Esmeralda Avalos Cupido

Expediente 1086/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1086/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Esmeralda Avalos Cupido y Otros.
  • Esmeralda Avalos Cupido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veinticuatro de agosto pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Esmeralda Avalos Cupido y Maribel de la Cruz Suárez, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recepcionado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de veintidós del precitado mes, dictada en el expediente laboral 709/2015 de su índice. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal a las quejosas para que la autoridad responsable: De inmediato, dictara la resolución incidental de liquidación que corresponda en el juicio laboral 709/2015 de su índice, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y posteriormente lo notificara a las partes conforme a derecho. Con las constancias remitidas, la autoridad responsable demostró que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, emitió la precitada determinación y ordenó notificar a las partes. No pasa inadvertido lo manifestado por la quejosa en el escrito de cuenta, respecto a que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo porque la responsable omitió remitir las constancias de notificación de la aludida determinación. Sin embargo, tal argumento resulta inatendible porque en el fallo protector se decretó el sobreseimiento respecto al acto reclamado relativo a la omisión de notificar la aludida resolución interlocutoria. Por lo que resulta innecesario para el examen de cumplimiento de la ejecutoria, las constancias de notificación de la precitada resolución. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Esmeralda Ávalos Cupido y Maribel de la Cruz Suárez; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE. Ahora bien, en la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "De inmediato, dicte la resolución incidental de liquidación que corresponda en el juicio laboral 709/2015 de su índice, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y posteriormente lo notifique a las partes conforme a derecho." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo último párrafo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual, remite el oficio suscrito por el Coordinador de Actuarios adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al respecto se acuerda: Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Coordinador de Actuarios adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual se adhiere al informe justificado rendido por su superior jerárquico; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veintiocho de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el cinco posterior, Esmeralda Avalos Cupido y Maribel de la Cruz Suárez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La omisión de resolver y notificar a las partes la resolución interlocutoria correspondiente al incidente de liquidación celebrado el 21 de abril de 2022, en los autos del expediente laboral número 709/2015." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1086/2022-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza del acto reclamado, no se reconoció carácter de tercero interesado persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de resolver el incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 709/2015, de su índice y su notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL RESPONSABLE. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al tribunal responsable, toda vez que la materia del reclamo en la presente controversia lo constituye la omisión dictar la resolución interlocutoria del incidente de liquidación planteado en el expediente laboral 709/2015; por tanto, tal omisión al tratarse de una determinación que, como se verá más adelante, a la fecha no se ha dictado, por tanto el actuario responsable no se encuentra en aptitud legal de notificar. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante al acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable, procede sobreseer en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal responsable al rendir el informe con justificación, admitió la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con la copia certificada de la audiencia incidental de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral de origen. [Fojas 23 y 24] Documental a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa se encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama la omisión de resolver el incidente de liquidación planteado en la controversia burocrática 709/2015, del índice del Tribunal responsable, así como su notificación. Sobre el particular, aduce que la autoridad vulnera, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho a que se le imparta justicia pronta y expedita. Al respecto, esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación propuesto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto garantizar que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales previamente establecidos y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Estos cuatro atributos del derecho a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página 299, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De los anteriores atributos, resulta aplicable al presente asunto el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Al respecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, instituye, entre otras cosas, que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será inmediato, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez. Por su parte, el artículo 121 del mismo cuerpo normativo estatuye que las incidencias que se presenten dentro de la tramitación del procedimiento burocrático serán resueltas de plano. Del análisis de tales preceptos legales, se advierte que se tutela a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, ello es, que todo gobernado tiene derecho de acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, que se entiende como un valor social que debe ser realizado por los tribunales, como un servicio público en un plazo razonable, en función del necesario equilibrio que debe existir ante la deseable celeridad de los procedimientos judiciales y el tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las actividades que le correspondan. Además, se pone de relieve, que en los conflictos laborales en los que tiene competencia el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, todos los incidentes que las partes planteen se tramitarán de plano, pues si bien es cierto que el numeral en cita, establece en forma destacada los de personalidad, competencia, nulidad de actuaciones y tercero interesado, esto lo hace de manera ejemplificativa, por ser éstos los más comunes, sin embargo, el numeral en comento no es limitativo, pues en su locución "otros motivos" posibilita a las partes a plantear diversos incidentes, tales como el de liquidación, que al igual que los demás, debe resolverse de plano. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable y de las constancias que acompañó a su informe justificado, se desprende que ese Tribunal responsable, celebró el veintiuno de abril de dos mil veintidós la audiencia relativa al incidente de liquidación dentro del procedimiento burocrático natural, sin que hasta la presente data en que se resuelve esta controversia constitucional, haya pronunciado la resolución correspondiente en esa incidencia. En esa tesitura, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -uno de julio de dos mil veintidós-, el tribunal en cuestión no ha dictado la resolución del incidente de liquidación en comento en el juicio natural, incumpliendo con ello lo dispuesto los parámetros establecidos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, que instituyen que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será inmediato y que éste deberá tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez. Lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparte justicia pronta y expedita. No pasa inadvertida la actual contingencia sanitaria; sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir el dictado de la planilla de liquidación en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Por las anteriores consideraciones, se concede a la parte impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: De inmediato, dicte la resolución incidental de liquidación que corresponda en el juicio laboral 709/2015 de su índice, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y posteriormente lo notifique a las partes conforme a derecho. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de seis de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por *********, por las razones establecidas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Esmeralda Avalos Cupido y Maribel de la Cruz Suárez, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. CUARTO. RESGUARDO DE OFICIO Finalmente, toda vez que la autoridad jurisdiccional se encuentra gozando de su periodo vacacional, tal y como se desprende del aviso que en su momento remitió a este Juzgado; en esas condiciones, considerando que esta determinación no es de carácter urgente, déjese bajo resguardo del Actuario Judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que la autoridad responsable reanude sus labores. Lo anterior, no se contrapone a lo establecido en la jurisprudencia con registro 2024510, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE; lo anterior, es así toda vez que del aviso citado no se desprende que la responsable, haya establecido guardia durante ese periodo para recibir oficios o requerimientos. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 709/2015, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, por proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se reservó acordar sobre la prueba que ofreció la parte quejosa, consistente en la instrumental pública de actuaciones y en virtud de lo decretado en el párrafo que antecede, se acuerda: con fundamento en el precepto citado con antelación, se tiene por admitida la aludida prueba, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese.

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