente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]". Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." De los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, además de que tal sumario constitucional procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo antes expuesto, se concluye que contra el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitido dentro del juicio de retención de mejores y guardia y custodia ***, en el que se aprobó y ratificó el convenio celebrado entre las partes del juicio aludido, elevándose a categoría de cosa juzgada y se ordenó enviar al archivo como asunto totalmente concluido no procede ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificado o revocado y, por tanto, pone fin al juicio. En consecuencia, se estima que la competencia para conocer del asunto, por razón de la vía, se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que la resolución reclamada pone fin al procedimiento de origen. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." De igual manera caso resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONVENIO. EL AUTO QUE LO APRUEBA Y DA POR CONCLUIDO EL JUICIO ELEVÁNDOLO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, ES ANALIZABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto en que se aprueba un convenio celebrado entre las partes y establece la obligación a su cargo de estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de sentencia ejecutoriada, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, sin decidir el juicio en lo principal, pero que sin embargo lo da por concluido, no admite más recurso que el de responsabilidad, por lo que en su contra es procedente el amparo directo en términos de los artículos 44 y 46, último párrafo, en relación con el 158, todos de la Ley de Amparo." Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo y, en consecuencia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a quien se estima competente para conocerla por los motivos y fundamentos expuestos. En esa medida, se solicita atentamente al Tribunal que conozca del asunto, que acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Visto el oficio de cuenta del Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual informa que el oficio 25341/2019, de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el que se le hizo de su conocimiento el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, no fue localizado en la oficina a su cargo. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena el reenvió a la autoridad oficiante del oficio 25341/2019, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden de ideas, para facilitar la integración del recurso se requiere a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la recepción del oficio que al efecto se le gire, informe a este Juzgado vía telegrama, mensajería acelerada y/o al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que recibió la citada comunicación oficial y remita copia certificada de la pieza postal de referencia. Acuse de recibo. Por otra parte, ténganse por recibidos los oficios de cuenta de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Director General de Amparos Contra Leyes, en representación del Presidente de la Republica, mediante los que informan que los oficios 25342/2019 y 25343/2019, en los cuales se hizo de su conocimiento el auto de veintiséis de junio del año en curso, por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja, fueron recibidos por dichas autoridades el dos de julio siguiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades oficiantes cumpliendo lo solicitado en proveído de referencia, por lo que hace a la primera autoridad, se ordena devolver el original del acuse, dejándose agregada al presente expediente copia de éste.
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