Esmeralda Gaspar Del Toro.
Expediente 1026/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2023
Partes del expediente
- Esmeralda Gaspar Del Toro.
Actuaciones
- Principal
No se desprende la constancia de notificación personal a la parte quejosa, respecto del auto de once de mayo de dos mil veintitrés, se comisiona al Actuario...
- Principal
Se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. El presente asunto es susceptible de destrucción. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido... Devuélvase el tomo de pruebas...
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso B) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa ESMERALDA GASPAR DEL TORO, el contenido del acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés de dos mil veintitrés, mismo que en síntesis dice: Vista la demanda de amparo, que, al parecer, promueve Esmeralda Gaspar del Toro, contra un acto que reclama de la autoridad que denominó: Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco. Por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el sistema con el número 1026/2023- VI; y, fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la aludida demanda, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el mencionado canon 113 de la ley que rige al juicio de amparo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA1 .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es 1 Página 730, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del análisis integral del escrito de amparo, es dable concluir que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda carece de firma autógrafa. A fin de evidenciar la causa de inejercitabilidad del juicio de garantías, se considera pertinente tener a la vista los artículos citados con antelación, mismos que estatuyen lo siguiente: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. .En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término (61, fracción XXIII), el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercitabilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO2 .- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción.". Por su parte, el segundo de los numerales, prevé que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o cualquier acto de autoridad que se reclame en esta vía; lo que se traduce en el principio rector del juicio de amparo denominado instancia de parte agraviada. Ahora bien, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta 2 página 373, del Tomo IX, junio de 1999, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría manera de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa, lo que se traduce en una manifestación de su voluntad. De lo anterior se tiene que tratándose de la existencia de una demanda de amparo, es preciso que conste la voluntad del agraviado de solicitar la protección de la justicia federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo, ya que no es admisible que un escrito anónimo o con firma en fotocopia, carente de autenticidad por la falta de firma del supuesto interesado, pueda ser considerado como una demanda de amparo, en tanto que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma o copia simple de la misma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida como los elementos de forma, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del quejoso de presentar la demanda. La firma autógrafa es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas manifiestan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, y se acredita la autenticidad del documento que se suscribe, por lo que se requiere de ella para dar validez a cualquier actuación o documento. Así, del análisis de la demanda que se presentó, se permite advertir que no cuenta con firma autógrafa. En efecto, del escrito de amparo se advierte que el promovente del juicio fue omiso en plasmar la firma autógrafa que sustentara su voluntad de solicitar el amparo y la protección de la justicia federal. Por lo tanto, es válido concluir que la voluntad de la parte agraviada no se exteriorizó para solicitar la protección de la justicia federal; aunado a que la falta de firma autógrafa de la demanda, no queda comprendida dentro de las prevenciones del citado artículo 108 de la Ley de Amparo. Estimar lo contrario sería autorizar la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica en virtud de que la falta de firma de tal documento lo convierte en anónimo o privado de autenticidad. Aplica al caso la tesis 1a. CV/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 70, Tomo XXX, Agosto de 2009, con número de registro 166575, de la Novena Época que a la letra dice: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO RELATIVO TRAE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por otra parte, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si el escrito de un recurso sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en el recurso de reclamación trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción." En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Sin que se tenga al promovente designando domicilio procesal ni autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, únicamente para efectos de hacer del conocimiento de la parte promovente el contenido del presente proveído, se ordena verificar en el domicilio precisado en la demanda de amparo, por esta ocasión, acorde con lo dispuesto por el numeral 27 de la ley de la materia. Lo anterior, pues como se expuso, el desechamiento de la petición constitucional descansa en la ausencia de expresión de voluntad indubitable por la parte agraviada, y ello tiene como consecuencia que no se le tenga formulando petición alguna, inclusive en lo relativo al señalamiento de domicilio y autorizados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Los datos personales que obren en las constancias que forman parte del juicio de amparo en que se actúa serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con las excepciones que la propia ley en la materia refiere. Hágase del conocimiento de las partes que el servicio de justicia que proporciona este órgano jurisdiccional es gratuito, conforme a los que dispone el artículo 17 constitucional. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforman, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo solicitar autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, además de cumplir con los requisitos establecidos para ello en la normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 263, fracciones I y II, así como el sexto transitorio del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, omítase la impresión y glose al expediente físico de este acuerdo.
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