Esmeralda Marchan Almodobar
Expediente 441/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Esmeralda Marchan Almodobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 193, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de tres de julio de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional a la quejosa Esmeralda Marchán Almodóbar, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Para que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta responsable señale fecha y hora entro de los diez días siguientes para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas que no se hayan substanciado (tiempo que se considera suficiente para notificar a las partes y preparar el desahogo de los medios de convicción de que se trate), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo. b) Inmediatamente después de que emita el auto ordenado en el inciso que antecede, materialice lo que haya dispuesto en preparación del desahogo de las pruebas que estén pendientes. c) Hecho lo anterior, cierre la etapa probatoria y abra la de alegatos." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficios 1064 y 800, recibidos en este órgano jurisdiccional el cuatro de agosto de dos mil diecisiete y veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, (fojas 82 y 198 de autos), la autoridad responsable, remitió copia certificada de los autos dictados respectivamente el tres de agosto de dos mil diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual, en el primero de ellos, informó que la prueba testimonial ofertada por la parte demanda era la única probanza pendiente por desahogar, por lo que procedió a señalar fecha y hora para su verificativo, posteriormente en el acuerdo citado en segundo término, la autoridad responsable tuvo por desierta la referida prueba, toda vez que no comparecieron los atestes de la demandada, por lo que tomando en cuenta dicha circunstancia procedió a otorgar un término de dos días hábiles a las partes para que formularan sus respectivos alegatos por escrito; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la peticionaria del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó personalmente al autorizado de la quejosa el veintitrés de mayo del presente año, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable al emitir los acuerdos de tres de agosto de dos mil diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en los cuales informó que la prueba testimonial ofertada por la parte demanda era la única probanza pendiente por desahogar, procediendo a señalar fecha y hora para su verificativo y posteriormente en el auto citado en segundo término, tuvo por desierta la referida prueba, toda vez que no comparecieron los atestes de la demandada y tomando en cuenta dicha circunstancia otorgó un término de dos días hábiles a las partes para que formularan sus respectivos alegatos por escrito, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos que se consideraron vulnerados en la sentencia impugnada; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 y 214, de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, vistas las constancias de autos se determina que el presente expediente carece de relevancia documental y de valor institucional e histórico, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en el Punto Vigésimo Primero, fracción IV del Capitulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, por lo que una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración, y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, remite las constancias con las cuales acredita que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente Ricardo Quiñonez Orozco, para que dentro del término de tres días siguientes a la fecha que señaló para el desahogo de la audiencia testimonial ofertada por la parte demandada (dieciocho de mayo de dos mil dieciocho), informe el resultado de la misma. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el plazo concedido o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Es de precisarse, que el término otorgado para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos que se consideraron vulnerados. Notifíquese. ***
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, remite copia certificada de las constancias con las cuales acredita que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente Ricardo Quiñonez Orozco, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes del auto dictado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente obrero de origen *****, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el plazo concedido o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Es de precisarse, que el término otorgado para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos que se consideraron vulnerados. Notifíquese.
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