Esmeralda del Rocio Perales Garza

Expediente 2126/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2126/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Esmeralda del Rocio Perales Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que amparó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente asunto concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.ADRO

  2. Principal

    En Reynosa, Tamaulipas, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 2126/2023-I. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional, y la Secretaria de Juzgado hace relación de las constancias, entre las cuales se encuentra el escrito inicial de demanda y anexo promovida por Esmeralda del Rocío Perales Garza; asimismo, en este acto se da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y la constancia que acompañó como complemento al mismo, el cual quedó registrado con el folio 18864. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver el presente asunto, y respecto a la documental que anexa, relaciónese la misma en el periodo correspondiente de la presente audiencia. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta con la prueba documental que la quejosa adjuntó a su escrito de demanda y la diversa que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia; las que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Por otro lado, se abre el periodo de alegatos, en el que se hace constar que las partes no hicieron valer alegatos. A lo que el Juez acuerda: Sin alegatos pendientes que reproducir, se concluye la presente audiencia, ordenando se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Visto, para resolver el juicio de amparo 2126/2023-I promovido por********************contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el acto transcrito en la foja tres del presente sumario, respecto del cual sostiene se conculca en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo de mérito, a este Juzgado de Distrito, y se admitió a trámite mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se tuvo como tercero interesado al Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo; esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI página 32, y XIX página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie, el acto reclamado destacado consiste en: La omisión de emitir el oficio vía electrónica por el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue solicitado en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 319/E05/2018. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; certeza que se corrobora de la documental que en copia certificada anexó la referida responsable al oficio de cuenta, a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; por tanto, se tiene como legalmente cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. En la especie, quien esto resuelve no advierte que se actualice causal de improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como tampoco hicieron valer alguna las partes en el juicio; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, los que no se transcriben porque no lo exigen los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, ya que con ello no se priva a dicha parte del derecho de recurrir la presente resolución y alegar lo que estime conducente, para en su caso, demostrar su ilegalidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que es del rubro siguiente; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. El análisis sistemático y conjunto de los argumentos expresados en la demanda, permite concluir que es fundado lo expuesto por la parte quejosa en sus conceptos de violación. En esencia la parte quejosa alega sustancialmente que la Junta responsable se ha abstenido de girar el oficio solicitado en diligencia de ocho de mayo de dos mil veintitrés, y que ha transcurrido en exceso el término a que refiere el artículo 838 que prevé la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso numeral 940, del mismo cuerpo de leyes; lo que se estima fundado; aunque suplido ante su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se considera que con dicho actuar la responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 17. En efecto, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, en lo conducente establece: ". Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." Por su parte, los diversos numerales 838 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." En ese orden de ideas, es claro que la Junta responsable se encuentra obligada a acordar sobre la petición formulada por la parte aquí quejosa en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, desahogada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 319/E05/2018, pues como lo dispone el artículo 838 de la ley laboral, dicha contestación debe producirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en la que se haya concluido la diligencia respectiva, lo que en la especie no acontece, máxime que al rendir su informe justificado la responsable de mérito deja en evidencia la violación de que es objeto la parte quejosa, pues acepta la existencia del acto reclamado. Así es, la responsable debió emitir un acuerdo que recayera a la petición de la aquí quejosa, consistente en que se gire oficio vía electrónica por el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, que lo fue el ocho de mayo de dos mil veintitrés; y al no haberlo hecho, la junta responsable incurre en exceso de demora en acordar lo conducente a la petición de referencia, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, ha transcurrido un tiempo considerable sin que haya sido acordada, lo que conduce al conocimiento de que existe un notable retardo por parte de la junta responsable en proveer lo procedente en derecho respecto a la petición planteada por la parte quejosa dentro del juicio natural. