Esmeralda Martínez Gutiérrez

Expediente 1712/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 41 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1712/2022
Año
2022
Actuaciones
41
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Esmeralda Martínez Gutiérrez
  • Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional este juicio de amparo la demanda que dio origen a este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y que dicha determinación causa estado con esta fecha, lo cual actualiza el supuesto antes señalado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su destrucción. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos, ni garantías que deban devolverse en términos del multicitado acuerdo. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 17, fracción III inciso b), del acuerdo aludido, en atención a que, por una parte se negó y, por la otra, se concedió la suspensión definitiva solicitada, deberá conservarse el cuaderno original del incidente, mismo que deberá transferirse con el juicio de amparo una vez concluya el plazo de tres años que señala el referido precepto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia.

  2. Principal

    Agréguense los escritos signados por la quejosa en atención a su contenido se provee: Se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a, quien no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco. Ahora bien, en su primer escrito, la quejosa proporciona domicilio para emplazar al tercero interesado asimismo, en su segundo escrito, manifiesta la imposibilidad que tiene para costear la publicación de los edictos que se ordenaron para emplazar al citado tercero. Al respecto, dígase a la quejosa que no ha lugar a proveer sus peticiones, toda vez que en auto de veintinueve de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, toda vez que no compareció a este Juzgado a recoger los edictos para emplazar a dicho tercero, ni manifestó, en el término concedido para ello, la imposibilidad para cubrir el pago de la publicación de los mismos; sin que el suscrito pueda revocar sus propias determinaciones.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrieron los plazos de tres y veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó emplazar al tercero interesado por medio de edictos que a costa de la parte quejosa se publiquen, a efecto de que: (1) recogiera los edictos, (2) entregarlos para su publicación y (3) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Asimismo, para que manifestara la imposibilidad que tuviese para no cumplir con la publicación ordenada, indicando si cuenta con los recursos económicos necesarios para proceder a cubrir los gastos de su publicación o en caso negativo, justificara dicha insolvencia. Sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Al respecto, por acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, se tuvo como tercero interesado a ordenándose su emplazamiento en el los domicilios que se advirtieron del juicio laboral de origen, pues la quejosa manifestó desconocer el mismo. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no lo pudo emplazar en dicha dirección, por los motivos expuestos en las razones levantadas el dieciocho, diecinueve y veintiuno de enero del año en curso. Por lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto del nombrado tercero, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar al tercero interesado a se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. En cumplimiento a ello, mediante escrito registrado con el folio 2673, la quejosa manifestó que desconocía el domicilio del tercero interesado, por lo que en acuerdo de quince de febrero del año en curso, se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran los domicilios que tuvieran registrados del tercero interesado de donde se obtuvo diversas direcciones. Sin embargo, por razones de veinticuatro de febrero; veintisiete, veintiocho, y treinta de marzo; todos del año en curso, el Actuario manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero interesado en los domicilios que proporcionados por las autoridades requeridas. Posteriormente, mediante escrito registrado con el folio 5157 la quejosa solicito que se girara oficio a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que proporcionara el domicilio que tiene registrado del nombrado tercero, lo cual se acordó de conformidad el veintitrés de marzo del año en curso. Mediante oficio registrado con el folio 6552, el Director Contencioso de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas informó como domicilio del tercero el ubicado en de esta ciudad; sin embargo mediante razón de veinticuatro de febrero del año en curso, el Actuario adscrito manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero interesado en dicho lugar. Por lo anterior, en acuerdo de diecisiete de abril del presente año, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó emplazar al tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese acreditado la insolvencia económica. Interpretación en abstracto del marco normativo. La fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si los domicilios de los terceros interesados resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investiguen aquéllos y si a pesar de la investigación se desconocen los domicilios, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados. Ahora bien, en el caso, como se precisó en el apartado de antecedentes, se advierte que se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar al tercero interesado *Asimismo, resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento del tercero interesado ********************, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional la cual estaba señalada para las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quedando sin efectos la misma. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes.* Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrieron los plazos de tres y veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó emplazar al tercero interesado por medio de edictos que a costa de la parte quejosa se publiquen, a efecto de que: (1) recogiera los edictos, (2) entregarlos para su publicación y (3) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Asimismo, para que manifestara la imposibilidad que tuviese para no cumplir con la publicación ordenada, indicando si cuenta con los recursos económicos necesarios para proceder a cubrir los gastos de su publicación o en caso negativo, justificara dicha insolvencia. Sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Al respecto, por acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, se tuvo como tercero interesado a ordenándose su emplazamiento en el los domicilios que se advirtieron del juicio laboral de origen, pues la quejosa manifestó desconocer el mismo. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no lo pudo emplazar en dicha dirección, por los motivos expuestos en las razones levantadas el dieciocho, diecinueve y veintiuno de enero del año en curso. Por lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto del nombrado tercero, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar al tercero interesado a se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. En cumplimiento a ello, mediante escrito registrado con el folio 2673, la quejosa manifestó que desconocía el domicilio del tercero interesado, por lo que en acuerdo de quince de febrero del año en curso, se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran los domicilios que tuvieran registrados del tercero interesado de donde se obtuvo diversas direcciones. Sin embargo, por razones de veinticuatro de febrero; veintisiete, veintiocho, y treinta de marzo; todos del año en curso, el Actuario manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero interesado en los domicilios que proporcionados por las autoridades requeridas. Posteriormente, mediante escrito registrado con el folio 5157 la quejosa solicito que se girara oficio a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que proporcionara el domicilio que tiene registrado del nombrado tercero, lo cual se acordó de conformidad el veintitrés de marzo del año en curso. Mediante oficio registrado con el folio 6552, el Director Contencioso de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas informó como domicilio del tercero el ubicado en de esta ciudad; sin embargo mediante razón de veinticuatro de febrero del año en curso, el Actuario adscrito manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazar al tercero interesado en dicho lugar. Por lo anterior, en acuerdo de diecisiete de abril del presente año, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó emplazar al tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese acreditado la insolvencia económica. Interpretación en abstracto del marco normativo. La fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si los domicilios de los terceros interesados resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investiguen aquéllos y si a pesar de la investigación se desconocen los domicilios, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados. Ahora bien, en el caso, como se precisó en el apartado de antecedentes, se advierte que se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar al tercero interesado *Asimismo, resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento del tercero interesado ********************, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional la cual estaba señalada para las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quedando sin efectos la misma. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes.* Notifíquese personalmente.

Quedan 37 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano