Esmeralda Marisol Pérez Martínez
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Esmeralda Marisol Pérez Martínez
Actuaciones
- Principal
1. Devuelve exhorto. Agréguese a los autos el oficio que remite vía electrónica la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 220/2022-AGI, número de orden 287/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, que se envió a fin de notificar personalmente a la parte quejosa **********, el proveído de veinticinco de mayo de esta anualidad. 1.1 Anotaciones. Dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo, sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el mismo automáticamente. 2. Notificación por lista. Atento a lo anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que manifestara nada al respecto. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. 3. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticinco de mayo de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 4.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3 fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 4.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obran las constancias relativas al exhorto 220/2022-AGI (Orden 287/2022), que le correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, con el objeto de notificar personalmente el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós a la parte quejosa ********************. 1.1 Solicitud. En consecuencia y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se solicita al juzgado exhortado, tenga a bien informar el estado que guarda la referida comunicación y, en su caso, la remita a la brevedad posible, o bien, informe si tiene algún impedimento legal o material para su diligenciación y remisión.
- Principal
1. Recepción. Téngase por recibido el oficio 22320/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 623/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por ...contra actos de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila, en virtud de haberse declarado legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo. 2. Se acepta competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 3. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 612/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 4. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia citada expone que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4.1 Premisa de hecho. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y acto siguiente: i) Autoridades responsables. Secretario de Salud, Directora de Administración, Directora adjunta de Administración, Subdirector de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Sistematización y Control de Nominas, Subdirector de Finanzas y Presupuestos, Jefe del Departamento del Sistema Integral de Información Financiera, Jefe del Departamento de Tesorería, Jefe del Departamento de Contabilidad, todos estos de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, Director del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal y Director de Administración del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, estos del denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, todas con sede en Saltillo y Director del Centro de Salud Urbano de 5 Núcleos Básico, con sede en Muzquiz, Coahuila de Zaragoza. ii) Acto reclamado: i) El ilegal descuento y/o retención del salario de la quejosa por parte de las responsables que se efectuó en la quincena comprendida del dieciséis de abril al treinta de abril de esta anualidad, bajo el concepto "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-KONDINERO" 4.2 Improcedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. 4.3 Actos de autoridad. De una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no sean de autoridad, entendiendo por ésta, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omite realizar el acto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii) Esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; iii) Emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como se explica en la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, puede decirse que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, el juicio de amparo sólo procederá contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas, a saber; de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. Por lo que hace a las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados o ciudadanos, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de ciudadano y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Sobre ese tenor, es posible afirmar que los "actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo", son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y, que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, deviene necesario establecer que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el empleado al servicio del Estado será toda persona que presta sus servicios a las instituciones o entidades públicas de carácter estatal, y que esas relaciones de trabajo se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Carta Magna, y sus disposiciones reglamentarias. 4.4 Caso concreto. Como se señaló, la parte quejosa reclama a las autoridades responsables el descuento y/o retención de su salario, que se efectuó en la quincena comprendida del dieciséis de abril al treinta de abril de esta anualidad, bajo el concepto "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-KONDINERO". Así entonces, la solicitante del amparo acude a esta vía a defender los derechos laborales que tiene en virtud de ser trabajadora de los Servicios de Salud del estado de Coahuila, con motivo del descuento de nómina bajo el concepto mencionado. De la prueba documental que se acompaña a la demanda de amparo es dable concluir que los actos reclamados en el presente asunto son de naturaleza intrínsecamente laboral. En efecto, si la quejosa reclama esencialmente el descuento de nómina señalado, se traduce en una afectación al salario que ésta percibe, dado su carácter de trabajadora entre ella y las referidas dependencias gubernamentales que señala para ser llamadas al amparo, en su naturaleza de patrón equiparado. En ese tenor, se concluye que la afectación que dice resentir la trabajadora no resulta en su carácter de ciudadana frente a autoridades administrativas, sino como trabajadora frente a un patrón equiparado, porque la actuación de las autoridades trae como consecuencia una afectación a su salario, el cual está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De tal manera que, tanto la hoy quejosa en su carácter de empleada estatal como las dependencias gubernamentales que participaron en el descuento de nómina, se encuentran en un plano de coordinación y no en una relación de supra-subordinación. Se afirma lo anterior, dado que las personas morales oficiales a quienes se reclaman los actos derivados de una relación laboral, no pueden considerarse como autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues se insiste, tales actos revelan una relación de coordinación entablada entre particulares, donde actúan en un mismo plano, en el caso de patrón-trabajador, por lo que para dirimir sus diferencias, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En efecto, al existir relaciones entabladas entre particulares, las partes involucradas se encuentran en aptitud de acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en ellas, o previstas por la ley, toda vez que los particulares están en un mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Lo antes precisado permite establecer que la actuación llevada a cabo por las autoridades adscritas al Gobierno del Estado de Coahuila, consistente en el descuento de nómina, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la relación que une a la inconforme con las dependencias de mérito, constituye una relación de trabajo, en la que el estado actuó en su calidad de patrón equiparado, y aquel en su condición de trabajador. Por todo ello, no es factible combatir en la vía del amparo el acto reclamado, ya que deriva de un vínculo laboral con el Estado patrón. Cabe decir que aun cuando las autoridades tengan naturaleza materialmente administrativa, lo cierto es que el efecto y las consecuencias de los actos que se les reclaman son netamente laborales, pues el derecho que estima vulnerado la quejosa deriva de una relación laboral, ya que ello se traduce en una afectación al salario, el cual está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la patronal. De ahí que, aun cuando los descuentos de nómina se trate de una decisión que afecte el salario que percibe un trabajador, ello no tiene el alcance de desvirtuar que dicha decisión fue tomada por el Gobierno del Estado de Coahuila en su carácter de patrón equiparado, precisamente, por referirse a cuestiones relacionadas con el vínculo laboral que une a la empleada estatal. En ese tenor, se concluye que las autoridades gubernamentales no actuaron con el imperio que establece una relación de supra a subordinación, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extinga situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular, ni tampoco se tratan de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados. Lo anterior, pues se trata de decisiones derivadas en su calidad de entes patronales equiparados, en un plano de coordinación o igualdad entre ambas partes, por tanto no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Así como, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. También se cita la tesis VII.2o.T.31 L (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito...
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