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder a********************el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Emita el acuerdo correspondiente a la petición formulada por la aquí quejosa dentro de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 319/E05/2018, relativa a que se gire el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante plataforma digital Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), y en su caso, acredite que se haya enviado el oficio respectivo. No impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional, el hecho de que la Junta responsable haya expresado en su informe justificado que no ha emitido el acuerdo respectivo debido al cúmulo de trabajo con el que cuenta; sin embargo, también debe decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien, deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse la resolución correspondiente. Así es, el hecho de que la junta responsable en su informe justificado refiere que cuenta con una carga excesiva de trabajo, ello no justifica que incumpla con su responsabilidad de administrar justicia, además de que a este juzgado no corresponde conocer de tales hechos, sino que, en todo caso, debe manifestarlo ante las instancias correspondientes a fin de que éstas tomen las medidas pertinentes para atender el reclamo de los ciudadanos que ocurren en demanda de justicia laboral ante las juntas, para que se realicen los estudios respectivos que solucionen los problemas de exceso de trabajo y falta de recursos humanos que en un momento dado pueda aducir. Apoya lo considerado, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde aparecen como datos de publicación, la página 1283, del Tomo XXII, relativo a Septiembre de 2005, Novena Época, registro 177266, Materia Laboral, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege********************en el juicio de amparo 2126/2023-I, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales y para los efectos jurídicos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de Diana Karen López Castillo, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con los oficios 357/2023, 439/2023 y 2333/2022, remitidos por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial, con residencia en Compostela, Nayarit, a través de los cuales informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." CUMPLIMIENTO Dicho lo anterior, el veinte de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".deje insubsistente todo lo actuado en el juicio hipotecario 297/2014, a partir del ilegal emplazamiento, inclusive y, ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. ." Luego, el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la sentencia pronunciada causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante oficio 357/2023, se tuvo a la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial, con residencia en Compostela, Nayarit, remitiendo copia certificada del proveído emitido el uno de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio hipotecario 297/2014, del cual se advierte realizó lo siguiente: Dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio hipotecario 297/2014, por lo que hace al demandado -aquí quejoso- Bernardo Gamboa Rodríguez; Ordenó reponer el procedimiento a partir del auto de radicación; Ordenó emplazar de nueva cuenta a la parte quejosa; Giró oficio al Director de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, a efecto de que llevara a cabo la cancelación de las anotaciones que hubiere efectuado con motivo de la sentencia emitida dentro del juicio de origen, al bien inmueble ubicado en calle Alfa Centauro número 401, entre las calles Asteroides y Satélite, código postal 88933, Fraccionamiento Satélite, en Río Bravo, Tamaulipas; y, Giró oficio al Notario Público Número 03, de la Segunda Demarcación Notarial, con sede en esa ciudad, a fin de que dejara sin efecto la escritura pública en la que se protocolizó el traslado de dominio de bien inmueble citado en el párrafo que antecede. (Anexando copia certificada de los oficios de referencia). Después, la responsable, por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita ha dicho Juzgado, remitió el oficio 439/2023, a través del cual adjuntó copia del diverso IRCT/REY/2598/2023, suscrito por el Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Reynosa, mediante el cual informó que dejó sin efectos las inscripciones realizadas a la Finca 26580, efectuadas con motivo de la sentencia pronunciada en el juicio hipotecario 297/2014, reintegrando la titularidad del inmueble al quejoso Bernardo Gamboa Rodríguez; remitiendo copia de la certificación registral de dicha propiedad, con la cual acreditó lo anterior. Asimismo, mediante oficio 2333/2022, presentado en este Juzgado el once de agosto de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del oficio sin número suscrito por Mónica Isabel Hermosillo Méndez, Titular de la Notaría Pública Número 4, con sede en Compostela, Nayarit, en el cual informó que dejó insubsistente y sin efectos la escritura pública número 13169, tomo XXIV, libro 7, de siete de diciembre de dos mil quince, relativa al bien inmueble ubicado en calle Alfa Centauro número 401,del Fraccionamiento Satélite, en Río Bravo, Tamaulipas; anexando copia de la toma de razón que se agregó a la protocolización en comento. Con ello, en proveído de catorce de agosto del año en curso, se dio vista a las partes a efecto de que expresaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, sin que a la fecha en que se actúa hayan manifestado algo al respecto. Ahora bien, de dichas documentales se advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos expuestos en la ejecutoria emitida en el presente juicio; por tanto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". ARCHIVO DEFINITIVO Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN En consecuencia, el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en el capítulo quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al ser un asunto en el que se concedió el amparo. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo acuerdo. Por otra parte, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo es conservable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Tanto el expediente principal como el cuaderno original del incidente deberán conservarse por un término de tres años, concluido ese plazo posteriores al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir los expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. ANOTACIONES Realícese la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, se ordena devolver al Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial, con residencia en Compostela, Nayarit, el DVD-R, que en su momento remitió como apoyo de su informe justificado; lo anterior, por ser innecesaria su retención; en la inteligencia de que resulta innecesario se acuse el recibo correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario que autoriza y da fe.ADRO

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